Programáticos claros. Este es el propósito
programático de los partidos políticos de la oposición que conforman la Nueva
Mayoría.
El país de hoy no es el mismo del inicio de la
transición política pero tampoco el de 5 años atrás. El de hoy es el país que
pide cambios, que anhela la profundización democrática, que busca un nuevo
contrato social, y un acuerdo para democratizar a fondo la vida política,
social y económica. Las ideas básicas para el ciclo venidero se resumen en
nueva institucionalidad política, nueva organización económica y garantía de
todos los derechos y deberes ciudadanos.
Entendemos que para dicho propósito es necesario
profundizar en los principales ejes de reforma que los partidos políticos de la
Nueva Mayoría vienen abordando, pero estableciendo desde ya, como voluntades
insoslayables, una nueva institucionalidad para la participación social y
política, y de una efectiva y sustantiva reforma tributaria que posibilite
recursos suficientes para las demandas de más y mejores derechos sociales.
PARTICIPACIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONALIDAD, UN COMPROMISO PARA LOS CAMBIOS QUE CHILE NECESITA
Chile necesita hacer grandes cambios y estos solo
son posibles si los apoyan grandes mayorías y en gradualidad progresiva.
Seguimos necesitando llegar a acuerdos, el tema es quienes los van a construir.
En la actualidad la voz del poder económico se escucha en demasía, se ha debilitado
y se encuentra cuestionada la del poder político y
Ha sido débil o inexistente la de la sociedad,
hasta que ésta irrumpió en la calle, instalando y legitimando una nueva agenda
que no puede ser obviada. Hoy esta se escucha, pero no encuentra un canal para
participar en los asuntos públicos. La ciudadanía demanda mayor participación
en las decisiones que afectan nuestra convivencia.
Por ello, nos motiva recrear la participación,
abrir espacios de diálogo, deliberación y compromiso con construir una sociedad
mejor. Crear canales de participación efectiva no es solo una prioridad y una
condición de éxito de esta visión programática, es ante todo la posibilidad de
vitalizar nuestra democracia, haciéndola cercana y valorada por todas y todos
los chilenos.
Nos proponemos canalizar el anhelo de
participación ciudadana, con énfasis tanto en lo nacional, como en lo regional
y local, a través de instituciones de carácter consultivo y de deliberación
vinculante, donde la sociedad civil se informa, hace propuestas e 2 incide
respecto de las principales políticas económicas, sociales y culturales.
Para tal efecto, fortaleceremos los Consejos de
la Sociedad Civil que la ley exige crear en todas las instituciones públicas.
Nos proponemos el fortalecimiento continuo de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los trabajadores/as, de
los/as representantes de diversos territorios, estudiantes, mujeres, adultos
mayores, en todas las instancias de la institucionalidad, promoviendo
participación activa, y asegurando además un adecuado equilibrio de género y la
participación de los pueblos indígenas.
De igual manera, junto con contar con nueva
institucionalidad e instancias participativas de grupos organizados, se debe
fortalecer la incorporación de la ciudadanía en el espacio público, por medio
de la profundización de los derechos de participación política, tales como el
derecho de reunión sin permiso previo o de petición y el derecho de asociación.
No solo nos proponemos la implementación de una
institucionalidad para la participación activa, también es preciso crear las
condiciones para que cada actor pueda representar adecuadamente sus intereses.
Además de garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de
expresión, reunión y asociación, esto supone como mínimo, contar con
información transparente, comprensible y veraz, así como los canales
institucionales que fortalezcan la capacidad de propuesta y articulación
política de la ciudadanía. Por ello, en la Nueva Constitución es necesario
incluir el Derecho a la Transparencia y Acceso a la información Pública
oportuna y
Veraz. Así, todos los servicios públicos deberán
disponer de procesos participativos y generar información útil y comprensible
para que la ciudadanía pueda desarrollar control social.
Este nuevo nivel de transparencia también estará
fiscalizado por el Consejo para la Transparencia y sujeto en su incumplimiento
a sanciones.
Asimismo, es preciso impulsar una reforma para
dotar de mayor autonomía, atribuciones y
recursos a los consejos consultivos y COSOC que mandata la ley 20.500.
Por otra parte, si bien esta ley establece la
obligación de contar con el Fondo de la Sociedad Civil, no señala un monto
mínimo necesario para que a través de él las Organizaciones de Interés Público
tengan un piso de funcionamiento con autonomía, distinguiendo las ONG de las
organizaciones territoriales y funcionales.
Por lo mismo, el estímulo a una sociedad activa
requiere dotar de más recursos para incrementar los Fondos de la Sociedad
Civil, que fortalezca las organizaciones sociales y facilite una participación
ciudadana informada y organizada, en complemento con campañas masivas de información de derechos a
dirigentes sociales y la ciudadanía en general.
Se debe asegurar el pleno cumplimiento de objetivos
de Participación Ciudadana y cumplimiento de ley 20.500 en los servicios
públicos donde exista un órgano de la administración a cargo de su seguimiento
y monitoreo incluyendo un índice de participación ciudadana.
Una institucionalidad para la participación
activa requiere de información, formación en una cultura democrática y
educación para la democracia. El currículo escolar en todo su ciclo debe
incluir una asignatura de Educación para la Democracia y los Derechos Humanos,
que no sólo aborde los antiguos contenidos de educación cívica sino que incluya
temas de convivencia, democracia, derechos, entre otros.
Al tenor de lo planteado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su Artículo 19 indica que “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”, reafirmamos que la democracia exige garantizar plenamente
la libertad de expresión y, a la par, el derecho a una información plural,
veraz y trasparente, lo que nos lleva a luchar por establecer las condiciones
para democratizar el actual sistema de medios de comunicación, que ha permitido
concentrar en pocas personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control
de los medios de comunicación masivos. Transparente a este objetivo han
contribuido las nuevas tecnologías que han permitido el desarrollo de las
llamadas redes sociales, pero también resulta necesario incentivar en los
medios de comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los
contenidos como en la propiedad.
