PERSONAJES DE LA DICTADURA EN “CASO QUEMADOS”

Alberto Cardemil, Francisco Javier Cuadra, Ricardo García, Patricio Carvajal, Santiago Sinclair, encubrieron y mintieron sobre lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

 Hace 29 años, cuando la esposa del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, supo que Carmen Gloria Quintana había denunciado que había sido quemado por una patrulla del Ejército, le dedicó unas palabras, que recordó la periodista Alejandra Matus, autora de la biografía “Doña Lucía”: “Para qué se queja tanto esta niña, si se quemó tan poco".

Pero no fue la única en participar en esa canallesca campaña de desinformación.

Cuando se conoció la criminal acción, Augusto Pinochet dejó entrever que Rodrigo Rojas Denegri podría haber llevado “algo oculto” que se reventó y provocó las quemaduras: “No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó”, indicó en ese momento el dictador.

En estos días, por documentos de la Central de Inteligencia Americana (CIA), se supo que el dictador ordenó ocultar toda la información de lo ocurrido con Rodrigo y Carmen Gloria, convirtiéndose en encubridor director del crimen.

El ex conscripto Fernando Guzmán desmintió esta versión y aclaró que “fue un invento del Ejército”.

Tras 29 años, quedó al descubierto el llamado “Pacto de Silencio” que uniformados y civiles han mantenido hasta ahora.

Carmen Gloria Quintana en sus recientes declaraciones señaló que en este pacto hay responsables que van desde la autoría, la complicidad, hasta el encubrimiento. Por tal razón, presentó querellas contra quienes resulten responsables.

La justicia tiene una ardua e histórica misión: determinar las responsabilidades y aplicar la siempre esquiva justicia.

QUIÉNES SON Y SU RELACIÓN CON LOS HECHOS.

Año 1986. Los chilenos ya habían resuelto terminar con la dictadura. Los aparatos de seguridad aplicaban detenciones selectivas, carabineros reprimía, los jueces investigaban en la medida de lo posible, los Tribunales de Justicia declaraban incompetencias y/o rechazaban recursos de amparos. Las detenciones por “desordenes” eran juzgadas por Tribunales Militares y la civilidad derechista, desde sus cargos gubernamentales, avalaba oficialmente los resultados de la justicia militar.

El entonces portavoz del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, declaró en rueda de prensa, por esos días: “A propósito de la muerte del señor Rojas Denegri, el gobierno de Chile en la actualidad es objeto de una campaña sistemática de distorsión, principalmente en Estados Unidos, centrada en responsabilizar de este hecho a las instituciones de la Defensa Nacional de nuestro país. El gobierno rechaza categóricamente esta campaña, fundamentalmente porque parte  de una falsedad”.

La resolución que el Ministro de la Corte de Apelaciones, Alberto Echavarría, dictó el 23 de Julio de 1986, pretendió echar tierra al brutal acto. En una escueta resolución  acogió las declaraciones del gobierno de Pinochet. Dijo Echavarría: “…Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana fueron detenidos el 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de aprehensión, uno al lado del otro y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando después la muerte del primero”. 

Agregó que “no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se los dejó en libertad, después de transcurridos algunos momentos en un lugar  y en condiciones no propicias para obtener esa atención”. Y concluyó que “esos hechos constituyen cuasi delito de homicidio de Rodrigo Rojas y cuasi delito de lesiones graves de Carmen Gloria Quintana”, por lo que “se declara reo y somete a proceso a Pedro Fernández Dittus”. O sea, acusó  a Fernández -a quien se atribuía estar a cargo de la patrulla militar- negligencia por no prestar oportuna ayuda a quienes “se quemaron” por accidente.

Ricardo García Rodríguez, Ministro del Interior de Pinochet del 12 de febrero de 1985 al 8 de julio de 1987, pidió al juez Echavarría que no solicitara los antecedentes que abogados derechos humanos  tenían a partir de testimonios recogidos la misma mañana del 2 de julio. Varios profesionales se encontraban en la zona para ayudar legalmente a las personas que, se sabía, serían detenidas luego de participar en las protestas.

