COMISION DE EDUCACION REGIONAL SUR "VICTOR DIAZ LOPEZ" PARTIDO COMUNISTA DE CHILE- educacionregionalsur@gmail.com
CHILE
sábado, 21 de diciembre de 2013
EL TRABAJO EN EL FUTURO GOBIERNO DE LA NUEVA MAYORÍA ,AVANCES Y DESAFÍOS :
Terminar con los enclaves autoritarios heredados de la Dictadura comandada por Pinochet es el gran desafío del próximo gobierno de Michelle Bachelet. Tan importante como elaborar una nueva Constitución Política, la reforma educacional y la reforma tributaria; es rescindir los vestigios del Plan Laboral de 1979, medulares para el actual Código del Trabajo.
El Programa de gobierno de la Nueva Mayoría en lo tocante al Trabajo se sustenta en tres pilares:
1. Ampliar y fortalecer la sindicalización y la negociación colectiva.
2. Aumentar la participación laboral, la calidad del empleo, los salarios y la productividad.
3. Mejorar y fortalecer la institucionalidad laboral.
La articulación de estas tres dimensiones o, si se quiere, directrices de trabajo, genera interesantes propuestas. Sólo por destacar las más importantes:
1. Aumentar el poder de negociación de las condiciones laborales de parte de los sindicatos.
2. Respeto permanente a la libertad sindical conforme a las normas y convenios internacionales que Chile ha ratificado en materia laboral. Donde destaca el convenio Nº 87 de la OIT, relacionado con la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga de parte de los empleadores. Práctica anti-sindical comúnmente utilizada en Chile y por la cual el país ha sido notificado de incumplimiento en distintas oportunidades, tanto por Naciones Unidas en el año 2004 y por la OIT los años 2008 y 2012.
3. Poner fin al llamado “multi rut”, subterfugio que limita el ejercicio de derechos laborales básicos como la sindicalización y la negociación colectiva.
4. Obligar a los empleadores a entregar información de la situación económica de las empresas de manera clara y oportuna a los sindicatos.
5. Potenciar la formación sindical.
6. Protección especial de trabajadores/as hasta ahora excluidos/as: temporeros/as y trabajadores/as de casas particulares.
7. Aumentar la participación de mujeres y jóvenes en empleos formales y de calidad.
8. Implementar un nuevo sistema de intermediación y capacitación laboral.
9. Generar programas de capacitación especializados para aquellos segmentos de la población con particulares dificultades para encontrar empleo (jóvenes y mujeres).
10. Perfeccionamiento del seguro de cesantía.
Estas medidas, entre otras que se especifican en el Programa, permitirán “equilibrar la cancha en el ámbito laboral”. Su ejecución hará posible terminar con la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar las condiciones laborales y las oportunidades en el mercado del trabajo, principalmente para la población más vulnerable; además, promoverán la capacidad y autonomía de las partes –capital y trabajo- para negociar en igualdad de condiciones, estimulando una cultura de cooperación y colaboración.
Estas “modernizaciones” harán compatibles las nuevas demandas que surgen gracias al dinamismo, la competitividad y productividad de las actividades económicas, con relaciones laborales que dignifiquen el trabajo, fortalezcan la sindicalización, la negociación colectiva y aseguren una justa distribución de las ganancias.
Así, al mismo tiempo que las organizaciones de empleadores y trabajadores formulen acuerdos en virtud de mejorar tanto las condiciones de trabajo como los niveles de producción, a la vez, se generará un dialogo social más amplio, orientador de futuras políticas públicas.
Por lo tanto, impulsar la articulación de las directrices de trabajo del Programa de la Nueva Mayoría posibilitará avances concretos en virtud de terminar con la herencia del Plan Laboral presente en el actual Código del Trabajo que, a la vez que genera un mercado laboral flexible, tendiente a la precariedad, niega derechos fundamentales de los trabajadores. Es así que en estas nuevas condiciones se abre la posibilidad de discutir futuras modificaciones relacionadas con:
1. La sindicalización voluntaria. Ésta debería ser obligatoria, aunque con opción de des-afiliarse de la organización voluntariamente.
2. La limitación de la negociación colectiva a los sindicatos de tipo empresa. Ésta debería ser por rama de la actividad productiva.
3. La acotación de la duración de las huelgas a 60 días. Ésta debería ser indefinida.
4. El permitir la presencia de empresas contratistas en labores inherentes a la producción principal o permanente de una empresa o en las labores de reparación y mantenimiento habituales de sus equipos.