REFORMA TRIBUTARIA
En diciembre de 2011 la Oposición Unida creó una Comisión
para proponer una Reforma Tributaria, que tras 27 sesiones completó un trabajo
consensuado que abarca distintos aspectos de nuestro sistema tributario y uno
de cuyos principios es que la propuesta debe ser redistributiva, para que haya
una diferencia sustancial entre la distribución de ingresos antes y después de
pagar impuestos, es decir, no solamente ajustar la carga tributaria con un
propósito recaudatorio.
Los resultados de dicha comisión representan un
importante punto de partida y un acuerdo de base para el nuevo escenario en el
que el futuro gobierno debe procurar un significativo incremento en la
provisión de bienes públicos garantizados.
El gobierno de la Nueva Mayoría debe disponer de
recursos para una reforma sustantiva en educación, tanto en el plano de la
educación pre‐escolar, escolar y en educación superior. Debe asegurar recursos
para salud, proponiéndose transitar de un sistema de seguro de salud segmentado
a uno más equitativo, mediante un fondo solidario y un seguro básico. El futuro
gobierno de la Nueva Mayoría debe garantizar que se supere la actual situación
de inequidad que afecta al pago de pensiones, asegurando dignidad en ellas.
Considerando lo anterior la Comisión de Reforma
Tributaria fijó sus objetivos en: a) una recaudación que represente más puntos
del PIB en régimen el año 2020, para que el Estado pueda proveer más y mejores
bienes públicos; b) nivelar la carga tributaria, para que así, quienes tienen
más o perciben mayores ingresos realicen una mayor contribución; c) ir a una
mayor simplicidad del sistema de recaudación para asegurar equidad horizontal como para facilitar la
declaración a los contribuyentes y su fiscalización a la autoridad; y d)
fomentar un uso eficiente de la energía y la debida protección de nuestro
medioambiente aplicando una estructura de impuestos coherente con un desarrollo
sustentable, procurando además una mayor diversificación de la matriz
energética.
La comisión fijó medidas específicas que más
aportan a la recaudación, todas válidas y necesarias de implementar para
acortar las desigualdades en materia de tributación.
Al respecto, como elementos centrales destacamos
que es obsoleto que se tribute en base a utilidades retiradas, siendo necesario
que la tributación se realice sobre base devengada, extinguiendo el FUT (Fondo
de Utilidades Tributables) en el transcurso del próximo periodo presidencial.
Las sociedades de inversión y fondos de inversión privados no pueden seguir
siendo mecanismos de elusión al amparo de figuras que simulan reinversión de
utilidades y que no ingresan al global complementario.
También destacamos que para las empresas
explotadoras de minerales, sean metálicos y/o no metálicos, es necesario
plantear un modelo de royalty que asegure al Estado la justa compensación por la
renta del recurso.
En la misma dirección, es prioritario la búsqueda
de mecanismos para la eliminación de procedimientos de elusión que operan por
la vía de excluir rentas de la base imponible, de modo que a la postre permitan
mayores rendimientos a la Reforma Tributaria aplicable por el próximo Gobierno.
Por lo antes señalado, y considerando que el
actual gasto público presenta 3.000 millones de dólares que no están
financiados con recursos permanentes, todos los alcances y resultados de la
Comisión de Reforma Tributaria son ratificados por los partidos políticos de la
Nueva Mayoría y se estima representan un punto de partida para las futuras
transformaciones y ampliaciones en materia de derechos sociales.
Reforma que en ningún caso debe recaudar menos de
3 puntos del PIB adicionales para el cumplimiento exclusivo de las metas
programáticas.
Así, afirmamos que el principio que guía nuestra
propuesta no es otro que provocar una reforma estructural en el sistema
tributario, cuyo propósito es recaudar recursos para el desarrollo del país y
la redistribución del ingreso.
INSERCIÓN INTERNACIONAL DE CHILE
Chile debe profundizar su inserción en una
globalización que, si bien representa oportunidades, también representa
peligros, por sus fuertes asimetrías y por la crisis económica que viven varias
economías del centro mundial.
Por el cuadro mundial, es importante que nuestro
país reafirme su claro respeto por el valor universal de los derechos humanos,
al valor de la democracia, a la autodeterminación de pueblos; y exponer una
firme y clara voluntad por la paz mundial; privilegiando con vocación humanista
el diálogo y respeto al derecho internacional.
La crisis económica internacional se desplaza con
rapidez hacia los actuales organismos y paradigmas del sistema de relaciones
internacionales en los ámbitos bilaterales; multilaterales y foros regionales y
mundiales. Ningún espacio institucional, incluida la ONU, se escapan a esta
realidad.
Sobre estos pilares, la política exterior de
Chile, en defensa y proyección de sus intereses nacionales, debe profundizar e
incrementar la inserción del país en los sistemas bilaterales y multilaterales
de integración regional y continental.
Será prioridad de nuestra política exterior
aportar a una comunidad de naciones integradas en América Latina. Para ello,
Chile fortalecerá su presencia regional en CELAC, UNASUR, MERCOSUR y Alianza
del Pacífico.
Chile debe incrementar su interacción con el Asia
Pacífico, en particular con China, Japón, Vietnam y el sudeste Asiático.
Chile debe, también, estrechar las relaciones
bilaterales con países como los BRIC (Brasil y Rusia además de China e India) y
Sudáfrica, puesto que ello le permite una diversificación multilateral
relevante.
Por lo anterior, se estima imprescindible
considerar los siguientes temas de interés:
1) El Desarrollo nacional depende de una
inserción internacional con visión estratégica: La globalización significa que
la frontera entre lo doméstico y lo internacional es cada vez más difusa, y
permeable. Por lo tanto, nuestro desarrollo está condicionado por el entorno
regional y global.
2) Participación en el sistema internacional con
identidad: reafirmando los temas y valores centrales para asumir nuestra
responsabilidad en la construcción, desde América Latina, de un nuevo orden
internacional, humanizando la globalización, la democracia, los DD.HH., la
solidaridad, género, paz y seguridad, equidad y gobernabilidad globales, entre
otros. Nuestro propósito es que Chile genere una política exterior que le
permita enfrentar las asimetrías existentes.
3) Integración de América Latina: enfatizamos
como nuestra prioridad internacional las relaciones con América Latina y la
integración regional.
4) Sustentabilidad de la relación vecinal.
