CHILE

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sábado, 21 de marzo de 2015

CARTA DE LA PDTA MICHELLE BACHELET ,AL PLENO DE COMITÉ CENTRAL DEL PCCH

Señor
Guillermo Teillier
Presidente
Partido Comunista de Chile.
Presente
Amigos y amigos:
Agradezco sinceramente la invitación que me han hecho llegar para acompañarlos en la ceremonia de la inauguración del Pleno del Comité Central del Partido Comunista. Lamento no poder estar presente, pero quisiera, a través de estas breves palabras, enviar un afectuoso saludo a todos los hombres y mujeres comunistas presentes hoy.
Estoy segura de que el intercambio de ideas que realizarán hará que el Partido Comunista siga realizando las grandes contribuciones que ha hecho a lo largo de su historia para que Chile sea un país más justo, más digno y solidario.
Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles la lealtad y dedicación con que los comunistas, partido de la coalición de gobierno, ha colaborado para llevar adelante nuestro programa común.
El Partido Comunista es un partido con fuerza. Un partido con coraje. Es un partido que mantiene la misma bandera de lucha que enarboló siempre Gladys Marín, una mujer consecuente, una luchadora incansable que no se detuvo ni amilanó para denunciar las injusticias sociales y económicas que, tristemente, aún persisten en nuestro país y que son las responsables de las grandes desigualdades que el Chile de hoy todavía adolece.
Sin embargo, hoy tenemos razones para mirar al futuro con optimismo. Porque hoy, a diez años que nos dejara la “compañera Gladys”, podemos decir con orgullo que muchas de esas barreras las estamos derribando. Un ejemplo de ello, es la participación de las mujeres en política, y el Partido Comunista sabe de ese salto; una de sus miembros participa como Ministra de Estado, mientras que dos jóvenes mujeres los representan en el Parlamento.
En este sentido, las grandes Reformas que comprometimos en nuestro Programa de Gobierno apuntan hacia allá: hacer de Chile un país donde las oportunidades lleguen a todos y todas por igual.
Ése es nuestro compromiso, tenemos la convicción de que construir ese Chile que soñamos, es posible y hacia allá dirigimos todo nuestro trabajo y esfuerzo.
Sin embargo, aún nos quedo mucho trabajo por hacer, pero tengo la convicción de que mientras nos una el deseo de igualdad, de justicia y de fraternidad con el que soñaron: Víctor, Gladys, Luis Emilio y tantos otros, avanzaremos en la dirección correcta. Sé que, ustedes, los comunistas nos acompañarán en este hermoso y fundamental camino.
Michelle Bachelet Jeria.
 

viernes, 20 de marzo de 2015

J. GAJARDO : "LAS MOVILIZACIONES SON PARA QUE EL MAGISTERIO INCIDA EN LA REFORMA EDUCACIONAL "

“Las movilizaciones no van en contra del Gobierno, sino que son para incidir en el proceso, incluir a todos los actores de la Educación y obtener el respaldo ciudadano” explicó la máxima autoridad del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, a horas de la movilización nacional que incluye a organizaciones sociales y al Magisterio.
En este sentido, el Presidente Nacional de la agrupación gremial sostuvo que para avanzar en la calidad de la Educación, hay que profundizar el debate con el Magisterio como protagonista y obtener una Política Nacional Docente que mejore las condiciones de la “buena enseñanza”.
Para argumentar su punto, el profesor Jaime Gajardo expuso que la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) –entre otros- se han negado a eliminar los problemas que aquejan a los maestros. Por ejemplo, la oposición férrea de ciertos sectores a la estabilidad laboral docente.
Por otro lado, el Presidente Nacional del Magisterio manifestó que la Política Nacional Docente debe nivelar hacia arriba la renta de los profesores, según el dirigente, con los siguientes criterios:
Acercar los sueldos a los de profesiones similares, poder recuperar el nivel adquisitivo histórico, seguir las instrucciones de la OCDE y tener como referente el pago que se le realizan a los profesores en Latinoamérica.
Asimismo, el Presidente Nacional del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, manifestó que las movilizaciones se realizarán (de manera creciente y como estrategia de la asamblea del Magisterio) para hacer valer la opinión y las posturas de la mayoría.
Para concluir, sostuvo que no es contradictorio movilizarse y conversar con las autoridades para lograr las metas del Colegio de Profesores.
fuente : radio nuevo mundo

¿ QUÉ DÍSCUTE CHILE CON LA REFORMA LABORAL?

El pasado martes 17 de marzo se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales. Hemos pasado a una nueva etapa en el camino de la reforma laboral, que nos obliga a atender el proceso de indicaciones y ser un agente activo en el proceso del perfeccionamiento del proyecto de ley, garantizando así que esta legislación sea un avance real para los trabajadores y en la superación de la desigualdad material en nuestro país.

