Aportes para la
discusión Programática de las Organizaciones Sociales y los Partidos de Oposición.
Las elecciones municipales del próximo 28 de Octubre, que anteceden la
elección presidencial y parlamentaria del próximo año, dan inicio a un ciclo de
definiciones ciudadanas que requieren de propuestas locales y nacionales,
mirada al Chile de hoy y hacia el futuro.
Este documento es una invitación para construir una Alternativa
Programática de la oposición que se orienta con vigor a la construcción de una
convivencia ciudadana más democrática, más participativa y más justa, para lo
cual se requiere una clara y genuina vocación transformadora de las
instituciones vigentes. No pensamos sólo en las tareas de un próximo gobierno,
sino que queremos trazar las reformas para construir entre todas y todos un
Chile Justo. Estas propuestas buscan generar convergencia entre todos los
partidos de la oposición y ser un canal para un vínculo auténtico y fructífero
con la gran diversidad de organizaciones y expresiones ciudadanas.
Entendemos que los anhelos que inundan a una sociedad cada vez más diversa
y plural, exige educación, trabajo y salud dignos y de calidad, demanda el
ejercicio pleno de sus derechos, exige disminuir la desigualdad y el abuso.
Todo ello debe ser abordado con énfasis transformador.
Como oposición estamos llamados a pronunciarnos sobre los principales ejes
para las ansiadas reformas institucionales, a dar señales al conjunto del país
que bajo los actuales parámetros de distribución de recursos no se puede seguir
avanzando en mejor calidad de vida y de desarrollo pleno de todas y todos los
habitantes.
Las próximas elecciones municipales representan una oportunidad para
avanzar en el proceso de reconstrucción social en el que se encuentra Chile y
de desplazar a la derecha del gobierno
sobre la base de nuevas ideas. Debemos hacernos cargo que el proceso de
profundización democrática comienza por tener gobiernos locales con más
participación ciudadana, equidad territorial en la distribución de recursos y
gobiernos regionales democratizados que nos lleven a mejores estándares de
calidad de vida para todos y todas, no basta hoy sólo con pronunciarse sobre lo
estrictamente municipal, sino que es deber trazar desde ya un horizonte común
hacia una década de transformaciones.
Entendemos que la deuda con la sociedad chilena supera con creces los
planteamientos aquí abordados, pero estimamos que estos representan un
necesario paso para la construcción de un Chile Justo.
Más Descentralización y Equidad
Territorial en un Chile Justo
Descentralizar el Estado es una demanda para la profundización de la
democracia, la equidad, la justicia social y económica, el aprovechamiento sustentable
de los potenciales recursos naturales, capacidades humanas, tecnológicas y de
diversos capitales que existen en las regiones, con lo que se busca favorecer y
concretar el desarrollo en pos de la calidad de vida de los/las ciudadanos/as y
del país. Por ello proponemos:
Una nueva Ley Marco De Descentralización:
-
Elección
de Intendentes
-
Elección
directa de Consejeros Regionales.
Necesitamos más autonomía en
la decisión e inversión en los territorios. Nos interesa aumentar la democracia
local y la gestión participativa en todas las comunas del país. Ésta reforma se hace bajo los principios de eficacia,
eficiencia y responsabilidad fiscal. Chile será un país más justo cuando sus
territorios se descentralicen y desarrollen de manera sustentable.
Reformas Municipales:
Entendemos la democracia como el mecanismo más pertinente y legítimo para
garantizar una gestión municipal eficaz y eficiente. Por ello, nuestro
compromiso está puesto en generar un cuerpo normativo y Gobiernos Locales que
sean pro activador de la participación ciudadana en sus territorios. En este sentido,
creemos prioritario legislar para que existan Plebiscitos Comunales vinculantes
y obligatorios en materias relevantes, financiados con cargo al presupuesto
nacional, con porcentajes de firmas ciudadanas y quórums del consejo que
posibiliten realmente su convocatoria.