Avanzar hacia la más amplia integración con Argentina, Bolivia y Perú, como un
tema sistémico de desarrollo, cooperación y seguridad. Un futuro gobierno de la
Nueva Mayoría debe abordar estas relaciones con los vecinos en un contexto de
integración regional y cooperación que promueva el desarrollo sistémico,
aprovechando las capacidades de cada cual que generen sustentabilidad y
sinergias, de cara a la inserción internacional de la región. Ello es la base
de la seguridad y defensa de nuestros intereses comunes.
5) Bienes públicos globales. Incorporar en la
agenda pública y de las relaciones exteriores los nuevos desafíos globales:
generar capacidades en la sociedad chilena y en la institucionalidad del Estado
para abordar los temas que son hoy bienes públicos globales, como medio
ambiente, energía, seguridad alimentaria, seguridad humana, migraciones,
desarrollo científico‐tecnológico, entre otros. Para ello también 6 mantendremos
una activa presencia en los organismos del sistema de Naciones Unidas, OMC y
APEC.
6) Política Exterior 2.0. Generar una nueva
institucionalidad de las relaciones internacionales de Chile: contar con un
Sistema de Política Exterior, mediante la reforma de la Cancillería, la
incorporación de las regiones, la sociedad civil, las universidades y nuevos
actores de las relaciones internacionales.
REFORMAS POLÍTICO INSTITUCIONALES
PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA
Estamos conscientes que nuestra democracia puede
y debe ser reformada. El país pide cambios y busca un nuevo acuerdo social
fundante de nuestra sociedad política.
Llamamos a no conformarnos con la democracia que
tenemos, a abrir más espacios de participación y libertad.
Hay que decirlo con claridad: la actual
Constitución, a pesar de todas las reformas democráticas que se introdujeron
desde 1989, carece de legitimidad. Siendo el Estado la organización política de
la sociedad, del que la Constitución Política es su estatuto jurídico superior,
es indispensable dotarnos de una nueva institucionalidad política que norme la
nueva convivencia.
En tal sentido, sin perjuicio de impulsar y hacer
cursar las necesarias reformas sociales, económicas, laborales, que apuntan en
la misma dirección, uno de los objetivos insoslayable de un Gobierno que
pretenda avanzar en la profundización de un régimen plenamente democrático e
inclusivo en Chile es concordar una Nueva
Constitución.
Una nueva Constitución se debe fundar en la
reafirmación y valoración de la soberanía popular y en el pleno reconocimiento
de los derechos humanos y las garantías de su ejercicio a todas las personas,
sin discriminación, como principios fundadores de la sociedad democrática. El
fortalecimiento de la base democrática debe garantizarse, al menos, eliminando
los obstáculos que impiden el correcto funcionamiento del principio de mayoría
y respeto por las minorías, el irrestricto respeto del principio de transparencia
y probidad en el manejo de los asuntos públicos, y de la descentralización
cierta y eficiente.
Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy
varias crisis evidentes. La principal una crisis de representación de las
principales instituciones de la democracia representativa y de los partidos;
especialmente por el sistema electoral, y, una crisis de igualdad, no sólo
entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.
Abiertos al diálogo, y sin pretender agotar el
listado de contenidos a establecer en la nueva Constitución, señalamos que se
debe establecer al menos lo siguiente:
1. Sustituir el actual sistema electoral
binominal por uno de representación proporcional. Queremos desempatar una
democracia empatada, en la que la mayoría vale igual que la minoría. Queremos
afirmar el principio de mayoría que es inherente a la democracia, con pleno
respeto por las minorías. Buscamos una representación equilibrada que
considere, además, los necesarios resguardos para la representación de las
regiones, de la diversidad de género y étnica.
Queremos un sistema electoral que, sin propender
a la atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia
efectiva entre las fuerzas políticas.
Queremos que haya ganadores y perdedores, y
efectiva y real representación. Nos parece nefasto prolongar el empate
institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones
para una política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno
para el surgimiento de liderazgos personalistas y populistas y lo que es peor
desfigura el interés y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas.
2. Eliminar el sistema de quórum supra
mayoritarios para Leyes Orgánicas Constitucionales, Leyes de Reforma
Constitucional y Leyes de Interpretación. Dichos quórum fueron pensados para
mantener la institucionalidad vigente e impedir la aplicación de reformas.
3. Revisar las potestades del Tribunal
Constitucional, en especial respecto del control preventivo en materia de
L.O.C., que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contra
mayoritario, y los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.
4. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional,
y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. Dicha
institución es una manifestación de la ideología que inspiró a la Constitución
de 1980. Adicionalmente, un Estado democrático de derecho cuenta con
instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es
responsabilidad de todos.
5. Revisar y perfeccionar el estatuto de derechos
y deberes previstos en laConstitución.
6. El establecimiento del derecho a voto de todas
las chilenas y chilenos que viven en el extranjero.
7. Establecer el límite de los períodos de
reelección de las autoridades.
8. Posibilitar la iniciativa ciudadana de ley y
establecer y regular el plebiscito vinculante para resolver democráticamente
asuntos de fondo de la vida nacional.
9. Reconocimiento constitucional de los pueblos
originarios y de sus derechos en el ámbito social, político y cultural, con pleno
respeto y concordancia con los tratados internacionales. Siendo necesario para
el nuevo marco constitucional debatir con los representantes de los pueblos
originarios la condición, alcances e implicancias de las definiciones de Estado
Plurinacional, Estado Multiétnico y Estado Pluricultural.
10. Garantizar el pleno cumplimiento de los
derechos humanos, incluidos los políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales, así como el establecimiento de procedimientos y mecanismos
constitucionales eficaces que permitan a las personas reclamar su cumplimiento.
11. Velar por la función social de la propiedad,
la que incluye, entre otros elementos, el dominio público sobre las aguas y la
potestad del Estado para establecer regalías, royalties o derechos de explotación
para los recursos naturales. Supone, igualmente, la afirmación del carácter solidario del
Estado como garante del bien común y de los derechos sociales.
12. Avanzar hacia una efectiva descentralización
política y administrativa del país, lo que incluye la creación de nuevos
Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración
poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de
gobiernos regionales y comunales y la elección democrática de gobernadores u
equivalente de autoridad regionales en reemplazo de las intendencias.
