DISCURSO DE CAMILA VALLEJO ANTE EL PARLAMENTO EN HOMENAJE A SALVADOR ALLENDE

Para la Bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, el homenaje que la Cámara de Diputados le rinde hoy a Salvador Allende Gossens es importante no sólo porque no se puede hablar de la historia del siglo XX chileno, del desarrollo y profundización de nuestra democracia, sin tocar la figura del presidente Salvador Allende. También constituye una oportunidad para reivindicar sus principios y, especialmente, sus enseñanzas, porque con el paso del tiempo, la figura del Presidente resalta por su clarividencia y por su perpetua e irrestricta defensa de la soberanía popular.

(breve pausa)

Es nuestro deber destacar el compromiso y la fidelidad permanente que tuvo, hasta su muerte, con las causas sociales y políticas de los más pobres, de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Allende, como nadie, supo desarrollar una capacidad única para aglutinar fuerzas políticas diversas tras un programa popular y asumir la responsabilidad de dirigir el movimiento que permitió al pueblo, por primera vez en nuestra historia, gobernar el país.

Y es cierto, que como todo acontecimiento histórico, el Gobierno de la Unidad Popular puede suscitar diversas interpretaciones, diversas lecturas dependiendo del lugar desde el cual se mire; pero sin embargo, no se puede desconocer que el Gobierno del Presidente Allende vino a representar las aspiraciones de quienes se habían visto excluidos de los réditos del desarrollo político y económico en Chile.

(pausa)

En este homenaje, queremos recuperar la memoria de un Presidente que hizo de la ética un valor intransable, y que incluso en las horas más terribles, soportando el bombardeo infame al Palacio de La Moneda, quiso educar al pueblo con la verdad, castigando moralmente a todos los sediciosos y traidores, recalcando que su lucha por un país soberano, que hiciera realidad los anhelos de justicia social, fue una lucha honesta, negándose a renunciar y pagando con su vida la lealtad al pueblo de Chile.

Este homenaje es una oportunidad para reivindicar la obra de la Unidad Popular, cuyas conquistas han sido denigradas insistentemente por partícipes de la dictadura y sus herederos políticos, sectores que han pretendido, a través de la injuria, adulterar la historia. Porque, cuando la memoria ha sido intervenida, la tarea que se impone es liberarla, recuperarla con el recuerdo de los caminos por donde transitó nuestro pueblo.

Por eso, debemos recordar que durante el gobierno de la Unidad Popular se nacionalizó un recurso natural estratégico como el cobre, para que fuese de todas y todos los chilenos y no de unos pocos grupos sociales serviles a los intereses extranjeros, que en la presidencia de Allende se dignificó a más de 70 mil familias campesinas con la profundización de la reforma agraria hacia 1972, que se creó el área social de la economía, que se destinó el 4% del PIB en Salud, “el más alto en la historia de Chile”^[1], y por supuesto, que se defendió la educación pública y gratuita y se democratizó el acceso a la educación para todos los chilenos donde las matrículas en las escuelas crecieron un 17,4%, con un crecimiento anual de 6,54%, el mayor de la historia, y un aumento del 89,2% de la matrícula en educación superior.

Muchas veces hemos leído y repasado los discursos y las reformas de Allende, pero es justamente en estos días, en pleno desarrollo de la Reforma Educacional, cuando logramos evidenciar la adelantada y acertada visión política de Allende, quien el 25 de julio de 1971 enunció las siguientes palabras, que bien describen los desafíos de nuestro presente:

“…Queremos igualdad para el desarrollo de las capacidades, igualdad de posibilidades, repito, y hay que señalar que esto no ocurre en el sistema que queremos transformar, porque nadie ignora, (…), que por desgracia esta capacidad está ligada a las condiciones materiales de existencia. (…) Por ello, nosotros señalamos que la lucha sin cuartel en que estamos empeñados es hacer factible las posibilidades iguales, para que se desarrollen en condiciones similares las capacidades de los niños, al margen de las contingencias de una sociedad injusta, que abre todas las posibilidades a unos pocos y cierra las posibilidades a la inmensa mayoría de nuestros niños.”

Pero no sólo hizo alusión a cómo evitar que las condiciones materiales de existencia, tales como el capital cultural de la familia, o la capacidad de pago en esta sociedad de mercado sean una limitante en el desarrollo de las capacidades y oportunidades de los niños y niñas, sino el cómo deben ser estas metas impulsadas y alcanzadas por el pueblo:

“…Indiscutiblemente, hay que destacar la importancia que tendrá la escuela y el maestro, sobre todo, frente a las dificultades que tendremos, porque hacer cambios es herir intereses y en el camino nuestro es el más duro, ya que tendremos que realizarlo dentro de los marcos de una legalidad democrático y burguesa, con el respeto integral a la personalidad humana y a los derechos sociales, frente a sectores que no trepidan en crear toda clase de dificultades a este Gobierno, pero que serán vencidas por la unidad, por la entereza, por la decisión y por la voluntad revolucionaria del pueblo…”

(pausa)

Lamentablemente el guión golpista no demoró en ejecutarse y el odio se impuso. Porque es cierto que hoy las condenas a las violaciones de los derechos humanos son variadas, y por supuesto son bienvenidas,  pero estas condenas omiten una realidad que a muchos les gustaría invisibilizar u olvidar, pero que quizás, en la situación política actual es necesario recordar.