Nuestro compromiso también está puesto en avanzar en la disminución de la
desigualdad social, promoviendo medidas que se orienten a la redistribución de
ingresos, con alto impacto en la calidad de vida de los grupos más vulnerados
en sus derechos, como las mujeres, las personas adultas mayores, los niños y
las niñas.
Nos asiste la convicción que en el
espacio municipal se expresan múltiples insuficiencias de una sociedad que
segrega, margina y excluye, siendo prioritario abordar el problema de un
déficit habitacional cuantitativo y cualitativo y de estándares de convivencia
habitacional muy desiguales. Afirmamos que Chile requiere de un nuevo
ordenamiento territorial y de una nueva política en vivienda, que favorezca la
integración social, reflejada entre otros en más financiamiento desde el
presupuesto central para la convivencia en los espacios locales, en viviendas
sociales con más metros cuadrados, en más metros cuadrados de áreas verde por
vecino/as.
Chile requiere de un nuevo
enfoque en materia de seguridad para sus habitantes. Las políticas de seguridad
ciudadana deben estar centradas en una mirada que favorezca una nueva
Convivencia Comunitaria, con acento en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales, inversión pública sustantiva en los espacios públicos, políticas de
inclusión social y la complementariedad de las comunidades con las autoridades
municipales la acción policial y judicial represiva contra los delincuentes.
Así, en materia de recursos municipales impulsaremos una Ley de Rentas Tres,
que considere medidas orientadas a disminuir la desigualdad al interior de las
comunas y entre las comunas, entre ellas:
-
Incremento
del Aporte Fiscal al Fondo Común Municipal desde el gobierno central; representando
una medida de apoyo a la descentralización, al desarrollo local y al
fortalecimiento progresivo de gobiernos locales en el espacio municipal, para
la implementación de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO).
-
Avanzar
en la redistribución de recursos entre comunas más ricas y baja vulnerabilidad,
hacia aquellas con menos ingresos y alta vulnerabilidad por concepto de
impuesto territorial y permisos de circulación.
Asimismo, consideramos
relevante implementar Planes de Desarrollo Regional, que se constituyan en un
marco orientador de la inversión regional, con el objetivo de generar un
desarrollo armónico del territorio.
Reformas Políticas
El desafío democratizador es impulsar una nueva Constitución, que corrija
la ilegitimidad de origen en forma y contenido de la actual, no obstante las
reformas efectuadas, propiciando una democracia genuinamente representativa que
a su vez exprese una amplia y deliberante participación ciudadana. Esta nueva Constitución
debe dar cuenta de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
Al respecto, creemos que la Asamblea Constituyente es el camino más legítimo,
entre otros, para la construcción de una plena e inclusiva democracia.
Entendemos que las transformaciones en la institucionalidad política son importantes
para edificar una sociedad más justa. Siendo prioritario, como punto de
partida, comprometer y desplegar esfuerzos para avanzar en conjunto en los
siguientes aspectos:
- Cambio
al sistema electoral binominal en la elección parlamentaria por uno
proporcional, que garantice la representación equilibrada de hombres y
mujeres y la diversidad de realidades territoriales.
- Nueva ley de partidos políticos, que incluya financiamiento, para la
transparencia y participación.
- Plebiscitos vinculantes que amplíen la soberanía ciudadana en aquellos aspectos
de alta sensibilidad social.
- Iniciativa Ciudadana de Ley.
- El reconocimiento de Chile como nación plurinacional y la promoción de
los derechos integrales de nuestros pueblos indígenas, en concordancia con el
convenio Nº 169 de la OIT.
- Fortalecer la capacidad de fiscalización e iniciativa de ley de las
Cámaras en el Parlamento.
- Proponemos un Estado Protector y Responsable, de sus ciudadanos en
reemplazo de un Estado Subsidiario.
- En el parlamento no debe
haber quórum calificado para constituir empresas del Estado.