El entonces Ministro de Defensa, Patricio Carvajal, el 12 de julio de 1986 declaraba lo siguiente (página 9 de la Tercera del 12 de julio de 1986): “Rechazo terminantemente la versión que involucra a uniformados en el caso quemados. Después de haber conversado con los jefes militares que puedan tener alguna responsabilidad del área, y conociendo por largos años en mi carrera militar las doctrinas de nuestras instituciones armadas, estoy seguro de que no pueden haber cometido jamás esos crímenes”.

Indicó que “me parece que es posible que la gente que manipula estos artefactos incendiarios haya sido víctima de sus propias manipulaciones e intentos”. Recordó que “muchas veces se ha sabido de terroristas que al preparar una bomba ha estallado e artefacto, pereciendo sus autores”.

Alberto Cardemil, Subsecretario del Interior entre 1984 y 1988, denunciaba una campaña tendiente a silenciar a la determinación del gobierno de colaborar con todos sus medios a esclarecer los hechos que culminaron con la muerte de Rodrigo Rojas.

En ese momento, Cardemil insistía en que “el fin de esta campaña no es otro que el de utilizar políticamente una desgracia lamentable” y que “estamos ciertos que se va a aclarar dentro de la mayor brevedad”.

Columnista de El Mercurio, Hermogenes Pérez de Arce, afirmaba en una publicación que “los abogados querellantes han reconocido que los quemados fueron quienes prepararon la barricada y llevaron cócteles molotov y un bidón de combustible”.

Julio Zenteno y Carlos Cruz Coke, abogados, según información publicada en un portal nacional, eran afines a la dictadura de Augusto Pinochet y colaboraron estrechamente con el Capitán (r) del Ejército, Pedro Fernández Dittus, y serían los responsables de redactar y acomodar las versiones para los integrantes de la patrulla militar y dejar el hecho como un accidente provocado por las propias víctimas.

Abogados querellantes en este caso esperan que la nueva investigación que encabeza el Juez Mario Carroza pueda determinar la responsabilidad que tendría  el General (r), Santiago Sinclair, Vicecomandante en Jefe del Ejército en 1986 y cercano colaborador de Pinochet.

En definitiva, una trama criminal que abarcó desde los oficiales y conscriptos del Ejército que quemaron a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana, pasando por personeros como Cardemil, Cuadra y García, hasta los generales Sinclair y Pinochet.

Una verdadera concomitancia que comprueba que esos crímenes eran parte de una política de terrorismo de Estado.

fuente : el siglo

RELACIONES ECONÓMICAS CUBA-EEUU : ACTUALIZANDO ALGUNAS CONSIDERACIONES

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha despertado múltiples expectativas especialmente a partir del enorme potencial económico de la nación norteña.

En este sentido es conveniente recordar la existencia de relaciones económicas sesgadas desde que en el año 2000 se modificó el régimen de sanciones a Cuba mediante la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act, aprobada por la administración Clinton para la venta excepcional de alimentos y medicinas a nuestro país. Estas compras por parte de Cuba han debido realizarse en condiciones de extraordinaria complejidad, ya que las mismas han demandado el pago adelantado y la no utilización del dólar como moneda en las transacciones, entre otras restricciones.

Las operaciones alcanzaron un máximo nivel en el 2008 cuando se compraron 710.1 millones de dólares y desde entonces se han venido reduciendo hasta llegar a solo 109.5 millones entre enero y mayo del 2015. En cuanto a los medicamentos, solamente se han podido adquirir 7.5 millones desde el año2003.

Recientemente y para tratar de impulsar estas ventas –que esencialmente se han concentrado históricamente en carne de ave y productos de la soya- se constituyó un lobby de agricultores en el Congreso y se presentó un proyecto de ley por un grupo de legisladores encabezados por la congresista Amy Klobuchar que busca eliminar las restricciones existentes.