13. Mejorar y trasparentar el funcionamiento y
financiamiento ‐ directo o indirecto, público y privado ‐ de los partidos
políticos y las campañas electorales. Aquello supone entre otras iniciativas:
modificar el estatuto de los partidos políticos favoreciendo su democracia
interna; garantizar el funcionamiento óptimo de una ley de primarias públicas,
abiertas y vinculantes; dotar al Servicio Electoral y a la ciudadanía de
herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral; establecer
la obligación de cada parlamentario o parlamentaria de rendir cuenta periódica
de su labor a sus electores.
14. El reconocimiento y protección de la familia,
y de los distintos tipos de familia; el reconocimiento de las uniones de hecho
de parejas del mismo sexo o heterosexuales.
15. Reconocimiento jurídico a vivir sin violencia
de género y reconocimiento legal de la identidad de género.
16. La sociedad chilena en el nuevo marco constitucional
debe avanzar en la consagración de los derechos y libertades personales, siendo
una de las materias a debatir y resolver los alcances de los derechos sexuales
y reproductivos. Asimismo, creemos indispensable el establecimiento de
mecanismos efectivos de protección de los derechos garantizados por la
Constitución, incluidos los de carácter contencioso‐administrativo, ante un
órgano dotado de suficiente autonomía e imperio.
En las actuales condiciones políticas la forma de
realizar el cambio de Constitución no es irrelevante, existiendo distintas
opciones en discusión, que favorecen desde una Comisión Bicameral Parlamentaria
hasta aquellas que buscan la realización de una Asamblea Constituyente. Al
respecto, nos parece que el método por el que Chile deba
optar para dotarse de una nueva Constitución, no
será resuelto sino hasta después de las próximas elecciones presidenciales,
considerando la representación que se configure en el próximo parlamento y en
atención y apego a la voluntad ciudadana.
Sin embargo, el método deberá utilizar la vía
institucional y garantizar la más amplia participación y representación
democrática en la generación e implementación de la transformación política más
importante que aspiran realizar las fuerzas de la Nueva Mayoría.
CONSAGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
LOS DERECHOS SOCIALES
La sociedad chilena ha explicitado su deseo de
contar con el resguardo, seguridad y dignidad en la satisfacción de sus
derechos sociales. Cabe aquí al Estado una obligación ineludible pues el respeto,
garantía y protección de los derechos sociales asegura a las personas alcanzar
el respeto por su dignidad inalienable.
Para ello se hace necesario relevar el papel del
Estado para la generación de bienes públicos y para regular la función pública
de los privados, sobre la base de los principios de igualdad y solidaridad;
haciendo posible que el crecimiento económico sea una meta con equidad social.
Avanzar en el respeto de los derechos sociales
requiere de su plena consagración en la Constitución y contar con un mecanismo
constitucional efectivo que proteja a las personas frente a los incumplimientos
y vulneraciones. Las políticas públicas no solo deben asegurar el acceso
universal a los bienes públicos, sino que estos atiendan las necesidades
territoriales, culturales, de género y de la diversidad de identidades que componen
la sociedad en Chile. Para ello, es imperativa la participación ciudadana en la
definición de derechos y deberes sociales y en la garantía del mismo,
considerando la rendición de cuentas del Estado respecto de los avances en su
cumplimiento.
Por ello, es prioritario asegurar, la existencia
y fortalecimiento de una educación pública, en todos los niveles, gratuita y de
calidad que no discrimine, ni segregue según el origen social de los
estudiantes, o de cualquiera otra condición, en concordancia con los documentos
de educación aprobados por el conjunto de la oposición.
Asimismo, la educación escolar pública y des‐municipalizada,
estatal, gratuita y garantizada en oferta y calidad coexistirá con un sistema
de educación particular subvencionada, en que se impide el lucro con fondos
públicos, garantizando una educación de calidad, sin segregación o
segmentación.
Es deber del estado garantizar una educación
superior de calidad público y privada. Es prioritario fortalecer el sistema
público de educación superior, con especial énfasis en las universidades de
propiedad del Estado, en su financiamiento y matrícula, y de las universidades
públicas regionales.
Tenemos presente que la misión fundamental de la
educación en todos sus niveles o estadios, desde el jardín infantil hasta la
educación superior, es formar al ser humano y humanizar a la persona.
Reafirmamos la necesidad que ésta debe inspirarse en el respeto por los
derechos humanos, propender a una visión integradora y respetuosa de las
diferencias. En específico, se propone establecer un Sistema Nacional Público que
sea gratuito, de calidad, laico y sin lucro. Así también, debe haber una
redefinición de la educación técnica escolar en donde los y las estudiantes
cuenten con las condiciones de infraestructura, y con los perfiles y mallas
curriculares aptos para poder desempeñarse en el mundo laboral.
Nuestros país necesita maestros y maestras
idóneos/as, razón por la cual proponemos junto al mejoramiento del estatuto
docente crear un instituto de cobertura nacional destinado a forjar y mantener
un magisterio de calidad.
Finalmente deben conformarse Centros de Formación
Técnica en cada una de las regiones del país, entregándoles un sello de calidad
y de excelencia.
Es tiempo también de avanzar hacia un sistema de
salud universal con acceso oportuno y de calidad en todos los niveles. Debe
imperar la lógica de la seguridad social, para garantizar que las personas con
mayores necesidades, elevados riesgos y menos recursos reciban mayores
beneficios, por la transferencia de las personas con menores riesgos y mayores
recursos.
Se debe avanzar en la protección universal de la salud,
con acciones preventivas, curativas y de rehabilitación a lo largo de toda la
vida de las personas. Estas acciones deben ser costo efectivas y con respaldo
científico y técnico. El financiamiento debe ser suficiente y más solidario.
Para el sistema público implica continuar con la
ampliación efectiva de atención primaria, de servicios de urgencia, de
consultorios especializados y de hospitales complejos, mejorando la gestión
general y clínica. Continuar con el fortalecimiento del sistema de garantías
AUGE, mejorando al mismo tiempo el tratamiento de las patologías no AUGE. Por
su parte, el componente Libre Elección del FONASA, debe continuar ampliando sus
coberturas y financiamiento, en especial en la atención hospitalaria con
mecanismos de pago que nos permitan compartir riesgo y asegurar su costo
efectividad.
