CHILE

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sábado, 7 de noviembre de 2015

SE REFORZÓ TESIS DE QUE NERUDA FUE ASESINADO

Por primera vez, el Gobierno chileno dio lugar a las dudas que giraban en torno a la muerte de Pablo Neruda y reconoció, a través de un documento emitido por el Ministerio del Interior, que es “claramente posible y altamente probable la intervención de terceros” en el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura y militante del Partido Comunista. Esto viene a reforzar la tesis de que el poete fue asesinado por agentes de la dictadura después de ocurrido el golpe de Estado de 1973.
El informe fue redactado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, y enviado al magistrado Mario Carroza Espinosa, encargado de la investigación de la muerte de Neruda. Está fechado el 25 de marzo de 2015 y forma parte de la reserva del sumario número 1.038-2011.
La información apareció  publicada en el diario español El País.
La publicación además señala que según el informe del Ministerio “está acreditado en el proceso” que a las 22:30 horas del domingo el 23 de septiembre de 1973, mientras permanecía internado en la Clínica Santa María, a Neruda le fue aplicada una inyección o se le suministró una sustancia que le habría ocasionado la muerte seis horas más tarde.
El ministro en visita, Mario Carroza, encabezó a principios de octubre la primera reunión del denominado “Panel II de Expertos” que debía indagar las causas de muerte del Premio Nobel de Literatura y ex parlamentario comunista, Pablo Neruda. El Ministro Carroza destacó en la oportunidad, la importancia de la labor de los trece expertos que investigarían el origen del estafilococo dorado, detectado en los huesos del vate, y que no se relaciona con el cáncer de próstata que padecía Neruda y que, según la versión oficial, terminó su vida unos días después del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
La bacteria fue hallada en mayo de 2015 mediante pericias proteómicas por el catedrático español de Medicina Legal y Forense, Aurelio Luna Maldonado, integrante de este segundo panel de expertos.
Las investigaciones han establecido que en 1973 no existían en Chile infecciones intrahospitalarias y que la bacteria encontrada en los restos de Neruda no existía en Chile. 
En una carta al juez que investiga su deceso, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indica que, si bien Neruda sufría de cáncer prostático, no se efectuaron procedimientos médicos y forenses de rigor para establecer claramente la causa de su fallecimiento.
“De los hechos acreditados en el expediente, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de don Pablo Neruda”, se lee en el informe.
En ese contexto, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teillier, sostuvo que “nos parece terrible y trágico que el más grande poeta de Chile y uno de los más grandes de la lengua hispana haya sido asesinado”. 
Para el diputado, estas informaciones “ponen al desnudo total la mentalidad de los que dieron el golpe de Estado y los que produjeron todas las atrocidades y crímenes de lesa humanidad en Chile”. “No sabemos por qué ha demorado tanto tiempo saber la real causa de muerte de Neruda. Estas informaciones ya las había entregado el chofer de Neruda, que fue quien lo vio por última vez y quien incluso aseveró que  él (Neruda) le había dicho que le pusieron una inyección. Posteriormente lo mandaron (al chofer) sospechosamente a comprar remedios a la clínica y mientras iba a comprar, lo tomaron preso y lo llevaron al Estadio Nacional”. 
 Teillier recordó que asistió a la reunión de los expertos nacionales e internacionales que estudian la muerte del poeta, realizada a principios de octubre. En la oportunidad, los profesionales ya habían adelantado que era muy posible que Pablo Neruda no hubiese muerto producto del cáncer, sino que por la participación de terceros. “Si el documento fuera efectivamente emanado desde el ministerio de Interior, yo concuerdo con lo que éste dice”, concluyó el presidente del PC.
La causa judicial Neruda se abrió en 2011, cuando el chofer del poeta, Manuel Araya, denunció el asesinato. Entonces, el PC presentó una querella. 
Se pidió la exhumación del cadáver, que se hizo el 8 de abril de 2013. La investigación científica se le encargó a un equipo de especialistas internacionales que el 8 de noviembre de ese mismo año dictaminó que no habían hallado agentes o sustancias extrañas de envenenamiento en el cuerpo del poeta. 
Un segundo Panel de Expertos incorporó nuevos antecedentes que abrió una nueva línea de investigación
En marzo de 2015 el Gobierno chileno entregó su informe de “altamente probable intervención de terceros”, que está en la reserva del sumario, y en mayo una nueva prueba científica detectó el germen del estafilococo dorado, cuya entrega de resultado tiene como plazo marzo de 2016.
El biógrafo de Pablo Neruda, Mario Amorós, pudo acceder al expediente y señaló que la investigación judicial consta de más de 2.400 fojas, distribuidas en siete tomos, mientras que el cuaderno de informes y pericias suma casi 900 páginas, divididas tres volúmenes.
El informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior concluye así: “Desde el punto de vista probatorio, es posible concluir que, si bien D. Pablo Neruda padecía un cáncer de próstata, el cual había deteriorado seriamente su estado de salud, asimismo, no se estableció en su momento, ni tampoco durante el curso de la investigación, que la muerte se haya producido a consecuencia del cáncer que sufría. De los hechos acreditados en el expediente resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. De haber existido la intervención de terceros, ésta habría consistido en la inoculación, mediante una inyección en el abdomen del poeta, durante su estancia en la clínica Santa María, de sustancias aún no determinadas en la investigación, y que le habrían producido la muerte aproximadamente seis horas más tarde”.
fuente : el siglo

