No te salves
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CHILE
sábado, 22 de agosto de 2015
NO TE SALVES (MARIO BENEDETTI)
viernes, 21 de agosto de 2015
PIDEN INVESTIGAR FRAUDE EN FONDOS DEL COBRE
Tras publicaciones que dieron cuenta de desfalco de dineros de Ley Reservada del Cobre, parlamentarios anunciaron la creación de una comisión investigadora que aclare el millonario escándalo.
Por informaciones de prensa, se supo que podrían rebasar los 2 mil millones de pesos los dineros desfalcados desde el fondo de la Ley Reservada del Cobre, en una operación irregular en que aparecen involucrados dos proveedores del Ejército y dos oficiales de esta institución. En estos momentos está en curso una investigación en la entidad militar, sobre recursos que provienen de la venta del cobre y que, por ley, se traspasan a las Fuerzas Armadas.
El jefe de la Bancada Parlamentario de los partidos Comunista e Izquierda Ciudadana (PC-IC), diputado Daniel Núñez, planteó que se pedirá una Comisión Investigadora para indagar sobre este caso de fraude al Fisco.
Explicó que la determinación busca aclarar los hechos que involucran una cifra aún no determinada, pero que según información preeliminar serían miles de millones de pesos. “Esto es un escándalo mayor. Estamos hablando de millones de dólares de recursos que son de todos los chilenos y que deberían tener un uso exclusivo, que es la compra de material estratégico para la defensa del país y que hoy están siendo defraudados”, puntualizó el diputado Núñez.
Para el jefe de la bancada PC-IC, estas informaciones son doblemente graves, pues en medio del debate nacional acerca de la situación económica, se da cuenta del mal uso de estos recursos.
“Esto es una situación que se remonta al 2010 y lo que nos parece más complejo y escandalizador, es que hoy que enfrentamos una desaceleración económica, que tenemos que hacer ajustes en el presupuesto público para cumplir con las demandas de la ciudadanía en salud, educación e incluso en temas de defensa, como lo es la situación de embarcaciones varadas, no tenemos recursos”, explicó Núñez.
El diputado del Partido Comunista sostuvo que el fraude y la nula presencia de mecanismos de control sobre los gastos del Fondo Reservado del Cobre, dan cuenta de una situación grave y compleja, que “amerita una investigación profunda de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a ejercer plenamente nuestro rol fiscalizador y no nos vamos a inhibir por que se trate de las Fuerzas Armadas. Acá todas las instituciones públicas deben dar cuenta de sus actos y esto también corre para un tema tan sensible como lo son los gastos donde se ocupa la ley reservada del cobre”.
Núñez manifestó que esto va en la misma línea de la presentación realizada por las diputadas de la Bancada PC-IC, Karol Cariola y Camila Vallejo, quienes junto a otros parlamentarios presentaron un proyecto de acuerdo para modificar la Ley Reservada del Cobre, entregando recursos permanentes a educación y salud pública.
“Nos parece que el proyecto presentado por las diputadas Cariola y Vallejo, junto a otros diputados, es razonable atendiendo de que si es apropiado el uso que estamos haciendo de estos recursos. Este escándalo nos abre la posibilidad de debatir con mucha más transparencia ante la ciudadanía, cuál es el uso de los recursos públicos, particularmente los que vienen de CODELCO (Corporación del Cobre)”, concluyó Daniel Núñez.
fuente : el siglo
jueves, 20 de agosto de 2015
IV. LOS LIBERTADORES ( CANTO GENERAL )
| ENVÍO (1949) Recabarren, en estos días de persecución, en la angustia de mis hermanos relegados, combatidos por un traidor, y con la patria envuelta en odio, herida por la tiranía, recuerdo la lucha terrible de tus prisiones, de tus pasos primeros, tu soledad de torreón irreductible y cuando, saliendo del páramo, un hombre y otro a ti vinieron a congregar el amasijo del pan humilde defendido por la unidad del pueblo augusto. Pablo Neruda  |
miércoles, 19 de agosto de 2015
BIOGRAFÌA DE FEDERICO GARCÌA LORCA
(Fuente Vaqueros, España, 1898 - Víznar, id., 1936) Poeta y dramaturgo español. Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de Almería.
Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudió filosofía y letras y se licenció en derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular.
A partir de 1919, se instaló en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente, Lorca se dedicó con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso.
En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación, en 1927, deCanciones y, sobre todo, con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid deMariana Pineda, drama patriótico.
Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, el Poema del cante jondo (publicado en 1931), un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un rasgo característico de su poética: la identificación con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena madurez con el Romancero gitano (1928), que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un lenguaje personal, inconfundible, que reside en la asimilación de elementos y formas populares combinados con audaces metáforas, y con una estilización propia de las formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación.
Tras este éxito, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario durante el curso 1929-1930. Las impresiones que la ciudad imprimió en su ánimo se materializaron en Poeta en Nueva York (publicada póstumamente en 1940), un canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales y populares de sus anteriores obras dejan paso en esta otra a visiones apocalípticas, hechas de imágenes ilógicas y oníricas, que entroncan con la corriente surrealista francesa, aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca.
De nuevo en España, en 1932 Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por el teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo colectivo y un afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía: Diván del Tamarit, conjunto de poemas inspirados en la poesía arabigoandaluza, y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1936), hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista.
Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales. Yerma (1934) es una verdadera tragedia al modo clásico, incluido el coro de lavanderas, con su corifeo que dialoga con la protagonista comentando la acción. Parecido es el asunto en Bodas de Sangre (1933), donde un suceso real inspiró el drama de una novia que huye tras su boda con un antiguo novio (Leonardo). La huida, llena de premoniciones, en la que la propia muerte aparece como personaje, presagia un final al que se viene aludiendo desde la primera escena y en el que ambos hombres se matarán, segando así la posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la muerte del padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, la pasión y la autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden establecido.
Entre toda ellas destaca La Casa de Bernarda Alba (1936), donde la pasión por la vida de la joven Adela, encerrada en su casa junto con sus hermanas a causa del luto de su padre y oprimida bajo el yugo de una madre tiránica, se rebelará sin temor a las últimas consecuencias. De esta manera, su pasión por la vida se estrellará contra el muro de incomprensión de su familia concluyendo todo con su eliminación. Junto con la figura de la protagonista, destaca la serie de retratos femeninos que realiza el autor, desde la propia Bernarda hasta la vieja criada confidente de todas (La Poncia), la hermana amargada y envidiosa (Martirio) o la abuela enloquecida que se opone a la tiranía de Bernarda.
La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la última, ya que ese mismo año, al estallar la guerra civil, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado diez días más tarde, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, librepensador y personaje susceptible de alterar el «orden social».
fuente : biografìas
EJÉRCITO: EL GRAN FRAUDE POR FACTURAS FALSAS
Reportaje de The Clinic reveló grave situación que implicaría unos 2 mil 200 millones de pesos. La institución tiene en marcha Investigación Sumaria. Otro punto rojo en Ley Reservada del Cobre. Los pasos que se siguen.
En estas semanas, el Ejército tiene abierta una Investigación Sumaria Administrativa para “determinar los perjuicios fiscales y las responsabilidades individuales” en relación a la emisión de facturas falsas a proveedores de la institución, que arrastrarían irregularidades por unos 2 mil 200 millones de pesos, del fondo de la Ley Reservada del Cobre, cuyo dinero debe destinarse a gastos militares de las Fuerzas Armadas.
Lo que está claro es que el Ejército está metido en un serio caso de irregularidades financieras a partir de facturas falsas, no conocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que significarían millonarias pérdidas fiscales.
Es así que la propia entidad militar planteó a través de un comunicado que “esta situación irregular fue detectada mediante el trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales en el mes de abril de 2014, informándose de inmediato a los estamentos superiores, tras la realización de un Informe de Investigación Preliminar en el cual los implicados reconocieron su participación en los hechos”.
En ese marco se supo que el Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, le envío un oficio al entonces Ministro de Defensa, Jorge Burgos, donde le informó que proveedores privados de esa institución cobraron millonarias sumas de dineros a través de facturas falsas.