En el actual sistema de salud privado, se debe
introducir cambios para acercarse a la lógica de la seguridad social, facilitar
la posibilidad de cambio entre ISAPRES, independiente de la edad, sexo y de las
enfermedades preexistentes y respetar la libre elección.
En el futuro debemos avanzar hacia un sistema de
financiamiento universal y solidario entre todos los chilenos y chilenas. Este
sistema podrá convivir con los seguros privados que cada persona pueda adquirir
con sus propios recursos.
Por otra parte, con el fin de enfrentar las
desigualdades en el estado de salud, es necesario implementar un mecanismo
formal de definición, diseño de estrategias y seguimiento de metas de salud en
todas las políticas relacionadas con el enfrentamiento de determinantes de la
salud, que son multisectoriales y transversales a todas las políticas públicas.
Solo así se podrá avanzar en que todas y todos puedan adoptar estilos de vida
saludables.
Es fundamental lograr una pensión mínima
garantizada al término de la vida laboral, lo que conlleva una profunda
revisión del Sistema de Pensiones. Visualizamos un sistema de carácter
solidario, esto es, con aportes de la persona, del empleador y del Estado. Lo
anterior, con el fin de mejorar la calidad de vida a las personas adultas mayores
y a quienes no puedan generar los recursos suficientes para una vida digna.
La información de la superintendencia de
pensiones confirma la insuficiencia estructural del sistema de AFP anclado en
el lucro más que en derecho de los usuarios, puesto que sus datos señalan que
un trabajador al jubilar percibe un 37% de su último ingreso y en el caso de
las trabajadoras estas perciben un ingreso de un 25%. Sin embargo, la tasa de reemplazo debiese
aproximarse a un 70%. Así, para contribuir a regular las prácticas abusivas de
las AFP, en lo más próximo y como primer punto de partida para una
transformación estructural que asegure montos de pensión de vejez dignos, se
debe crear una AFP estatal u otro mecanismo, regulada al margen de la búsqueda
de lucro, orientada a la baja de comisiones, fomentando una mayor competencia
en beneficio de los trabajadores/as.
Por otra parte, es vital eliminar la
discriminación que existe para con las mujeres al momento de jubilar,
anticipando los beneficios de la ley Nº 20.255, puesto que en la actualidad
reciben gran parte de los beneficios a los 65 años y no a los 60, que es cuando
jubilan. Lo anterior, considerando que las mujeres tienen menor densidad previsional
dado que la sociedad relega en ellas el rol de la crianza de niños y niñas y el
cuidado de la familia.
También es relevante la eliminación total del 7%
a todos los/as jubilados/as y no sólo a los quintiles más bajos. Esto porque
los sectores de ingresos medios al momento de jubilar poseen gran riesgo de ser
parte del grupo de personas de menores ingresos.
Es una prioridad para la construcción de un Chile
igualitario contar con una política para las ciudades, que respetando su
identidad garantice bienes y servicios urbanos, conectividad, habitabilidad y
seguridad de las personas, lo que redunda en elevar los estándares de calidad
de vida de los ciudadanos.
La política de vivienda social debe ser revisada
y mejorada, asegurando calidad de vida sin importar la comuna o región donde se
resida; poniendo énfasis en el incremento de los controles y la fiscalización
del uso del suelo y de las empresas inmobiliarias. Con especial atención en el
diseño e integración de la ciudad y con criterios de equidad territorial.
Un país diverso y complejo como Chile requiere el
fomento del desarrollo cultural y el acceso de toda la población a los bienes
culturales, que pongan el acento en un pensamiento crítico y la inclusión
social, que releve y valore el modo de vida de todas y todos los habitantes y,
en especial de los/as trabajadores/as, el respeto pleno por la identidad de
género, la orientación sexual, los pueblos indígenas, la población migrante,
así como el fortalecimiento de las diversas comunidades, con sus culturas y creencias.
REFORMAS LABORALES PARA UN CHILE
MÁS JUSTO E IGUALITARIO.
Chile necesita un Nuevo Código del Trabajo, que
de forma y contenido a una relación laboral con respeto y protección de los
trabajadores y trabajadoras.
Entendemos que el principal origen de la
desigualdad social se encuentra en primer lugar en los bajos salarios y en
segundo lugar en el empleo precario, producto de la flexibilización de los
derechos laborales individuales y colectivos, consecuencia directa de los
débiles recursos y herramientas con que cuentan los trabajadores/as y las
organizaciones sindicales para incrementar la participación de los primeros en
la distribución de la riqueza nacional.
Chile también requiere del estímulo de empresas
responsables y justas, que desplieguen una práctica laboral en base al
cumplimiento de la norma. Lo anterior, como requisito para incrementar la
productividad, favorecer el crecimiento económico, el incentivo en el trabajo y
una participación justa de las ganancias, posibilitando un vínculo más
saludable entre los trabajadores/as y los empleadores/as.
Por ello, es urgente contar con nuevas relaciones
que recreen las condiciones de equilibrio de poderes en el mundo del trabajo,
como presupuesto indispensable para el pleno ejercicio de los derechos
colectivos e individuales.
Así, es prioritario implementar una política
laboral que fortalezca los recursos de los trabajadores y las trabajadoras y de
sus organizaciones sindicales, lo anterior, considerando:
El diseño y aplicación de una nueva
institucionalidad laboral, que en base a nuevas y justas normas posibilite un
nuevo código laboral, con especial énfasis en:
1. Fortalecimiento de las organizaciones y de la
sindicalización de los/as trabajadores/as, que conjuntamente con su contratación
se incorporarán automáticamente a la organización sindical existente en su
lugar de trabajo, quienes podrán desafiliarse voluntariamente.
2. Fortalecimiento de la negociación colectiva,
sólo entre empleador y sindicato, único titular de este derecho. Lo anterior,
simplificando los mecanismos de negociación y suprimiendo el reemplazo durante
la huelga.
3. Generar condiciones legales e incentivos para
la negociación colectiva por rama.
