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Un nuevo ciclo se inicia en Chile en el que los esfuerzos deben estar en la construcción de una convivencia plenamente democrática para una sociedad más igualitaria. El país ha conseguido logros y progresos de gran significación y, a la vez, hay tantas cosas que resta enfrentar y resolver. Así lo muestra la creciente movilización y demanda ciudadana, a lo largo y ancho del país, que exige respuestas y mayor participación en las decisiones que afectan a nuestra convivencia. Son profundos los cambios que debemos realizar para que podamos, todos y todas, vivir mejor.
El principal dolor de Chile y la principal tarea de futuro es resolver
la brecha de las desigualdades. En el pasado se intentaron respuestas que no
afectaron las ideas individualistas y de mercado que producen y reproducen la
desigualdad. Hoy se impone otra lógica y otra responsabilidad: la de los
derechos de las personas y los trabajadores/as.
Romper la cadena de la desigualdad económica, social, étnica, de género,
territorial es la primera tarea para construir la sociedad moderna, democrática
y desarrollada que buscamos para Chile.
Nuestro propósito es aportar a una estrategia para el buen vivir para
las personas y las comunidades, donde impere la justicia y la convivencia
plenamente democrática, donde no se imponga la ley del más poderoso, donde no
resulte decisiva la cuna de nacimiento y donde las personas puedan construir su
propio destino.
Aspiramos a una sociedad más democrática, a una economía al servicio del
bienestar social, más dinámica e innovadora y a una convivencia respetuosa e
inclusiva. Buscamos avanzar con paso seguro y responsable para fortalecer el
desarrollo social y el crecimiento económico en el marco de una sociedad de
derechos individuales y colectivos y de libertades de las personas para poder
organizar y decidir su propia vida.
Nuestra incansable búsqueda es por una sociedad justa y participativa,
igualitaria, abierta y donde los derechos de las personas se protegen. Creemos
que este es un anhelo de país que cruza a las personas y las organizaciones que
abogan por nuevas instituciones, donde todos y todas están llamados a
participar con una cuota de creatividad, sentido de lo público, responsabilidad
social y voluntad transformadora. Nos motiva la idea de recrear la
participación, abrir espacios de diálogo, compromiso y deliberación con la
causa de una sociedad mejor en todos los sectores y territorios. A la vez, no
vemos a nuestro país replegado sobre sí mismo, sino abierto al mundo, formando
parte de una vibrante comunidad internacional, jugando un papel relevante en
América Latina y participando de los frutos de la integración, la diplomacia,
el comercio y el progreso científico del sistema global.
Nuestro compromiso es trabajar por el bienestar de la sociedad,
potenciando una economía ambientalmente sustentable, resolviendo temas de innovación,
ciencia, tecnología y energía. Abogamos por una economía competitiva y capaz de
abrir mayores canales de participación, en el marco de un Estado más incidente,
tanto para generar el crecimiento económico, como para disfrutar de los
beneficios del progreso y el bienestar.
Nuestro compromiso se sostiene en el respeto y fortalecimiento de los
derechos ciudadanos. Esta es la medida que nos inspira para actuar con
responsabilidad y empeño para generar políticas públicas basadas en la dignidad
de las personas.
Llegó la hora de avanzar en lo sustantivo para hacer de Chile un país de
todas y todos.
Para llevar adelante este ideario, daremos forma a un programa de
gobierno que responda a las necesidades urgentes del presente y a las
necesidades fundamentales del futuro. Lo haremos, garantizando la participación
y asumiendo compromisos. Pondremos por delante nuestros acuerdos sin por ello
evitar el debate de ideas y el diálogo. Este será un proceso, no un acuerdo
previo o una verdad revelada, y vamos a construirlo entre todas y todos a lo
largo y ancho del país.
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS PROGRAMÁTICOS
La construcción de los ejes programáticos de la oposición unida debe ser
coherente con el esfuerzo de hacer posible una convivencia plenamente
democrática. Por tanto, su base política se cimenta en el diálogo con los
actores sociales en la perspectiva de arribar a una síntesis que interprete a
la mayor cantidad de actores sociales y políticos.