El día 2 de marzo, la CUT asistió a la misma Comisión a exponer sobre dicho proyecto de ley y, quizás para sorpresa de muchos, nuestra exposición partió con una extensa, pero contundente, introducción que daba cuenta del debate que enfrenta Chile al hablar del sindicalismo y de la relación entre empleadores y trabajadores organizados.
Nuestra máxima es y sigue siendo que, al hablar de las relaciones laborales, nos estamos pronunciando sobre la real voluntad de superar la desigualdad y avanzar hacia un Chile con mayor equidad, toda vez que el poder sindical significa mejores condiciones para hacer efectiva la justa retribución a los trabajadores, sindicalizados o no, por su aporte físico o intelectual, al proceso productivo y de desarrollo del país.
Podrán existir una y mil consideraciones respecto del debate, pero es evidente que ninguna ley laboral puede ser solo para trabajadores sindicalizados, ya que la libertad de asociación parte de una premisa fundamental: ningún trabajador individualmente es el equivalente a su empleador, es sólo un asalariado más y sus mejores condiciones laborales, por tanto, no dependen de él.
Por eso, la organización colectiva de los trabajadores es necesaria, pues es el único instrumento de equidad para entenderse con el empleador y sus logros impactan en todos los trabajadores y trabajadoras, sean estos sindicalizados o no, ya que mejores condiciones laborales tienen un impacto directo en todos y todas sin discriminación.
Estamos entonces ante un debate de tremenda relevancia para el país, de los casi 15 millones de chilenos, más del 50%  somos trabajadores (7 millones y fracción) y el resto o son pasivos o están en camino a ser trabajadores. Estamos ante un debate de alto impacto que puede marcar nuestro futuro laboral por las próximas décadas. Por ello, sería una mezquindad tremenda creer que este debate es solo sobre cuánto ganan los sindicatos con esta legislación, la pregunta de fondo es cuánto gana Chile con una reforma laboral.
Y la respuesta es clara: gana mucho si es que la reforma efectivamente busca generar equilibrios entre empleadores y trabajadores. Ganamos todos, si se trata de pensar en el desarrollo con equidad en nuestro país; ganan las mujeres, pues siendo parte de los procesos de negociación colectiva gracias a la cláusula de género de esta reforma podremos avanzar en equidad salarial y acceso a mejores trabajos; ganan los empleadores pues tendrán un actor principal con el cual relacionarse no solo en momentos de negociación sino de manera permanente; y gana la economía, pues mercados con reglas claras, son mercados estables para su desarrollo y expansión.
En el contexto actual del país, además, un debate como éste permite por la vía de la relación entre contrapartes, evitar los abusos de las empresas ya sea con los consumidores o el Estado. Los sindicatos, al deber entregárseles la información económica de la empresa, podrán ser fiscalizadores también de las prácticas abusivas.
Así las cosas, enfrentados al debate laboral no puede haber dudas de la necesidad de que esta discusión se siga profundizando y perfeccionando a través del proyecto de ley presentado. Lo hemos dicho fuerte y claro: el proyecto presentado por el Ejecutivo requiere modificaciones, hay cambios fundamentales que hacer en materia de libertades sindicales plenas, derecho a huelga, sacar del proyecto la ampliación de materias, corregir redacción en piso de la negociación, negociación interempresa, rol de las instancias del Estado, entre otros.
Pero no nos confundamos, hoy estamos debatiendo sobre el concepto de huelga y servicios mínimos porque se establece en el proyecto que la huelga es sin descuelgue, sin reemplazo interno y externo y es del puesto de trabajo. Hablamos de reajustabilidad del piso mínimo y cambios en redacción, porque se señala en el proyecto que la negociación parte de lo negociado en el proceso anterior; debemos eliminar todo aquello que impide las libertades sindicales porque el proyecto señala que donde hay sindicato no habrá grupo negociador y que el sindicato tiene tutela de derecho sobre lo negociado, es decir, no podrá extender el empleador los beneficios de una negociación.
Como CUT no podemos perdernos por un segundo, los trabajadores y trabajadoras no pueden esperar hasta que todos y cada uno estén plenamente satisfechos con una redacción que solo podremos evaluar de manera plena cuando esté en ejecución y, de ello, el movimiento sindical sabe: desde 1927 los trabajadores ejercían, gracias a su fuerza, la negociación ramal, normativa que se legisló recién en 1972. No nos equivoquemos, hoy no es el momento de detener los procesos, es el momento de avanzar.
Chile cambió y este proceso no se detiene, no hay espacio para continuar con las mismas recetas y los abusos. Tenemos la gran oportunidad de hacer del nuestro un país más justo, donde cada actor pueda expresarse en su diversidad, pero sería una tremenda irresponsabilidad que por hacer de la diferencia o diversidad el esfuerzo principal, terminemos impidiendo los cambios para aquellos que hoy son los sin voz y cifran sus esperanza en nuestra responsabilidad. Podemos y debemos avanzar y como CUT no nos restaremos de este desafío.
Presidenta Central Unitaria de Trabajadores de Chile
fuente : el mostrador

DIPUTADA CAMILA VALLEJO : PLEBISCITO PARA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN .



Entrevista concedida por la diputada Camila Vallejo al medio argentino INFOnews en Buenos Aires. La legisladora estuvo en Argentina  invitada por el Ministerio de Cultura para participar en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad que se desarrolló en la capital argentina.