viernes, 6 de noviembre de 2015

GRUPO MATTE ,COLUSIÒN CON SUBSIDIO ESTATAL

“Chile, el único país en el mundo donde el confort, en vez de limpiarte, te caga”, decía uno de los tantos memes que circularon luego de revelarse el nuevo notición de la cada vez más nutrida sección dedicada a los delitos de cuello y corbata.
La indignación rápidamente copó las redes sociales y también caló en la agenda mediática del duopolio hegemónico. Se han expresado miles y miles de kilométricos rollos de indignación.
La ácida creatividad, incluso, convirtió al papel higiénico en soporte para descargar ingeniosas consignas y enarbolar demandas emblemáticas, como la de la Nueva Constitución.
De toda nuestra historia criminal de conocidas colusiones, como los casos “Pollos” y “Farmacias”, la del #CarteDelConfort sintetiza lo irónicamente brutal y despiadada que es la súper-ambición de los peces gordos del neoliberalismo. Refleja la gula extrema del súper-rico: la búsqueda, a todo precio, de la tasa máxima de ganancia, especialmente con un artículo transversalmente de primera necesidad.
Y la historia, esa gran infame, es más brutal aún porque pone como protagonista en el ojo del huracán a los Matte, la familia que amasó fortuna gracias a las privatizaciones de Pinochet y que engordó la billetera en medio del terrorismo de Estado. El tema también ha salpicado al ex dueño de las empresas SCA (Ex Pisa) y ex ministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.
“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”, decía hace más de un siglo Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín, hoy dueño de la coludida CMPC o “Papelera” y quien figura 363 en Forbes.
Otro gallo cantaría para ellos si el proyecto de ley que sanciona con cárcel la colusión y aumenta las multas estuviera completamente despachado. Se valora la urgencia legislativa que dispuso el gobierno para dotar rápidamente al Estado con dientes que muerdan y persigan este tipo de delitos cometidos por la elite económica.
Los Matte, desde la dictadura, específicamente desde 1974, se favorecen con el llamado subsidio de reforestación o Decreto Ley 701. El encargado de ponerlo en marcha fue el entonces director de Conaf y ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Con la revelación del #CartelDelConfort, no es política ni éticamente aceptable que el Estado entregue este tipo de beneficios a un grupo económico que, por 10 años, lideró una gigantesca operación de defraudación en perjuicio de todos los chilenos. Eso lo convierte en un socio despreciable. Bregaremos para que las empresas coludidas compensen a los clientes y también al Estado.
El proyecto de Presupuesto 2016 asigna la entrega de $326.979.000 millones de pesos para saldar la deuda de bonificaciones entregadas años atrás vía subsidio DL 701. Ingresaremos una indicación para entregar de manera preferente el pago del beneficio a pequeños y micro empresarios junto a comunidades de pueblos originarios. Calificarán aquellas empresas que tienen una venta máxima anual de 15 mil UF.
Desde que se dictó el Decreto Ley 701, el Estado ha transferido cerca de 870 millones de dólares, beneficiando con un 70% de ese monto a grandes grupos económicos.
Otra iniciativa que impulsaremos con mucha fuerza será la recientemente aprobada Comisión Investigadora del Caso Cartel del ConfortEs una poderosa señal que da el Congreso para luchar contra la colusión y los delitos de cuello y corbata.
Esperamos que se constituya la próxima semana para obtener rápidamente nuevos antecedentes y proponer en las conclusiones una agenda que perfeccione nuestra legislación, que detenga los abusos empresariales.
Daniel Nuñez
fuente : radio cooperativa