Por ello, nos proponemos un intenso diálogo en el que la sociedad civil
y los partidos políticos, en un proceso de co‐construcción y en
base a nuevas y transformadoras ideas, tracemos los desafíos para el Chile que
emerge.
La propuesta de un diálogo amplio y extendido entre los partidos
políticos de la oposición y los actores sociales se sustenta en los siguientes
criterios:
. El diálogo resguarda los planteamientos de los partidos políticos y
los actores sociales.
. El diálogo se desarrolla sobre la base de la buena fe y tiene como
propósito común la vida con dignidad y plenitud.
. El diálogo contribuye a la elaboración del programa de gobierno.
. El diálogo se define inclusivo en lo nacional, regional, territorial,
sectorial y cultural en todas sus expresiones. Los partidos políticos unidos en
este proceso se comprometen a que se produzca en todas las regiones del país, y
a poner a disposición de la diversidad de organizaciones ciudadanas y de las
personas en general las herramientas que faciliten su participación.
. El diálogo busca la mayor representatividad de la diversidad social y
política existente en el país.
. En el diálogo tienen cabida todos los asuntos de importancia e interés
para el movimiento social, las organizaciones de la sociedad civil y los
partidos políticos.
Los actores del diálogo
Proponemos un diálogo sin exclusiones, abierto a la diversidad de
organizaciones de carácter político y social del país. La riqueza de la
comunidad organizada cruza todas las esferas de la sociedad civil.
Materiales para el intercambio y la formulación de ideas
. Acuerdos ya logrados por el conjunto de la oposición ‐como los planteamientos en torno a educación, reforma tributaria y
plataforma municipal, entre otros‐ y de los aportes
programáticos de cada partido;
. Planteamientos programáticos de cada partido;
. Planteamientos y propuestas elaborados por los distintos actores
sociales y los que han resultado de sus espacios de confluencia.
Instrumentos para el desarrollo del diálogo
.‐ Técnicas comunicacionales de
información y difusión de los diálogos.
.‐ Facilitación del diálogo propuesto
utilizando herramientas y mecanismos tradicionales –como reuniones y encuentros‐, y virtuales.
.‐ Elaboración de una propuesta
metodológica de desarrollo de los diálogos (presentaciones, tiempos de debate,
relatorías).
. Difusión de los planteamientos y resultados de los diálogos
desarrollados con los actores sociales a nivel nacional y en las regiones por
medios virtuales.
.‐ Aseguramiento de recursos económicos
para financiar el desarrollo de los encuentros
de diálogo.
Línea del tiempo
La metodología de construcción del programa se asienta en una línea del
tiempo que comienza en enero de 2013 y finaliza en julio del mismo año. En
términos gruesos, son
hitos del proceso:
1. Elaboración de un documento base a partir de la sistematización de
objetivos y lineamientos programáticos comunes de los partidos políticos
(presente documento, enero).
2. Preparación de los diálogos, considerando:
‐ Conformación de equipos, nacional y territoriales,
multipartidarios.
‐ Producción de metodologías e
instrumentos comunicacionales.
‐ Acuerdos y programación de diálogos
(lugares, fechas) con actores sociales y propuesta de cronograma.
‐ Diseño de diálogos con actores
sociales (última semana de febrero y primera de marzo).
3. Desarrollo del diálogo con actores sociales y diversos centros de
estudios a efectos de precisar y relevar las demandas y propuestas del
movimiento social. Participan en este
esfuerzo los partidos y sus estructuras territoriales, apoyadas con una
estrategia comunicacional que informe sobre el desarrollo del diálogo y las
formas de participar
(Marzo y abril).
4. Producción de un estudio comparado de las propuestas, en que se
establezcan coincidencias y diferencias. Participan en este esfuerzo
representantes de los partidos políticos y de sus centros de estudios. (Marzo).
5. Redacción final de Carta de Ejes Programáticos que recoge los
objetivos generales, lineamientos principales de acción y medidas prioritarias
para un futuro gobierno (Primera quincena de abril).