Desarrollo cultural, respeto y
diversidad
Nuestro compromiso es con el fortalecimiento de una institucionalidad para
la convivencia democrática, que promueva en todos los niveles una coexistencia
respetuosa y que sancione todo tipo de discriminación y exclusión.
Un país diverso y complejo como Chile requiere no sólo del fomento para el
desarrollo cultural, sino que de políticas públicas que pongan el acento en un
pensamiento critico y de integración social, que respete los distintos modos de vida de quienes
habitan el territorio, en plena concordancia con los derechos humanos y sin
discriminaciones –en especial por sexo, orientación sexual, identidad de
género, etnia y nacionalidad-, fortalezca comunidades solidarias e inclusivas
de la diversidad que las componen, incluidas las personas adultas mayores, los
niños, las niñas y los/as jóvenes, las personas con necesidades especiales y
los/as migrantes.
La
deuda social en nuestro país en materia de discriminación, clasismo y
segregación es altísima, no son los
indígenas los que están en conflicto con el Estado, es el Estado y la sociedad
chilena los que han mantenido una situación de discriminación e injusticia con
los pueblos originarios y su rica diversidad cultural. En tal sentido, nos
proponemos avanzar de manera firme y decidida en la construcción de un Estado
plurinacional, mediante reformas políticas sustantivas, daremos especial
prioridad a la tarea de recuperar el patrimonio territorial comprometido, abrir
caminos para una debida inclusión de los pueblos indígenas en los diversos
ámbitos institucionales de toma de decisiones.
En materia de género proponemos fortalecer la participación política de las
mujeres, a través de incentivar y promover la paridad en los cargos de decisión
y representación, generando los mecanismos necesarios para ello, especialmente
la ley de cuotas.
Reformas Laborales
Aspiramos y nos comprometemos con una reforma laboral que se oriente a
proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a fortalecer su acción
colectiva, disminuyendo la asimetría en las relaciones laborales y,
consecuentemente con ello, promoviendo el trabajo decente, mayores ingresos
autónomos y mejoras en los niveles de productividad. Por ello, sostenemos que
Chile requiere de un Nuevo Código Laboral, por lo que proponemos:
-
Sindicalización
automática al momento del contrato contribuyendo de este modo a disminuir la
asimetría en las relaciones laborales empresa-trabajador/a y eliminando la
disposición arbitraria de la empresa para que trabajadores que no negocian
colectivamente sean beneficiarios de los resultados del sindicato.
-
Negociación
Colectiva como mecanismo único y obligatorio de negociación para las partes,
debiendo introducirse obligaciones legales para que los empleadores entablen la
negociación colectiva sólo con los sindicatos legalmente reconocidos.
-
Aspiramos
a que la huelga sea reconocida como un derecho legitimo de carácter
constitucional, eliminando mecanismos de obstrucción, entre otros, el reemplazo,
según lo señala el convenio Nº 87 de la OIT que Chile ratificó en
1999.
-
Fin al
Multi- Rut; es decir, que dicha figura
desaparezca como medio para la contratación y como recurso para evitar la
negociación colectiva.
-
Consideramos
indispensable abrir una amplia discusión social acerca de la negociación colectiva para los sindicato
inter-empresa y sindicatos transitorios. Buscando formulas para que ello
ocurra.
-
Establecer legalmente que mujeres y hombres
que desempeñan igual cargo y responsabilidad reciban igual salario, fiscalizando
su cumplimiento.
-
Fortalecimiento
de atribuciones legales y de asignación presupuestaria a las entidades
destinadas a la fiscalización de la norma laboral, con la finalidad de
incrementar el respeto de los derechos laborales en base a mayores sanciones
por incumplimiento.
-
Pleno respeto a legislación sobre salas cunas
y jardines infantiles, así como respeto al contexto de embarazo y cuidado del
recién nacido de las madres y de los padres, en el marco de la corresponsabilidad
efectiva y reconociendo la diversa composición de grupos familiares.