Por otro lado, a partir de una mayor flexibilización para viajar a Cuba en una de las 12 categorías establecidas por EEUU, se aprecia un incremento de los visitantes norteamericanos que creció ya un 36% hasta inicios de mayo del 2015, a pesar de que el turismo como tal se encuentra prohibido por la legislación de año 2000 ya mencionada. De mantenerse el ritmo de viajeros a Cuba durante todo el año pudieran generarse ingresos brutos adicionales por más de 110 millones de dólares.

Adicionalmente, si viajaran a Cuba unos 122,000 norteamericanos, potencialmente Cuba pudiera vender 400 dólares de productos a cada uno, lo que representaría un ingreso bruto de alrededor de 49 millones de dólares.

Es en la esfera del turismo donde más parece haberse avanzado en la flexibilización de las restricciones, ya que se han autorizado licencias para que ferris y otras embarcaciones norteamericanas puedan viajar a Cuba, e igualmente se ha otorgado licencia a la firma de cruceros Carnival para que organice viajes a nuestro país en el 2016. También en este propio mes de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley –presentado por un grupo de senadores encabezados por el republicano Jeff Blake- para eliminar la prohibición de viajar a Cuba libremente, el cual deberá ser examinado por el pleno del Senado y posteriormente por la Cámara de Representantes.

Estudios muy preliminares indican que de liberarse los viajes a Cuba, pudiera esperarse la visita de un millón de norteamericanos el primer año cifra que se calcula se estabilizaría en unos 500,000 turistas anualmente. En números gruesos ello representaría –suponiendo las mismas condiciones actuales- un ingreso adicional de 900 millones de dólares el primer año y 450 millones más adelante.

Ciertamente con el crecimiento exponencial del turismo norteamericano se presentará un gran desafío para Cuba en tanto que deberá crecer en capacidades de alojamiento en ciudades como La Habana, en tanto que nuevas inversiones extrahoteleras en instalaciones como parques de diversión, centros nocturnos, campos de golf y facilidades para el turismo de salud también tendrían que incrementarse privilegiando centros históricos a donde se conoce que se dirigirían preferentemente los visitantes del Norte.

En todo caso solamente con la visita de cruceros se atenuaría la demanda de alojamiento y también habría que examinar las perspectivas de los arrendadores privados de vivienda que ya cuentan con 18,000 capacidades disponibles. De igual modo, habría que valorar la acelerada rehabilitación de las habitaciones fuera de servicio para incrementar la capacidad hotelera.

Finalmente, existe un grupo de medidas que –aun con la presencia del bloqueo- puede adoptar ejecutivamente el presidente Obama y que incluyen entre otras posibilidades,  autorizar el pago a artistas y deportistas cubanos por su actuación en EEUU; que aviones cubanos viajen a Norteamérica; la compra de productos con más de un 10% de componentes norteamericanos; la comercialización de tratamientos médicos a norteamericanos en Cuba; la venta de medicamentos cubanos en EEUU; el uso del USD en las operaciones a realizar por Cuba y permitir el uso sin restricciones de bancos norteamericanos por entidades cubanas.

Sin embargo, los beneficios parciales enunciados no representan nada si se les compara con el impacto que tendrá el levantamiento total del bloqueo a Cuba. No obstante, lo determinante para el desarrollo del país será su capacidad para avanzar en las líneas estratégicas que aseguren un socialismo prospero y sostenible una vez superado uno de los obstáculos más importantes para ello.

En general, existe un consenso bastante generalizado en los propios Estados Unidos, de que el bloqueo está condenado a desaparecer. En tanto esto suceda la lucha por su eliminación total no podrá debilitarse en beneficio del pueblo cubano y también de los norteamericanos interesados en una relación mutuamente ventajosa y estable con nuestro país.

josé luis rodriguez

fuente : cubadebate

COMUNICADO DE PRENSA DEL PCCH

1.- En algunos medios de prensa se publican notas sobre correos electrónicos proporcionados por militares colombianos a un abogado ligado a Sebastián Piñera y a Alberto Espina donde se pretende establecer vínculos del Partido Comunista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dichos datos son los mismos que se presentaron hace 6 años, en los cuales no hay nada concreto que pueda inculpar a dirigentes del PC de alguna irregularidad y fueron desechados por la Justicia chilena y colombiana e incluso en un informe de la Interpol, como elementos probatorios y de tipificación de algún delito. El caso está cerrado hace 6 años. No hay nada nuevo. Y ahora este abogado colaborador de Piñera y Espina pretende revivirlo usando una parte de un material utilizado para infundios e invenciones.

