2015 : EL TURNO DE LAS REFORMAS LABORALES

El año recién pasado, el gobierno de la Nueva Mayoría se vio enfrentado a diversos desafíos.  Estos vinieron no sólo de la cerrada oposición y abierto hostigamiento comunicacional, sino también de las propias falencias internas, marcadas por numerosas descoordinaciones iniciales facilitadas por lo ambicioso que se tornaron los primeros cien días de gobierno.

Pero además, las dificultades provinieron de la diversidad de interpretaciones en lo referido a los ritmos, énfasis y procedimientos de las reformas.

En este sentido, cabe recordar la metáfora de la “cocina” como espacio de privatización y tecnificación del debate de reforma tributaria versus los procedimientos que apostaron por la democratización y ampliación de las discusiones.

No obstante, estos desajustes son normales en una coalición que debe tomar paulatinamente identidad, pero sobre todo, debe construir mayorías internas que se orienten a satisfacer las expectativas que generó su arribo con un programa de gobierno de alta representación popular, que a la luz de los acontecimientos, ha provocado tensiones internas y resistencias externas.

A principios de este año, el caso CAVAL tornó más complejo el cuadro, pues si no sepultó, al menos dejó fuertemente hipotecado el principal logro del gobierno, a saber: restituir la fe en “lo público”, devolviéndole al Estado un rol central en el diseño y discusión de las política sociales. Prueba de ese impacto lo constituyó la fuerte caída de la figura de Michelle Bachelet, cuya aprobación -según la encuesta Adimark- alcanzó sólo el 39%.

En términos generales, lo que ha ocurrido desde el arribo de la Nueva Mayoría es que se refrescaron las disputas ideológicas que hasta hace unos años aparecían como latencias.  Escenario que obliga al gobierno no sólo a redefinir estrategias comunicacionales, sino que principalmente a redefinir estrategias de implementación política, que lo sitúen a la ofensiva en cuanto al logro del programa de gobierno, apurando y fortaleciendo el tranco de las reformas que la ciudadanía reclama y que se encuentran dirigidas a iniciar un camino orientado a corregir las profundas brechas económico-sociales que -como es ampliamente sabido- hacen de Chile uno de los países más desiguales en el mundo. En suma, consideramos que lo positivo de este revuelto inicio de año, es que obliga a las autoridades de gobierno a un máximum del cumplimiento del programa.

Marzo y el debate político

Durante este año, fue la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo donde las confrontaciones tuvieron su primera expresión. Cabe recordar que en los años anteriores existió un amplio consenso respecto de lo necesario de modernizar las relaciones laborales.

Sin embargo, y tal como lo han demostrado estas últimas semanas, el acuerdo es en torno a la necesidad de reformar lo existente, pero con objetivos distintos entre los actores involucrados.

Para la principal central de trabajadores la reforma debe avanzar hacia la construcción de una Nueva Institucionalidad Laboral, orientada a fortalecer a las organizaciones sindicales como interlocutor entre trabajadores y empleadores, constituyendo una palanca para corregir la aberrante distribución de los ingresos en Chile. Mientras que para los empresarios el objetivo es otro: modernizar, a fin de profundizar, el modelo actual, tal como lo señaló en la ENADE del 2013 Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, al afirmar que las transformaciones se debían enfrentar con la “responsabilidad” de “tener en cuenta los aciertos del pasado […] sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance”, vale decir, reformar sin revertir el sentido de la institucionalidad consagrada por la dictadura, y donde el avance hacia una institucionalidad moderna y dinámica implica perfeccionar los dispositivos orientados al aumento de la “adaptabilidad laboral”, lo que en otras palabras constituye un aumento de la flexibilidad, la que en la mayor parte de los casos va aparejada de precariedad laboral.

Este énfasis fue ratificado por el mismo Santa Cruz en la ENADE de noviembre de 2014, para cuyo gremio “los cambios en el mercado del trabajo deben adecuarse a las necesidades y demandas de los tiempos que corren, buscando mejorar el marco en que se desarrollan las relaciones laborales, además de avanzar en nuevas formas que flexibilicen las relaciones de trabajo, como es la modificación al sistema de indemnizaciones por años de servicio”.

Fue precisamente este último tema -no contenido en la propuesta de Reforma Laboral- con el que la SOFOFA abrió los fuegos en su presentación a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados el primer lunes de marzo. Para el presidente de los industriales, Hermann Von Mülenbrock, la conformación de un fondo de indemnización se orientaría a agilizar la movilidad laboral, beneficiando al empleo, al reducir los costos relacionados con la contratación.  El mismo día, esta intervención recibió el fuerte rechazo de la CUT, no sólo por la incorporación de temas que no fueron conversados entre las partes, sino porque abre situaciones que desvirtúan un debate, cuyo centro se encuentra en la articulación de mecanismos que avancen hacia la restitución de los derechos colectivos de los trabajadores, constituyendo este proyecto de ley, nada más que el paso inicial orientado a cumplir con estándares de la OCDE y OIT, pero que puede abrir un ciclo virtuoso para el movimiento sindical y su fortalecimiento.

No obstante, la omisión de los contenidos del proyecto de ley y el posicionamiento de temas ajenos a él, dan cuenta que la voluntad del empresariado se encuentra lejos de corregir las desigualdades sociales.

