BANCADA PC-IC EXIGIÓ FIN DE SUBSIDIO ESTATAL A LAS EMPRESAS MATTE POR CASO TISSUE

La bancada de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana exigió poner término a la extensión del subsidio de fomento forestal, establecido en el Decreto Ley 701, que ha beneficiado a las empresas forestales del Grupo Matte, en el contexto del caso de la colusión denunciada por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Libre Competencia que involucra a las empresas SCA y la compañía CMPC para controlar durante 10 años los precios y las cuotas de mercado de los productos de papel tissue. 

Los diputados PC-IC recordaron en ese contexto que una de las empresas involucradas en este caso de colusión, la CMPC, conocida también como la “papelera”, es perteneciente a la familia Matte, uno de los grupos económicos más fuertes en el país y que a pesar de sus grandes ganancias, ha recibido millonarias sumas de dinero por parte del Estado a través del Decreto 701. 

Destacaron que dicho decreto fue dictado en plena dictadura y tiene por objeto subsidiar a las empresas por el concepto de “reforestación”. En este sentido, los parlamentarios subrayaron que no resulta política ni éticamente aceptable que el Estado entregue este tipo de beneficios a un grupo económico que, por 10 años, lideró una gigantesca operación de defraudación en perjuicio de todos los chilenos.

En este marco, anunciaron la presentación de una indicación en la Ley de Presupuesto que se tramita en el Congreso, que suprime la entrega de recursos fiscales a través del DL 701 a las grandes empresas forestales, entre ellas las de la familia Matte.

Los legisladores indicaron que el Estado ha transferido, desde que se dictó el Decreto Ley 701, cerca de 870 millones de dólares, beneficiando con un 70% de ese monto a grandes empresas y grupos económicos vinculados al negocio forestal, entre ellos los Matte. Agregaron que, según señala el proyecto de Presupuesto 2016, está contemplado para el próximo año la entrega de $326.979.000 millones de pesos por este concepto.

fuente : camara de diputados 

EDUCA-TV .FUNERALES DEL COMPAÑERO LUIS EMILIO RECABARREN 1924

NO A LA LEY LONGUEIRA

Dentro de la lucha contra la corrupción que nos tocó protagonizar desde nuestra llegada a la Municipalidad de Recoleta, hemos enfrentado, en más de una oportunidad, visiones y criterios Esta visión, se ha amparado siempre en la actual Constitución que pone por sobre el bien común y por sobre cualquier otra consideración, el derecho de propiedad.
particulares que afirman que los derechos adquiridos, derechos son y que no son discutibles una vez que estos han nacido, incluso, aunque los mismos hayan emanado de una evidente mala fe o de algún delito, en su tramitación. 

Sin embargo, en la sentencia de primera instancia del juicio en curso entre la Municipalidad de Recoleta y las inmobiliarias dueñas del Proyecto que comprende la sede de la Universidad San Sebastián, en el barrio Bellavista, la justicia ha confirmado la tesisesgrimida por nuestra administración, basada en numerosa jurisprudencia internacional, que afirma que ningún derecho puede nacer o basarse en actos ilegales o en la mala fe de quienes han intervenido, ya sea desde el mundo público o del mundo privado, en la generación de esos derechos y que sería una pésima señal para la sociedad toda,que tras la imposición de una pena por infringir la ley, el delincuente pudiera retener el producto del delito.

En el mismo sentido, es legítimo llamar la atención sobre numerosa información aparecida en diversos medios, que nos permite pensar que la ley de pesca, más conocida como Ley Longueira, que ha establecido derechos a perpetuidad sobre los recursos marítimos de nuestro país, para 7 familias, que en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad pesquera industrial de Chile, en desmedro de la pesca artesanal y de la sustentabilidad de nuestros ecosistemas haya sido aprobada en condiciones y con acciones que pudieran llegar a ser ilegales, incluyendo posibles delitos de asociación ilícita, cohecho y soborno, tanto en la figura del Ministro encargado de la tramitación de la misma como, de algunos diputados y senadores, principalmente de la UDI, que aprobaron dicha ley.

En ese contexto, corresponde felicitar las acciones de los parlamentarios del partido comunista, Daniel Nuñez y Hugo Gutierrez, que han anunciado acciones legales tendientes a derogar o anular la mencionada ley por cuanto los derechos que han emanado de la misma, fueron aprobados con los votos de algunos “honorables”, que respondiendo a incentivos significativamente distintos y distantes de los emanados de su mandato popular y por supuesto, del interés general de la Nación, privaron a las y los chilenos de recursos que pertenecen al conjunto de la nación.