La dictadura cívico militar –aunque suene obvio– fue una dictadura de civiles y militares de derecha. Ellos incurrieron en un conjunto de estrategias terroristas para justificar su accionar y de las cuales aún hoy no se hacen responsables. Creo que ahora estamos en condiciones de recordar el libreto que siguieron tales personeros.

La historia demostró que la conjura que el 11 de septiembre de 1973 se concretó, comenzó a hilvanarse incluso antes que Allende ganara la elección presidencial. Empresarios nacionales e internacionales, militares, agentes de la CIA, todos ellos se complotaron para derrocar el legítimo y constitucional Gobierno Popular. Por eso, el 04 de diciembre de 1972 y ante las Naciones Unidas, el Presidente denunció con escalofriante acierto el rumbo que el mundo estaba tomando, pues comprendió que lo de Chile no era un caso aislado:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos parecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas, militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada.”

(breve pausa)

Posterior al triunfo legítimo y democrático de la Unidad Popular, el día 6 de septiembre de 1970,  la directiva del Partido Nacional articuló una reunión de la cual se definió la creación de Patria y Libertad y el Frente Republicano Independiente (FRI), con el objetivo de generar las condiciones necesarias para un golpe de Estado. Tal como calculaba fríamente la derecha de ese entonces: “para que este pudiera producirse era necesario un clima propicio, esto es, de crisis económica, social y política”[1]. Clima de inestabilidad que será propiciado a través de crímenes y acciones terroristas por parte de civiles de derecha que integraban dichos grupúsculos.

Es de público conocimiento que el rol de los civiles en el golpe “se remitía a dos tareas fundamentales: la generación del clima de caos y el secuestro de Schneider”[2]. Si enumeramos las acciones criminales de estos civiles, encontramos que entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 1970, se produjeron catorce atentados dinamiteros, luego el secuestro y detestable crimen del general Scheneider, la internación de armas en plena democracia, por personeros de Patria y Libertad. En caso de que este libreto se preste a dudas, el 8 de junio de 1971 fue asesinado Edmundo Perez-Zujovic, destacado militante de la DC, Ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, que, tal como lo demostraron las investigaciones posteriores, fue llevado a cabo por un supuesto grupo ultraizquierdista: el VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), cuya cabeza era el recordado “Guatón” Osvaldo Romo, quien más tarde sería sindicado como uno de los sanguinarios torturadores de la DINA.

Todos estos hechos se llevaron a cabo en un supuesto clima de recesión económica y escasez de alimentos, desencadenados por estos mismos personajes, como es de público conocimiento.

Tras este tipo de hechos surge la legítima pregunta del ¿por qué?, ¿por qué interrumpieron este proceso mediante la fuerza?, ¿por qué impusieron el terrorismo de Estado y violaron sistemáticamente los derechos humanos?, ¿por qué pretendieron acabar con el legado de Allende?.

Creo que la respuesta tiene que ver con que no fueron capaces de tolerar la consecuencia, la voluntad decidida de cumplir a cabalidad con el Programa de Gobierno acordado con la gente, con los más necesitados. La vehemencia con que se rechazó cualquier tentativa a beneficiar a esa minoría recalcitrante y antidemocrática que en base a la instauración del imaginario del terror a través de los medios de comunicación; imaginario que borraba las separaciones entre el delirio y la verdad; entre los mitos y la realidad, se aprestó a ejercer el terrorismo, se aprestó a asesinar cobardemente a generales y a presidentes, a torturar y a violar a su propio pueblo.

En definitiva, lo que le molestó a la derecha golpista fue la democracia, la unidad de las fuerzas democráticas del país, que las mayorías puedan tomar sus propias decisiones y orientar a nuestra sociedad. Estos mismos sujetos que hoy, haciéndose llamar populares, son los que no se arrepienten ni asumen ninguna culpa, aquellos que aparentemente desprecian una dictadura de la cual son responsables, son aquellos que van y vienen de la iglesia al mismo tiempo que sostienen un pacto de silencio inhumano que impide la justicia para 3.065 víctimas, entre ejecutados y detenidos desaparecidos.

Evidentemente, el 11 de septiembre de 1973 tiene dos caras, porque no sólo representa esa valentía y lealtad del Presidente Allende, sino también representa un acto cobarde de aquellos que impusieron el terrorismo de Estado, a través de la desaparición y la muerte, destruyendo sin tapujos el país y la democracia que ya no les era útil, la democracia que tanto les molestaba.