Hasta ahora, los involucrados son las empresas Frasim y de Raúl Fuentes, el Coronel Clovis Montero y el Cabo, Juan Carlos Cruz.
Detalles del caso fueron dados a conocer por el semanario periodístico The Clinic, en un reportaje de Mauricio Weibel Barahona. Ahí se dice, por ejemplo, que “un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortíz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes. Era el inicio del desbande” en este caso.
Las averiguaciones de situaciones vividas desde el 2010, hablaban de 370 millones, luego de 555 millones y más tarde de unos mil 400 millones de pesos comprometidos en estas acciones ilegales.
En el trabajo periodístico se indica que “el mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar”.
Respecto a las responsabilidades institucionales, en el reportaje de The Clinic se expresa que “casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal”.
Se agrega que “sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a los proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago”.
Todo hace suponer que ahora la Investigación Sumaria Administrativa permitirá al Ejército esclarecer toda esta situación, mostrar a los responsables y entregar una respuesta adecuada a la ciudadanía.
En todo caso, llama la atención -en medio de una constante que vive el país en cuanto a que haya transparencia de parte de todas las instituciones- que sabiendo de este caso de irregularidades tanto el alto mando del Ejército como el Ministerio de Defensa, esas dependencias no informaran a la opinión pública de la investigación abierta y que todo esto se supiera por un trabajo periodístico. Habrá que ver si ahora esas entidades del Estado sí entregan información oportuna respecto a este caso de fraude dentro de una rama de las Fuerzas Armadas.
Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic.
“Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy.
Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic.
El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic.
Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año.
En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas.
El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar.
La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.
Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados.
El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación.
El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos.
Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.
Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal.
Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago.
Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.
Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco.
Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos).
De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.
En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área.
“Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación.
El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos.
Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.
Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.
Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones.
Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército.
En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico.
Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”.
“Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos.
El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal.
Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa.
Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.
Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército.
Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón.
En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía.
Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.
A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.
El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total.
En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio.
Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles.
En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.
fuente : el siglo
martes, 18 de agosto de 2015
REUNIÓN PC/DC: TRABAJAR POR ÉXITO DEL GOBIERNO
Las directivas de ambos partidos se reunieron y acordaron labor conjunta en torno del programa de la Nueva Mayoría. Analizaron reformas y factores de la agenda del oficialismo.
La reunión duró algo más de dos horas en un salón del Senado en la capital del país. A la salida, la coincidencia de las directivas del Partido Comunista (PC) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de trabajar por el éxito del gobierno de Michelle Bachelet y por el cumplimiento del programa de la Nueva Mayoría (NM).
No se desconocieron diferentes en contenidos de reformas u otros temas, pero se apuntó a la idea de discutirlas y buscar la manera de sacar adelante los objetivos del oficialismo.
Ciertamente un gesto político del PC y el PDC en medio de un ambiente político caldeado por declaraciones y acciones de actores de la NM que producen algo más que roces. Ambos partidos concurrieron al encuentro con sus más altos dirigentes.
La delegación del PC estuvo compuesta por su presidente, diputado Guillermo Teillier; el secretario general, diputado Lautaro Carmona; la secretaria general de las Juventudes Comunistas, diputada Karol Cariola; y los miembros del Comité Central Juan Andrés Lagos y Juan Gajardo.
Por el PDC llegaron el senador Jorge Pizarro, presidente de la colectividad; el secretario general, Gonzalo Duarte; la vicepresidenta de ese partido, senadora Carolina Goic; y el diputado Sergio Espejo, integrante de la directiva democratacristiana.
Teillier calificó la cita como “una buena reunión”, donde se trataron temas que ya se han estado discutiendo en los últimos comités políticos y en el cónclave de los partidos de la Nueva Mayoría realizado el lunes 3 de agosto en el Estadio El Llano.
“Nuestra intención es mejorar el trabajo en conjunto para el éxito del gobierno y las reformas que se están llevando adelante”, detalló el presidente del PC.