No esperamos una disculpa de los involucrados, porque para pedir disculpas se requiere, en primer lugar, reconocer el daño causado; luego, arrepentimiento sincero; después, compromiso de no volver a hacer lo mismo y por último, voluntad real de reparación, condiciones y actitudes todas, que a la luz de los hechos, no podemos esperar de los involucrados.

Por lo mismo, es necesario que nuestro gobierno respalde las iniciativas anunciadas y que a la brevedad posible vuelva nuestro mar a ser de todas y todos los chilenos.

Daniel Jadue

fuente : radio cooperativa

LAS DEUDAS DE SABAT

No es de extrañar la reacción del ex alcalde Pedro Sabat frente a las evidencias de los problemas económicos que atraviesa hoy el municipio de Ñuñoa. Insultar a los integrantes del Concejo Municipal, fueran hombres o mujeres, asimismo a los funcionarios y jefaturas, fueron una práctica constante, una especie de impronta.

Pero no hay que perder el foco, no es con insultos que el emblemático militante de RN logrará evitar que se transparente el verdadero estado de las arcas ñuñoínas. No es denostando a quienes ejercemos el valioso oficio de la profesión docente que desviará la atención, al tratarme de ignorante en materia administrativa por ser profesora de filosofía.

Es evidente que la práctica autoritaria que por veinte años reinó en Ñuñoa, con decisiones tomadas a puerta cerrada, con escasísimos y poco efectivos espacios de participación, llevó a excesos en la gestión. El más importante, mencionado en todas partes, la llamada “Clínica de Ñuñoa”, edificio en que se han invertido 11 mil millones de pesos, que albergará un Cesfam y un servicio de urgencia comunal, presupuesto que alcanza para construir cinco consultorios equipados.

Asimismo, la propuesta presupuestaria de Pedro Sabat, año tras año, nunca trasparentó el porcentaje de recursos que corresponde a dotación de personal, en sus distintas modalidades, ya sea honorario, contrata o planta, en las distintas unidades.

Ello es de gran importancia, por un lado, para conocer cuál es la inversión real que se hace en los planes y programas; pero también permite saber cuál es el rol específico de cada persona que presta servicios al municipio. Sobre todo, porque existe un manto de duda respecto de contrataciones de la era Sabat, con un sueldo cercano al millón y medio, que no tendrían ninguna función definida.

La situación es tal, que según el alcalde Andrés Zarhi no hay recursos para contratar una auditoría externa. Pues bien, lo que corresponde es que los antecedentes sean presentados a la Contraloría General de la República, pues se acerca un nuevo proceso electoral y no es admisible que existan sospechas de esta envergadura en uno de los municipios chilenos que se jactó siempre de una administración impecable.

Desde la concejalía que represento, hemos requerido a la Contraloría dos investigaciones. Una por el caso de la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) de Villa Olímpica, en que se presentaron antecedentes falsos al Concejo, señalando que se trataba de un terreno de propiedad municipal, en circunstancias que su dueño real era Serviu.

También, por el incumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los ediles a enviar anualmente una planificación en materia de salud, previa aprobación de Concejo Municipal. En Ñuñoa, esto último, nunca se había llevado a cabo hasta el año pasado.

Son evidencias de una administración poco racional, enfocada en la visibilidad de los logros. Ejemplo de esto es el caso de la escuela Benjamín Claro Velasco, que será demolida y rehecha completa, utilizando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) otorgado por el Mineduc. Son más de mil millones de pesos, 917 correspondientes al FAEP 2014 y parte del 2015.

Personalmente solicité en Concejo al ex alcalde Sabat reevaluar esta decisión, para atender también a otras necesidades del área. De haber sido así, probablemente, la escuela Guardiamarina Guillermo Zañartu, no habría pasado más de dos semanas sin luz, dado el pésimo estado de sus instalaciones eléctricas. La solución para esta comunidad escolar, fue pedir al Ministerio un adelanto de los fondos 2016, ya que el municipio de Ñuñoa no contaba con los 75 millones que costaba el arreglo.

Hoy la comunidad ñuñoína debate sobre planificación comunal en espacios generados en sus propios barrios, y demanda que su opinión sea considerada en la generación de las políticas locales.

Ese es el piso mínimo para asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía: ser parte del movimiento social y representar sus demandas. En Ñuñoa, esto equivale a restituir el ejercicio participativo y deliberante, una especie de nueva etapa en la que avancemos en la profundidad del concepto de nuestra democracia.