Diez horas. Esa es la cantidad de tiempo que la diputada nacional chilena Camila Vallejo pasó ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Invitada por el Ministerio de Cultura argentino para participar del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, la joven de 26 años que en 2011 se hizo conocida en todo el mundo como presidenta de la federación universitaria que peleaba por la educación pública y hoy es diputada por el Partido Comunista que integra la coalición Nueva Mayoría de Michelle Bachelet, expuso en la mesa de cierre sobre la nueva generación de jóvenes que se incorporó a la política. Antes, mantuvo un encuentro con el legislador porteño Pablo Ferreyra (Seamos Libres) y la dirigente comunista Zaida Chmaruk, que es precandidata de ese espacio, quienes le otorgaron un diploma de Visitante Ilustre que se había votado días atrás en la Legislatura.
En diálogo con INFOnews, Vallejo hizo un balance de su primer año como diputada y trazó las diferencias que se dan entre las batallas cotidianas del ámbito legislativo y las que dio en las calles cuando marchaba por cambios profundos en el sistema educativo. Además, destacó el nivel de compromiso político de la juventud argentina en contraposición a la chilena, señaló la importancia de que haya tres presidentas mujeres en la Latinoamérica y pidió avanzar en la agenda de género, que incluye como uno de sus puntos centrales la despenalización del aborto.
La cuestión de género no es menor para Camila. Ella es una de las 19 diputadas que integran la Cámara baja de Chile, integrada por 120 parlamentarios. Es decir que la participación de las mujeres alcanza sólo al 15% del total del cuerpo. Por eso es que ha avanzado en la discusión de una ley de cupo femenino, que allá se denomina ley de cuotas, para que haya equidad en la representación de los géneros. Otros de los problemas importantes a los que se enfrenta tiene que ver con la legitimidad democrática: para Vallejo y otros sectores de la política chilena, es necesario hacer un plebiscito para modificar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que impide la modificación de aspectos centrales de la economía y la institucionalidad. De hecho, en una actitud que puede leerse en espejo con Argentina, la diputada señaló que muchos opositores recurren a la Justicia para tratar de bloquear algunas modificaciones de peso. Acá recurren a las medidas cautelares, allá al apego a la Constitución legada por el dictador.
INFOnews: ¿Cómo fue la experiencia de haber participado del Foro por la Emancipación y la Igualdad?
Camila Vallejo: Bien, fue una gran experiencia necesaria para todos los procesos que se están llevando en Latinoamérica de transformación, de emancipación, de búsqueda de generar mejores condiciones de igualdad. Para mí, aunque breve, fue un momento muy enriquecedor escuchar a los panelistas, departir con ellos, intercambiar visiones, fortalecer y renovar también estos lazos de unidad entre la izquierda y los sectores progresistas de nuestro continente y también de Europa.
IN: En tu discurso hablaste del grado de politización de Argentina y la contrapusiste con el de Chile. ¿Cuáles serían esas diferencias al nivel del involucramiento en la política?
CV: Bueno, en Argentina claramente se ve una juventud mucho más politizada, mucho más militante, mucho más conocedora de los procesos de Latinoamérica. A diferencia, en Chile, lamentablemente todavía tenemos una barrera mediática muy fuerte, unos medios de comunicación que más que informar desinforman y tergiversan lo que está pasando tanto en Bolivia, Venezuela. Argentina también, Ecuador y sobre todo Cuba. Se muestra a esos países como populistas, como regímenes que son casi dictaduras, y por lo tanto cuesta llegar a la juventud y a la población en general con la verdad de los hechos, con los elementos suficientes para entender la complejidad de los procesos y también poder valorar los avances que se han dado en Latinoamérica y el Caribe.
IN: Hiciste referencia a los medios de comunicación. ¿Cómo te han tratado a vos los medios, tanto en tu faceta de dirigente estudiantil como de diputada?
CV: No es fácil ser dirigente estudiantil y entrar al parlamento siendo mujer y menos comunista. Las críticas van desde el machismo y hasta el anticomunismo. Son posiciones reaccionarias, de la despolitización, de este discurso hegemónico que se instala en los medios de que cualquier dirigente social o gremial no puede entrar al parlamento y que cualquiera que lo haga casi es un corrupto que se vende al sistema o es inconsecuente con sus ideas. Como si el tener ideales no implicara disputar los espacios de poder, y la verdad es que es todo lo contrario.
Las críticas han venido por lo que haga y por lo que no haga, y creo que van a seguir así, pero alguien sabio dijo que mientras los perros ladren es señal de que avanzamos. Nosotros estamos con mucha convicción y muy decididos a seguir avanzando las transformaciones no sólo desde las calles sino que también dentro de las instituciones de una manera crítica, por transformar nuestro sistema, nuestras instituciones y nuestro modelo de desarrollo: avanzar en fortalecer derechos fundamentales y también en ampliar derechos que están consagrados en nuestro país y que han sido absorbido por el imperio del mercado.
IN: En ese sentido, has pedido que se modifique la Constitución y se establezca una ley de cuotas para mujeres.
CV: Hemos avanzado mucho en materia de género y equidad. Lo primero fue al alero del cambio del sistema electoral binominal, al vincular esta ley de paridad de género: que en el fondo ningún género pueda verse representado en una lista de candidatos al parlamento en más de un 60%, ni hombres ni mujeres. Para garantizar que haya este mínimo de inclusión al menos en las listas parlamentarias.
Y por otra parte, estamos ya con el Ministerio de la Mujer que hemos creado, que va a impulsar con fuerza la jerarquía suficiente dentro del aparato administrativo las políticas de inclusión, de no discriminación hacia las mujeres pero también de guiar al género en general. Y ahí un proyecto en agenda, que se debe apoyar también con el Ministerio de Salud, que es la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: la seguridad del feto, riesgo de vida de la madre y en casos de violación. Este es un tema pendiente que este año va a estar en la agenda, que se va a estar tramitando en distintas comisiones de la Cámara y esperamos que salga a la luz prontamente porque es necesario, porque muchas mujeres están muriendo de manera clandestina, porque esto sigue siendo de alguna manera penalizado y criminalizado no solamente desde el punto de vista legal sino también desde el punto de vista cultural.
IN: Imagino que ahí va a haber una fuerte presión de la Iglesia Católica…
CV: Bueno, la Iglesia Católica presiona en todos los aspectos. No solamente en la agenda de género. Hace poco también aprobamos el pacto de unión civil para poder garantizar espacio a las parejas homosexuales. Ahí la presión de la Iglesia fue tremenda, pero también lo ha sido en la materia de la reforma educacional. La Iglesia es dueña de muchas escuelas pero reciben subvención del Estado y también tiene universidades. Esto es histórico y a pesar de que nuestro Estado es laico, el inicio de las sesiones en el Congreso todavía se hace en nombre del Dios y de la Patria. Pero eso, más allá de lo simbólico que pueda ser, se expresa en la posición de la Iglesia, que tiene mucha influencia y poder en muchos partidos cristianos y en la generación de políticas públicas, a pesar de lo que pueda opinar la mayoría del pueblo.