“Creemos que si trabajamos juntos, todos los partidos de la Nueva Mayoría, en especial los democratacristianos y los comunistas, podremos contribuir a avanzar. Hemos acordado un trabajo prelegislativo en materias tan importantes como Educación, Reforma Laboral, y temas tan importantes como la delincuencia, la salud y el tema constitucional. La DC nos ha pasado su proyecto (sobre nueva Constitución) y nosotros igualmente le entregaremos nuestra propuesta”, detalló Guillermo Teillier.
En cuanto a las declaraciones de diversos personeros acerca de la “continuidad de la Nueva Mayoría”, el parlamentario enfatizó que la fecha de término del conglomerado depende del “éxito que tengamos en el cumplimiento del programa y en la gestión para atacar los problemas sociales que tiene el país. No depende de las opiniones de uno u otro personaje de la política nacional”.
Sobre la Reforma Laboral, el presidente del PC explicó que hay menos diferencias que las que aparecen públicamente. “Más bien, hay muchas más coincidencias. El reemplazo en huelga lo estamos discutiendo, pero creo que se puede lograr un acuerdo en la Reforma Laboral”, precisó.
“Nosotros nacimos siendo partidos diferentes, pero la gracia está en que a pesar de todas las diferencias, seguimos avanzando. Las reformas van saliendo y se están aprobando las leyes en el Parlamento. Yo espero que nadie se ponga nervioso por eso, pero estamos cumpliendo”, concluyó el diputado comunista.
En tanto, Jorge Pizarro valoró la instancia, pues “permitió generar una conversación franca para aportar al cumplimiento programático”.
“Hacía falta conversar para ver cómo poder ayudar a mejorar la gestión del gobierno y la implementación de la agenda que ha planteado la Presidenta (Michelle) Bachelet tras el cónclave. Hay temas que son difíciles de implementar, como lo es la reforma a la educación, que es el corazón de la propuesta programática para avanzar en igualdad”, dijo el timonel del PDC.
Apuntó que “lo importante es que cuando tengamos diferencias, seamos capaces de procesarlas y tener el sentido de unidad”.
Pizarro declaró que “hemos tenido reuniones a nivel de bases de la Nueva Mayoría. Nos parece que tenemos que fortalecer mucho más nuestro discurso, nuestro relato (sobre) lo que estamos de acuerdo. Tenemos que socializar la agenda que se ha fijado y precisar este concepto de realismo sin renuncia para que se entienda muy bien”.
fuente : el siglo
lunes, 17 de agosto de 2015
CTC LOGRÓ MESA DE TRABAJO Y REVISIÓN DE PROTOCOLO
Luego de 22 días de movilización los trabajadores del cobre consiguieron analizar con Codelco sus condiciones laborales. En entrevista, Manuel Ahumada, presidente de la organización, habla de los alcances de las protestas.
En “estado de alerta” se mantienen los trabajadores asociados a la Confederación de Trabajadores del Cobre (Ctc), luego que suscribieran un protocolo de acuerdo el miércoles 12 de agosto.
Dicho protocolo establece garantías para ambas partes, como la suspensión de las movilizaciones -por parte de los trabajadores-, y la reincorporación de los despedidos -por parte de la Corporación del Cobre (Codelco)-, sin aplicar represalia contra los involucrados en dicha movilización, en lo relativo a despidos o persecuciones de los mismos.
La protesta, que comenzó el 21 de julio a partir de las 05.00 hrs., mantuvo cerrado los accesos a las Divisiones de El Salvador (Diego de Almagro), “Radomiro Tomic”, “El Teniente” y “Andina”.
Los trabajadores iniciaron su movilización en función de ampliar y renovar el Acuerdo Marco firmado durante 2009, 2011 y 2013. Sin embargo, la estatal Codelco “se negó a tomar parte de este nuevo proceso y traspasó la responsabilidad a sus empresas contratistas, demostrando una vez más su nula voluntad al diálogo, de cara a las demandas de las y los trabajadores”.
Palabras de Manuel Ahumada, presidente de la Ctc, quien reitera que el Acuerdo Marco es un instrumento que se ha instalado para generar colchones mínimos para los trabajadores de manera transversal. “Codelco, desde que nosotros hicimos la petición formal el pasado 6 de julio, asumió una posición soberbia, encabezada por Nelson Pizarro (nuevo Presidente Ejecutivo) quien señaló que no se iban a sentar a negociar con trabajadores tercerizados y que estos debían negociar con sus empresas. Esa actitud fue como un portazo a un proceso que se viene dando desde el 2007 hasta hoy”.