Pero ¿qué pasa con las propuestas del empresariado en aquellos aspectos contenidos en el proyecto de ley? La respuesta es simple, expresan idéntica voluntad de entorpecer, confundir y falsear el mensaje del Ejecutivo. Prueba de ello fue la intervención del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, en la misma Comisión de la Cámara Baja. Esta vez, el empresario apuntó a uno de los ejes del proyecto: la titularidad sindical.

Señaló que “si bien los beneficios se obtienen en el marco de una negociación colectiva, la titularidad del derecho pertenece a los trabajadores, individualmente, no al sindicato” , argumentando además que -en el actual mecanismo- los trabajadores que desempeñan la misma función recibirían los mismos beneficios.

Esta reacción da cuenta de la oposición al principal avance del proyecto de ley, cual es ajustar mecanismos para fortalecer a las organizaciones sindicales, superando la negociación individual y fortaleciendo la de tipo colectivo.

Lo mismo ocurre para el empresariado con el fin del reemplazo en huelga al proponer la ampliación del concepto de servicios mínimos y otorgar un plazo de 15 días para hacer efectiva la huelga desde que se vota.  En este sentido, dicha iniciativa apunta a torpedear la propuesta de fin del reemplazo al puesto de trabajo contenido en el mensaje del Ejecutivo y a ratificar el reemplazo en huelga; abuso con el cual se le ha restado potencia a las acciones de fuerza de los trabajadores.

Por otra parte, es precisamente en el articulado referido a la huelga donde se provoca una de las mayores polémicas, pues el proyecto la define como un acto “pacífico”, lo que ha generado la crítica respecto de su criminalización, y que de aprobarse así, claramente sería un retroceso para el mundo sindical.  Por esto es que la definición ha recibido el más amplio rechazo de los trabajadores, partiendo por la CUT.

En síntesis, estos temas desnudan las contradicciones propias de una reforma que ingresó a la discusión en el Parlamento y cuyas modificaciones se encuentran en disputa ideológica.

Por lo mismo, los trabajadores están obligados a diseñar una estrategia de lucha ideológica y política madura, que se oriente a eliminar todas aquellas trabas presentes en el mensaje del Ejecutivo que impiden la libertad sindical.

Es decir, estableciendo estrategias más complejas que aquellas que optan por reduccionismos, o por la marginación del debate bajo el argumento de demandas que -por justas y compartidas que sean- omiten en sus análisis tanto el sentido de proceso histórico, como el escenario político existente. Generar correlaciones de fuerza favorable para cambios más progresistas, esa debe ser la urgente tarea de los trabajadores.

 /Francisco Rivera Tobar. Encargado Área Laboral. (*) ICAL/

(*)Profesor de Historia.

 

ASUMIO ALCALDE COMUNISTA EN CHILE CHICO

En una entrevista, el nuevo alcalde de Chile Chico, Cristian Saldía, militante del Partido Comunista, explicó las razones de la situación que se ha presentado en esta Comuna de la zona Sur de Chile.

El 28 de abril, en una sesión del Concejo Municipal, mediante votación, se resolvió nombrar alcalde subrogante a Saldía, en reemplazo de Luperciano Muñoz, investigado por supuesta sustracción de áridos y robo en “lugar no habilitado en la modalidad de escalamiento”. Se informó que está abierto un nuevo procesamiento frente a ese caso, ya que una resolución que declaró inocente a Muñoz, fue revertida por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Consultado sobre las irregularidades cometidas por el ex alcalde, Cristrian Saldía señaló:

“Estamos haciendo presente dos situaciones que, a nuestro juicio, son graves. El señor Muñoz fue formalizado el 4 de junio de 2014. En el mes de noviembre se llevó a cabo el juicio, que tuvo como resultado que en los primeros días de diciembre asumiera nuevamente sus funciones con un Decreto Municipal que él mismo decretó, faltando así a todo procedimiento y falta a la normativa municipal. Acto seguido, se pagó 10 millones de pesos de manera retroactiva”.

El actual alcalde subrogante explicó las razones por las cuales se está recurriendo, ante esta situación, a la Contraloría de la República y a Tribunales. “Los actos de las autoridades tienen distintos tipos de efectos: civil, penal y administrativo”, comentó Saldía. “Considerando lo anterior -dijo- es que hacemos las presentaciones respectivas a través de los órganos del Estado competentes. Es así como en este acto, estamos realizando una presentación en Contraloría respecto a la situación del pago retroactivo que efectuó el ex alcalde y, en segundo término, se presenta una serie de querellas en el Ministerio Público por situaciones que eventualmente son constitutivas de delitos. Uno de ellos es por un vertedero municipal del cual se extrajeron áridos que fueron utilizados de manera fraudulenta”. 

¿Qué opinión tiene, en lo personal, sobre estas irregularidades?

“El espíritu de esta nueva administración es luchar contra todo acto de corrupción y de impunidad. Las malas prácticas se deben erradicar y estamos trabajando para que verdaderamente sea así. Hemos tomado medidas concretas y no dejaremos de hacer las denuncias correspondientes. Un ejemplo es el mismo ex alcalde, quien se desempeñaba en sus ejercicio con dualidad, es decir, entre funcionario público de exclusiva dedicación y como inversionista privado. Esto, porque el señor Muñoz fue favorecido con un DFL 15 de 24 millones de pesos, que es una franquicia estatal y es él mismo quien aparece como beneficiario. Al mismo tiempo, realizaba pagos y funciones propias de la sociedad de inversiones como persona natural, mientras ejercía como alcalde. Esta sociedad de inversiones fue creada cuando el señor Muñoz ya era alcalde”.    