4. Dictar norma que evite el abuso de despido por
concepto de necesidades de la empresa, acotándola y regulándola de mejor forma.
5. Modificación del concepto legal de empresa
(multi‐rut), que permite mediante el uso de subterfugios formales, diferenciar
artificial y discrecionalmente unidades económicas, actividades productivas y
de servicios y demás estructuras que son parte de un mismo y único proyecto
empresarial, con lo que se limita la capacidad negociadora de la contraparte
laboral.
6. Reajuste de sueldo mínimo, estableciendo
método y criterios para la fijación de un salario suficiente y necesario para
satisfacer las necesidades indispensables para la vida del trabajador/a en alimentación,
vestuario y habitación, es decir, que garantice la superación de la línea de la
pobreza del trabajador y su grupo familiar.
7. Establecimiento constitucional de igualdad de
remuneraciones de mujeres y hombres que desempeñen igual cargo o función y
reconocimiento del trabajo no remunerado y del trabajo del cuidado del hogar.
8. Sanción efectiva a la discriminación en el
mercado laboral por razones de origen social, apariencia, de sexo, género,
orientación sexual o identidad de género.
9. Ampliar el derecho a sala cuna y jardines
infantiles para los trabajadores y las trabajadoras.
10. Generar apoyo estatal para el cuidado de
niños(as), personas enfermas y adultas mayores, propiciando de este modo mayor
inclusión de las mujeres en el mercado laboral.
11. Promover políticas de mejoramiento de las
condiciones laborales que consideren la realidad social, cultural y territorial
de las mujeres rurales e indígenas, y de las trabajadoras del campo.
12. Fortalecer las políticas que permitan la
participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral.
13. Ampliar los instrumentos de fomento
productivo, tales como capacitación focalizada y apoyo a la gestión destinado a
mujeres, incentivo a la contratación, becas de perfeccionamiento y facilidades
de acceso a créditos.
14. Asimismo, hay consenso en que el Estado en su
rol de empleador debe reconocer que el carácter estatutario que rige la
relación laboral con los funcionarios y funcionarias centralizados y
descentralizados, no lo exime de
Otorgar un trabajo digno y decente en términos de
lo señalado por la OIT. La administración pública no puede ser un espacio de
precariedad laboral, de abuso e indefensión de los trabajadores de la
administración. (ej: abuso de honorarios, extensión indebida de modalidad
contratas; exclusión de ejercer derechos colectivos y acciones por vulneración
de derechos fundamentales, etc.).
15. De lo anterior, tenemos la convicción que es
vinculante para la calidad del servicio público implementar políticas que
promuevan Trabajo Decente, que significa un empleo con estabilidad, con carrera
funcionaria que propicie el desarrollo de las personas, con seguridad social y
derechos laborales y sindicales, como instrumento para la protección y
movilidad social de los trabajadores de Administración Pública chilena.
La nueva institucionalidad laboral contemplará
una política expresa y claramente orientada a la aplicabilidad en Chile de los
convenios internacionales suscritos por nuestro país, considerando:
1. Aplicación de Convenios Internacionales sobre
libertades sindicales y pueblos originarios, considerando los convenios
referidos a derechos de sindicalización y protección (art. 87), sobre
protección ante la negociación colectiva (art. 98), sobre protección a los y
las representantes de los/as trabajadores (art. 135), sobre negociación en el
sector público (art. 151), y sobre derechos de los pueblos originarios (art.
169). Y ratificación de aquellos convenios, como el de seguridad social y de
trabajadoras de casa particular que el Estado no ha suscrito.
Y de medidas sustantivas que permitan una
correcta fiscalización, sanción y estímulo al cumplimiento de la ley en materia
de derechos laborales y sindicales, considerando:
1. Sanción efectiva de la práctica anti‐sindical,
en concordancia con los convenios internacionales de OIT, desplegando medidas
eficaces y disuasivas. Siendo necesario por ello incrementar las multas.
2. Sancionar penalmente el no pago de los
salarios y de las imposiciones de los/as trabajadores/as, de acuerdo al tamaño
de la empresa.
3. Propender a la efectiva participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa, asegurando que siempre que haya
utilidad exista participación por parte de los trabajadores y trabajadoras, de
acuerdo al tamaño de la empresa.
UN NUEVO ESTADO PARA UN NUEVO
MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
La gran demanda ciudadana por más democracia,
justicia social e igualdad, requiere que el país debe pensarse hacia el 2030
desde la perspectiva de aumentar sus capacidades para promover un nuevo modelo
de desarrollo, que sea fuente de progreso sustentable e inclusivo. Este proceso
de largo aliento no puede depender exclusivamente de mercados que no garantizan
la equidad y la inclusión social.
Lo anterior, rescatando y capitalizando la
importancia de su integración a la economía mundial, productividad y
competitividad, y de necesarios fundamentos de equilibrio macroeconómico, pero
sumándole una perspectiva orientada a frenar el abuso y las injusticias, así
como superar las enormes desigualdades que marcan la sociedad
Chilena y atenazan su progreso económico y
social.
Para lograr estos propósitos el Estado debe
mejorar sus atribuciones y competencias; mejorar sustantivamente su eficiencia
y transparencia; recuperar su capacidad de planificación estratégica; promover
en base a fundamentos sanos la inversión del sector privado y producción mixta.
Ello supone una concepción democrática y social que afirma el rol central del
Estado como garante del bien común del desarrollo armónico de la sociedad,
superando la herencia neoliberal.
El Programa de gobierno en el área económica
tendrá dos énfasis fundamentales: la protección de consumidores y usuarios/as
para terminar con los abusos, por una parte, y por otra, la implementación de
una política de desarrollo productivo que asegure la creación de empleos de
calidad y con un sistema de compensaciones más justo y equitativo y la
protección de los recursos naturales.
En el ámbito de defensa de consumidores y
usuarios es necesario fortalecer la institucionalidad de defensa de sus
derechos, tanto como las de regulación de servicios de utilidad pública y de
promoción de la competencia, como también procurar la adopción plena de la
dimensión medioambiental. Un Estado fuerte y una ciudadanía informada y más
participativa pueden contrarrestar el concentrado poder económico que existe en
nuestro país.