Para el dirigente, la actitud de Codelco es una lógica provocadora que se manifestó quince días antes que se instalara el conflicto. La empresa “fue la que reventó el conflicto, que pasó de ser laboral a uno de tipo social, con características incluso criminales por lo sucedido en El Salvador con el asesinato de Nelson Quinchillao”.
“Nos llama la atención -dice Ahumada-, el rol que juega el Consejo Minero en el conflicto, que aparece pauteando y respaldando a Codelco y a Pizarro para que no se sienten a conversar”.
Los trabajadores del sector minero reconocen los beneficios que el Acuerdo Marco entrega a las partes en conflicto. En tanto, para la empresa el beneficio se traduce en lograr por medio del diálogo los acuerdos, y para los trabajadores avanzar en el cumplimiento de sus demandas.
Luego de 22 días de movilización, los trabajadores logran que Codelco acceda a la petición inicial y se establece un “protocolo de acuerdo que general condicional básicas y mínimas de conversación”.
Para Manuel Ahumada, éste logro tiene relevancia porque queda graficada la consecuencia que ha tenido el movimiento y la Ctc en mantener una sola posición desde el principio y que quien ha sido errático ha sido Codelco.
Los trabajadores, desde el 2007, vienen planteando el “cómo se deben revisar las subcontrataciones, ya que es un mecanismo de precarización laboral, de atomización y adaptabilidad laboral, y también permite que se inflen costos de producción que, en definitiva, lo único que hacen es dañar los intereses soberanos y económicos del país”.
El dirigente indicó que “cuando se inflan esos costos, se generan mayores ganancias y utilidades a las transnacionales y abre la posibilidad de una privatización encubierta que tiene la estatal”.
Lo anterior, en palabras de Manuel Ahumada, queda también develado al interior del mundo político, “por tanto es el momento de iniciar una discusión seria del como se definirá el modelo de desarrollo productivo y la industria del cobre en Chile”. Sostiene que “sin duda van a aparecer acciones y actitudes que busquen terminar con este instrumento y en eso los trabajadores estamos en disposición de lucha para defender esto a como dé lugar”.
Codelco y la Ctc se encuentran implementando el protocolo de acuerdo que consiste en reconocer primero los actores del diálogo, (Codelco, la CTC y la Cámara Chilena de la Construcción que representa a las empresas subcontratistas), que rayan la cancha por medio de los procesos de licitación que, a juicio de Ahumada, también deben ser revisados.
Lo segundo es la constitución de mesas de trabajo y definir cómo se resuelven los conflictos laborales que “para nosotros es por medio de la negociación, que es la manera en que el resto del mundo lo hace y no instalando o tratando de sofocar al movimiento sindical usando poderes del Estado, con represión o el poder coercitivo de los Estados para desarticular movimientos”.
Las partes en conflicto han acordado un espacio acotado de tiempo (dos semanas máximo) para sentarse a discutir y elaborar propuestas definitivas que den solución definitiva al conflicto y también entreguen garantías de no represalias, ni persecución, ni despido contra trabajadores movilizados.
Cumplido ese protocolo e instalada la mesa los trabajadores, quedan en “estado de alerta” (suspensión de la movilización y no fin de ella), atentos a los avances de la misma. “Este logro deja de manifiesto que no era necesario pasar por el estallido de un conflicto ni mucho menos por el asesinato de un trabajador. Bastaba solamente la voluntad de diálogo tal como se hizo en años anteriores”, indicó Manuel Ahumada.
LA QUERELLAS CONTRA TRABAJADORES MOVILIZADOS.
Codelco amenazó con querellas a trabajadores que participaron en las movilizaciones. Frente a eso, el máximo dirigente de la Ctc dice que “eso ha sido una amenaza constante por parte de la empresa, aquí hemos visto todo lo que se pueda imaginar en el uso de las malas prácticas y lo que no se debe hacer frente a un conflicto”.