Ante la inquietud de que si no es apresurado iniciar las acciones legales cuando recién está asumido como alcalde subrogante, Cristian Saldía planteó que “en ningún caso. El Concejo Municipal me entregó la investidura de alcalde que la ley establece. Por lo tanto, no sólo es obligación de una autoridad, e incluso de cualquier ciudadano, hacer cumplir la ley, sino que como hemos insistido, el espíritu de esta administración es que todo acto realizado por esta gestión sea transparente, honesta y legal. Actuamos de cara a la gente”.

La autoridad comunal manifestó que “indudablemente que estando en terreno hemos conocido el sentir de los habitantes de Chile Chico y sus localidades. Sabemos que hay una necesidad de parte de la comunidad, en primer lugar, de que sea escuchada su voz a través de mecanismos de participación permanentes y efectivos que den legitimidad al actuar de las autoridades y deben hacer eco de lo que vecinos y vecinas de Chile Chico sueñan para su comuna”. Enfatizó que “esta gestión es contraria a los antiguos estilos autoritarios caracterizados en una Municipalidad donde las decisiones eran unipersonales”. 

Se le preguntó a Saldía si seguiría con las acciones fiscalizadoras si el ex alcalde retoma sus funciones. “Nuestra intención es defender los intereses de la comunidad y que los actos de la administración se hagan valer el principio de legalidad y el interés público”, enfatizó.

Usted es concejal del Partido Comunista, ¿por qué en su ejercicio como edil no dio a conocer estas denuncias anteriormente?

“Un solo ejemplo: denuncié la inexistencia de un Plan de Desarrollo Comunal que sirviera como carta de navegación, lo cual se tradujo en que actualmente se está desarrollando el proceso de elaboración de dicho plan. Denuncié al Tribunal Electoral y al Ministerio Publico cuando reasumió el señor Muñoz en sus funciones, a nuestro entender, de manera ilegal, entre otras acciones”.

El alcalde subrogante comunista, contó acciones que se están desarrollando en Chile Chico. “Se está elaborando -indicó- una cartera de proyectos, y estamos rearmando el tejido social de la Comuna, ya que en los últimos años estuvo abandonada”. 

Expresó: “Solo por nombrar algunos avances: el incentivo de la creación de Juntas de Vecinos, creación de organizaciones funcionales como Centro de Adulto Mayor, Centro de Madres, organizaciones juveniles y deportivas. Por otra parte, estamos realizando un diagnóstico de cada departamento municipal para mejorar las condiciones y actualizar los procedimientos para que sean rápidos y efectivos. También es parte de nuestro compromiso trabajar para avanzar con el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Es cierto, tenemos un municipio bastante deteriorado y con malas prácticas, pero esto no nos imposibilita de poder avanzar con el programa de gobierno. Sobre todo ahora que luego del discurso del 21 de mayo,  la Presidenta Bachelet ha dado una señal clara y fuerte, que las reformas estructurales no se detendrán, que habrá un proceso hacia una nueva Constitución, que se avanzará hacia medidas efectivas de anticorrupción y de probidad”. 

fuente : el siglo

67 AÑOS DE HOLOCAUSTO PALESTINO

El 15 de mayo se cumplieron 67 años del inicio del holocausto palestino, que coincide con la creación del Estado de Israel, que a su vez constituye la causa directa de dicha tragedia.

En efemérides como esta, los defensores de Israel pretenden, como siempre, engañar al mundo planteando que éste es la única democracia del Medio Oriente, que es factor de progreso, pionero  en empresas de vanguardia tecnológica y que su creación y desarrollo representan virtualmente un milagro moderno.  Como guinda de la torta, afirman además, que cuentan con “el ejército más moral del mundo” (sic).

En resumen, cada 15 de mayo tratan de instalar la idea de un país modelo. Reconocen, eso sí, que tienen sólo una tarea pendiente: la consecución de la paz, hecho que por supuesto no sería de su responsabilidad, ya que enfrentan a enemigos irreconciliables, con un odio gratuito e irracional hacia Israel y con una tendencia patológica hacia la práctica del terrorismo.

Al respecto, me parece que vale la pena señalar que si se pregunta a los palestinos, tanto a los que viven en Israel, bajo su ocupación militar en los territorios ocupados ilegalmente, a los que viven en la diáspora o como refugiados, su opinión será diametralmente opuesta: los primeros viven como ciudadanos de categoría inferior a los judíos israelíes, con la excepción de los falashas o judíos etíopes, pues se les discrimina negativamente en sus derechos por no ser judíos.  De hecho, más de 50 leyes a favor de estos últimos consagran dicha discriminación.

Por otra parte, quienes viven en los territorios ocupados militarmente en Cisjordania, saben que en cualquier momento pueden ser encarcelados indefinidamente, sin derecho a juicio, humillados, agredidos, expropiados, expulsados o asesinados por el ejército de ocupación.