Alejandra Placencia

fuente : radio cooperativa

LA DERECHA SABOTEA EL PROCESO CONSTITUYENTE

Para variar, la derecha sigue con la del bandido.

Durante la discusión del Presupuesto 2016 destinado por el gobierno para implementar el proceso constituyente, tanto la UDI como Renovación Nacional intentaron sabotear uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet: crear una nueva Constitución.

Mediante una fallida indicación propusieron asignar mil pesos a las actividades propuestas por la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaria General de Gobierno (Segegob). Se trata de cerca de 2.600 millones de pesos para folletería, monitores, estudios metodológicos para recolectar opinión de ciudadanos, difusión, plan de medios y el funcionamiento del Consejo Ciudadano.

Según ellos, la primera etapa de información y educación cívica “no da garantías de imparcialidad y transparencia”. Dicen, con total desparpajo, que es “adoctrinamiento político ideológico”. Incluso, el senador Coloma fue más allá y acusó a la Presidencia Bachelet de “instalar un gen cancerígeno” en la discusión.

Otra línea de argumentación para oponerse a aprobar los recursos fue que Chile tiene mucha necesidades que podrían suplirse con los ítems destinados a la información del proceso constituyente.

Sin embargo, la derecha no posee calidad moral para sacar al pizarrón democrático, porque tiene un kilométrico tejado de vidrio.

En primer lugar, son autores intelectuales de la redacción de la Carta Magna neoliberal de 1980 y de su blanqueamiento mediante un fraudulento plebiscito liderado públicamente por el dictador Pinochet y con Jaime Guzmán desde las sombras.

La Comisión Ortúzar, los 12 elegidos para elaborar la principal carta de navegación del neoliberalismo, operó desde 1973 a 1978 con millonarios gastos reservados y liderada formalmente por el abogado y ex ministro de justicia de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar

La Comisión de Estudios para la Nueva Constitución fue creada por los cuatro generales y se relacionó formalmente con el gobierno a través del ministerio de Justicia, nominó a sus integrantes, creó subcomisiones y nombró asesores.

Como usó gastos reservados, hasta ahora sabemos muy poco de cuánto desembolsó el Estado y de dónde provinieron todos los recursos. Quizás, como punta de iceberg, sabemos que hay dos glosas presupuestarias que se refieren a ella.

La primera es en la partida del ministerio de Justicia del año 1975, donde se incluyen “Eº 5.000.000 (Escudos) para los gastos que demande la Comisión de Reforma Constitucional para 1975″.

En la partida de Justicia de la ley de presupuesto de 1976, se anota dentro del ítem de Servicios Generales una glosa que “incluye la suma necesaria para los gastos que demande la comisión de Reforma Constitucional para 1976 …” Es decir, una glosa “cheque en blanco”.

Respecto del financiamiento de la labor desarrollada por el Consejo de Estado y la Junta Militar (los otros dos actores de crear el laberinto neoliberal) no hay datos en las leyes de presupuesto.

Ahora, la derecha, en plena discusión presupuestaria, vuelve a llenarse la boca con principios y conceptos que jamás respetaron ni ejercieron durante la dictadura: transparencia, garantías de igualdad, tolerancia y buen uso de los recursos.

La derecha olvida que la Comisión Ortuzar refundó el orden constitucional bajo un feroz terrorismo de Estado, profunda crisis económica, sin Congreso y sin libertad de prensa.

Es cierto cuando se dice que la Constitución del 80 tiene dos papás: RN y la UDI. Y también es cierto que harán todo lo que esté a su alcance para impedir su inminente colapso institucional, aquel que los borrará de la ilegítima hegemonía.

A su vez, los grandes empresarios, los súper ricos de Chile, se van quedando sin herramientas legales e ilegales para dominar la política. Casos como Penta y Corpesca develan como fortunas amasadas ilegítimamente “pusieron la música” a la interminable transición.

Pero el escenario marca un cambio de tendencia hacia un proceso cada vez más democrático. Comienzan a soplar nuevos vientos y por su parte la tierra se mueve para que todo se transforme.

Es interesante el proceso constituyente en curso, porque permitirá a miles de ciudadanos saber de qué se trata una Constitución y cómo impacta en su vida cotidiana.

Como nunca en la historia de Chile tenemos la oportunidad de que las mayorías redactemos una Carta Magna. Desde la fundación de la República siempre ha sido obra de élites.

Con la nueva Constitución debemos dejar atrás el duro paréntesis dictatorial neoliberal y retomar el ancho camino de lucha por conquistar derechos. Será el retoño democrático de Chile y debemos forjarla con la mayor cantidad de savia posible.

