Los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo analizan el escenario que enfrenta la reforma educacional del gobierno y adelantan los ejes de los perfeccionamientos que impulsarán durante la tramitación en el Congreso.
Hace tres años nos encontrábamos en uno de los momentos más álgidos de las movilizaciones estudiantiles, a una semana del asesinato de Manuel Gutiérrez y en vísperas de que el ex Presidente Sebastián Piñera acusara recibo de nuestra carta, convocándonos a una reunión en La Moneda.
En dicho encuentro -que se produjo en un ambiente de conmoción nacional, a horas del trágico accidente en Juan Fernández- se acordaron mesas de trabajo que fracasaron en su segunda sesión, cuando el gobierno cerró toda posibilidad de asegurar gratuidad en la educación básica y media.
La frustración e impotencia al chocar contra la pared ideológica del gobierno fueron gigantes. Tras las movilizaciones más masivas desde la vuelta a la democracia, no habíamos siquiera conseguido lo que la amplia mayoría de los chilenos buscaba: gratuidad en los años de educación obligatoria. Hoy el escenario cambió. Las demandas por una mejor educación tuvieron que ser incorporadas en la mayoría de los programas de los candidatos presidenciales, incluido el de la Presidenta Michelle Bachelet.
Ahora estamos en el Congreso, pero nuestra presencia allí sería estéril si no empujamos los mismos cambios que impulsamos en ese entonces como dirigentes. Sin embargo, nada ni nadie puede garantizar que esas demandas que la mayoría apoya se transformen, finalmente, en leyes.
La discusión del proyecto que termina con el lucro, asegura la gratuidad y pone fin a la selección ha sido intencionadamente tergiversada por algunos. De los cerca de 50 invitados recibidos durante los últimos meses en la Comisión de Educación, hemos escuchado opiniones favorables y en contra, preocupaciones y legítimas dudas, pero también mucha desinformación e interés corporativo.
Partiendo de la base de que este proyecto no es toda la reforma, sino que debe ser complementada por la nueva carrera docente y el fortalecimiento de la educación pública, hemos llegado a la convicción -luego de una amplia discusión con expertos, ciudadanos y el movimiento social- de que el proyecto presenta varios aspectos mejorables, y por eso presentaremos indicaciones, incluyendo algunas manifestadas por los estudiantes.
Sin embargo, nos sigue preocupando que un proyecto presentado en la dirección correcta pueda deformarse en el trámite legislativo, al punto de convertir una reforma en la mantención de las cosas como están.
Cierto es que los proyectos requieren mayoría para ser aprobados -incluso de 4/7 en ocasiones-, por lo que la pregunta, entonces, es: ¿Cómo lograr esa votación en ambas cámaras?
Lo que proponemos es tan simple como alcanzar acuerdos con los que quieran realizar los cambios y no sucumbir ante la presión mediática y política de quienes ya se opusieron a la idea de legislar.
Los cambios que impulsamos son una real agenda transformadora: gradualidad en fin del copago para financiar peso a peso, sí, pero con una fecha de término definitiva; término de la selección efectiva, con un sistema que logre asegurar que las familias elijan los establecimientos, sin dejar espacio a un abuso casi imposible de fiscalizar; aumento de nuevas subvenciones, pero rediseñando el financiamiento para asumir los costos reales de brindar calidad de educación; fin al lucro, pero sin dejar con un poder desmedido a los actuales dueños de los inmuebles que les arriendan a los colegios, y asimismo sin ninguna posibilidad de arriendo entre personas relacionadas como sucede descaradamente en la educación superior, donde el lucro no está permitido y, sin embargo, ocurre.
No estamos disponibles -y sería una tremenda desilusión- si en los trámites de la Cámara y del Senado -desde donde se han enviado señales confusas- se busca cambiar radicalmente la estrategia y los objetivos de esta reforma.
Sabemos que, en cambio, con la necesaria presión social en las calles y con determinación en el proceso legislativo, haremos realidad parte del mandato que recibimos: una educación de calidad, gratuita, jus ta e igualitaria para los que vienen.
por Giorgio Jackson y Camila Vallejo