EDUCA-TV . LA REVOLUCIÓN RUSA

miércoles, 4 de noviembre de 2015

CINCO CAMBIOS CON NUEVA CONSTITUCIÓN

Cambiar la Constitución no es una trivialidad, afecta considerablemente la vida cotidiana de las personas, ya que es la norma jurídica de más alta jerarquía.
Ella afecta los derechos y garantías de los ciudadanos, afecta la relación entre el Estado y la sociedad, y nuestra convivencia interna como con otros Estados y organizaciones. La actual Constitución, originada de forma ilegítima, escasa en derechos y garantías, y diseñada como una trampa constante en la que o sus quórum o el Tribunal Constitucional impiden su cambio, afecta los puntos antes señalados de forma negativa. Por ello, cambiándola afectará positivamente la calidad de vida de las personas y del país. Estos son los cinco principales cambios que se lograrán si cambiamos la Constitución:
1.- Dar una mayor relevancia al Estado
Actualmente el Estado cumple una función subsidiaria, es decir, solo participa en aquellas actividades en que los privados no tienen incentivo a participar (en que no es un negocio rentable) Por ello, el Estado cuenta con recursos escasos para ayudar a los ciudadanos a tener una mejor calidad de vida (educación, salud, vivienda, áreas verdes, caminos, etc.)  a la vez que se le imposibilita en participar en aquellas actividades que afecten el libre mercado. Por esta razón, su rol se reduce a entregar “subsidios”. Con una nueva Constitución, el Estado puede complementar su rol subsidiario a un rol interventor, en que posea empresas estratégicas y potencie la competitividad de las empresas, usando estos fondos ganados para costear los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Esto afectará, necesariamente, al derecho de propiedad, creando una propiedad estatal, mixta y comunitaria, además de la privada y cooperativa.
2.- Garantizar Derechos
La actual Constitución condiciona los derechos al poder adquisitivo de las personas: la calidad de la educación, el tipo de salud, la calidad de la vivienda, la calidad de las pensiones, el acceso a medicamentos, la calidad de la justicia. Todos estos elementos están mediados por el dinero, lo que crea una asimetría entre ciudadanos que se definen iguales ante la ley. Con una nueva Constitución se pueden no solo garantizar nuevos tipos de derechos, sino también asegurar su garantía. En la actualidad, solo algunos derechos poseen garantía, es decir, la posibilidad de apelar ante el Poder Judicial por su incumplimiento, como lo es el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la libertad de enseñanza o el alza de precios de un plan de ISAPRE. Ampliar el catálogo de derechos,al igual que las garantías que los defienden (integrando una dimensión de calidad a los derechos garantizados) es posible y necesario con una nueva Constitución.
3.- Definir de mejor forma la ciudadanía, la soberanía y la nación
En la actualidad el ciudadano se reduce a un sujeto que posee una determinada cantidad de derechos, en las que se presume una igualdad (teórica) ante la ley. El ciudadano puede ejercer la soberanía si se organiza como nación (no así como pueblo), mediante plebiscitos y escrutinios. Todos estos elementos generan incongruencias respecto a nuestro rol como país en un mundo globalizado, donde las nociones de ciudadanía, soberanía y nación se han relativizado y puesto en entredicho. Con la nueva Constitución, podremos actualizar las nociones de ciudadanía, soberanía y nación desde un lenguaje de guerra fría a la era de la globalización, siendo el pueblo quien ejerce la soberanía más allá de la seguridad nacional, desde una visión integrada al mundo, donde en nuestro territorio conviven culturas diversas como los pueblos originarios. Esto nos lleva también a entender la ciudadanía como una forma integrada de participación más allá del voto, cuestión que ocurre con la actual Constitución.
4.- Equilibrar de mejor forma los poderes del Estado
En la actualidad los poderes del Estado poseen un poder asimétrico que beneficia principalmente al Poder Ejecutivo, creando una suerte de “hiperpresidencialismo”. El poder Ejecutivo centraliza en él un conjunto de atribuciones que las regiones podrían ver por sí mismas (decisión de presupuestos, autoridades para cargos públicos) También se da que el Congreso tiene poca capacidad fiscalizadora de las irregularidades que se dan en el sector público como en las empresas, lo que evidencia la impotencia del Congreso para hacer frente a casos de corrupción. Con una nueva Constitución, podemos nivelar el desequilibrio, dando mayor participación a las regiones, mejorando la capacidad del Legislativo, y haciendo más eficiente el rol del poder Judicial.
5.- Fija los objetivos políticos del Estado a nivel interno y externo
La Constitución actual no tiene un preámbulo, es decir, no tiene misión ni objetivo más que reproducir el orden vigente, que es desigual e injusto para la mayoría. Más aún, lee en clave de seguridad todos los problemas sociales (todo se soluciona con represión y cárcel), lo que es propio de la guerra fría. Más aún, lee en clave de seguridad los problemas limítrofes con nuestros vecinos, mientras que elimina el contenido político de nuestras relaciones exteriores (reduce al Ministerio de Relaciones Exteriores a un Ministerio de Comercio Internacional) Con una nueva Constitución, el Estado tendrá un propósito: asegurar la dignidad del ser humano.  Para ello se encargará de garantizar derechos amplios acorde al Derecho Internacional y los Derechos Humanos. El Estado se encargará de garantizar estos derechos por medio de su participación en el actuar económico. Finalmente, al tener objetivos claros en materia internacional, podrá recuperar el tiempo perdido en materia de integración regional y resolver de forma pacífica sus desavenencias con sus vecinos. Por estos motivos, debemos cambiar la Constitución. Afecta nuestra vida cotidiana y todo lo que hacemos, solo que no lo vemos.
fuente : el siglo