6. Firma de la Carta de Ejes Programáticos de los precandidatos/as
presidenciales a las primarias del 30 de junio (Fines de abril).
7. Especificación técnica de Carta de Ejes Programáticos por parte del
conjunto de los equipos profesionales de los diferentes partidos políticos.
(Mayo y junio).
8. Entrega de Documento Programático‐Técnico a la
candidatura presidencial y firma del conjunto de los candidatos/as a
parlamentarios/as (Julio).
EJES PROGRAMÁTICOS
A continuación se presenta el conjunto de ejes programáticos de la
oposición, cuyo propósito, junto con identificar los principales nudos de la
discusión nacional para el fortalecimiento de la convivencia democrática y la
justicia social, es ordenar las medidas prioritarias para un futuro gobierno de
la actual convergencia opositora.
Las temáticas particulares que constituyen cada eje representan el punto
de partida para el diálogo programático abierto, sin restricciones, en la
oposición y de ésta con el conjunto de la ciudadanía. Nos disponemos con
decisión a dicho propósito.
1. Cambios constitucionales y políticos para profundizar la
democracia.
Chile necesita una Nueva Constitución y un nuevo marco político y
constitucional, que supere el origen ilegitimo del actual Constitución, dotando
a las instituciones del país de una nueva normativa que recree y fortalezca el
vínculo democrático entre los/as ciudadanos/as, el Estado y sus instituciones.
Especialmente, re‐caracterizando constitucionalmente un
Estado alternativo a la subsidiariedad, dotándonos de un sistema electoral
proporcional, de derechos a voto de los chilenos en el extranjero, de gobiernos
regionales electos por votación universal, de iniciativa de ley ciudadana y
plebiscitos vinculantes. Abordando problemáticas como igualdad de género,
reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y derechos y
libertades ciudadanas y personales.
2. Consagración de los Derechos Sociales y la necesidad de una efectiva
Reforma Tributaria.
La sociedad chilena ha explicitado su deseo de contar con el resguardo,
seguridad y dignidad en la satisfacción de sus derechos fundamentales. Por
ello, es prioritario asegurar, la existencia y fortalecimiento de una educación
pública, en todos los niveles, gratuita y de calidad que no discrimine según el
origen social de los estudiantes, en concordancia con los documentos de
educación aprobados por el conjunto de la oposición.
De una salud pública universal con acceso oportuno y de calidad,
garantizada en todos los niveles (ampliación efectiva de atención primaria,
servicios de urgencia y AUGE) y con un sistema de financiamiento solidario
suficiente de copago. De una pensión mínima garantizada al término de la vida
laboral, lo que conlleva una profunda revisión del Sistema de Pensiones (AFP),
visualizando un sistema de capitalización de carácter solidario y mixto
(individual, empleador y Estado).
De una política de vivienda social con estándares de habitabilidad
garantizados, poniendo énfasis en el incremento de los controles y la
fiscalización del uso del suelo y de las empresas inmobiliarias. Con especial
atención en el diseño e integración de la ciudad y con criterios de equidad
territorial.
El aseguramiento de los derechos sociales contribuye a alcanzar una
integral calidad de vida, siendo garantía para dicho propósito la
reconstrucción y fortalecimiento del sistema público, haciendo posible que el
crecimiento económico y sus beneficios sean una meta con impacto equitativo
para todos los chilenos y chilenas. Lo anterior, hace indispensable la
realización de una Reforma Tributaria real y efectiva, teniendo como base el
acuerdo de la oposición en Documento de Reforma Tributaria, de abril del año
2012. Dicha reforma debe sustentarse en el principio que quienes tienen más o
perciben mayores ingresos, aporten más a los recursos fiscales necesarios para
solventar el gasto social.
3. Reformas Laborales para un Chile más justo e igualitario.
Chile necesita un Nuevo Código del Trabajo y una revisión profunda de la
actual legislación laboral. El principal origen de la desigualdad social se
encuentra en los bajos salarios y el empleo precario, consecuencia directa de
los débiles recursos y herramientas con que cuentan los trabajadores/as y las
organizaciones sindicales para incrementar la articipación de los primeros en
la distribución de la riqueza nacional.