Debemos seguir en la lucha para conquistar un Congreso 2018-2022 que ensanche la justicia social, la soberanía y vida democrática de Chile.

Daniel Nuñez

Radio : coopèrativa

SE PLANTEÓ CÁRCEL Y MÁS MULTAS POR COLUSIONES

Gobierno ya  presentó proyecto en ese sentido ante varios casos de empresas y grupos económicos que se coludieron para fijar precios de productos, afectando a millones de personas.

 La Presidenta Michelle Bachelet tuvo palabras para el caso de colusión de grandes empresas comercializadoras de papel (higiénico, servilletas, toallas de papel, etc.) destinadas a generar utilidades y afectar con precios a millones de consumidores. “El caso de colusión me parece un hecho de la máxima gravedad. En el pasado, conocimos la colusión de los pollos, de las farmacias. Y ahora se trata del papel higiénico, las servilletas y otros productos de uso cotidiano ¿Qué tienen todos estos casos en común? Perjudican a las personas, fijando un precio que es más caro, que atenta contra la libre competencia y que afecta, sin duda, el bolsillo de la familia”, aseveró la jefa de Estado.

Apuntó que “mi Gobierno envió al Parlamento un Proyecto de Ley que castiga duramente estas prácticas con cárcel y con multas”. 

Bachelet manifestó: “Quiero anunciar que vamos a empujar con fuerza en el Congreso este proyecto, porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y, por sobre todo, la confianza y la imagen de nuestro país”.

En tanto, el jefe de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana (PC/IC), Daniel Núñez, expresó que “debemos tramitar y despachar cuanto antes la nueva legislación que sanciona severamente a las empresas que se coluden para controlar el mercado y obtener maliciosamente jugosas ganancias a costa del bolsillo de los consumidores. Si ya estuviera funcionando, otro gallo cantaría para CMPC y ex PISA”, recalcó.

El parlamentario dijo que para que la iniciativa sea votada por la sala aún debe ser tramitada por las comisiones de Constitución y Hacienda. Posteriormente sigue su curso en el Senado.

“Estas nuevas herramientas legales son claves para desbaratar carteles, ya que cada vez son más las empresas y sus ejecutivos utilizan mecanismos más sofisticados para burlarse de los consumidores”, resaltó Daniel Núñez.

El diputado anunció que pedirá en la sesión del próximo martes de la Comisión de Economía citar al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, para que informe sobre el “Cartel del Confort”.

De paso, el diputado lamentó que poderosos grupos económicos aún sigan operando con “total impunidad” para imponer sus intereses. “Los Matte-Larraín siguen con las malas prácticas que aprendieron durante la dictadura. No solo avalaron las violaciones a los derechos humanos, sino que ahora se asocian con altos ejecutivos de la competencia, como un ex ministro de (Sebastián) Piñera, para seguir perjudicando a todos los chilenos”, enfatizó el legislador comunista.

Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo, dijo que el caso de colusión de las empresas del papel es algo “extremadamente grave, indignante y completamente inaceptable”.

Manifestó que con esta colusión, que se prolongó durante 11 años, se afectó a millones de chilenas y de chilenos, sobre todo de sectores pobres, ya que la compra de papel higiénico, de servilletas  y para limpieza, es algo de primera necesidad en la población.

El Ministro Céspedes reiteró que es necesario endurecer las multas a los ejecutivos o directivos que participen o sean responsables de este tipo de situaciones, junto con elevar las multas a las empresas, y reiteró que para eso el Gobierno presentó en marzo el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia, que fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y que precisamente busca endurecer las penas para ejecutivos y empresas.

“Las multas máximas hoy en nuestro sistema están en torno a los 23 millones de dólares, cuando los beneficios que obtienen quienes se coluden pueden superar con creces ese número”. 

Luis Felipe Céspedes indicó que “las multas deben ser proporcionales al beneficio económico obtenido, o el 30% de las ventas, en el caso que no pueda ser determinado lo anterior”, dijo Céspedes.

El Ministro de Economía sostuvo que el proyecto presentado por el Gobierno “establece penas de cárcel para aquellos ejecutivos que se coluden” y enfatizó: “Nos parece que esa sanción tiene que estar presente”.

Céspedes explicó que es importante establecer inhabilidades para que quienes participen de este tipo de ilícitos no puedan ejercer cargos públicos. “En nuestro proyecto de ley se establecen inhabilidades para cargos públicos, porque nos parece que participar en este tipo de acciones atenta contra toda credibilidad y afecta la confianza de millones de consumidores”, dijo.