martes, 3 de noviembre de 2015

DURA CRÍTICA DE TEILLIER A ELIODORO MATTE

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier criticó duramente las afirmaciones que entregó Eliodoro Matte, en entrevista al diario El Mercurio, donde aseguraba no saber sobre los acuerdos ilícitos y pedía perdón por lo sucedido.
Frente a esto el parlamentario cuestionó la calidad ética y moral del empresario quien se opone a las reformas impulsadas por la Nueva Mayoría, sostuvo que “no le creo para nada. El proceder de la gran empresa hace que no tengan moral para reclamar sobre otras cosas, especialmente en toda la carga que llevan contra la Reforma Laboral. A mí me parece que se hace prácticamente inmoral.”
“Han estado empeñados en una campaña bastante dura contra la Reforma Laboral, pero después aparece esto de que ellos se benefician de acuerdos que hacen bajo cuerda. Ellos no tienen la calidad moral como para estar hablando contra la reformas”, enfatizó Teillier.
Asimismo se pronunció sobre la ley “anticolusión” que envió el Gobierno al Congreso, destacó que “se espera que esta semana o la otra ingrese a la sala para que pueda ser aprobada, porque no tenemos normas que castiguen la colusión, que es lo que debería ser. Esperamos que esto salga pronto. Fue un error quitar las penas a estos delitos. ¿Cómo no va a haber penas para una cosa tan grave como esta? Alguien se roba una gallina y tiene las penas del infierno y aquí roban todo lo que quieren a millones de chilenos y no pasa nada.” 
Comisión investigadora
La bancada de diputados del (PC) Partido Comunista y de la (IC) Izquierda Ciudadana anunciaron que ingresarán una solicitud para constituir una comisión que investigue los casos de colusión y los subsidios forestales otorgados al grupo empresarial de la familia Matte. 
Así lo explicó el jefe de la bancada y diputado (PC) Daniel Núñez, dijo que “a raíz de la denuncia del cartel del papel higiénico han surgido severos cuestionamientos a los subsidios que el Estado ha entregado a través del Decreto Ley 701 a las grandes empresas forestales, entre ellas las de propiedad del grupo Matte. Las críticas surgidas hacen necesario transparentar el origen de una política pública destinada a favorecer a grandes empresas y la relación entre los subsidios y la generación de una posición dominante.”
“Queremos dilucidar cómo se gestaron las condiciones desde el Estado para, a través de la política forestal, favorecer la integración vertical de las grandes empresas forestales y los factores que favorecieron el escenario de colusión”, expresó el parlamentario.
En la misiva redactada para solicitar dicha indagación, destaca que “el largo tiempo por el que operó la colusión de las empresas papeleras, al menos diez años según la Fiscalía Nacional Económica, debe motivar un profundo examen del actuar de los órganos del Estado y de las medidas que cabe adoptar para prevenir ingentes perjuicios económicos a la ciudadanía.”
Posteriormente solicita que “la Comisión Especial Investigadora recabe toda la información necesaria para el cumplimiento de su objeto, recibiendo para tales efectos a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación; y, luego, remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran.”
El Estado ha transferido, desde que se estableció el antes nombrado decreto, unos 870 millones de dólares,  brindando casi un 70% principalmente a las grandes empresas forestales como el grupo Matte. El próximo año, por concepto de reforestación, se espera que se entreguen unos 327 millones de pesos.
La iniciativa, que busca aclarar la entrega de dineros, se encuentra en proceso de recolección de firmas para su posterior presentación que se hará durante esta semana. Además ingresarán una indicación a la actual Ley de Presupuestos para que se redistribuyan esos fondos, que hasta hoy reciben los grandes grupos económicos para sean destinados a los pequeños empresarios.
fuente : el siglo