Es indiscutible que en el Gobierno de la Unidad Popular se cometieron errores, pero ninguno de ellos puede admitirse como justificación de los crímenes que civiles y militares perpetraron. Jamás se podrán admitir los argumentos que confunden a las víctimas con sus verdugos, pues nunca el error de la víctima exculpará el crimen que contra ella se comete.

La enseñanza que nos deja el pasado en este día es la misma sentencia que alguna vez sostuvo un pensador Alemán, sentencia que dicta que la historia pasa como quien dijera dos veces: una como tragedia y la otra como comedia. Esperemos que nadie en Chile venga a hacer en la actualidad de la tragedia una gran comedia[4]. Esperemos que ningún irresponsable en Chile venga a erosionar nuevamente nuestra democracia.

(pausa)

Pero fuera de las lecciones que dejó el horror, y que debiesen ser honestamente recogidas por quienes fueron autores y cómplices de las brutalidades de la dictadura, hoy, homenajear a Salvador Allende tiene fuerza, sentido y vigencia, porque más allá de los acuerdos y desacuerdos, la validez de su pensamiento está fundada en el estrecho compromiso con la causa popular, que entendió la democracia como una forma política construida para atender a los cambios y a las necesidades sociales. Esa fue la dignidad democrática que defendió el Presidente, la dignidad que su Gobierno comprometió para hacer posible una concepción amplia de la democracia, de soberanía económica, política y cultural del pueblo, estableciendo la igualdad de derechos y oportunidades para hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, sin distinción alguna.

Allende vivió la democracia intransigentemente, pues, cuando lo único que parecía quedar del Gobierno de la Unidad Popular era su vida, decidió defender con ella la historia democrática del país, enseñándole a todas las generaciones posteriores que la democracia no debe ser menos que un compromiso vital.

Por todo esto y mucho mucho más, Salvador Allende Gossens fue, es y será “El Compañero Presidente”.

Muchas gracias.

Hoy la vigencia de su pensamiento es un homenaje perpetuo que le hacen las trabajadoras y  trabajadores a su legado de justicia, que está y seguirá grabada en la memoria histórica de los chilenos como el Compañero Presidente^[1] BCN. (2008). Salvador Allende: Vida política y parlamentaria 1908 – 1973. Biblioteca del Congreso Naciona., pp. 181.

Santiago de Chile, 24 de septiembre 2014
Crónica Digital

LA MUERTE (CANTO GENERAL)

Pueblo, aquí decidiste dar tu mano al perseguido obrero de la pampa, y llamaste, llamaste al hombre, a la mujer, al niño, hace un año, a esta Plaza. Y aquí cayó tu sangre. En medio de la patria fue vertida, frente al palacio, en medio de la calle, para que la mirara todo el mundo y no pudiera borrarla nadie, y quedaron sus manchas rojas como planetas implacab les. Fue cuando mano y mano de chileno alargaron sus dedos a la pampa, y con el corazón entero iría la unidad de sus palabras: fue cuando ibas, pueblo, a cantar una vieja canción con lágrimas, con esperanza y con dolores: vino la mano del verdugo  y empapó de sangre la plaza! PABLO NERUDA

LAS MOIRAS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

El máximo triunfo de la política del partido comunista el año 2011, fue el haber escrito un relato en las páginas del sentido común de nuestro país.

Mediante una prolongada movilización de masas, que tuvo como característica fundamental una coordinación a nivel nacional tanto en la práctica, con la generación de jornadas de movilización nacionales, como en lo discursivo, con la instalación de tres ideas fuerza; el fin al lucro, la desmunicipalización, y la más grande de todas, una educación gratuita. Tres ideas que, al igual que las Moiras de la mitología griega, quienes hilaban el destino de los hombres y los dioses, tejieron en el pensamiento del pueblo chileno un cuestionamiento al modelo educativo del país, pilar fundamental para el sostén del neoliberalismo.

El motor fue, básicamente, miles de estudiantes del país que trasmitían de boca en boca a sus familias, vecinos, y compañeros, la paupérrima realidad de su sistema educativo, tanto desde infraestructura hasta estafa y usura por parte de los créditos universitarios. Ejemplo de ese año de la capitalización transversal, fue el paro del 24 y 25 de agosto convocado por la CUT; ahora los trabajadores, base de explotación del modelo, demostraban que la concepción había cambiado. Este cambio de hilo en nuestro sentido común, le da sustento a confiar en que los retóricos, que se encuentran en los subterráneos de La Moneda, no den marcha atrás en el piso mínimo de la Reforma propuesta por el gobierno de la Nueva Mayoría, y se vean prisioneros de un telar que no es de su agrado, desplazados por los partícipes de ese cambio de hilo, que se encuentran ahora dos pisos más arriba.