Los habitantes de Gaza viven desde hace más de 8 años bajo un bloqueo inhumano por aire, mar y tierra y expuestos periódicamente a ser masacrados por los bombardeos del ejército israelí que dentro de toda su moral no han aprendido a diferenciar un hombre armado de un bebé.

Como si fuera poco, 7 millones de refugiados palestinos son testimonio viviente de la tragedia desatada en 1948 con la creación del Estado de Israel, fecha en que la mitad de la población palestina fue expulsada por la fuerza o se vio obligada a huir para salvar sus vidas y no quedar bajo los escombros de las más de 500 aldeas arrasadas por estos prodigios democráticos.

Cabe destacar que hasta el día hoy, la potencia ocupante no les permite retornar a la tierra a la que han pertenecido…desde siempre.

Así  las cosas, desde la perspectiva de los palestinos y de los hombres y mujeres amantes de la libertad, la democracia y los derechos humanos, aplicar el apartheid, la limpieza étnica, violar sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional, colonizar territorios ajenos y masacrar población civil cada cierto tiempo, no son atributos propios de una democracia.

Decenas de condenas de la ONU por ignorar sus resoluciones y por sus políticas contra los palestinos, dan cuenta de estas transgresiones. Jamás en la historia conductas de ese tipo han conducido a la paz y menos aún, cuando se pretende obligar al pueblo ocupado a negociar un territorio que el ocupante cercena cada día con nuevas colonias ilegales.

De más está decir que, en estas condiciones, no podemos compartir la visión de los agentes de Israel esparcidos por toda la tierra, ya que sabemos de sobra que ninguna democracia puede levantarse sobre el genocidio y la expropiación, como es el caso de este milagro occidental.

Estamos convencidos que más temprano que tarde tendremos paz, pero solamente cuando el mundo logre percibir y se convenza que las políticas que se han aplicado en Palestina, en nada se diferencian, tanto en su inspiración, su ejecución y sus resultados, de la aplicada contra los judíos por la Alemania Nazi.

Si a alguien aún le quedan dudas, basta con que se remitan a parte de las declaraciones de la actual ministra de Justicia de Israel, durante el ataque a Gaza en 2014, Ayalet Shaked, en referencia a la población civil de Gaza:  “Todos son combatientes enemigos, y su sangre debería estar en todas sus cabezas. Ahora, esto también incluye a las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Deberían seguir a sus hijos, nada sería más justo. Deberían ir, como deberían irse los lugares físicos en donde criaron a las serpientes. De otra manera, criarán más pequeñas serpientes ahí”.

Nadie puede negar que declaraciones como ésta, incluso podrían llegar a opacar por débiles, las imágenes de perversidad de que gozan Joseph Goebbels y Adolf Hitler.

fuente : radio cooperativa 

BIOGRAFÍA DE ÓSCAR ARNULFO ROMERO

(Óscar Arnulfo Romero y Galdames; Ciudad Barrios, 1917 - San Salvador, 1980) Arzobispo salvadoreño. Formado en Roma, inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad pastoral, aunque opuesto a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador, y en 1974 obispo de Santiago de María.

En esta sede comenzó a aproximarse a la difícil situación política de su país, donde desde hacía décadas gobernaba el Ejército. Se implicó de lleno en la cuestión una vez nombrado arzobispo de El Salvador en 1977. Sus reiteradas denuncias de la violencia militar y revolucionaria, que llegaba hasta el asesinato de sacerdotes, le dieron un importante prestigio internacional. Ello no impidió que, al día siguiente de pronunciar una homilía en que pedía a los soldados no matar, fuese asesinado a tiros en el altar de su catedral.

Era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdámez, ambos mestizos; su padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con claretianos, y luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latino Americano de Roma, donde se formó con jesuitas. En Roma, aunque no llegó a licenciarse en Teología, se ordenó sacerdote (1942).

El año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamorós (departamento de La Unión), y luego párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San Francisco (diócesis de San Miguel). Trabajador y tradicionalista, solía dedicarse a atender a pobres y niños huérfanos. En 1967 fue nombrado Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), estableciendo su despacho en el Seminario de San José de la Montaña que, dirigido por jesuitas, era sede de la CEDES. Tres años después el papa Pablo VI lo ordenó obispo auxiliar de El Salvador.

Crítico por entonces de las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), Monseñor Romero no tuvo buenas relaciones con el arzobispo Chávez y González, ni tampoco con un segundo obispo auxiliar, Arturo Rivera y Damas. Movido por aquella postura, cambió la línea del semanario Orientación (que desde entonces disminuyó notablemente su difusión). También atacó, sin demasiado efecto, al Externado de San José y a la Universidad Centroamericana (UCA), instituciones educativas dirigidas por jesuitas y, finalmente, a los propios jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de seminaristas (sustituidos por sacerdotes diocesanos y nombrado él mismo Rector, el Seminario debió cerrar medio año después).

A pesar de esta serie de fracasos, gozaba del apoyo del Nuncio Apostólico de Roma, y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. De gran dedicación pastoral, promovió asociaciones y movimientos espirituales, predicaba todos los domingos en la catedral, y visitaba a los campesinos más pobres. Bien visto por ello entre los sacerdotes de su diócesis, se le reprochó cierta falta de organización y de individualismo. En 1975, el asesinato de varios campesinos (que regresaban de un acto religioso) por la Guardia Nacional le hizo atender por primera vez a la grave situación política del país.