2.- El Partido Comunista, al igual que decenas de organizaciones políticas y sociales latinoamericanas, europeas y de otras regiones, mantuvo comunicación política y pública con la guerrilla colombiana, sobre todo apuntando al respaldo a una salida política al conflicto armado en Colombia. En ese proceso intervinieron personeros de la Bolsa de Valores de Nueva York, del Vaticano, del Departamento de Estado, de varios Parlamentos del mundo, de las Naciones Unidas y de partidos políticos de muchas naciones; varios de ellos estuvieron en campamentos de las FARC. Por lo tanto, es una difamación y una actitud de ignorancia absoluta querer establecer rasgos delictivos a vínculos que pudo tener el PC con las FARC, como lo tuvieron incluso organismos internacionales. El PC rechaza y niega la versión de que habría buscado acuerdos de entrenamiento militar o acciones armadas con las FARC.

3.- La maniobra del abogado ligado a Piñera y Espina es otra operación política y comunicacional destinada a golpear y agredir al Partido Comunista y hostigar a la Presidenta Michelle Bachelet. Tiene origen en una operación de Inteligencia extraterritorial e irregular montada hace 6 años por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, destinada entre otras cosas, a afectar a ciudadanos chilenos. Por cierto, nunca Piñera ni Espina han explicado a la opinión pública chilena sus nexos con altos oficiales y agentes del Ejército y servicios de Inteligencia de Colombia, ni qué documentos recibieron de parte de ellos, ni por qué se prestaron para ser parte de esa operación extraterritorial y extranjera en contra de ciudadanos chilenos. Cualquier medio de prensa que investigue y no se atenga sólo a un documento que le entrega un sujeto, puede informar ampliamente de lo que fue ese montaje que incluyó golpear a periodistas, activistas de derechos humanos, funcionarios de gobierno y partidos político en Brasil, Suiza, España, México y Chile.

4.- En la actualidad, en La Habana, están negociando directamente la paz en Colombia el gobierno de ese país junto a representantes de las FARC. Este tipo de acciones como la que ocurre hoy en Chile, tiende a afectar ese proceso y continuar con visiones retrógradas superadas por la nueva realidad. En cambio, el Partido Comunista de Chile valora y funda esperanzas en ese diálogo para que haya paz en Colombia. Los comunistas chilenos respaldan, como siempre, la salida política al conflicto armado colombiano y esperan que concluyan satisfactoriamente las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.
Santiago, 31 julio, 2105.

EL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona humana por el sólo hecho de serlo emerge de modo categórico y definitivo en el mundo moderno como consecuencia de la profunda reflexión provocada por los horrores del nazismo durante la segunda guerra mundial.

Los llamados “principios de Nüremberg”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el conjunto de acuerdos y tratados posteriores, en especial en cuanto a nuestro continente el llamado “Pacto de San José de Costa Rica”, que es la Convención Americana de Derechos Humanos consagraron en textos – de aplicación obligatoria para los Estados suscriptores – los derechos humanos fundamentales y, en primerísimo lugar, el derecho ala vida y la condena a todo atentando físico o psíquico.

Como es sabido, todos estos derechos fueron brutalmente atropellados por la dictadura impuesta en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 que, con la abierta participación de una potencia extranjera y el apoyo tanto de grupos terroristas nacionales como de conocidos representantes de importantes intereses económicos y políticos chilenos, impulsaron a las FFAA a derrocar a un gobierno constitucional democráticamente elegido.