Apoyo efectivo a MIPYMES
Por ello, debemos impulsar
políticas públicas que apunten a la desconcentración económica en tres
aspectos: a) Acceso al mercado, atenuando la posición dominante de las grandes
empresas en el proceso de producción y redistribución, resguardando nichos de
mercado de empresas de menor tamaño. b) Acceso al financiamiento, mejorando las
condiciones de las Mipyme para conseguir recursos en disponibilidad, plazos y
tasas que permitan su desarrollo normal y proyección en el tiempo. c) Acceso al
conocimiento disponible en el mundo, considerando políticas de capacitación
preferencial para sus empresarios y trabajadores, con apoyo real a la
innovación.
Reformas
Medioambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales
Los habitantes de Chile soberanamente
debemos decidir sobre el destino de todos nuestros recursos naturales, considerando su protección y explotación equilibrada. Lo
anterior, supone contar con una mejor legislación e institucionalidad
medioambiental, que considere fiscalización, control efectivo y participación
ciudadana real, en base a un proyecto de desarrollo nacional sustentable, cuyo
centro sea, la preservación de los ecosistemas y la vida humana.
Es urgente contar con una ley de
ordenamiento territorial a fin de dejar de dañar nuestro medio ambiente de
manera insostenible e irreversible, que además recupere y promueva las áreas
protegidas como bien público.
Los recursos naturales y ambientales,
deben ser utilizados para mejorar los niveles de vida de la población actual,
asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. Por ello, su
explotación debe ser sustentable, es decir, asegurar su permanencia en el
tiempo y en grados iguales o crecientes de calidad para todos los habitantes. Respecto
del agua, esta debe ser considerada como
bien público y garantizado su acceso constitucionalmente. En relación al
Litio, siendo un recurso estratégico, su explotación debe considerar el estado.
Nuestro desafío: Un nuevo Sistema y Plan
de Nacional de Energía. Nos proponemos impulsar una institucionalidad capaz de
implementar una Matriz Energética diversificada y eficiente, que responda a las
crecientes demandas existentes; colocando el énfasis en desarrollar las
energías renovables no convencionales, fomentar y controlar como bien público una
línea de transmisión común.
Reformas en Salud
Resulta urgente romper con la desigualdad imperante en cuanto a financiamiento.
Es insostenible la regresiva distribución del gasto de salud. Nos asiste la
convicción que la salud debe ser un derecho garantizado, cuestión para lo cual
se requiere un nuevo sistema de financiamiento.
Por lo pronto, y en específico sobre la Atención Primaria
de Salud (APS), la entendemos como una estrategia de desarrollo local en la que
la comunidad y el poder local tienen un rol determinante. Su fortalecimiento
financiero, administrativo y de planificación local deben ser parte de un
debate nacional sustantivo.
Consideramos que para
mejorar y alcanzar una salud de calidad es indispensable incrementar los
recursos, avanzando hacia $4.500 de per cápita. Siendo indispensable garantizar
la incorporación de especialistas en la
APS y la implementación de planes de promoción y fomento en
el nivel local.
Reformas
en Educación
Nos comprometemos con una
reforma Educacional estructural, que esté en sintonía con las expectativas y
demandas del movimiento social por la educación, y que han sido recogidas en la
propuesta de la reforma educacional de la oposición. En lo sustantivo, mediante
una alta inversión pública, que proteja y fortalezca en todos sus niveles, la
educación pública, gratuita y de calidad –no sexista y que valore la
diversidad- para todos y todas, por ello señalamos:
-La educación es ante todo
un bien público y por ello sostenemos: fin al lucro en todos los
Establecimientos que reciban financiamiento, directo o indirecto del Estado,
Escolares, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y
Universidades.
- La iniciación temprana del
proceso de escolarización de los niños sólo genera beneficios y ventajas
personales, familiares y sociales, por ello proponemos la Universalización
de la cobertura de educación pre-escolar, creando un Sistema Nacional de
Educación Pre-Escolar, que a lo menos integre la gestión de las entidades de
carácter público y controle la calidad de aquellas que reciben financiamiento
público, directo e indirecto.