Así, cuando el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador, las sucesivas expulsiones y muertes de sacerdotes y laicos (especialmente la del sacerdote Rutilio Grande) lo convencieron de la inicuidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina. Monseñor Romero pidió al Presidente una investigación, excomulgó a los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo (asistieron cien mil personas) y decidió no acudir a ninguna reunión con el Gobierno hasta que no se aclarase el asesinato (así lo hizo en la toma de posesión del presidente Carlos Humberto Romero del 2 de julio). Asimismo, promovió la creación de un "Comité Permanente para velar por la situación de los derechos humanos".

El Nuncio le llamó al orden, pero él marchó en abril a Roma para informar al Papa, que se mostró favorable. En El Salvador, el presidente endureció la represión contra la Iglesia (acusaciones a los jesuitas, nuevas expulsiones y asesinatos, atentados y amenazas de cierre a medios de comunicación eclesiásticos). En sus homilías dominicales en la catedral y en sus frecuentes visitas a distintas poblaciones, Monseñor Romero condenó repetidamente los violentos atropellos a la Iglesia y a la sociedad salvadoreña.

En junio de 1978 volvió a Roma y, como la vez anterior, fue reconvenido por algunos cardenales y apoyado por Pablo VI. Continuó, pues, con idéntica actitud de denuncia, ganándose la animadversión del gobierno salvadoreño y la admiración internacional. La Universidad de Georgetown (EE.UU.) y la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) le concedieron el doctorado honoris causa (1978 y 1980 respectivamente), algunos miembros del Parlamento británico le propusieron para el Premio Nobel de la Paz de 1979, y recibió en 1980 el "Premio Paz", de manos de la luterana Acción Ecuménica de Suecia.

Aunque no hay certezas al respecto, se ha afirmado que el 8 de octubre de 1979 recibió la visita de los coroneles Adolfo Arnoldo Majano Ramos y Jaime Abdul Gutiérrez, quienes le comunicaron (también al embajador de Estados Unidos) su intención de dar un golpe de estado sin derramamiento de sangre; llevado a efecto el 15 de octubre, Monseñor Romero dio públicamente su apoyo al mismo, dado que prometía acabar con la injusticia anterior. En enero de 1980 hizo otra visita más a Roma (la última había sido en mayo de 1979), ahora recibido por Juan Pablo II, que le escuchó largamente y le animó a continuar con su labor pacificadora.

Insatisfecho por la actuación de la nueva Junta de Gobierno, intensificó los llamamientos a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, la Junta y el ejército, los propietarios, las organizaciones populares, sus sacerdotes e incluso a los grupos terroristas para colaborar en la reconstrucción de El Salvador y organizar un sistema verdaderamente democrático. El 17 de febrero de 1980 escribió una larga carta al presidente estadounidense Jimmy Carter, pidiéndole que cancelase toda ayuda militar, pues fortalecía un poder opresor.

Finalmente, el 23 de marzo, Domingo de Ramos, Monseñor Romero pronunció en la catedral una valiente homilía dirigida al Ejército y la Policía. Al día siguiente, hacia las seis y media de la tarde, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. Se atribuyó el crimen a grupos de ultraderecha, afirmándose que la orden de disparar habría sido dada por el antiguo Mayor Roberto D'Aubuisson (uno de los fundadores, posteriormente, del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA); sin embargo, no se detuvo a nadie y todavía en la actualidad permanecen sin identificación y castigo los culpables.

fuente : biografías

BIOGRAFÍA DE CAMILO TORRES

(Camilo Torres Tenorio; Popayán, 1766 - Santafé de Bogotá, 1816) Abogado, político y patriota colombiano. Cuarto hijo (primer varón) de una familia de nueve hermanos, fue su padre el español Francisco Jerónimo de Torres, comerciante, minero y propietario de vastas extensiones territoriales al sur de Neiva, en la costa del Pacífico y en Popayán, casado con la payanesa María Teresa Tenorio.

Camilo Torres estudió en el Seminario de Popayán, en el que era rector el presbítero ecuatoriano Juan Mariano Grijalva y ejercía la docencia José Félix Restrepo. En aquellos tiempos se estaban revolucionando los métodos de enseñanza, de acuerdo con la reforma educativa propuesta por el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón. Allí tomó clases de griego, latín, retórica, matemáticas, filosofía y teología, preparación ésta, especialmente la de lenguas clásicas, que le permitió dominar varios idiomas: italiano, francés, inglés y alemán.

Una vez que terminó el ciclo de estudios en Popayán, se trasladó a Santafé de Bogotá, donde obtuvo los títulos de bachiller y doctor en Derecho Canónico y Filosofía en el Colegio Mayor del Rosario, donde fue pasante, conciliario segundo y vicerrector. A los 28 años se recibió como abogado de la Real Audiencia y lo fue también de los Reales Consejos. Torres fue el más eminente de los abogados de su época, pues además de cumplir con todos los requisitos, recibió de la Corte española la facultad de litigar en todas las audiencias de América. De él opinó Humboldt que era "un coloso de la inteligencia".