A propósito de lo cual debe tenerse en cuenta que las principales agrupaciones nacionales de familiares de las víctimas llevan adelante en tribunales una querella en contra de los sediciosos civiles. Importantes testimonios y documentos que obran en el expediente ponen al descubierto a los responsables civiles de la peor tragedia de nuestra historia y muestran los avances en ese concluyente juicio.

Los hechos registrados en el mes de julio de este año tanto en el proceso por el degollamiento de tres profesionales como en el referido a los quemados vivos, refrescan la memoria de chilenas y chilenos tanto respecto de la magnitud del daño provocado por los golpistas como de lo demencial de los métodos empleados para torturar o aniquilar a quienes consideraban sus “enemigos”.

Igualmente dejan al descubierto las deudas pendientes del Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparación. El llamado “pacto de silencio” de los responsables de tantas atrocidades sigue vigente y sólo lo rompen modestos conscriptos hastiados de tanto dolor y de tanta vergüenza dando un ejemplo a sus superiores de la época de los sucesos.

Lo cierto es que posible avanzar  mucho más en esta materia. Por ejemplo, poner punto final a la secretividad impuesta por razones políticas a instrumentos tan significativos como el de la Comisión Valech.

Todas las excusas de los partidarios del secreto no resisten un análisis serio ; seguir manteniéndolo huele a impunidad, de la que nadie debiera ser cómplice a estas alturas.Porque cuando las agrupaciones de DDHH exigen romper el secreto impuesto a esos documentos no están planteando necesariamente su publicación sino su entrega a los tribunales para avanzar en las investigaciones y, dada la naturaleza del antiguo Código de Procedimiento Penal que es la norma procedimental aplicable en la especie por la fecha de los ilícitos, esa información queda amparada durante toda la etapa del sumario. Pero no sólo ayudará al esclarecimiento de los hechos sino que, finalmente, permitirá que toda la  verdad sea conocida.

Del mismo modo no parece justo sostener que se trata de defender de eventuales juzgamientos a quienes aportaron información, toda vez que la realidad muestra que  ninguno  de esos pocos que han tenido la valentía de entregar lo que saben ha sido condenado y se encuentran en libertad.Su cooperación a la justicia permite un trato diferente en los marcos de la propia ley de la época por lo que tampoco esa excusa resulta verdadera.

Todos estos temas son actuales, vigentes, con proyección al futuro. Así lo prueban no pocos ejemplos, también recientes, de diversos personajes que a través de diversos  medios de comunicación se han permitido minimizar la magnitud de la tragedia comparando los crímenes de lesa humanidad en nuestro país con los millones de muertos por obra y gracias del nazismo.

O aquellos que insisten en que el tema de las violaciones a los derechos humanos es asunto del pasado, que hoy no interesa a nadie. O esos otros que pretenden exculpar los crímenes con el supuesto argumento del “contexto histórico” o aquellos que se atreven a sostener que las autoridades civiles de los años de la dictadura no tenían conocimiento de cuanto sucedía. Que exista en Chile un sector de la sociedad que así piense, por pequeño que sea, nos revela lo mal que estamos todavía en relación a los derechos esenciales del ser humano.

Hay, finalmente, otro ángulo de esta cuestión y se relaciona con el rechazo de determinados sectores a la propuesta de legislar en materia de aborto.

Mala memoria pues se trata de una legislación que el país ya tuvo en su momento sin que hubiera los opositores de hoy.

En relación a este importante asunto, consideramos por supuesto respetable la opinión de quienes emplean razones de índole religiosa.

Pero lo que no es nada respetable es que con el argumento de “defender el derecho a la vida” se opongan a legislar aquellos representantes de los sectores que provocaron el golpe del 73 y defienden hasta nuestros días al dictador y su sangrienta huella en  la historia nacional.