Por ello, es importante desplegar esfuerzos para fortalecer las
organizaciones y la sindicalización de los/as trabajadores/as, fortalecer la
negociación colectiva y el derecho a huelga, el fin al multi‐rut y determinar un nuevo método y criterios para el reajuste y fijación
en el tiempo del sueldo mínimo. Abordando constitucionalmente la igualdad de
emuneración de mujeres y hombres que desempeñan igual cargo o función y
otorgando reconocimiento al trabajo no remunerado; revisando la situación y los
derechos laborales e los funcionarios /as públicos/as y, asegurando el
cumplimento de la normativa laboral por parte del Estado.
4. Un nuevo Estado para un nuevo modelo de desarrollo económico y
social.
La organización del Estado de Chile debe pensarse desde la responsabilidad
social y la solidaridad colectiva, buscando mediante el incremento de sus
atribuciones y competencias, favorecer la superación del abuso, de la
desigualdad, la disminución de las injusticias y de un desarrollo productivo
con tecnologías avanzadas, valor agregado, roductividad y empleo de calidad.
Se trata de proponer y construir un nuevo modelo de desarrollo que
considere una nueva estrategia, orientada a la industrialización y
productividad con valor agregado, a dotar al stado de la capacidad de emprendimiento
productivo, de producción de servicios y a la creación de una empresa nacional
de energía. Considerando para ello, una nueva efinición del rol del Estado en
la economía y en la redistribución de los ingresos nacionales, fortaleciendo
las empresas estatales y mixtas y caracterizando el Estado olidario y
responsable como alternativa a la subsidiariedad.
El nuevo modelo de desarrollo nos obliga revisar las trabas que impiden
al Estado resolver conflictos productivos o participar en asuntos que están mal
regulados, fortaleciendo su apacidad regulatoria. Exige una política pública
orientada al desarrollo nacional de las ciencias, la investigación, el
conocimiento y la innovación, a la protección y estímulo de IPYME, a la
aplicación de medidas contra la concentración económica, a la regulación del
mercado y a la fiscalización y protección de los derechos de los
trabajadores/as y los onsumidores. Al ejercicio pleno de la soberanía económica
sobre sus recursos renovables y no renovables, tales como recursos mineros,
pesqueros, hídricos, forestales y nergéticos. Y a una política que dando
continuidad a la apertura económica y comercial a todos los países del mundo,
fortalezca las relaciones económicas, sociales y políticas con os países de
América Latina y el Caribe.
5. Políticas para el desarrollo regional, la equidad territorial, la
sustentabilidad y la protección medioambiental.
Es necesario que la nueva estrategia de desarrollo para el país sea
depositaria de las expectativas ciudadanas de desarrollo colectivo e individual
para todas las regiones y comunas del país, velando por un crecimiento y
productividad sustentable, respeto por el medio ambiente y el fortalecimiento
de la identidad local.
Considerando una modernización del Estado que apunte a una estrategia de
desarrollo económico y social para las regiones del país, junto a un pacto de
cohesión territorial ntre el nivel central del Estado, las regiones y comunas,
orientado a cautelar que todos los territorios de Chile puedan desarrollarse en
el máximo de su potencialidad y que inguno se vea marginalizado.
Es prioritario abordar un proceso de descentralización y estímulo a la
capacidad productiva en regiones y municipios, con especial atención en
regiones extremas. Buscando el traspaso de competencias desde el nivel central
al nivel regional en materias de fomento productivo para el desarrollo
territorial y propiciando una producción y explotación sustentable de los
recursos naturales y del medio ambiente.
El nuevo modelo de desarrollo en el plano regional y local conlleva un
desarrollo económico con equidad territorial y resguardo del patrimonio y las
identidades locales, unto a la generación de energías e integración energética
sostenible en el tiempo y armónica con el medio ambiente.
Asimismo, en el ámbito regional asumimos como prioritario fortalecer los
gobiernos regionales y municipales, avanzando desde la descentralización en la
elección de utoridades y administración de presupuestos, junto a una nueva ley
de rentas municipales.
Comisión Programa
Convergencia Opositora
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