IN: Hace cinco días, se cumplió tu primer año como diputada nacional. ¿Qué has aprendido al participar de ese órgano legislativo?
CV: Obviamente, es como una trinchera de lucha distinta a la de la calle, pero también tiene elementos comunes. Cuando estaba en el movimiento estudiantil en momentos tan importantes como fue en el 2011 con movilizaciones tan masivas y tanta exposición pública, con tantas necesidades que impulsaban las demandas del movimiento, surgieron momentos de tensión donde había que saber manejar las tensiones propias del movimiento estudiantil y también había que saber poner los elementos comunes. A pesar de las diferencias, mantener la unidad y garantizar que el espacio fuera democrático.
Y eso también pasa en el Congreso. Cuando uno está en un conglomerado de gobierno, que es la Nueva Mayoría que reúne partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, siete partidos en total, tiene que ponerse de acuerdo. Hemos tenido la posibilidad de tener un programa en común, pero a la hora de legislar obviamente que surgen los matices y las diferencias ideológicas y esa es una tarea que se expresa en la necesidad de poder tener un grado de humildad, de entender que se trata de transitar un espacio con relación de fuerzas porque cuando perdemos tiempo en pequeñeces, de repente esas pequeñeces nos dividen y se abren flancos para que los poderes más reaccionarios y la derecha aprovechen para fortalecerse. Eso lo aprendí también mucho en el Congreso, que es como un espejo de la lucha de clases. Es un espejo donde se manifiestan en lo concreto, a través de las exposiciones y los discursos parlamentarios, los distintos intereses que están en juego. Planteamos transformaciones profundas que las posiciones conservadoras tienen todos los elementos a su disposición para poder impedir los cambios de fondo. En el Poder Legislativo, por ejemplo, mandan casi todos los proyectos al Tribunal Constitucional para que no sigan su curso, resguardando la Constitución pinochetista heredada de la dictadura y que elaboró Jaime Guzmán. Eso también se refleja a través de los medios de comunicación, que son totalmente hegemonizados por los grupos económicos: en un 95% están en manos de ellos. Y esto también es parte de las dificultades que tenemos día a día y es algo que he aprendido yo mucho más de cerca porque estamos ahora donde las papas queman, tomando decisiones y ya no solamente demandando cambios.
IN: ¿Hay algún proyecto para democratizar los medios de comunicación, como se ha intentado por ejemplo en Argentina y Uruguay?
CV: Claro que sí. Una de las cosas que se instaló fuertemente desde 2011 hasta la fecha y se ha ido agudizando es el cuestionamiento de nuestra institucionalidad política. Y es porque no hemos podido como pueblo establecer cuáles son las reglas de juego. Fueron reglas de juego impuestas, destinadas a beneficiar a los más poderosos. Entonces la política se ve intervenida constantemente por intereses del mundo empresarial, que financian campañas además de hacer corrupción y cohecho. Hay una serie de irregularidades que al momento de destaparse, como pasó en el último tiempo, han agudizado la crisis. Y eso demuestra que tenemos un sistema democrático que no ha sido capaz de representar realmente los intereses de las mayorías y se ha puesto al servicio de los servicios económicos. Entonces, tenemos que radicalizar nuestra democracia en el sistema representativo pero también con participación más directa: en Chile no tenemos plebiscitos vinculantes, no tenemos capacidad de revocar los cargos de elección popular. Tenemos pocos canales de decisión, que llega hasta lo meramente consultivo pero no hay temas vinculantes en los que la ciudadanía se incorpore de forma al proceso de toma de decisiones.
IN: ¿Qué te pareció la condena del gobierno de Barack Obama a Venezuela, al plantear que supone una amenaza para su seguridad nacional?
CV: Me parece inmoral, me parece que no hay argumentos que sustenten aquello. No creo que Obama ni el gobierno de Estados Unidos tengan derecho de dar lecciones de democracia ni Derechos Humanos cuando también vemos allá que constantemente hay violencia policial, hay constantes asesinatos a población negra… Entonces me parece que aquí hay una intromisión que ya tiene que parar. No solamente es Venezuela sino que ha sido con Latinoamérica, Medio Oriente, África. Ha sido una intromisión que de alguna manera está encontrando cada vez un contrapeso mayor, y eso ha afectado a la vez a sus propios intereses. Y espero que haya mayores expresiones de solidaridad del pueblo latinoamericano, que ya se ha manifestado por ejemplo el gobierno de Ecuador con Rafael Correa. Pero espero que seamos muchísimos más: en Argentina y en Chile ha habido pocas señales y creo que independientemente de las diferencias que se puedan tener, porque los procesos son distintos, hay una cosa que no se puede poner en cuestión y es la legitimidad de gobiernos que fueron electos democráticamente, sobre todo en Venezuela, que en términos de participación electoral ha dado tremendas lecciones. Por eso hay que respetarlo y manifestar solidaridad con los distintos pueblos y sus casos soberanos, sobre todo en el caso de intentos de golpe que eso estuvo también acechando estos días.
IN: Como mujer y dirigente política, ¿cómo ves el hecho de que haya tres presidentas en la región: Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina?
CV: Es para mí un honor. Creo que siempre es muy ejemplificador que haya mujeres liderando procesos tan relevantes. Ejercer una presidencia no es una tarea fácil y creo que al momento de haber llegado siendo mujeres demuestran que somos capaces de mucho, que las mujeres no han llegado a esos espacios porque se los hayan regalado, sino que los han ido conquistando con su trabajo, por su trayectoria, por sus ideas, por sus fortalezas. Y espero que se sigan sumando las mujeres que se metan en la política, que se metan a disputar sus espacios, que luchen por alzar la voz, por ser escuchadas, por expresar sus ideas y que sus programas de emancipación social puedan irse implementando. Que puedan conquistar más voluntades, hablando no solamente de la justicia social y la igualdad sino que también reivindicando la agenda de género que de repente se posterga. Se posterga mucho porque parecieran ser demandas sectoriales cuando la realidad es que las mujeres somos la mayoría de la población, no sólo en Latinoamérica sino que a nivel mundial. Y a pesar de eso, no estamos debidamente insertas en el mundo laboral, no estamos debidamente insertas en el mundo de la política y si lo estamos, estamos en mandos medios o con tanto nivel de precarización laboral, con menores remuneraciones que los hombres. Y sin abandonar, obviamente, la otra tarea que es la tarea doméstica, porque todavía las sociedades machistas señalan que el hombre no tiene que involucrarse con aquello. Entonces bueno, yo creo que es de gran valor lo que está sucediendo en Latinoamérica con los gobiernos encabezados por lideresas.