Quienes callaron ante el terror, cuando no lo apoyaron, no tienen hoy autoridad para invocar el supremo derecho a la vida.

por eduardo contreras 

fuente : radio cooperativa 

IV. LOS LIBERTADORES ( CANTO GENERAL )

XX BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME (1810)           O´HIGGINS, para celebrarte           a media luz hay que alumbrar la sala.           A media luz del sur en otoño           con temblor infinito de álamos.           Eres Chile, entre patriarca y huaso,            eres un poncho de provincia, un niño            que no sabe su nombre todavía,            un niño férreo y tímido en la escuela,            un jovencito triste de provincia.            En Santiago te sientes mal, te miran            el trajé negro que te queda largo,            y al cruzarte la banda, la bandera            de la patria que nos hiciste,            tenía olor de yuyo matutino            para tu pecho de estatua campestre. Joven, tu profesor Invierno  te acostumbró a la lluvia y en la Universidad de las calles de Londres,  la niebla y la pobreza te otorgaron sus títulos  y un elegante pobre, errante incendio  de nuestra libertad,  te dio consejos de águila prudente  y te embarcó en la Historia.          "Cómo se llama usted?", reían            los "caballeros" de Santiago:           hijo de amor, de una noche de invierno,            tu condición de abandonado           te construyó con argamasa agreste,            con seriedad de casa o de madera           trabajada en su Sur, definitiva.            Todo lo cambia el tiempo, todo menos                  tu rostro.           Eres, O'Higgins, reloj invariable            con una sola hora en tu cándida esfera:           la hora de Chile, el único minuto            que permanece en el horario rojo            de la dignidad combatiente. Así estarás igual entre los muebles de palisandro y las hijas de Santiago,  que rodeado en Rancagua por la muerte y            la pólvora.           Eres el mismo sólido retrato            de quien no tiene padre sino patria,            de quien no tiene novia sino aquella            tierra con azahares           que te conquistará la artillería.           Te veo en el Perú escribiendo cartas.           No hay desterrado igual, mayor exilio.           Es toda la provincia desterrada.           Chile se iluminó como un salón            cuando no estabas. En derroche,            un rigodón de ricos substituye            tu disciplina de soldado ascético,            y la patria ganada por tu sangre            sin ti fue gobernada como un baile           que mira el pueblo hambriento desde fuera.           Ya no podías entrar en la fiesta            con sudor, sangre y polvo de Rancagua.            Hubiera sido de mal tono           para los caballeros capitales.            Hubiera entrado contigo el camino,            un olor de sudor y de caballos,            el olor de la patria en primavera.           No podías estar en este baile.            Tu fiesta fue un castillo de explosiones.            Tu baile desgreñado es la contienda.            Tu fin de fiesta fue la sacudida            de la derrota, el porvenir aciago            hacia Mendoza, con la patria en brazos.           Ahora mira en el mapa hacia abajo,            hacia el delgado cinturón de Chile            y coloca en la nieve soldaditos,            jóvenes pensativos en la arena,            zapadores que brillan y se apagan. Cierra los ojos, duerme, sueña un poco,  tu único sueño, el único que vuelve  hacia tu corazón: una bandera de tres colores en el Sur, cayendo  la lluvia, el sol rural sobre tu tierra,  los disparos del pueblo en rebeldía  y dos o tres palabras tuyas cuando  fueran estrictamente necesarias.  Si sueñas, hoy tu sueño está cumplido.  Suéñalo, por lo menos, en la tumba.  No sepas nada más porque, como antes,  después de las batallas victoriosas,  bailan los señoritos en palacio y el mismo rostro hambriento  mira desde la sombra de las calles. Pero hemos heredado tu firmeza,  tu inalterable corazón callado,  tu indestructible posición paterna,  y tú, entre la avalancha cegadora  de húsares del pasado, entre los ágiles  uniformes azules y dorados,  estás hoy con nosotros, eres nuestro,  padre del pueblo, inmutable soldado. Pablo Neruda

OFENSIVA POR CONOCER DATOS DE INFORME VALECH

Ante las exigencias de terminar con “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas y Carabineros y avanzar en la verdad de situaciones de represión ocurridas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, se planteó desde varios actores parlamentarios y de derechos humanos,  la necesidad de terminar con la medida de guardar por 50 años los antecedentes de casos de represión que están contenidos en el informe de la Comisión Valech.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Raúl Saldivar (Partido Socialista), respaldó la idea expresada por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, en ese sentido y dijo que “es fundamental que dado el contexto  que estamos viviendo en el país y a propósito de los nuevo antecedentes conocidos en el Caso Quemados, pensamos que se debe levantar el secreto respecto a la informaciones sobre quienes cometieron violaciones a los derechos humanos”.