Camilo Torres había estudiado en Popayán con Francisco Antonio Zea, Joaquín de Caycedo y Cuero, Francisco Antonio Ulloa, José María Cabal, así como con su primo Francisco José de Caldas. Con algunos de ellos volvió a encontrarse en Santafé y, al igual que la mayoría de los criollos cultos de la época, se vinculó a la actividad intelectual que por los primeros años de la última década del siglo XVIII distinguió la capital.

Participó, entonces, en la Tertulia del Buen Gusto, organizada por doña Manuela Sanz de Santamaría y Prieto, quien tenía un gabinete de historia natural ordenado y clasificado por ella misma. En dicha tertulia se hablaba de literatura y cuestiones científicas, se improvisaban versos y se trataban temas frívolos al calor de un tradicional chocolate santafereño; en ella participaron el cartagenero José Fernández Madrid, el payanés Francisco Antonio Ulloa (viejo amigo de Torres), el timaneyo José Miguel Gutiérrez de Caviedes, el cartagenero Manuel Rodríguez Torices y el bumangés Custodio García Rovira, personajes que desempeñaron un papel importante en la primera independencia, todos ellos egresados del Colegio Mayor del Rosario o del San Bartolomé, los dos centros docentes más importantes de la capital.

En 1794, Camilo Torres se vio involucrado en el llamado "Motín de los pasquines": las paredes de Santafé amanecieron cubiertas de pliegos manuscritos que contenían protestas contra la opresión del gobierno español. Dicho movimiento, el primero que se presentaba después de los Comuneros, fue promovido por los estudiantes del Rosario y estaba íntimamente ligado a la publicación de Los derechos del hombre y del ciudadano que realizó Antonio Nariño; se acusó entonces a Torres por ser catedrático del Rosario y amigo de Francisco Antonio Zea; las autoridades allanaron su biblioteca y encontraron gran cantidad de libros en francés que fueron llevados para que la Inquisición los analizara, pero el dictamen favoreció a Torres y salió absuelto de toda culpa.

Frente a sus amigos implicados en estos hechos, Torres asumió una posición ambivalente: adelantó una de sus más importantes intervenciones judiciales cuando actuó en defensa de Francisco Antonio Zea, quien finalmente fue desterrado a Cádiz, junto con otros conspiradores, el 3 de noviembre de 1795. Sin embargo, se negó a defender al Precursor Nariño, pese a ser su amigo personal.

En 1795 asumió la defensa de los estudiantes payaneses sindicados de sedición, Nicolás y Juan José Hurtado, en sociedad con el abogado Luis de Ovalle. En 1797 defendió al cura Eloy de Valenzuela, antiguo subdirector de la Real Expedición Botánica y en ese momento párroco de Girón, quien había sido acusado de pronunciar un sermón revolucionario.

Torres también actuó como abogado de pobres, cargo desde el cual defendió ocasionalmente a algunas personas de escasos recursos económicos. Por lo general, se distinguió como defensor de los privilegios institucionales del sector criollo residenciado en Santafé. También se ocupó de consolidar una importante fortuna, para lo cual recurrió con frecuencia a sus conocimientos jurídicos. Fue así como adelantó una brillante defensa en favor de su hermano Miguel y asociados sobre el bergantín inglés El Vigilante, apresado por ellos y cuya propiedad les correspondía, a pesar del desconocimiento por parte del presidente de Quito, barón de Corondelet. En 1802 Camilo Torres contrajo matrimonio con Francisca Prieto Ricaurte, con quien tuvo seis hijos.

El Memorial de agravios

En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y colocó a su hermano José en el trono español; como consecuencia, la política colonial de las Cortes españolas cambió. Se constituyó la Junta Suprema de España e Indias, que se erigió en gobierno general del reino.

En esa coyuntura surgió la figura política de Camilo Torres, que se declaró antirregentista y partidario de Fernando VII; se opuso a las determinaciones tomadas en la metrópoli, ya que, pese a estar ésta ocupada, continuaba exigiendo obediencia a las colonias. Propuso seguir el ejemplo de las provincias españolas que se proclamaron soberanas para apoyar irrestrictamente al rey de España, lo que significaba crear juntas provinciales de gobierno, a la manera de las de la Península, en la Nueva Granada, desconociendo la de Sevilla.

Pese a la protesta de Torres y de muchas otras voces en las diferentes colonias, la Junta sevillana, aún bajo el dominio de José Bonaparte, declaró que las propiedades allende el mar eran prioridad de la monarquía española y autorizó la presencia de sus representantes en la Junta Central, pero en un número inferior al de los españoles. El ambiente político de las colonias se caldeó cada vez más.

La nominación de candidatos, por terna, se realizó en los cabildos de Santafé y de las principales ciudades de las provincias. Una vez nominados los candidatos, el representante se designó en un sorteo en que resultó elegido Antonio de Narváez. Por su parte, Camilo Torres fue nominado por Popayán. Fue nombrado asesor del Cabildo de Santafé, corporación que se había convertido en el baluarte de los criollos. Fue además asesor de la Casa de Moneda. Desde tales cargos Camilo Torres sentó su airada protesta contra la Junta Central española, en un opúsculo que se ha llamado el Memorial de agravios y cuyo título es Representación del Cabildo de Bogotá a la Suprema Junta Central de España.