Por Pablo Méndez Shiff/ INFONews

jueves, 19 de marzo de 2015

BANCADA PC-IC EXPRESA SU SOLIDARIDAD A EMBAJADOR DE VENEZUELA EN CHILE


Hasta el Congreso Nacional llegó el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para sostener una reunión con los diputados de la Bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana.
En la ocasión, el embajador venezolano expuso los principales temas de la contingencia, clarificando aquellos puntos que han sido tergiversados por sectores de la prensa internacional.
En ese contexto, el diplomático explicó cuáles son los desafíos inmediatos para el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, entre los que se encuentran la lucha para terminar con la llamada “guerra económica” y el próximo ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), ratificado con el voto de 181 países en octubre de 2014.
El embajador Arévalo Méndez destacó también la situación que se vive tras el anuncio realizado por el Gobierno de Estados Unidos, que catalogó a Venezuela como una “amenaza para la seguridad nacional”, en un decreto firmado el lunes 9 de marzo por el presidente Barack Obama.
Para el representante diplomático, la acción de EE.UU. busca “amedrentar” y “desestabilizar” a un gobierno democráticamente electo, hecho que podría tener serias implicancias para el resto del continente", según detallara el embajador.
“Le he explicado a los diputados qué pasaría si Estados Unidos derroca el sistema político en Venezuela. Por ejemplo, con un término de Petrocaribe, lo que se generaría sería una crisis humanitaria grave en el centro del continente. Si cae Venezuela, se resquebraja una serie de instancias internacionales como Celac y Unasur. El ALBA desaparece. La caída de Venezuela, significaría para América Latina un retroceso completo”, señaló Arévalo Méndez.
Por su parte, el jefe de la Bancada PC-IC, diputado Daniel Núñez, sostuvo que muchas de las interpretaciones que se hacen en Chile sobre la situación de Venezuela, se debe a una grave descontextualización de los hechos. “El primer problema que debemos destacar, es que la información que llega a Chile es bastante parcial”, señaló el parlamentario.
“La opinión de nuestra bancada es la preocupación por la declaración ejecutiva que hizo el Gobierno de Estados Unidos, declarando a Venezuela como una amenaza de la seguridad nacional. Cualquier persona que conoce de estos temas internacionales, se preguntaría cómo un gobierno como el de Estados Unidos, con el poderío económico y militar que tiene, puede ver en Venezuela una amenaza a su seguridad. Acá se expresa claramente la voluntad política de amenazar un proceso e intervenir en los asuntos internos de un país. Nuestra solidaridad va con el proceso venezolano, va en el sentido de que un país, por más poderoso que este sea, no puede intervenir en los asuntos de otro país independiente”, sostuvo el diputado Núñez.
Finalmente, el jefe de la bancada PC-IC enfatizó que “nuestro llamado es que el Gobierno de Estados Unidos dé marcha atrás en sus amenazas, de marcha atrás en estas resoluciones punitivas en contra del pueblo venezolano. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el Gobierno Bolivariano y al embajador que hoy nos acompaña”.
fuente : prensa pcch