Indicó que “no puede ser que aún exista un pacto de silencio en estos casos. Esto precisamente no permite llegar a esclarecer muchos casos y nos impide que exista justicia y verdad en Chile”. 

El diputado Saldivar informó que “vamos a invitar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que concordemos mecanismos que nos lleven a levantar el secreto en el Informe Valech”.

Dijo que para eso “se enviará un oficio al Ministerio de Defensa, para que informe y detalle sobre las personas con alguna vinculación en actos represivos durante la dictadura y que continúan en el Ejército o prestan servicios a las FF.AA en calidad de Asesores”.

Hay que considerar que desde septiembre de 2014 hay un proyecto en el Parlamento, presentado por los diputados Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia) y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), que busca eliminar la norma que fijó 50 años de secreto para los testimonios de la Comisión Valech.

En declaraciones a un diario, Lorena Fries, directora del INDH, manifestó que “creemos que no procede una ley que, por 50 años, establece de manera secreta antecedentes, en este caso de la Comisión Valech, sin la posibilidad incluso de que la judicatura conozca esos antecedentes”. 

Esa instancia, denominada oficialmente Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, trabajó hasta el 2004 y acreditó 28 mil 459 víctimas en la dictadura. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se estableció que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas”, y que esa disposición “se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”. Se señala en un texto oficial que “mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Sin embargo hoy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la organización Londres 38 y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, exigen levantar ese decreto para, precisamente, que la judicatura, jueces, abogados y familiares de las víctimas de represión, puedan acceder a datos que posibiliten esclarecer e incluso juzgar violaciones a los derechos humanos.

El presidente del Senado, Patricio Walker, indicó que “hay toda la voluntad política para avanzar en verdad, en justicia, que son elementos indispensables para que haya arrepentimiento y reconciliación” y anunicó que solicitó “un informe jurídico para ver la viabilidad” de revertir el secreto por 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech.

El diputado Hugo Gutiérrez indicó que la idea de la iniciativa de terminar con el ocultamiento de datos de casos de dicha comisión, “permitiría acceder a información relevante para esclarecer muchos casos de tortura que están impunes”. 

En tanto, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, explicitó la postura del gobierno sobre este tema. Dijo que “si se requiere o si hay voluntad de levantar esta restricción o este secreto por 50 años, requiere por cierto de la opinión de cada uno de los que ahí participaron y eso, sin duda, es una condición esencial para la modificación de esa norma”.

Apuntó que, en todo caso, quienes entregaron testimonios por represión durante la dictadura cívico-militar, tienen la opción de entregar antecedentes a la justica. “Es un camino que tiene que estar siempre abierto y está abierto, de hacer las respectivas denuncias ante los tribunales para que esos hechos se investiguen”, manifestó Díaz.

En todo caso, expresó también que “lo que está en juego es la dignidad de las personas que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos y, por tanto, hay un respeto esencial que tenemos que tener con ellos, que entregaron sus testimonios amparados precisamente en la reserva de su identidad por razones que son especialmente atendibles, comprensibles”. Eso en la lógica que explicó en algún momento el ex Presidente Ricardo Lagos.

El vocero de La Moneda precisó por tanto, que todo va “más allá de la voluntad del gobierno, no basta solamente con eso, sino que tiene que estar la opinión de aquellos que concurrieron a entregar su testimonio bajo la certeza de este compromiso de reserva”.  

Marcelo Díaz argumentó que “el secreto fue un compromiso y una condición que se estableció para facilitar precisamente que se pudieran entregar estos testimonios. Fue una forma de poder generar condiciones apropiadas para que quienes padecieron hechos tan espantosos como los que ahí se narran pudieran entregar dicho testimonio”.

fuente : el siglo

BACHELET ABOGÓ POR NUEVA RELACIÓN LABORAL

Fue el Día del Campesino. Y la Presidenta Michelle Bachelet visitó Longaví para celebrarlo y referirse a situaciones del mundo del trabajo.