Si seguimos la definición de Gramsci, el sentido común lo plantearemos como la concepción del mundo típica de las clases subalternas compuesta por un agregado caótico de concepciones del mundo heterogéneas, acríticas, incoherentes, fragmentadas y sedimentadas desde épocas pasadas, siendo este, la base de la organización de la cultura, por lo que la instalación de un relato distinto, se  transformo en el primer K.O. que asesta el pueblo chileno a la construcción de la hegemonía cultural actual, amasada e impuesta por la burguesía cuando sectores del conservadurismo y el liberalismo económico desplazaron al mismo PC y otros sectores de izquierda de los hilos de las Moiras, quienes fueron dominadas por casi 40 años, siendo ese año, la primera vez que alguien cortaba su ataduras.

Ahora bien, ingenuos seriamos si pensáramos que todo es miel sobre hojuelas. Sólo es un jaque, y el mate depende de las próximas jugadas. Y todo esto se dificulta pensando en que, el motor que llevó a este cambio de hilo, los estudiantes, luego del 2011, hayan dado pasos de ciego, motivados por una conducción errática de sectores de izquierda y ultra izquierda, y a un Partido y su juventud que de a poco intentaba superar, comprender y estar a la altura del gran salto que se dio. Sin el motor principal, y sin poseer ningún motor de reserva tan potente, el panorama empezó a cambiar. Este 2014, el PC ya no tiene a las Moiras de su lado totalmente, y lo tejido en el sentido común, recibe día a día asedios de la burguesía, representados en la derecha opositora y en sectores internos de la coalición de gobierno.

Su objetivo es, a viva voz, rectificar el tejido, y su modus operandi será el mismo que llevo al PC a la victoria de la última batalla: la movilización de masas. Movilización que será legitimada por todo lo que deslegitimó el 2011, los medios de comunicación de masas, los sectores de la izquierda reaccionaria, el capital económico…

Ahí está la misión de los próximos meses, reforzar y profundizar la construcción de un relato que no podemos permitir que sucumba ante los esfuerzos de la derecha, ejemplificado en las movilizaciones en contra de la reforma, las opiniones de organizaciones sociales a favor del lucro en los colegios particulares subvencionados (CONFEPA, organizaciones de sostenedores, entre otros), o la campaña del terror que comunicacionalmente se ha generado. Avances que deben hacer entender a la izquierda, que más de una defensa de un gobierno en particular, es la defensa a un proceso que se ha producido en conjunto y que, producto de la victoria en la calle y en las urnas, está más expuesta que nunca.

ROBERTO TOLEDO Z

CONCEPCION -PUBLICADO POR EL  QUINTOPODER

EDUCA -TV EL FUNERAL DE PABLO NERUDA 1973

ANÁLISIS DE PROYECTO SOBRE PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

Este es un análisis del Proyecto de Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, IDEPA.

Esta materia fue presentada en el gobierno de Sebastián Piñera y ahora está en discusión en el Parlamento.

Este proyecto tal como fue diseñado, no enfoca la verdadera realidad del subsector de la pesca artesanal ni la acuicultura de pequeña escala, y menos visualiza la profunda crisis que se arrastra en el país, con la existencia de organizaciones artesanales débiles, fragmentadas y con una participación en los procesos de toma de decisiones casi inexistente.

En este contexto el proyecto IDEPA se identifica como un instrumento orientado a sustituir con un enfoque exclusivamente economicista las funciones del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (1992) y del Fondo de Administración Pesquera (2002), que en más de veinte años estuvieron lejos de responder cabalmente a las demandas y necesidades del subsector en el ámbito del desarrollo productivo, el deterioro de los recursos pesqueros por sobrepesca y el negativo impacto socioeconómico en las comunidades de pescadores y acuicultores artesanales.

1. La diversidad de la pesca artesanal.

El subsector de la pesca artesanal necesita y demanda con urgencia una Institucionalidad (Instituto de Desarrollo) de ámbito nacional que en primer lugar reconozca íntegramente la gran diversidad de la pesca artesanal, así como reconocer la falta de una definición única de esta actividad y cómo debería aplicarse en el contexto nacional. Es importante reconocer y determinar las actividades y actores que se consideran pescadores artesanales a lo largo del país, así como identificar entre ellos a los grupos más vulnerables y marginados que necesitan de una mayor atención. Esta identificación debería realizarse a nivel local, regional y nacional. Como es de conocimiento más de un tercio de la pesca artesanal en el país se desarrolla al margen de cualquier tipo de control público. Esta actividad no controlada es una realidad que puede tener consecuencias graves para el sector económico de la pesca en general. Por tanto, la nueva institucionalidad, debe velar por que la identificación de los actores del subsector sea orientada por procesos participativos de consulta. En este contexto se debe reconocer las formas de organización existentes, los conocimientos tradicionales y locales y las prácticas de las comunidades de pescadores artesanales, incluidos los pueblos indígenas, y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos laborales.