En ese documento, Torres dio una respuesta, en nombre del Cabildo de Santafé, a la Junta Central ante la intención de permitir americanos en ese organismo, pero en un número irrisorio. Es, por lo tanto, una aguda crítica al régimen colonial, pero sin expresar abiertamente la separación definitiva de las colonias americanas de España. Afirmó que América y España, Las Españas, eran parte de un reino con iguales derechos, y por tanto ninguna de las partes podía imponer leyes sobre la otra. Denunció la discriminación contra los criollos y pidió para este sector el derecho a ocupar posiciones de alto rango.

El documento nunca llegó a España y el virrey no quiso prestarle atención, hasta el punto de que nombró a seis españoles como miembros del Consejo y más tarde desconoció el nombramiento de Luis Caicedo como alférez real, medidas todas que impidieron el pacto colonial y permitieron la ola cada vez más creciente de motines en las distintas provincias de la Nueva Granada.

La conjura del observatorio astronómico

Camilo Torres participó activamente en los hechos del 20 de julio de 1810 en Santafé de Bogotá. Planeó la conjura en el observatorio astronómico que dirigía su primo Francisco José de Caldas, formó parte de la Junta de Gobierno constituida luego de los incidentes, y le comunicó al virrey Amar y Borbón la decisión de la Junta para que pusiese a las órdenes de ésta el depósito y el parque de artillería. Acorde con su posición de defensa de los derechos del rey de España, propuso que el virrey fuera el presidente de la Junta Suprema, medida que fue desaprobada popularmente, pese a lo cual continuó insistiendo en que debía existir un entendimiento entre las partes patriotas y españoles europeos, al punto que fue vocal-secretario en el manifiesto del 18 de septiembre de 1810 levantado con tal fin.

En diciembre de 1810, Torres participó como diputado por Pamplona en el Supremo Congreso. Exigió que no se aceptara a Emigdio Benítez la credencial que lo acreditaba como diputado por Sogamoso; tal petición recibió voto negativo de los demás miembros, y Torres se retiró junto con León Romero (delegado por Mariquita), Joaquín Camacho y Manuel de Bernardo Álvarez (delegado por Santafé).

El 11 de enero de 1811 se llevaron a cabo las elecciones para el Colegio Electoral de Cundinamarca. Torres resultó elegido, junto con Manuel Camacho y Quesada, por la Catedral, y con su viejo amigo Frutos Joaquín Gutiérrez fue electo secretario de dicha institución colegiada, que sesionó durante un mes, al cabo del cual se proclamó la primera Constitución de carácter monárquico de la provincia de Cundinamarca y se nombró como presidente a Jorge Tadeo Lozano.

Desde un comienzo Torres había defendido la tradición de los cabildos autónomos, pues consideraba justo que las provincias ejercieran su soberanía, y por ende el federalismo, posición que no era compartida por Antonio Nariño y otro grupo de criollos llamados centralistas. El Precursor Antonio Nariño asumió la Presidencia el 21 de septiembre de 1811 y la rivalidad entre las dos formas de gobierno fue cada vez más notoria, al punto que se formaron dos partidos: el de los "pateadores" encabezado por Nariño y el de los "carracos" dirigido por Torres; de esta última facción formaban parte la mayoría de los miembros de las Juntas de Notables establecidas desde el grito de Independencia.

El 27 de noviembre de 1811, un número minoritario de delegados reunidos en Santafé firmó el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de la que Torres fue redactor y principal promotor, como diputado por la provincia de Pamplona. En dicho documento se conservó la antigua división administrativa, las provincias cedieron al Congreso la defensa militar, dispusieron que éste ejerciera las funciones legislativas y ejecutivas, y rompieron definitivamente con el regentismo, así como, días después, con el gobierno de Antonio Nariño en Cundinamarca.

Camilo Torres fue elegido presidente del Congreso y jefe del ejecutivo nacional, cargos que ejerció entre 1812 y 1814, y para los que fue nombrado en el Congreso federalista reunido en Villa de Leiva el 4 de octubre de 1812. El centro de la facción federalista fue Tunja, desde donde se emprendió una ofensiva militar contra el gobierno de Cundinamarca.

Se encendió así la primera guerra civil, que estremeció al país y dio la victoria al centralismo. Poco después fue negociada la paz entre los dos gobiernos, la cual duró hasta noviembre de 1814 cuando, ante la derrota de Antonio Nariño en las provincias del Sur, los ejércitos federalistas comandados por Simón Bolívar sometieron, el 11 de diciembre de 1814, al presidente Manuel de Bernardo Álvarez.

Torres fue elegido presidente de las Provincias Unidas pero, ante la inminente reconquista española y el caos reinante (pues durante los cuatro años de vida independiente poco se había hecho por organizar el nuevo gobierno), su mandato fue débil, sin posibilidades de actuación; lo único importante fue que planteó a los españoles una fórmula de compromiso para preservar la República del desastre; por otra parte, ascendió al coronel Serviez a general, y le dio la misión de organizar un nuevo ejército con los restos de Tunja y Cachirí.