A MIS COLEGAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DESARROLLO URBANO

 El caso Caval ha generado una conmoción de gran magnitud, respecto a un negocio especulativo  habitual en Chile,  desde que la dictadura acabó con las políticas de suelo urbano y de planificación física vigentes durante los gobiernos de los Presidentes Frei Montalva y Allende.
Cada día se añaden nuevos ingrediente a este episodio, elevando el malestar de la opinión pública nacional y su  desconfianza en la institucionalidad del país.  El descrédito se ha extendido a los procedimientos vigentes en la elaboración de los planes reguladores, así como al comportamiento de las Direcciones de Obras Municipales.
El revuelo  generado por este caso se debe a que involucra al hijo de la Presidenta de la República, con las graves consecuencias políticas que ello trae consigo, pero  esta práctica especulativa impera en  el desarrollo urbano en nuestro país desde los años 80.
Las crisis tienen siempre un lado positivo, ya que contribuyen a dejar en claro los vacíos o las insuficiencias de las normas vigentes, orientando las rectificaciones necesarias para acabar con omisiones o insuficiencias, a las cuales debemos añadir ahora, la urgencia de poner fin a prácticas inaceptables tanto bajo el punto de vista técnico como ético.
Analicemos la historia del caso Caval: desde mediados del año 2013, tres fundos de Machalí se encontraban en manos del síndico de quiebras, quién los ofrecía en venta  a raíz de las deudas contraídas por su propietario.
El avalúo fiscal de los tres predios es de  $318 millones. Caval los adquirió a fines de 2013 en $6.500 millones y un año más tarde los vendió en $9.500 millones, transacción precipitada a raíz de la querella judicial  presentada por uno de sus funcionarios, dada a conocer públicamente en la edición del 5 de Febrero de la revista Que Pasa. También sabemos que Caval recibió la oferta de una firma mexicana representada por la empresa Aguas Sustentables, que ofreció la suma de $ 27 mil millones por la adquisición de  los tres predios agrícolas, siempre que hubiera certeza de su incorporación al radio urbano, materia  actualmente en estudio  con las modificaciones que se proponen al Plan Regulador de la Intercomuna.
Es natural que la opinión pública experimente un alto grado de irritación, al enterarse de tamaña operación especulativa. Los tres predios de Machalí, tasados por Impuestos Internos en 318 millones  de pesos equivalentes a medio millón de dólares aproximadamente, aumentarían su  valor a 40 millones de dólares, por el sólo hecho de ser incorporados al radio urbano, y esta descomunal plusvalía es capturada en su totalidad por los propietarios del terreno, conforme a la legislación vigente.
El caso Caval no es una excepción. Es la norma común hoy en la mayoría de las transacciones  de suelos urbanos que tienen lugar en nuestro país.
Análoga situación se originó en1997, al aprobarse las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incorporando al radio urbano 10.000 hectáreas de buenos suelos agrícolas existentes en las comunas de Lampa, Colina y Tiltil, previamente adquiridas por grandes empresas inmobiliarias que hoy comercializan varios de los más exclusivos condominios habitacionales de la región.
También ocurrirá con la última modificación a dicho Plan Intercomunal, el llamado PRMS 100, aprobado finalmente el año 2013, tras largos años  de su tramitación, no obstante la oposición del Colegio de Arquitectos y organizaciones  como la Fundación Defendamos la Ciudad.  Tres veces fue observada por la Contraloría General de la República la Resolución proponiendo la modificación del Plan Intercomunal, pero la insistencia de las empresas inmobiliarias y de la Cámara Chilena de la Construcción argumentando la escasez de suelos en el radio urbano existente, contaron  con la complacencia del MINVU y  terminaron por imponerse.
Se trata de otras 10.000 hectáreas, muchas de ellas de las mejores tierras agrícolas, donde ya son dueñas de extensos terrenos, empresas como CCU, Cementos Polpaico, el grupo Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León (FFV), Fernando Pérez Yoma, Víctor Peterman y otros.
La especulación con el suelo urbano es un virus generalizado en nuestro país.
En los procesos de renovación del tejido urbano existente,  las inmobiliarias utilizan la fórmula de agrupar 5 o 6 propiedades contiguas en áreas consideradas atractivas para la inversión, ya sea por su proximidad con un supermercado, una nueva línea del Metro  o un corredor del Transantiago. La fusión de los roles de propiedad les permite levantar una torre de vivienda de 20 o más pisos, con prescindencia del impacto espacial que genera  tal intervención en el entorno existente. Para persuadir a los propietarios existentes, las inmobiliarias ofrecen una suma de dinero de  un valor cinco o seis veces superior al monto del avalúo vigente, imposible de rechazar para familias de ingresos modestos. Es como haberse ganado la Lotería.