5. La causal “necesidades de la empresa”, en tanto forma de justificación ambigua para el despido de los trabajadores.
Implementar estas medidas, no sólo mejorará las condiciones laborales de los trabajadores y, por lo tanto, sus condiciones de vida, sino que también posibilitará transformaciones de fondo en el trabajo y en los actores que en él convergen. Estas modificaciones deberían avanzar en hacer de las empresas actores, más que comerciales, sociales, donde los trabajadores, aquellos que producen y reproducen material y simbólicamente nuestra sociedad, organizados en sindicatos, participen no sólo en la toma de decisiones de las empresas sino que desborden sus límites y arriben a una posición decisional mayor, es decir, a nivel político, económico y social.
Finalmente, en una dimensión, si se quiere, estratégica, las políticas que se implementen de aquí en más vinculadas al trabajo, debiesen ir en la línea de emancipar a éste de la dominación del capital y a los seres humanos de la dominación del trabajo, promoviendo que, en definitiva, la sociedad toda ejerza su poder sobre los aparatos y los procesos productivos. Sólo así avanzaremos en la senda de hacer de Chile una sociedad mejor, más amable, justa, igualitaria, equitativa y libre.Por
Mauricio E. Muñoz Flores, Sociólogo.
Investigador Área Laboral, ICAL.
El Programa de gobierno de la Nueva Mayoría en lo tocante al Trabajo se sustenta en tres pilares:
1. Ampliar y fortalecer la sindicalización y la negociación colectiva.
2. Aumentar la participación laboral, la calidad del empleo, los salarios y la productividad.
3. Mejorar y fortalecer la institucionalidad laboral.
La articulación de estas tres dimensiones o, si se quiere, directrices de trabajo, genera interesantes propuestas. Sólo por destacar las más importantes:
1. Aumentar el poder de negociación de las condiciones laborales de parte de los sindicatos.
2. Respeto permanente a la libertad sindical conforme a las normas y convenios internacionales que Chile ha ratificado en materia laboral. Donde destaca el convenio Nº 87 de la OIT, relacionado con la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga de parte de los empleadores. Práctica anti-sindical comúnmente utilizada en Chile y por la cual el país ha sido notificado de incumplimiento en distintas oportunidades, tanto por Naciones Unidas en el año 2004 y por la OIT los años 2008 y 2012.
3. Poner fin al llamado “multi rut”, subterfugio que limita el ejercicio de derechos laborales básicos como la sindicalización y la negociación colectiva.
4. Obligar a los empleadores a entregar información de la situación económica de las empresas de manera clara y oportuna a los sindicatos.
5. Potenciar la formación sindical.
6. Protección especial de trabajadores/as hasta ahora excluidos/as: temporeros/as y trabajadores/as de casas particulares.
7. Aumentar la participación de mujeres y jóvenes en empleos formales y de calidad.
8. Implementar un nuevo sistema de intermediación y capacitación laboral.
9. Generar programas de capacitación especializados para aquellos segmentos de la población con particulares dificultades para encontrar empleo (jóvenes y mujeres).
10. Perfeccionamiento del seguro de cesantía.
Estas medidas, entre otras que se especifican en el Programa, permitirán “equilibrar la cancha en el ámbito laboral”. Su ejecución hará posible terminar con la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar las condiciones laborales y las oportunidades en el mercado del trabajo, principalmente para la población más vulnerable; además, promoverán la capacidad y autonomía de las partes –capital y trabajo- para negociar en igualdad de condiciones, estimulando una cultura de cooperación y colaboración.
Estas “modernizaciones” harán compatibles las nuevas demandas que surgen gracias al dinamismo, la competitividad y productividad de las actividades económicas, con relaciones laborales que dignifiquen el trabajo, fortalezcan la sindicalización, la negociación colectiva y aseguren una justa distribución de las ganancias.
Así, al mismo tiempo que las organizaciones de empleadores y trabajadores formulen acuerdos en virtud de mejorar tanto las condiciones de trabajo como los niveles de producción, a la vez, se generará un dialogo social más amplio, orientador de futuras políticas públicas.
Por lo tanto, impulsar la articulación de las directrices de trabajo del Programa de la Nueva Mayoría posibilitará avances concretos en virtud de terminar con la herencia del Plan Laboral presente en el actual Código del Trabajo que, a la vez que genera un mercado laboral flexible, tendiente a la precariedad, niega derechos fundamentales de los trabajadores. Es así que en estas nuevas condiciones se abre la posibilidad de discutir futuras modificaciones relacionadas con:
1. La sindicalización voluntaria. Ésta debería ser obligatoria, aunque con opción de des-afiliarse de la organización voluntariamente.