Ahí anunció que en septiembre de este año el gobierno enviará al Parlamento “el Estatuto que regula el trabajo de temporeros y temporeras, para asegurar su protección, su dignidad y el respeto de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”. Indicó que la iniciativa va en el camino de asegurar la protección, dignidad y respeto de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del campo.

Bachelet expresó que “como las labores del campo son múltiples, tampoco descuidamos a los trabajadores y trabajadoras de temporada, ya que son una prioridad en nuestro gobierno”, y se mostró confiada de que el Estatuto sea aprobado por el Congreso.

En implícita referencia al proceso en curso de reforma laboral, la jefa de Estado sostuvo que “quiero decirles que nosotros vamos a cumplir con las cosas que nos hemos comprometido. Creemos que un país tiene que ser un país que tenga relaciones modernas entre los empresarios y los empleadores”.

Afirmó asimismo que “necesitamos relaciones modernas. No podemos sentirnos orgullosos (de) que somos un país desarrollado para unas cosas y para otras cosas funcionar como un país donde muchos no tienen. Tenemos que ser modernos en todo”.

Bachelet hizo referencia a que Chile es miembro de la OCDE “y ése es un estándar que nos exige. Nos exige en el medio ambiente, nos exige en calidad de trabajo, nos exige en dignidad, en calidad de la educación, en asegurarle la educación a todos nuestros hijos; un montón de cosas”.

Enfatizando en mejorar las condiciones laborales en el país, la Mandataria indicó que “no podemos estar con una patita para acá y con la otra patita para el otro lado. Entonces, estamos trabajando para ir mejorando todo lo que en nuestro país necesitamos mejorar”.

En relación al Día del Campesino, Michelle Bachelet planteó que “esta fiesta partió hace 48 años. Precisamente cuando el mundo campesino salía del olvido y se transformaba en un actor del desarrollo del país. Esta fiesta nació en tiempos de la Reforma Agraria la que, pese a todas sus dificultades, amplió los derechos de los campesinos y campesinas, como por ejemplo la sindicalización, y terminó con muchas formas de abuso y privilegios”.

Sobre ese proceso, desarrollado en las décadas del sesenta y setenta, la Presidenta expresó que “sin lugar a dudas (fue) un acto de justicia, y un paso adelante en la larga historia de la superación de las desigualdades. Fue una muestra clara de la voluntad -tanto del gobierno de (Eduardo) Frei Montalva, como de (Salvador) Allende- de luchar contra la más fuerte de las exclusiones, la del campesinado. Fue también una muestra de la decisión de hacer de Chile un país moderno y civilizado, donde no existen los ciudadanos de primera y segunda clase”.

Hablando de situaciones actuales, la jefa de Estado informó que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) “hoy apoya a más de 175 mil familias, facilitando el acceso al financiamiento, con soporte técnico, fomento al riego y comercialización, entre otros programas que incluyen coordinación con otras instituciones, como por ejemplo, PRODEMU”.

Agregó que “este año hemos hecho un esfuerzo adicional. A la fecha, ya han sido rehabilitados más de 3 mil 700 productores. Esto significa que podrán volver a postular a los servicios que brinda la institución y a retomar sus emprendimientos y sus labores en el campo”.

Volviendo al tema de la reforma laboral, Michelle Bachelet sostuvo que en el Parlamento, “con el diálogo que corresponde y la agilidad que siempre pueda dar a los proyectos de ley que se discuten hoy día”, es necesario transitar hacia “leyes que nos permitan avanzar en los derechos y en las oportunidades de todos ustedes”.

Enfatizó que “más allá de las creencias de uno u otro, que son súper legítimas y válidas, creo que todos debiéramos tener como un gran acuerdo (de) trabajar para construir un país mejor, más amable, más justo, más democrático y más solidario”.

fuente : el siglo