Además, destacó la efectividad del sistema de delación compensada, puesto que según explicó es la herramienta más efectiva para desbaratar carteles, y ha tenido gran efectividad a nivel internacional. Asimismo, recordó que los avances en materia de atribuciones para la Fiscalía Nacional Económica ocurridos en la anterior administración de la Presidenta Bachelet, son los que le han permitido a la entidad poder investigar de manera más eficaz, incautando evidencia y estableciendo procedimientos policiales.

El caso del cartel del papel es protagonizado por las empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC-Tissue), conocida tradicionalmente como “La Papelera” y SCA Chile, ex Pisa, acusadas por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de coludirse para fijaciones de precios de sus productos.

fuente : el siglo

BIOGRAFÍA DE AMANDA LABARCA

Defensora de los derechos civiles y políticos de las mujeres. 

Su nombre original era Amanda Pinto Sepúlveda, pero adoptó los apellidos de su marido para romper con su familia. A los 18 años obtuvo el título de profesora de Castellano. En 1910, el gobierno de Chile le otorgó una beca para estudiar en Estados Unidos y Francia, donde pudo instruirse en Literatura, Filosofía y Filología. A su regreso inició su lucha por la reivindicación de los derechos civiles y políticos de la mujer. En paralelo, continuó su carrera como profesora e ingresó como docente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, transformándose así en la primera profesora universitaria del país. Fue directora general de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y formó parte del Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Falleció el 2 de enero de 1975.

Sus ideales progresistas, democráticos y laicos, de tendencia radical, la llevaron a ocuparse de la reivindicación de los derechos civiles de la mujer, convirtiéndose en una de las primeras líderes feministas del país. En su actuar público defendió el derecho al saber, al conocimiento y el acceso a la ciudadanía mediante el sufragio. Propició y creó instancias de discusión sobre el rol de la mujer; fundó y presidió organizaciones para cambiar la legislación; dirigió el diario Acción Femenina, reconocido por su participación en la obtención del voto femenino, y recorrió el territorio chileno dictando charlas y escribiendo en diversos periódicos y revistas.

En 1915 inició ciclos de charlas en la Universidad de Chile sobre la diferencia que existía entre el rol de las mujeres en Chile y el de sus pares en Estados Unidos y Europa. El mismo año creó el Círculo de Lectura Femenino, centro de educación para el desarrollo y la formación de la mujer chilena en todas las capas sociales. En 1919, la organización se dividió en dos fracciones: el Círculo Femenino de Estudios y el Consejo Nacional de Mujeres, este último presidido por Amanda Labarca. Desde allí posibilitó la formulación de un proyecto de ley que derivó, en 1925, en el decreto ley N° 328, conocido como Ley Maza. Este decreto  reconoció los primeros derechos civiles de la mujer y abolió algunas de las incapacidades legales que mantenía a las mujeres en calidad de menores de edad.

En 1933 participó en la creación del Comité Nacional Pro Derechos Civiles de la Mujer, organismo que consiguió al año siguiente la aprobación de la Ley N° 5.357. Esta ley le otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida en los comicios municipales. En 1945, Amanda Labarca fue elegida presidenta de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (Fechif). Esta organización pretendía obtener el derecho a voto de las mujeres en las elecciones parlamentarias y presidenciales, y promover la revisión de las leyes para que obtuvieran en plenitud sus derechos como integrantes de una nación civilizada. El 8 de enero de 1949, durante el gobierno de Gabriel González Videla, la actividad y las ideas de Amanda Labarca vieron sus frutos al promulgarse la ley que permitió a las mujeres elegir y ser elegidas como parlamentarias y presidentas.

Gracias a su decidida acción a favor de estos derechos, Amanda Labarca logró influir para que se reconociera la plena igualdad de los derechos ciudadanos y políticos de la mujer en Chile. Si bien su trabajo contribuyó al reconocimiento de los derechos civiles de la mujer, en materia de inequidad de género el país aún continúa en deuda: hoy, Chile es uno de los países con índices más altos de desigualdades sociales, políticas y económicas asociadas al género, particularmente en la remuneración por el trabajo y en el acceso a posiciones de gerencia y decisión, tanto en el ámbito público como en el privado. Siguiendo el ideario de Amanda Labarca, parece pertinente recoger su ideario para continuar luchando por lograr la igualdad en materia de dignidad y derechos de todas las mujeres.

fuente : wp