2. La limitación de la negociación colectiva a los sindicatos de tipo empresa. Ésta debería ser por rama de la actividad productiva.
3. La acotación de la duración de las huelgas a 60 días. Ésta debería ser indefinida.
4. El permitir la presencia de empresas contratistas en labores inherentes a la producción principal o permanente de una empresa o en las labores de reparación y mantenimiento habituales de sus equipos.
5. La causal “necesidades de la empresa”, en tanto forma de justificación ambigua para el despido de los trabajadores.
Implementar estas medidas, no sólo mejorará las condiciones laborales de los trabajadores y, por lo tanto, sus condiciones de vida, sino que también posibilitará transformaciones de fondo en el trabajo y en los actores que en él convergen. Estas modificaciones deberían avanzar en hacer de las empresas actores, más que comerciales, sociales, donde los trabajadores, aquellos que producen y reproducen material y simbólicamente nuestra sociedad, organizados en sindicatos, participen no sólo en la toma de decisiones de las empresas sino que desborden sus límites y arriben a una posición decisional mayor, es decir, a nivel político, económico y social.
Finalmente, en una dimensión, si se quiere, estratégica, las políticas que se implementen de aquí en más vinculadas al trabajo, debiesen ir en la línea de emancipar a éste de la dominación del capital y a los seres humanos de la dominación del trabajo, promoviendo que, en definitiva, la sociedad toda ejerza su poder sobre los aparatos y los procesos productivos. Sólo así avanzaremos en la senda de hacer de Chile una sociedad mejor, más amable, justa, igualitaria, equitativa y libre.Por
Mauricio E. Muñoz Flores, Sociólogo.
Investigador Área Laboral, ICAL.
viernes, 20 de diciembre de 2013
EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE E ICAL DESARROLLARÁN SEMINARIO SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
Durante los últimos años en distintos puntos del norte y sur del país se han desarrollado diversas movilizaciones que llaman a un trato justo a las regiones, limitadas en su desarrollo por el centralismo existente. Magallanes, Aysén, Calama, Freirina, Quellón y Tocopilla, entre otros, son algunas ciudades o territorios que han solicitado al gobierno mayor poder de decisión, calidad en la atención, mejores servicios, mayor inversión y control de recursos para el desarrollo equitativo de las regiones.
En el contexto del inicio de un nuevo gobierno, donde estos temas cobrarán relevancia es que ICAL, desde su Área de Desarrollo Local, desarrollará un Encuentro con alcaldes y concejales comunistas para debatir sobre los desafíos que -tanto en lo institucional como en lo social- se asocian al fortalecimiento del proceso de descentralización en nuestro país. Se trata del 3er Seminario de Capacitación Municipal denominado “Descentralización y gobiernos locales”, que esta vez contará con la especial participación de los Consejeros Regionales comunistas recientemente electos a lo largo del país.
El espacio, organizado de forma conjunta con el partido comunista, contará con la participación de una delegación de su dirección política –CP-, como de su Comisión Municipal. El cual se efectuará el jueves 9 y viernes 10 de enero de 2014 –previo a la tradicional Fiesta de los Abrazos- en el salón del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en Santiago.
Entre los exponentes se contará con la presencia de Pablo Monje, experto en descentralización y el abogado José Cortés, quien presentará el estado del debate legislativo al respecto. Además de la participación del director de ICAL, Marcos Barraza, el encargado del Área de Desarrollo Local, Claudio Rodríguez y el CORE Daniel Garrido, recientemente reelecto por la región de Valparaíso.
Para mayor información respecto de la inscripción al seminario, contactarse con María Karen Mejías a los teléfonos 02 2 6985844; 92012110 o bien, a karen.mejias@ical.cl
"LECCIONES Y MANDATOS DE UNA GRAN JORNADA "
Llegó a su fin la campaña presidencial, con el resultado por todos conocido. A partir de hoy, y por unas cuantas semanas, se discutirá acerca de las lecciones e incógnitas que deja la jornada del 15 de diciembre: el porqué de la alta abstención y la continuidad del voto voluntario, el futuro de la derecha, la “viabilidad” de los cambios propuestos al país por la candidatura de la Nueva Mayoría, la “representatividad” del nuevo gobierno.