Para quienes no lo sepan, les informo que a las 8 últimas familias del Conjunto Habitacional San Luis de Las Condes, – tenaces resistentes por años de la venta de sus departamentos –  la inmobiliaria que adquirió esos terrenos, canceló a cada uno de ellos,  la suma de $ 490 millones por un departamento de 60 m2. La Inmobiliaria Parque San Luis, no trepidó en cancelar esta exorbitante suma de dinero, para consumar la exclusión de las mil familias instaladas allí en 1972.
Resulta difícil de admitir, pero esa es la monstruosa realidad.  Chile es hoy el paraíso de  una especulación desenfrenada con el suelo urbano.
Esta realidad ha extendido las expectativas de cualquier propietario por muy humilde o mal ubicado que sea su bien raíz. Ya sea que se trate de una modesta vivienda en Lo Espejo, en Cerro Navia o en San Ramón,
El cuadro que hemos descrito dificulta enormemente la planificación del desarrollo urbano. El Metro o los corredores urbanos para el Transantiago han debido modificar la lógica de sus proyectos, eludiendo eventuales expropiaciones de un valor exorbitante.
Es inconcebible que continúe este derroche de dineros fiscales en adquisiciones de suelos destinados al bienestar de toda la población. Ha llegado el momento de restituir el principio de que el bien común prevalece por encima del derecho de propiedad privada.
Llamo a mis colegas miembros del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano a estar a la altura del desafío que enfrentamos tras la lamentable realidad puesta al desnudo  por el caso Caval. Es imposible aceptar que nuestra misión será suficiente proponiendo sólo medidas cosméticas: un nuevo incentivo a la iniciativa privada o la modificación de algunos  artículos en las actuales Leyes, Ordenanzas o Normas  que regulan nuestra actividad.
La opinión pública no entendería que presentemos a la consideración de la Presidenta de la República, semejante  paquete de propuestas.
En consecuencia, propongo que incorporemos las siguientes medidas a nuestras conclusiones:
1.- Mientras no se defina el contenido de una nueva Constitución de la República, presentar urgentemente al Congreso Nacional la derogación del Artículo 24, que hace del derecho de propiedad un bien intocable, más importante aún que el derecho a la vida.
2.- Restituir el texto incorporado a la Constitución de la República a proposición del Presidente Eduardo Frei Montalva, que modificó el artículo 10 de la Constitución mediante  la Ley 16.615 aprobada por el Parlamento con fecha 18.01.1967,  destinada a subrayar la función social del derecho de propiedad, tal como lo fijan sus siguientes dos primeros acápites:
1.-  “La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer ellas y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida común de los habitantes”.
2.- “Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social y cultural del país. Propenderá, así mismo a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar”
3.- En la Medida 11, del Borrador Final. Políticas de Suelo para la integración Social, estimo que debemos ser más explícitos, restituyendo la tributación  por las transacciones de suelo urbano, tal como venía propuesto en el proyecto original presentado por el Ejecutivo en el marco de la Reforma Tributaria, y que se eliminó a raíz de las controvertidas negociaciones llevadas a cabo durante su discusión en el Senado.
Además, establecer claramente, que la plusvalía generada por la acción pública, ya sea autopistas, nuevas líneas de transporte público o cambio de destino de los suelos, debe compartirse con el Estado,  evitando que sea capturada en su totalidad por los agentes privados.  .
4.- En la Medida 13, delBorrador Final, propongo lo siguiente:
Una vez establecidas las Zonas de Remodelación o de Regeneración Urbana por parte de los nuevos Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, para la adquisición de los terrenos o propiedades que sea necesario adquirir, se cancelará el valor del Avalúo Fiscal vigente, aumentado hasta un 11%.
Recordemos que en  la reciente aprobación de la Reforma Educacional, el Parlamento aprobó la disposición que establece un pago directo a los actuales sostenedores que rehúsen incorporarse al nuevo sistema, consistente en 25 cuotas anuales equivalentes al 11% del Avalúo fiscal.
Esto no es un despojo, sino que un pago equitativo. Por lo demás, abrigo la certeza de que, en cuanto hayamos concluido la primera obra de remodelación en los términos de integración social que propicia el Borrador Final de nuestros debates, nos lloverán las peticiones de proceder de esa forma a lo largo de todo el país, cualquiera que sea la modalidad de cancelar el valor de las propiedades.

 /Miguel Lawner(*). Programa de Vivienda de ICAL/

(*)Miembro del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano.-
Fotografía Colegio de Arquitectos de Chile.

ABUSOS A ADULTOS MAYORES EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN.