- En el caso de la educación
básica y media proponemos la des-municipalización del sistema, creando un Sistema Nacional de Educación Escolar
Público, de carácter descentralizado y en
base a una responsabilidad clara y exigible del Ministerio de Educación, que lo
coordinará y articulará para garantizar su buen funcionamiento, financiamiento
y equidad; junto con la participación activa de la comunidades locales en el
proceso educativo.
- Es prioritario el fin al
Financiamiento Compartido. A su vez, en materia de recursos priorizamos el
financiamiento de la educación escolar pública, buscando duplicar la actual subvención
escolar. No obstante, proponemos como medida correctiva de fondo, suprimir el
concepto de subvención escolar y establecer presupuestos fijados por ley, en
base a las necesidades del sistema.
- Respecto a la Educación Técnico
– Profesional es urgente impulsar medidas para mejorar dicho modelo,
comprometiendo una alta inversión pública para el mejoramiento de la
infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y
en el perfeccionamiento de los docentes que la imparten.
- Nos proponemos como
política pública, junto con revisar y ajustar la institucionalidad y la
regulación de todos los establecimientos escolares técnicos (mecanismos de acreditación y carreras impartidas),
la creación de una Red de Centros de Formación Técnica e Institutos
Profesionales de carácter Estatal, con énfasis en las regiones donde existan
mayores necesidades de ésta modalidad de formación.
- Proponemos la
implementación de una Carrera Profesional Docente Universal, que norme el
desarrollo profesional de todos lo/as profesores que ejercen en el sistema
financiado por el Estado, aportando con ello a su perfeccionamiento permanente,
a mejores salarios, a un sistema de promoción profesional que reconozca las
múltiples labores que ejercen lo/as docentes dentro y fuera de las aulas, perfeccionando
los sistemas de evaluación.
- Respecto de la Educación Superior
Universitaria ésta se debe sostener en una regulación real y efectiva que
garantice el fin al lucro. El Estado debe otorgar un trato preferencial y de
fortalecimiento a las Universidades Estatales.
- Debe existir un solo sistema de becas y créditos para los
estudiantes de Educación Superior, con cobros acorde al ingreso y gasto
familiar. Buscamos garantizar la gratuidad efectiva para el arancel real de los
estudiantes provenientes, de a lo menos, los siete primeros deciles.
- De Igual Forma, es
prioritario propender a la integración social en las instituciones de Educación
Superior de propiedad del Estado. La
educación superior pública y de calidad no puede ser alternativa sólo para los
jóvenes de ingresos altos, ni puede seguir siendo una fuente creciente de desigualdad, por ello debe implementarse
con cargo al presupuesto del Estado un Sistema Nacional de Ranking de Notas,
que sea una modalidad de acceso a la
educación superior distinta a la
PSU , destinada a los estudiantes destacados o meritorios de
los establecimientos que reciben financiamiento público y sin fines de lucro.
- Nuestro compromiso también
es con el fortalecimiento de la democracia y la participación de todas las
instituciones de educación superior, resguardando la existencia y desarrollo de
la organización estudiantil, mediante la derogación de DFL Nº 2 de la LGE , y propiciando procesos de
democracia y participación en todas las comunidades universitarias del país.
- De igual forma, el Estado
debe garantizar una educación multicultural, que sea expresión de un
país complejo y diverso en identidades,
culturales y modos de vida.
- Como pacto por Un Chile Justo nos asiste la convicción que la educación pública
en un país orientado a la plena justicia social debe ser gratuita
Reforma
en el Sistema Previsional
Tenemos conciencia de la
crisis del Sistema Previsional que nos afecta, que hoy no asegura pensiones
dignas, pero si crecientes ingresos para la banca privada. Frente a esta
problemática la creación de una AFP estatal es una medida atenuante que
estimamos puede contribuir a regular el sistema de AFP, pero que debe ser
debatida con el conjunto de las organizaciones de trabajadores.