Acerca del porcentaje de abstención, es del mínimo rigor descontar del padrón electoral a las al menos decenas de miles de personas que, por imperativos biológicos –muchas de ellas, más allá de la centena de años- no deberían estar en él. Y a ellas, agregar los cientos de miles de compatriotas residentes en otros países, pero cuyos nombres también abultan, hasta hoy sin el derecho correspondiente, el padrón en vigor.
Mientras la presidenta electa armará sus equipos de gobierno y mantendrá ocupados en ello y en la preparación de los proyectos anunciados como prioritario, al bloque político que la lleva a un nuevo período presidencial, en la vereda del frente los partidos de la Alianza apurarán su propio duelo y buscarán los mecanismos y estilos de convivencia intra partido e intra bloque para hacer frente a la doble debacle de las elecciones presidencial y parlamentaria.
Desde la misma derecha política, empresarial y comunicacional que inmediatamente de conocidos los resultados intentó relativizar la “representatividad” –la “ilegitimidad” era algo imposible de sostener- de un gobierno cuyo respaldo electoral no alcanzaría al 50% de la ciudadanía, se pone el acento en la legitimidad de los cambios de fondo propuestos tanto en las primarias de la Nueva Mayoría como en la primera y segunda vuelta presidenciales.
En la acomodaticia lógica de cierta parte de la derecha, no estaría “facultado” para cumplir su programa un gobierno votado por más del 60% de los ciudadanos, aunque sí estaría habilitado para bloquearlo un conglomerado que no alcanzó el 40% de aprobación a su anti-programa.
Los otros grandes tópicos que dominarán el debate nacional a partir del 11 de marzo serán, junto a la profundidad y ritmos de las transformaciones de fondo votadas por el pueblo de Chile, la manoseada relación entre “lo social y lo político”. Es la vieja mentalidad reaccionaria que confina a los movimientos sociales a “la calle”, a la protesta sin relación con cualquiera institucionalidad, reservando para la auto calificada de “clase política” la discusión y por cierto la decisión de los asuntos de fondo. Es el pensamiento y la conducta oligárquicos de los opulentos propietarios de los medios de comunicación que en su soberbia excluyente calificaban de “diario de la canalla” a los muros y otros lugares públicos en donde se expresa la posición de las mayorías privadas de otro espacio de expresión.
Esta falsa contradicción de lo social –o masivo- y lo político –o minoritario y excluyente- es precisamente lo que fue derrotado este 15 de diciembre. La “calle” había instalado los “temas” –educación pública, constitución democrática, fin a los abusos empresariales, salud digna, medioambiente protegido, término de toda exclusión, etc., etc. Y es esa misma calle la que en una proporción novedosa para esta democracia aun en construcción, irrumpe en la institucionalidad.
Las categóricas afirmaciones públicas de la presidenta electa, Michelle Bachelet, no sólo constituyen un sólido “piso” para las esperanzas de la mayoría del país, sino que son además una reafirmación tanto de sus propuestas programáticas como de la seriedad y viabilidad de sus compromisos.
A la hora de celebrar un gran triunfo, no hay que bajar la guardia, y mantenerse vigilantes respecto al nutrido arsenal de los sectores extremos de la derecha.
FUENTE : EDITORIAL DE "EL SIGLO "
Acerca del porcentaje de abstención, es del mínimo rigor descontar del padrón electoral a las al menos decenas de miles de personas que, por imperativos biológicos –muchas de ellas, más allá de la centena de años- no deberían estar en él. Y a ellas, agregar los cientos de miles de compatriotas residentes en otros países, pero cuyos nombres también abultan, hasta hoy sin el derecho correspondiente, el padrón en vigor.
Mientras la presidenta electa armará sus equipos de gobierno y mantendrá ocupados en ello y en la preparación de los proyectos anunciados como prioritario, al bloque político que la lleva a un nuevo período presidencial, en la vereda del frente los partidos de la Alianza apurarán su propio duelo y buscarán los mecanismos y estilos de convivencia intra partido e intra bloque para hacer frente a la doble debacle de las elecciones presidencial y parlamentaria.
Desde la misma derecha política, empresarial y comunicacional que inmediatamente de conocidos los resultados intentó relativizar la “representatividad” –la “ilegitimidad” era algo imposible de sostener- de un gobierno cuyo respaldo electoral no alcanzaría al 50% de la ciudadanía, se pone el acento en la legitimidad de los cambios de fondo propuestos tanto en las primarias de la Nueva Mayoría como en la primera y segunda vuelta presidenciales.