Otro tema importante a determinar es la necesidad de asegurar definitivamente, que los pescadores y trabajadores del subsector y sus comunidades gocen de derechos de tenencia seguros, equitativos y apropiados desde el punto de vista social y cultural sobre los recursos pesqueros, las zonas de pesca, las caletas y territorios adyacentes a la actividad.

Los derechos de tenencia de los actores deben estar vinculados a sus obligaciones y deberes de apoyar la conservación y la utilización sostenible a largo plazo de los recursos y el mantenimiento de la base ecológica para la producción de alimentos.

La nueva institucionalidad en el reconocimiento del subsector debería considerar un enfoque integrado, ecosistémico y global de la ordenación y el desarrollo de la pesca artesanal, teniendo en cuenta la complejidad de los medios de vida y prestando la debida atención al desarrollo social y económico, con el objeto de garantizar el fortalecimiento y el empoderamiento de las comunidades de pescadores actualmente dispersas y maginadas a lo largo del país.

La nueva institucionalidad debería reconocer como actividades económicas todas las actividades a lo largo de la cadena de valor de la pesca artesanal, tanto antes como después de la captura, ya sea a tiempo parcial, ocasionales o de subsistencia. Se deberían promover las oportunidades de formación profesional y de organizaciones, en particular para los grupos más vulnerables de trabajadores en actividades posteriores a la captura. Por lo tanto, se deberían crear las condiciones apropiadas para asegurarse de que las actividades pesqueras tanto del sector formal como del informal se tengan en cuenta a fin de lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala de conformidad con las normativas vigentes.

En el ámbito de la diversidad del subsector la nueva institucional debería reconocer también las formas tradicionales de asociación de los pescadores y trabajadores de la pesca artesanal, fomentando y fortaleciendo el desarrollo organizativo y la capacidad de los mismos en todas las etapas de la cadena de valor con el fin de mejorar la seguridad de sus ingresos y los medios de vida. En consecuencia, debería prestarse apoyo a la creación y el desarrollo de cooperativas, organizaciones profesionales del sector de la pesca artesanal.

Se debería promover una protección de la seguridad social para los trabajadores de pesquerías artesanal. Se debería tener en cuenta para ello las características de las pesquerías en pequeña escala y aplicar sistemas de seguridad a toda la cadena de valor. Se debería apoyar también el desarrollo de servicios que sean apropiados para las comunidades de pescadores artesanales: planes de ahorro, créditos y seguros.

2. Un Instituto de Desarrollo.

Un Instituto de ámbito nacional para el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala debería con carácter prioritario focalizar y reconocer a las comunidades de pescadores en pequeña escala como los actores, proveedores y receptores de conocimientos. Se requiere entender la necesidad de acceso de las comunidades de pescadores artesanales y sus organizaciones a la información apropiada que les permita afrontar sus problemas y habilitarlos para mejorar sus medios de vida. Estas necesidades de información dependen de los problemas que en cada momento afronten las comunidades y corresponden a los temas biológicos, jurídicos, económicos (crédito, financiamiento), sociales y culturales de la pesca y a los medios de vida sostenibles.

Se debe reconocer y apoyar los conocimientos, la cultura, las tradiciones y las prácticas de las comunidades de pescadores artesanales, incluidos los pueblos indígenas. Se debe considerar, reconocer y apoyar los conocimientos específicos de la actividad de los actores de la pesca. A la nueva institucionalidad en coordinación y colaboración con instituciones de investigación le correspondería investigar y documentar los conocimientos y las tecnologías pesqueras tradicionales con objeto de evaluar su aplicación a la conservación, la ordenación y el desarrollo sostenibles de la pesca.

La nueva institucionalidad en coordinación con instituciones laborales y de servicio social debería promover estudios sobre las condiciones de trabajo, salud y educación, en el contexto de las relaciones de género, con el fin de orientar estrategias que garanticen la obtención de beneficios equitativos para los hombres y las mujeres en la pesca y la acuicultura artesanal.

Atendiendo que actividades del sector pesquero en general se desarrollan en el borde costero, existiendo una serie de interacciones entre múltiples actores incluyendo los pueblos indígenas, la nueva institucionalidad debería preocuparse en conjunto y colaboración con las autoridades del Ministerio de Defensa de fomentar y desarrollar la planificación y gestión de los espacios costeros y marítimos, considerando su importancia para el desarrollo de la pesca y la acuicultura artesanal. En este contexto se deben considerar también las directrices establecidas en la Ley de los Espacios Costeros de los Pueblos originarios y el Convenio No 169 Sobre Pueblos Indígenas.

Frente a la crisis del subsector la nueva institucionalidad debería enfocar como objetivo importante respaldar las directrices de organismos internacionales (FAO) que llaman a visibilizar, reconocer y fomentar el papel de la pesca en pequeña escala considerando todas las actividades a lo largo de la cadena de valor. Reconociendo que esta actividad desempeña una importante función en nuestra seguridad alimentaria y nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos. La pesca en pequeña escala puede suministrar alimentos nutritivos para nuestra población y mercados internacionales, generando ingresos que pueden contribuir a nuestra economía local, regional y a nivel nacional.