Agregó que “hay represión, intentos de paralelismo sindical, desprestigio sindical, operaciones internas para tratar de fraccionar el movimiento, pero a eso hemos puesto la simpleza, la justeza y la lógica de nuestras demandas, y necesariamente ellos caen en una contradicción que les derriba el andamiaje construido para ir en contra del movimiento”.
Para el presidente de la Ctc -pese a que la organización no tiene los recursos que tiene Codelco para instalar estrategias comunicacionales-, “los trabajadores se han parado de igual a igual en la argumentación y lograron derribar los mitos instalados como la desaceleración económica, que impediría avanzar en temas de reformas impulsadas por el gobierno”. Y agrega que es “lamentable que Codelco use la misma herramienta del gran empresariado y de las transnacionales y se olviden que ellos son una empresa estatal”.
El discurso de las grandes empresas y de un sector político de Chile es que el bajo precio del cobre es factor decisivo para cumplir o no con el programa de reformas. Ahumada afirma que “históricamente cuando baja el precio del cobre, sube el precio del dólar, los sueldos de los trabajadores nunca se han pagado en dólares, por tanto, no sé de qué pérdida hablamos. Se le miente al país y no se sinceran las cifras”.
Manifestó que “el cobre sigue siendo la principal independencia económica que tiene Chile, los trabajadores estamos convencidos de eso, y esto que fue a principios de los 70 una certeza transversal, se ha ido desdibujado” en las últimas décadas.
EL ROL DEL EJECUTIVO EN EL CONFLICTO.
Manuel Ahumada, en entrevista, dice que “el Ejecutivo se ha visto bastante lejano (en el conflicto que acaba de ocurrir), para el Ejecutivo este conflicto ha sido una piedra caliente. No sé qué gestiones habrá hecho, nosotros hemos denunciado esto en los espacios que hemos podido, estuvimos con el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados (Lautaro Carmona), con la Ministra del Trabajo (Ximena Rincón), a quienes relatamos el conflicto. No fuimos al Ministerio del Interior porque éste es un conflicto laboral y no lo vamos a sacar de ese contexto. En cambio, Codelco desde el principio del conflicto acude al Ministerio del Interior para sofocar la movilización vía represión. En la mesa de protocolo ha quedado claro que estos conflictos no se resuelven vía Ministerio del Interior porque eso sólo agudiza la situación”.
El presidente de la Ctc indica que “este conflicto debe ser un aprendizaje, debe ser de interés nacional”. Apunta que “es lamentable que haya enlutado a la Confederación, por la muerte de Nelson Quinchillao, pero desgraciadamente es parte de una historia que se repite en el movimiento obrero en Chile, y demuestra que no hemos aprendido de los errores del pasado”. Agrega que “para los trabajadores del cobre, la llamada paz social sólo le logra con protección social”.
La próxima semana debería comenzar la mesa de trabajo y esperan que en estos días se levanten los contingentes policiales de Fuerzas Especiales de Carabineros instalados en “El Salvador” y “Diego de Almagro”. Advierte Ahumada que por la muerte de Nelson Quinchillao, exigen una investigación y justicia plena, y que sienten que “hubo una planificación represiva en la que los trabajadores fueron vistos como enemigos internos, donde se armó una operación al tipo ‘comando’ en contra de trabajadores que generan la principal riqueza para Chile”. Enfatiza que “deberán asumirse las responsabilidades policiales y políticas que correspondan”.
Los trabajadores solicitaron Ministro del Interior, Jorge Burgos, que se investigue a fondo la muerte del trabajador y se harán parte de las demandas que emanen de la indagación.
Finalmente, Manuel Ahumada hace un llamado a los trabajadores de la Confederación a mantenerse “en estado de alerta, estar atentos a lo que vaya surgiendo, mantenerse vigilantes y atentos a la propuesta final que pueda emanar de la mesa de trabajo”.
Llama también a los trabajadores del país a tener presente que “somos nosotros los que generamos las riquezas del país, somos los sujetos de cambios y que hay que dejar de lado las pequeñeces y hay que organizarse”.
fuente : el siglo
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