En la acomodaticia lógica de cierta parte de la derecha, no estaría “facultado” para cumplir su programa un gobierno votado por más del 60% de los ciudadanos, aunque sí estaría habilitado para bloquearlo un conglomerado que no alcanzó el 40% de aprobación a su anti-programa.
Los otros grandes tópicos que dominarán el debate nacional a partir del 11 de marzo serán, junto a la profundidad y ritmos de las transformaciones de fondo votadas por el pueblo de Chile, la manoseada relación entre “lo social y lo político”. Es la vieja mentalidad reaccionaria que confina a los movimientos sociales a “la calle”, a la protesta sin relación con cualquiera institucionalidad, reservando para la auto calificada de “clase política” la discusión y por cierto la decisión de los asuntos de fondo. Es el pensamiento y la conducta oligárquicos de los opulentos propietarios de los medios de comunicación que en su soberbia excluyente calificaban de “diario de la canalla” a los muros y otros lugares públicos en donde se expresa la posición de las mayorías privadas de otro espacio de expresión.
Esta falsa contradicción de lo social –o masivo- y lo político –o minoritario y excluyente- es precisamente lo que fue derrotado este 15 de diciembre. La “calle” había instalado los “temas” –educación pública, constitución democrática, fin a los abusos empresariales, salud digna, medioambiente protegido, término de toda exclusión, etc., etc. Y es esa misma calle la que en una proporción novedosa para esta democracia aun en construcción, irrumpe en la institucionalidad.
Las categóricas afirmaciones públicas de la presidenta electa, Michelle Bachelet, no sólo constituyen un sólido “piso” para las esperanzas de la mayoría del país, sino que son además una reafirmación tanto de sus propuestas programáticas como de la seriedad y viabilidad de sus compromisos.
A la hora de celebrar un gran triunfo, no hay que bajar la guardia, y mantenerse vigilantes respecto al nutrido arsenal de los sectores extremos de la derecha.
FUENTE : EDITORIAL DE "EL SIGLO "
jueves, 19 de diciembre de 2013
SERGIO MUÑOZ ES ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
Este miércoles, el juez Sergio Muñoz, reconocido por investigaciones vinculadas a la dictadura de Augusto Pinochet, fue electo como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El pleno de la Corte Suprema designó por unanimidad al ministro Muñoz, quien con 56 años se convirtió en el juez más joven que detenta este cargo.
El magistrado se desempeñaba como presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal y alcanzó notoriedad por el rechazo de varios proyectos energéticos y casos sobre alzas de las Isapres, y llega en reemplazo de Rubén Ballesteros, en un cargo que asumirá el próximo 6 de enero que ocupará hasta fines de 2015.
Los jueces cumplen así la tradición de nombrar como autoridad de la Suprema a quien es la máxima antigüedad judicial, que paradójicamente, a los 56 años de Sergio Muñoz, recae esta vez en el más joven que se ha elegido en el último tiempo.
Respecto de este punto, el recién electo presidente de la Corte indicó: “No tengo claridad respecto de ser el ministro más joven que haya llegado a la presidencia de la Corte Suprema. No sé si será una cualidad positiva. Espero tener el rigor para desempeñar el cargo Hay otros presidentes que han dejado la vara muy alta en este sentido”.
Cabe destacar que el juez Sergio Muñoz se hizo conocido por estar detrás de la investigación del caso Spiniak y varias causas de derechos humanos, como por ejemplo, el homicidio del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez por agentes de la CNI.
Además, estuvo a cargo de la indagación de las cuentas del Banco Riggs en que persiguió a Pinochet y otras personas bajo el delito de malversación de fondos públicos, luego de descubrirse la existencia de cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
Muñoz se integró al poder judicial en 1982 y se destacó en el área criminal. Como ministrio de la corte de apelaciones destacó al resolver el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado por agentes de la CNI en 1982, luego tomó casos relevantes como el de Claudio Spiniak en 2003 y en 2004 la investigación de las cuentas secretas y el origen de la fortuna de Augusto Pinochet.
El juez detentará la presidencia de la Corte Suprema en el periodo 2014-2016 y deja la sala constitucional del máximo tribunal.
En su primera comparecencia como máxima autoridad judicial del país, Muñoz afirmó que "no tengo claridad respecto de ser el ministro más joven en llegar a ser presidente de la Corte Suprema. No sé si será una cualidad positiva".