Junto con el reconociendo del papel estratégico de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala en la producción de alimentos marinos, la nueva institucionalidad debería promover el consumo de pescado y productos pesqueros mediante programas de educación de los consumidores con el fin de sensibilizar sobre los beneficios nutricionales del consumo de pescado e impartir conocimientos sobre cómo valorar la calidad del pescado y los productos pesqueros.

Los diversos recursos financieros públicos y privados que debieran estar disponibles para el desarrollo, fomento y apoyo de la Pesca Artesanal se deben dirigir a promover el desarrollo sustentable del sector, apoyar los esfuerzos de las distintas organizaciones de pescadores y acuicultores artesanales, para mejorar sus condiciones sociales y laborales. De tal forma, que en una política de desarrollo productivo la nueva institucionalidad debería considerar una de sus líneas estratégicas en el apoyo del financiamiento a la acción social, enfocando la comercialización, capacitación, y el ordenamiento del sector pesquero y acuicola artesanal.

La nueva institucionalidad principalmente para facilitar el avance al desarrollo de los pescadores y acuicultores artesanales, debe constituirse como una identidad única que facilite el acceso al conjunto de fondos de financiamiento públicos y privados tanto generales y/o específicos para la actividad pesquera. Actualmente existe un distanciamiento entre el pescador artesanal y las distintas instituciones intervinientes en el sector pesquero artesanal. El pescador desconoce en muchos casos las oportunidades que se le brindan y carece del apoyo, la información y los medios técnicos necesarios para la presentación de proyectos o la gestión de créditos con entidades financieras.

Cabe señalar que por la ausencia de coordinación y control en la realización de las inversiones públicas no se tiene actualmente un conocimiento real de evaluaciones respecto de la efectividad, del impacto y beneficios que estas inversiones han tenido en el desarrollo del sector pesquero artesanal. Se debe reconocer que parte de estas inversiones incentivaron la capacidad de pesca, afectando y comprometiendo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

Facilitando el acceso al crédito y al financiamiento público de programas orientados a la pesca artesanal la nueva institucionalidad debe desarrollar un enfoque específico y concreto destinado a crear un sistema de control de las inversiones públicas en el subsector, ya sea a nivel individual y/o a nivel de organizaciones.

La nueva institucionalidad de desarrollo debe implementar una política de acción coordinada e integrada, las acciones de fomento deben ser de largo plazo con un seguimiento y evaluación de la efectividad. Los recursos financieros deben ser lo suficiente para el desarrollo de la actividad del subsector a nivel nacional, teniendo en cuenta que la distribución regional de los recursos, hasta la fecha, ha sido desigual a lo largo del país.

Considerando esta estrategia la nueva institucionalidad debiera espera que la implementación de una política de desarrollo productivo lleve al subsector a un estado de desarrollo sustentable. Que los actores artesanales puedan contar con ingresos justos y estables a lo largo del tiempo, desarrollando su actividad en forma segura. Que la actividad pesquera artesanal se desarrolle con vista a mantener un equilibrio entre la dinámica de los recursos frente a la demanda del mercado. Al mismo tiempo, respetando las regulaciones y normas de ordenamiento, y generando el mayor beneficio socio económico para el subsector. Esta política se enfoca principalmente en los pescadores artesanales que desarrollan sus actividades en la zona de las cinco millas y destinan su producción al consumo humano. Sin embargo, se debiera considerar también a la pesca artesanal pelágica cuya producción es destinada principalmente a la industria de la reducción. Esta actividad debiera recibir incentivos que permitan la reconversión de las embarcaciones para poder orientar, la captura y el desembarque de materias primas a la elaboración de productos para el consumo humano directo con un mayor valor social.

En este enfoque de largo plazo se debe considerar la importancia de los centros de desembarque y distribución, con vista de asegurar los estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos marinos para el consumo humano. Estos centros son también el espacio que facilita la obtención de información adecuada y oportuna sobre los desembarques, los precios, productos y el esfuerzo pesquero.

La nueva institucionalidad al implementar una política estratégica de mediano y largo plazo debería esperar por el desarrollo de caletas solidas y organizadas que utilicen eficientemente sus embarcaciones, la infraestructura, equipamientos y que cuenten con un equipo debidamente capacitado de pescadores, personal de apoyo administrativo y comercial, distribuyendo sus productos a los mercados, cumpliendo con las exigencias s de calidad, inocuidad y trazabilidad.

3. La acuicultura de pequeña escala.

La nueva institucionalidad de desarrollo debe implementar una política de acción integrada para lograr en primera instancia individualizar y caracterizar la acuicultura de pequeña escala con definiciones que permitan discriminar entre los diversos estamentos de la actividad acuicola. Los acuicultores de pequeña escala están cualitativamente identificados en el ámbito de las especies cultivadas, las zonas geográficas usuales y cuentan en general con organizaciones sociales y grados de asociatividad. Sin embargo, existen divergencias en cuanto al destino de estos cultivos, si son para la subsistencia o para el comercio, local, regional, nacional y/o internacional.