Pero, siendo el problema de
insuficientes pensiones de vejez y de un modelo previsional que no se funda y
orienta por las necesidades de las personas, y,
considerando la necesidad de impulsar un gran debate nacional que aborde
el desafío de una reforma estructural, desde ya abogamos para que la futura
reforma y las medidas que se implementen en el corto plazo para el sistema de
pensiones se estructure sobre la base de tres pilares solidarios: a) Cotización
del empleador. b) Cotización del Estado. c) Cotización del trabajador.
Reforma
Tributaria
Como señaló la Comisión de expertos de
los Partidos Políticos de la
Oposición , “una reforma tributaria debe cumplir con cuatro
condiciones. Primero, recaudar más, de forma que el Estado pueda proveer más y
mejores bienes públicos; segundo, debe nivelar la carga tributaria de manera
que quienes tienen más o perciben mayores ingresos aporten más a los recursos
fiscales; tercero, debe tender a una mayor simplicidad del sistema que permita
a los contribuyentes entender la forma de cumplir con sus obligaciones
tributarias y a la autoridad facilitar su fiscalización; y cuarto, fomentar un
desarrollo sustentable, donde quienes contaminan y dañan el medio ambiente de
sus conciudadanos, paguen por el daño que generan”.
Por ello, sostenemos la
necesidad de impulsar una Reforma Tributaria real y efectiva para financiar el
gasto social, que dé cuenta de las necesidades del presente y del futuro de la
sociedad chilena, en urgencias sociales como educación, salud y pensiones de
vejez.
Proponemos:
- El impuesto a la renta de
Primera categoría de un 20% requiere de modificaciones estructurales en su composición.
Por ello estimamos necesario la eliminación del FUT para cambiar la base de
cálculo, y avanzar hacia una Reforma
Tributaria que trasforme el actual
sistema “integrado” de tributación del
capital en uno “desintegrado”, en el que tributen separadamente las empresas
por sus utilidades ganadas durante el
ejercicio fiscal. Lo cual equipararía el tratamiento de las rentas de los trabajadores y de los
empresarios, de modo que cada cual tributase de acuerdo a lo efectivamente percibido como ingresos.
- El Royalty. Las empresas
explotadoras de minerales metálicos y/
o no metálicos paguen un impuesto creciente basado en los resultados
operacionales mineros de las empresas. Similar impuesto debiese aplicarse a
otros sectores extractivos como la gran pesca. Asimismo, un porcentaje por
concepto de royalty recaudado debe quedar para las regiones desde donde se
obtiene la riqueza y otro para el desarrollo de ciencia y tecnología en trabajo
conjunto con las universidades públicas.
- Los impuestos verdes deben
ser un mecanismo de estimulo al uso de tecnologías limpias, como alternativas a
la generación de energía eléctrica mediante centrales que usan combustibles
altamente contaminantes.
- También, respecto del combustible para uso de
vehículos de transporte, se propone la eliminación de toda exención al pago de
impuesto a combustible a las grandes empresas clasificadas como tal por el SII.
Nuestra Invitación
Creemos que todo lo expuesto en este documento representan ideas
transformadoras y de visión de un país mucho más democrático e inclusivo, pero,
ante todo, entendemos nuestras propuestas como un impulso e invitación a re-pensar
colectivamente un Nuevo Modelo de Desarrollo para Chile, sustentado en
principios como igualdad, participación, diversidad, libertad y sustentabilidad
a una sociedad de más satisfacciones y menos frustraciones.
Presentamos estas ideas como nuestra contribución para un debate amplio y
sin restricciones, con la ciudadanía y las organizaciones sociales, que
posibilite la construcción de una mayoría social, política y cultural para un
Chile más Justo.
Octubre de 2012.