 En la sesión de la Cámara de Diputados del martes 10 de marzo de 2015, se analizó y revisó “la situación de abusos a que se ven enfrentados los Adultos Mayores en las Cajas de Compensación”, para la cual fueron invitados diversos personeros de gobiernos como la Ministra del Trabajo y Previsión Social y el Superintendente de Previsión Social, además de público de la Tercera Edad, quienes concurrieron a escuchar las intervenciones de los diputados.
El problema en cuestión nació del funcionamiento abusivo y en muchos casos ilícitos de estas instituciones. Para comenzar el análisis, veamos cómo funciona una Caja de Compensación y para que sirven. En el articulo 1º del Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, contenido en la Ley Nº18.833, se establece lo siguiente: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social…”
Las CCAF administran dos tipos de prestaciones de seguridad social, porque en el Artículo 2° de la Ley Nº18.833 se señala que “el Estado será subsidiariamente responsable de las obligaciones que las Cajas de Compensación contraigan con sus afiliados como consecuencia de la administración de los regímenes…”.
Entonces, un tipo de prestación de seguridad social son las prestaciones legales, las cuales se tratan del traspaso por parte del Estado de recursos hacia las CCAF, destinados a la administración por parte de estas instituciones, de los fondos de seguridad social, conteniendo en ellas la responsabilidad de pagar a los trabajadores beneficios como la asignación familiar, subsidio por incapacidad laboral, el pago del pre y postnatal, además de licencias por enfermedad grave de niño menor de un año y los subsidio de cesantía.
El otro tipo de prestación, es aquella de bienestar social y adicional, la cual entrega “beneficios adicionales de carácter social y familiar”, dentro de los cuales se encuentran los créditos sociales.  Esta prestación es la que se cuestiona, debido a que su origen pretende ser “social”, pero al final se cae en situaciones graves.
Actualmente existen cinco Cajas de Compensación en nuestro país. Dentro de ellas se encuentran 800 mil pensionados afilados. Distribuidos por región, podemos ver, por ejemplo, que en la Región Metropolitana están afiliados 305.588 pensionados, en el Bío Bío 125.531, y en la Región de Valparaíso 116.990 en el presente año.
Debemos agregar que según la última encuesta Casen, el 84,2% de los pensionados mayores de 65 años que mantiene una deuda en alguna Caja de Compensación, tiene ingresos que van desde los $70.000 a los $200.000.
La situación de vulnerabilidad de los Adultos Mayores por parte de estas empresas privadas, que hemos visto recurrentemente en notas de prensa y en variados relatos de personas afectadas, es cada vez más angustiante ya que son créditos legales bajo las normativas de la Superintendecia de Valores y Seguros, pero abusivos.
A primera vista, todos estos servicios y beneficios establecidos para las personas afiliadas a estas entidades, ya sean trabajadores del sector privado o público, o del sector pasivo como los jubilados, parecen brindar una mayor protección al momento de enfrentar una contingencia o mejoramiento de el status de vida, sin embargo, también se les permite cobrar comisiones e intereses por los préstamos otorgados, los cuales son fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros y no por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras que tiene mayor conocimiento sobre el tema.
Contribuciones a este debate pueden ser muchas. Al pensar en las condiciones de endeudamiento, es lógico decir cual debería ser el fin real de estas empresas privadas  -sin fines de lucro-, esto es prestar servicios que ayuden a mejorar su calidad de vida y en último caso subsidiar necesidades bajo parámetros solidarios que ayuden.
También debemos pensar en las razones del por qué nuestros Adultos Mayores se están endeudando tan gravemente. Alguna de las hipótesis tiene que ver con las reducidas pensiones que mes a mes reciben ellos, las cuales no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ya sea alimentación y salud, teniendo que recurrir de manera casi obligada a estos centros crediticios en busca de dinero para solventar sus crecientes gastos. Al ver esta realidad debemos aceptar la ocurrencia de estos hechos y proponer nuevas medidas que sean de orden fiscalizadora y de funcionamiento mas estricto.
En un intento por remediar esta situación, en la Cámara de Diputados hay varios proyectos que buscan remediar abusos en materia económica, como el Boletín 6951-13, el cual considera que “actualmente en materia de créditos y posterior cobro de intereses y comisiones, es donde se ven las mayores dificultades, engaños, aprovechamientos y falta de información por parte de las Cajas de Compensación respecto de sus afiliados, sobre todo aquellos de la tercera edad”, o el boletín 7069-13, el 9196-13, y el 7580-03, los cuales también tratan el asunto.
Algunas alternativas que podrían ser planteadas serían la obligatoriedad de las Cajas de Compensación de concurrir ante un Notario Público al momento de firmar este tipo de créditos, para así crear una barrera más de fiscalización ante el hecho de contraer estas deudas.
El tope etario también podría ser una buena medida, ya que en nuestro país los Adultos Mayores son considerados desde los 60 años, en los cuales todavía la mayoría sigue en actividad laboral activa. Al colocar un tope, se lograría restringir los años de endeudamiento posterior y la cantidad de dinero que sería prestado, de manera de que sea una deuda solvente. Otro punto es aquel que tiene que ver con los intereses impuestos a los créditos entregados, para los hipotecarios varia en torno al 5%, mientras que para los de consumo es casi del 3%, se podría proponer fijar una tasa solidaria no mayor al 1% para ambos créditos, de manera de alejar los cobros abusivos de estas empresas.

FUENTTE : ICAL
/Rocío Vargas. Área Legislativa ICAL