A nivel internacional se reconoce en la acuicultura de pequeña escala su rápido crecimiento, su potencial de producción y la alta capacidad de generar trabajo y bienestar justamente en los sectores más deprimidos.

Reconoce también una importancia creciente por la declinación de la pesca extractiva y el aumento general de la demanda de alimentos marinos a nivel mundial. Estudios del sector de pequeña escala en el ámbito mundial y nacional reconocen que la función del Estado es esencial para su desarrollo, reconociéndose que debe existir una relación diferente entre la actividad acuicola industrial y la de pequeña escala.

Durante el año 2003 se promulgó en el país la primera Política Nacional de Acuicultura. Este instrumento determinó los lineamientos y directrices requeridos para el desarrollo de la acuicultura en los ámbitos económico, ambiental, sanitario, de equidad, institucional, de investigación y capacitación. En el marco de las políticas asociadas a la equidad, incluyó el reconocimiento formal de la acuicultura de pequeña escala o artesanal. Reconociendo, además, que por su importancia social y cultural debe tener un tratamiento diferenciado que conduzca a mejorar el acceso e igualdad de oportunidades para ejercer la actividad.

Por tanto, la nueva institucionalidad al implementar una política estratégica de mediano y largo plazo deberá tener presente que la utilización y explotación de los ambientes acuícolas se basa en técnicas y especies tradicionales, donde su práctica está enraizada en las comunidades, constituyendo un acervo cultural de las comunidades costeras. Se debe destacar en este ámbito que la actividad productiva de la acuicultura de pequeña escala así como la actividad productiva de la pesca de pequeña escala requerirá de la presencia de la nueva institucionalidad como articulador de los escenarios productivos, en el apoyo para el manejo de los recursos hidrobiológicos, en la asistencia técnica comercial y financiera, etc.

Antonio s. Mascaró/ PhD en Economía Pesquera, VNIRO, Moscú. Programa de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos del ICAL.

EL ESCENARIO DE LAS REFORMAS LABORALES

Desde el triunfo de la Nueva Mayoría en marzo de este año, mucho se ha escrito y polemizado respecto de carácter de las reformas contenidas en el programa de la coalición gobernante.  El contexto de expectativas abierto desde entonces, viene a condensar un proceso de acumulación social que en la última década ha tenido una gran expresión de masas, alcanzando sus puntos más altos en los años 2006 y 2011.

De este modo, los sabidos ejes reformistas del programa de gobierno, referidos a la generación de una nueva Carta Fundamental, de profundas transformaciones al sistema educativo y tributario, constituyeron los pilares originales de las transformaciones comprometidas. No obstante, a poco andar -y producto de la influencia de las organizaciones sindicales- se sumaron las Reformas Laborales como una de las áreas en que es imprescindible contar con cambios estratégicos.

¿Réquiem para un modelo?

En suma, el contexto político actual da cuenta de que se ha generado consenso en torno a que el modelo neoliberal no puede seguir profundizándose, sino que, por el contrario, debe recibir transformaciones o reformas que descompriman la creciente presión social y corrijan las asimetrías impulsadas en un contexto de represión política y ultraliberalismo económico.

Así, este diagnóstico asumido por el actual gobierno se encuentra íntimamente relacionado a las demandas impulsadas desde el mundo popular respecto del diseño, desarrollo y alcance de las reformas.  No obstante, este consenso es frágil, tanto, que dentro de la misma coalición de gobierno existen posiciones que transitan desde la generación de transformaciones cosméticas hasta aquellas que buscan cambiar las bases del modelo de desarrollo nacional, restituyendo el rol del Estado como garante de derechos concebidos como inalienables al ser humano. En esta postura, es donde se cobijan las mayores expectativas respecto del nuevo contexto, en tanto se le concibe como favorable para la profundización del sistema democrático, configurando de manera paulatina un escenario político que permita pensar en la alternativa al neoliberalismo como un horizonte posible.

Entonces, lo que las fuerzas progresistas deben tener en cuenta es que debido a la naturaleza y áreas de intervención de las reformas propuestas, la generación de una “crisis de expectativas” es una posibilidad cierta.

Tal como lo han demostrado los continuos ejercicios de desinformación de masas impulsados por la derecha, las erráticas orientaciones respecto de la reforma educacional y las desacertadas -pero honestas- declaraciones de Andrés Zaldívar y su metáfora de la “cocina” como el espacio de toma de decisiones políticas, privatizando la discusión y las sanciones de medidas orientadas a aminorar la vergonzosa distribución del ingreso, que ha consagrado a Chile como uno de los países más desiguales de América Latina (sólo superado por Brasil) y -por consiguiente- del mundo.