Una política de desarrollo productivo nacional,
al incluir a las regiones y a las pequeñas y medianas empresas, debe producir
un cambio estructural, contribuyendo a superar la profunda desigualdad que
caracteriza nuestra economía. Al mismo tiempo, el desarrollo sustentable e
inclusivo supone el respeto a la dignidad y derechos de las personas presentes
en los mercados de consumo y laboral, y a superar las difundidas prácticas de
empresas abusivas que menoscaban a las personas y al emprendimiento de menor
tamaño.
El fortalecimiento del Estado en base a un
adecuado concepto de Planificación Estratégica es vital para emprender un real
proceso de desarrollo sustentable. Los ejes relevantes de la visión estratégica
son la innovación, la competitividad, la inversión en capital humano, la
protección del medioambiente y el fortalecimiento de mercados que hagan posible
recuperar la capacidad de inserción internacional de una más amplia gama de
bienes y servicios, así como una participación en la economía global que
permita aprovechar más que sufrir la integración de los mercados factoriales.
En cuanto al eje de innovación, se debe dar un
salto decisivo en la política de ciencia, tecnología y la innovación (CTI), lo
que requiere de un robusto fortalecimiento institucional y de mayores recursos
públicos. La inversión en CTI debe promover la masificación del uso de
tecnologías avanzadas, el desarrollo de nuevas oleadas de innovación de
procesos y de tecnología, pero también debe ser capaz de priorizar sectores y
de identificar clusters (encadenamientos productivos) que ofrezcan mejores
perspectivas para nuestro desarrollo económico y social.
La competitividad se sostiene sobre aspectos
dinámicos que no pueden ser desatendidos en una perspectiva de eficiencia y
productividad de largo plazo, pero que al mismo tiempo sea la base de un
proceso de desarrollo productivo inclusivo del emprendimiento de menor tamaño.
Se requiere de un impulso decidido de:
- Una política de
financiamiento consistente. Por ello se requiere la emergencia de una banca
para el desarrollo, especialmente para las PYMES, basada en la CORFO y en el
BancoEstado. La CORFO debe orientarse a conformarse en un banco de desarrollo
de gran escala que financie la emergencia de los sectores estratégicos del
país. A su vez, debe recuperarse el rol central como instrumento de fomento del
Banco Estado, especialmente como plataforma de acceso efectivo a financiamiento
competitivo para las pequeñas empresas y los sectores más desfavorecidos del
país.
- Una política
racional y sustentable de explotación de los recursos naturales renovables y no
renovables que existen en el país, incluyendo la matriz energética. Para tal
efecto, favorecemos la creación de una Agencia Nacional de Energía. Las
empresas públicas del país deben enmarcarse de manera congruente con
planificación estratégica orientada a intensificar el uso y desarrollo de
tecnologías avanzadas, así como industrializar y fomentar nuevos encadenamientos
productivos de mayor valor agregado, asegurando la disponibilidad de recursos.
- Una política de
desarrollo continuo de la infraestructura de conectividad, asumiendo además la
creación y acceso intensivo y competitivo de nuevas infraestructuras para el
desarrollo económico y social, como la relativa a las TICs (la banda ancha
sigue siendo mucho más cara y de menor calidad que en países de mejores
estándares).
- Una política de
capacitación permanente a trabajadores y asistencia tecnológica empresarial
mediante una red de universidades, centros de formación técnica y de centros de
desarrollo de servicios empresariales con presencia en cada región del país.
El fortalecimiento de mercados demanda un Estado
con mayor presencia y mejores capacidades de regulación y fiscalización de los
mercados donde existen monopolios y conductas poco competitivas de oligopolios,
que causan severas distorsiones y provocan pérdidas de eficiencia y de
oportunidades de desarrollo empresarial. El
Estado debe modernizar su política de
competencia, considerando como prioritaria la defensa y promoción del
emprendimiento de menor tamaño.
Finalmente, la dimensión económica de la política
internacional debe ser congruente con el objetivo de desarrollo productivo. Por
un lado, evitar imposiciones extrarregionales que limiten o impidan su
capacidad de aprendizaje de los conocimientos tecnológicos globalmente
disponibles, y por otra parte, privilegiar la integración que potencie las
exportaciones de mayor valor agregado. La agenda económica de integración debe
cautelar el flujo creciente de intercambio comercial, inversiones y turismo
dentro de la región que potencien y diversifiquen la matriz productiva nacional
y de regiones del país.
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO PARA
EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS
Chile, para ser un país desarrollado, más
democrático y con mayor igualdad, necesita implementar un proceso de
Descentralización Regional; cuyo hito principal debe ser la Elección Gobernadores
Regional u autoridad regional equivalente.
Entendemos que la construcción de regiones
reales, con autonomías crecientes, solo se puede lograr por la acción coherente
de actores sociales y políticos regionales y locales y un consistente apoyo de
las autoridades nacionales.
Chile necesita a sus regiones. Si no potenciamos
sus aportes al país y si no cerramos las grandes diferencias de bienestar y de
oportunidades entre ciudadanos que nacen, viven y trabajan en distintos puntos
de nuestra geografía, Chile no será un país desarrollado.
Así como decimos que el desarrollo debe ser con
inclusión social, con la misma fuerza decimos que debe ser con cohesión
territorial: que las oportunidades y el bienestar de los chilenos no estén
limitadas por las características del territorio en el que viven y trabajan.
Ha llegado la hora de pensar con un criterio más
estratégico sobre el alcance y contenidos de un auténtico proceso de
descentralización. Por una parte, ha comenzado a levantarse en Chile una
demanda regional que pone en evidencia que el modelo de desarrollo genera
impactos desiguales a lo largo del país, algunos de ellos claramente negativos,
y que perduran graves y persistentes desigualdades territoriales que surgen al
examinar la dinámica de desarrollo más allá de los promedios nacionales. Por
otra, pensando en el desarrollo económico y la competitividad, existen
oportunidades en los territorios que no están siendo aprovechadas, pues no se
ha puesto en marcha una política territorial que tenga como objetivo apoyar un
proceso de transformaciones productivas e institucionales que permita que se
exprese el potencial de cada territorio.