Frente a la discusión entre oficialismo y oposición respecto al nombramiento del nuevo miembro del máximo tribunal, afirmó que "las prácticas que se lleven adelante no lleguen a establecer cuoteos. Lo peor que puede suceder es que a la corte suprema lleguen personas que no tengan los méritos necesarios. La autoridad política en que descansa esta decisión muchas veces incurre en excesos de cuestionamientos a los magistrados".
"Quienes llegan a asumir esta responsabilidad tan alta deben hacerlo por sus méritos y no basado en temas políticos partidistas. La Corte Suprema ha expresado su parecer contrario no al sistema sino a la forma en que se implementa. Los sistemas pueden ser los mejores pero si no son abordados en la práctica de manera efectiva pueden ser perfeccionados", agregó.
"Muchas veces incurre en algunos excesos en el cuestionamiento político de los magistrados. Deben serlo por sus méritos y analizarlos objetivamente y no de una manera político partidista como ha estado sucediendo en los últimos nombramientos que exponen a algunos colegas a un aspecto innecesario que en algunos casos puede llegar a ser degradante al tener que estar inclinándose ante los políticos de turno en el momento en el país", argumentó.
FUENTE : DIARIO RED DIGITAL
El magistrado se desempeñaba como presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal y alcanzó notoriedad por el rechazo de varios proyectos energéticos y casos sobre alzas de las Isapres, y llega en reemplazo de Rubén Ballesteros, en un cargo que asumirá el próximo 6 de enero que ocupará hasta fines de 2015.
Los jueces cumplen así la tradición de nombrar como autoridad de la Suprema a quien es la máxima antigüedad judicial, que paradójicamente, a los 56 años de Sergio Muñoz, recae esta vez en el más joven que se ha elegido en el último tiempo.
Respecto de este punto, el recién electo presidente de la Corte indicó: “No tengo claridad respecto de ser el ministro más joven que haya llegado a la presidencia de la Corte Suprema. No sé si será una cualidad positiva. Espero tener el rigor para desempeñar el cargo Hay otros presidentes que han dejado la vara muy alta en este sentido”.
Cabe destacar que el juez Sergio Muñoz se hizo conocido por estar detrás de la investigación del caso Spiniak y varias causas de derechos humanos, como por ejemplo, el homicidio del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez por agentes de la CNI.
Además, estuvo a cargo de la indagación de las cuentas del Banco Riggs en que persiguió a Pinochet y otras personas bajo el delito de malversación de fondos públicos, luego de descubrirse la existencia de cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
Muñoz se integró al poder judicial en 1982 y se destacó en el área criminal. Como ministrio de la corte de apelaciones destacó al resolver el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado por agentes de la CNI en 1982, luego tomó casos relevantes como el de Claudio Spiniak en 2003 y en 2004 la investigación de las cuentas secretas y el origen de la fortuna de Augusto Pinochet.
El juez detentará la presidencia de la Corte Suprema en el periodo 2014-2016 y deja la sala constitucional del máximo tribunal.
En su primera comparecencia como máxima autoridad judicial del país, Muñoz afirmó que "no tengo claridad respecto de ser el ministro más joven en llegar a ser presidente de la Corte Suprema. No sé si será una cualidad positiva".
Frente a la discusión entre oficialismo y oposición respecto al nombramiento del nuevo miembro del máximo tribunal, afirmó que "las prácticas que se lleven adelante no lleguen a establecer cuoteos. Lo peor que puede suceder es que a la corte suprema lleguen personas que no tengan los méritos necesarios. La autoridad política en que descansa esta decisión muchas veces incurre en excesos de cuestionamientos a los magistrados".
"Quienes llegan a asumir esta responsabilidad tan alta deben hacerlo por sus méritos y no basado en temas políticos partidistas. La Corte Suprema ha expresado su parecer contrario no al sistema sino a la forma en que se implementa. Los sistemas pueden ser los mejores pero si no son abordados en la práctica de manera efectiva pueden ser perfeccionados", agregó.
"Muchas veces incurre en algunos excesos en el cuestionamiento político de los magistrados. Deben serlo por sus méritos y analizarlos objetivamente y no de una manera político partidista como ha estado sucediendo en los últimos nombramientos que exponen a algunos colegas a un aspecto innecesario que en algunos casos puede llegar a ser degradante al tener que estar inclinándose ante los políticos de turno en el momento en el país", argumentó.
FUENTE : DIARIO RED DIGITAL
miércoles, 18 de diciembre de 2013
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