Un campo en disputa

Para que las expectativas se conviertan en alternativas antes que en frustraciones, el movimiento popular debe tener conciencia que la naturaleza, el sentido y la profundidad de las reformas se va a definir en un campo que está en disputa, y donde los consensos rápidamente serán abandonados. Un buen ejemplo para graficar estas reflexiones y adelantar escenarios, lo constituye el anuncio por parte de las autoridades de que en el mes de octubre se enviarán las Reformas Laborales. Éstas tienen como objetivo “nivelar la cancha”, es decir, restituir la posición del movimiento sindical y la Central Unitaria de Trabajadores como interlocutores válidos entre los empresarios, sus organizaciones gremiales y el Estado.  En este sentido, los anuncios referidos a la titularidad sindical, el fin del reemplazo en huelga y la negociación colectiva efectiva, se orientan a fortalecer el movimiento sindical y sus organizaciones.

Muy por el contrario de quienes plantean que dichos anuncios constituyen una “reformita”, en tanto se orientan a generar más bien una “condición mínima, necesaria pero no suficiente”.  Consideramos que el anuncio de las reformas, al orientarse a desatar algunos “nudos” presentes en el Código del Trabajo, tienen por destino construir un escenario que potenciará las articulaciones de trabajadores y con ellas el reforzamiento de la negociación colectiva como herramienta para aumentar el poder de las organizaciones sindicales en el mundo del trabajo.

Una interesante muestra de los frágiles consensos y profundas resistencias en esta materia, y que da cuenta de los alcances e importancias de las reformas, lo constituyen las palabras pronunciadas por el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, en su discurso de la ENADE celebrada en octubre del año 2013.  Encuentro que tuvo como slogan el mirar, “más allá”, plus ultra, en su nomenclatura.

Al realizar este ejercicio, Santa Cruz avizoró el reconocimiento del sindicato “como el principal actor en la negociación colectiva” y la “necesidad de ampliar las materias propias de esta”. Todo esto, motivado por un “animo dialogante y constructivo” entre representantes de la empresa y los trabajadores, a la vez que conscientes que “la adaptabilidad laboral es un factor crítico del éxito de la empresa nacional y para una parte sustantiva de la población que exige oportunidades laborales a su medida, que no signifiquen vulneración de sus derechos.  Una institucionalidad moderna y dinámica, junto con reformas en educación y capacitación, permitirá aumentar la productividad de los trabajadores”.

Sin embargo, Santa Cruz, se alejó de la declaración del encuentro e inmediatamente mira “hacia atrás”, apelando en sulooking back, a que para “enfrentar el futuro con responsabilidad, es importante tener en cuenta los aciertos del pasado, que con el tiempo se han constituido en las fortalezas de las que hoy gozamos como nación y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo. […] debemos fijarnos metas más exigentes, pero sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance. […].  En el caso de Chile, los cambios en la estructura institucional que se iniciaron en la década de los ’80 y se profundizaron con el retorno a la democracia crearon los cimientos de nuestro actual sistema económico”. Esto es, reformar sin modificar la estructura del Plan Laboral diseñado por José Piñera y sancionado por la dictadura en 1979.

Estas declaraciones dan cuenta no sólo de dónde están los límites o escollos de las reformas, sino que las concepciones respecto del escenario que se avecina y que puede ser también un escenario para profundizar la flexibilización laboral, la precarización del empleo, o para despejar “la incertidumbre respecto de cómo resolveremos el tema de la consulta contenida en el Convenio 169 de la OIT”, evaluada como “perniciosa” para la inversión, en tanto que en sus aspectos centrales establece la consulta a los Pueblos Originarios en aquellos proyectos que los afectan directamente.

En consecuencia, las elecciones de marzo desataron un contexto de oportunidades políticas que es para todos los grupos interesados, debiendo el movimiento sindical fortalecer una estrategia orientada a la conformación de una Nueva Institucionalidad Laboral, que se encuentre en sintonía con los convenios de la OIT ratificados por el Estado chileno, al mismo tiempo que reforzar sus convicciones ideológicas en torno a que esta constituye una oportunidad que desde hace 35 años se encontraba cancelada.

En síntesis, muchos son los escollos, algunos de ellos “nuevos de puro viejos”, como el “factor miedo” que se ha instalado de forma sistemática en las últimas semanas.  ¿A quién favorece este enrarecido clima político-social?, pues a los defensores del status quo, a los conservadores y promotores de la desigualdad.

Romper el miedo y agilizar las reformas requiere entonces de un movimiento sindical activo, vigilante y propositivo, capaz de copar los espacios de decisión y socializar el debate, sacándolo de los espacios privados a los que los quieren llevar aquellas minorías de vocación autoritaria que defienden sus privilegios.  Desde ya, este es el gran desafío de los trabajadores chilenos.-

Francisco Rivera Tobar/ Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Director del Área Laboral del ICAL

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