Nos proponemos avanzar en la descentralización
política y fiscal al tiempo de generar mayores capacidades de gestión en los
Gobiernos Regionales, así como mayor rendición de cuentas, transparencia y
responsabilidad política por los resultados de las políticas públicas. Esta
dinámica de reformas contribuirá a brindar legitimidad democrática y política a
la discusión de las propuestas de desarrollo regional, que esta vez con razón
de ser porque habrá atribuciones, capacidades y recursos, se realizarán en las
regiones de Chile.
El fortalecimiento de los Gobiernos Regionales se
inicia con la generación democrática de sus autoridades, y el incremento de las
competencias existentes en lo Social, Productivo y Territorial, así como el
traspaso de nuevas competencias y facultades acorde con los procesos de
descentralización institucional de Servicios Públicos que serán parte de esta
reforma. También se establecerá una instancia de participación social y las
condiciones administrativas y financieras de su operación de esta nueva institucionalidad.
Las medidas que proponemos abordan asuntos
políticos, institucionales, administrativos, fiscales, participativos y de
capacidades para gestionar el desarrollo.
Proponemos las siguientes medidas:
GOBIERNOS REGIONALES:
1. Elección popular de Gobernadores Regionales, u
autoridad equivalente, a través de elección directa y universal.
2. En cada región habrá una autoridad que
represente al Presidente de la República y que coordinará al aparato público
desconcentrado.
3. Se definirán dos ciclos electorales,
diferenciando explícitamente entre nacionales por una parte, y regionales y
municipales por otra.
Proceso de Descentralización:
1. Se generará una Agencia Nacional de
descentralización, con rango ministerial, de carácter transitoria, la que
impulsará, coordinará y evaluará el proceso de descentralización y
transferencia de facultades y competencias a regiones, así como el traspaso de
Servicios Públicos, proceso que será paulatino y por grupos de regiones.
Ello se desarrollara mediante el fortalecimiento
y entrega de atribuciones a la actual SUBDERE.
2. Los Gobiernos Regionales estarán obligados por
ley a cumplir con formas determinadas de participación vinculante y consulta
ciudadana en temas de su competencia (presupuestos regionales y locales), así
como también generar procesos de “rendición de cuentas” a la ciudadanía, que
necesariamente deben ser más exigentes y efectivas que las actuales.
3. Se generará un Concejo Regional de
Participación de la Sociedad Civil de carácter amplio y abierto, constituido al
menos por colegios profesionales, universidades, sindicatos, gremios y
organizaciones territoriales, sociales y culturales.
4. El proceso de descentralización debe avanzar
incrementando las competencias y autonomía del gobierno regional en forma
secuencial y por etapas con miras a una creciente transferencia de competencias
e institucionalidad (Servicios Públicos) a los Gobiernos Regionales. Por otra
parte, los Ministerios avanzarán en la desconcentración de otros Servicios.
5. Se creará una instancia jurídico‐administrativa
competente, externa a los órganos de la administración pública municipal,
regional y nacional con facultades para resolver controversias, superposiciones
o vacíos de competencias (que entraben una entrega eficiente y oportuna de los
servicios públicos a la comunidad), y para sentar jurisprudencia en la materia.
FINANCIAMIENTO PARA LAS REGIONES:
1. Para que los Gobiernos Regionales puedan
cumplir su nuevo y más complejo rol deberán disponer de mayores recursos
financieros de acuerdo a las competencias e instituciones que se vayan
trasfiriendo desde el Gobierno central. El Presupuesto del Gobierno Regional se
construirá a partir de una propuesta que cada Gobierno Regional (aprobación del
Gobernador, u equivalente, del Gobierno Regional y del Consejo Regional) hará
llegar al Gobierno Nacional para discusión y aprobación del Congreso Nacional.
2. Se precisaran en presupuesto regional las
transferencias condicionadas e irán en aumento las trasferencias no
condicionadas a los gobiernos regionales. En esta materia la instalación de
Gobiernos regionales se realizará alcanzando el estándar Latinoamericano o de
la OCED de porcentaje del gasto de decisión regional.
3. Creación de un Fondo de Convergencia Regional
para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados en materia de
desarrollo socioeconómico que será complementario al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.
4. Creación de tribunal de cuentas en cada región
con competencias sobre los organismos de gobiernos regionales y sobre los
gobiernos comunales. Administración Regional:
1. Se generarán estándares nacionales para la designación por el gobierno
regional de Autoridades de Seremias y Servicios Públicos, estándares que serán
definidos por servicio civil y en la designaciones visados por contraloría.
2. Las Universidades del Estado en regiones deberán ser parte de la
Región a la que pertenecen. Adicionalmente, se creará un Programa Especial de
Fortalecimiento de las Universidades Regionales.
GOBIERNOS MUNICIPALES:
1. Transformar a los Municipios en auténticos
gobiernos municipales autónomos. A pesar de que estos han experimentado
numerosos cambios en una perspectiva de gestión, es necesaria una verdadera
modernización que implique plantearse su autonomía. Ello implica una Reforma
Municipal que dote a los gobiernos locales de una verdadera autonomía
administrativa y suficiencia financiera.
2. Modernización del Fondo Común Municipal. Tanto
de la perspectiva de los ingresos como de la perspectiva de su redistribución.
Se deberán incrementar los aportes del Estado, Así mismo, deberá aumentarse la
contribución de las comunas que concentran la mayor cantidad de ingresos
devengados de bienes raíces y patentes.
3. La existencia de modalidades de tributación
obligatoria de las empresas en donde se origina la producción.
4. Fomentar el a sociativismo municipal a fin de
enfrentar problemas comunes que requieran el trabajo conjunto de municipios
colindantes o que estén vinculados por temáticas compartidas.
Comisión Programa
Nueva Mayoría
Partido Demócrata Cristiano / Centro
Democracia y Comunidad (CDC)
Partido Radical / Centro de Investigaciones
Sociales (CISO)
Partido Por la Democracia / Fundación por la
Democracia (FPD)
Partido Comunista / Instituto de Ciencias
Alejandro Lipchutz (ICAL)
Partido Socialista / Instituto Igualdad
Izquierda Ciudadana / Instituto ciudadano.