Finalmente, renunció a la presidencia en marzo de 1816; cedió el cargo a José Fernández Madrid. Viajó a Popayán, donde se entregó al jefe realista Francisco Warleta, quien lo encarceló y envió a Santafé, donde fue fusilado, colgado de la horca, su cabeza exhibida ante el pueblo y sus bienes confiscados.

fuente : biografías 

RECOLETA AVANZA EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Un gran triunfo judicial de primera instancia hemos obtenido en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad.  Como recordarán, el 24 de junio del año pasado, haciéndonos eco del clamor vecinal para adoptar medidas en defensa del barrio, acordamos, a solicitud del Director de Obras de nuestra comuna, instruir la demolición de una de las torres del denominado Conjunto Armónico Bellavista, ubicado en la manzana de la Universidad San Sebastián, por haberse levantado ésta, con graves e insanables infracciones a las normas urbanísticas y legales vigentes.

Ante esta determinación, sin precedentes en la historia urbana de nuestro país, la Inmobiliaria afectada interpuso una acción de reclamación, con la intención de dejar sin efecto el referido decreto, fundando sus pretensiones en supuestos derechos adquiridos que emanarían de los certificados de informes previos y de los permisos de construcción obtenidos, sin pretender siquiera, defender la posibilidad que estos permisos hubiesen sido obtenidos de manera legal y en concordancia con las normas vigentes.

Luego de un largo juicio, el 22° Juzgado Civil de Santiago, ha emitido sentencia de primera instancia, validando de manera clara y tajante la actuación de la municipalidad, confirmando el Decreto de Demolición y rechazando todas y cada una de las reclamaciones contra el mismo.

Lo más relevante, en todo caso, es que el fallo apunta a sentar jurisprudencia en orden a que no existen derechos adquiridos, cuando la supuesta fuente de los mismos no se ha enmarcado dentro de las leyes vigentes, destacando el hecho de que tanto los certificados de informes previos como los permisos de construcción, simplemente no cumplieron con las leyes vigentes a la hora de ser obtenidos, lo que es particularmente grave si se toma en consideración que el Director de Obras de la época, fue condenado por diez casos de cohecho y destituido de su cargo por estos graves actos de corrupción.

Este fallo histórico da inicio a una nueva era en donde algunas inmobiliarias, acostumbradas a hacer lo que quieren con nuestra ciudad, tendrán que pensarlo dos veces antes de intentar materializar sus proyectos, si es que estos no cumplen con la ley, ante la evidencia de que con voluntad política, es posible combatir la impunidad y la corrupción.

Sienta, además, un precedente de tremenda importancia para nuestras ciudades y nuestros barrios y nos permite soñar con que esté llegando a su fin, la era en que algunas inmobiliarias, con total desprecio por nuestras comunidades, contando con la ayuda de funcionarios corruptos y creyéndose omnipotentes, han logrado arrasar con muchos de nuestros barrios, formas de vida, patrimonio urbano y arquitectónico atentando contra comunidades que sin protección alguna, se han visto dañados, sin haber sido consultados, ni considerados en lo más mínimo y con escasas posibilidades de reparación.

(*) Alcalde de Recoleta.

fuente : el siglo

BIOGRAFÍA DE DOLORES IBÁRRURI G (LA PACIONARIA)

(Dolores Ibárruri Gómez, llamada la Pasionaria) Dirigente comunista española (Gallarta, Vizcaya, 1895 - Madrid, 1989). Nacida en una familia minera conservadora, Dolores Ibárruri se interesó por la lucha obrera bajo la influencia de su marido, un militante socialista con el que se casó en 1915.

Desde que pasó a la acción con motivo de la huelga general revolucionaria de 1917, Dolores Ibárruri fue adquiriendo prestigio como oradora y articulista política, a pesar de que había interrumpido muy pronto su formación escolar para ponerse a trabajar como sirvienta.

Impresionada por el triunfo de la Revolución bolchevique en Rusia, Dolores Ibárruri participó junto con la agrupación socialista de Somorrostro, de la que era miembro, en la escisión del PSOE que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de España (PCE) en 1920, llegando a formar parte de su Comité Central en 1930; en 1931 se trasladó a Madrid para trabajar en la redacción del periódico del Partido, Mundo Obrero.

Su activismo de luchadora incansable le llevó a la cárcel por dos veces en 1931-33. Recién elegida diputada por Asturias en 1936, la sublevación de los militares contra el gobierno de la República acrecentó su carisma popular, al desplegar durante la siguiente Guerra Civil (1936-39) una gran actividad de propaganda; su prosa apasionada, sensible y coherente la convirtió en símbolo de la resistencia y combatividad de la España republicana.

Ya durante la guerra ascendió al segundo lugar en influencia dentro del partido, después de su secretario general, José Díaz. Tras la derrota militar se exilió en la Unión Soviética (1939-77), continuando su labor como representante de España en la Internacional Comunista. Al morir Díaz en 1942, Pasionaria le sustituyó como secretaria general del PCE, cargo del que sería desplazada por Santiago Carrillo en 1960; se mantuvo, no obstante, en el cargo honorífico de presidenta del Partido.

Dolores Ibárruri regresó a España tras la muerte de Franco y la transición a la democracia, resultando elegida de nuevo diputada por Asturias (1977). Incluso entonces permaneció aferrada a los viejos ideales del comunismo prosoviético, que apenas tenían ya eco ni en la sociedad española ni en el PCE; aquejada por problemas de salud, abandonó pronto su escaño y se retiró de la política activa.

fuente : biografías