Este malestar ciudadano da
cuenta de la insuficiencia estructural del neoliberalismo dominante para
resolver las expectativas crecientes de igualdad y justicia social, democracia
y participación, y que se expresan en complejas dimensiones de la realidad
nacional que deben ser abordadas de manera integral. Hoy, resolver las demandas
de desarrollo local e igualdad en regiones apartadas como Aysén, Calama o Copiapó,
supone un abordaje refundacional del cuerpo de normas y fundamentos regresivos en
los que se ha sustentado la sociedad Chilena por cerca de 40 años.
Al respecto, el papel de la
dictadura en el plano de las políticas públicas fue decisivo en la instalación
de una forzosa y arbitraria división administrativa tanto regional como
municipal que, junto con fragmentar identidades y dinámicas territoriales, media
y amortigua la demanda ciudadana local, dificultando la accesibilidad al Estado
central y a interlocutores con poder de decisión en lo local y regional. En lo
municipal, el resultado ha sido un modelo de gestión política en el que se
distorsiona el rol y la responsabilidad de la autoridad municipal y se
desfigura la voluntad popular, promoviendo por la vía de los hechos una
creciente distancia entre los intereses y las fórmulas de resolución de
conflictos por parte de los representantes políticos y las crecientes expectativas
de la ciudadanía.
El papel desplegado por los
otrora gobiernos de la Concertación en su prolongado pacto de gobernabilidad
con la derecha, combinó una política pública orientada a la profundización de
la lógica neoliberal para la gobernabilidad local y una pasividad y falta de
énfasis para la transformación de las instituciones. La atomización del tejido
comunitario y el clientelismo con los dirigentes sociales se antepusieron a la
satisfacción de demandas en el plano colectivo y con énfasis social. Ello ha
sido caldo de cultivo para la “lavinización” de la política local, marcada y
antecedida por años de asistencialismo y clientelismo municipal y que ha
permeado la gestión de los distintos actores políticos a nivel municipal.
En la misma dirección, las dos
reformas municipales impulsadas por estos gobiernos no abordaron los
principales déficits de la institucionalidad municipal, no dando respuesta al problema
de fondo, que no es otro que la ausencia de Gobiernos Locales con atribuciones,
recursos y competencias para el impulso de un efectivo y equivalente desarrollo
para todas las comunas del país.
El papel de la derecha en
estos dos años de gobierno ha estado marcado por persistentes esfuerzos para
reeditar el pacto de gobernabilidad política de la pasada transición que tantos
réditos les proporcionó, pero con una impronta en la que se acentúa el sentido
neoliberal de la institución municipal. En coherencia con dicha representación,
la actual propuesta de reforma municipal (ver mensaje presidencial 454-359 )
ingresada al parlamento por el ejecutivo, junto con dar continuidad a una
ideologizada agenda para la “modernización
de los municipios” -desde la perspectiva de limitar el crecimiento del
Estado para el ejercicio del gobierno público-, enfatiza una creciente
despolitización del rol y función de las autoridades locales y de forma
contradictoria un incremento del componente tecnocrático de la gestión pública,
cuyo propósito sería limitar la respuesta política frente a urgencias y
necesidades sociales.
En estos 22 años de gobiernos
post dictadura, hemos conocido el esfuerzo y la voluntad de algunos alcaldes y
concejales de inspiración democrática para resistir los embates de esta
degradación de la política. Sin embargo, su voluntad transformadora se ha visto
obstaculizada con una arquitectura política pensada y diseñada para la exclusión,
una extendida falta de voluntad política de quienes han ejercido la conducción
del país, y la propia cooptación institucional de la que han sido parte tanto alcaldes
como concejales.
Sin embargo, tenemos el
convencimiento de asistir al final de una era política caracterizada por un
proceso acumulativo en el que primó, no obstante resistencias legítimas y
éticas de algunos sectores, una generalizada desafección política hacia la
voluntad ciudadana, que obliga a revisar los fundamentos de la democracia. El
abuso y la postergación por mucho tiempo fueron obviados e invisibilizados en
función de una creciente cobertura de servicios públicos carentes de regulación
y control social; dicha fórmula de gobernabilidad hoy es ampliamente rechazada.
Es bajo las condiciones antes descritas,
es decir, de consolidación de un modelo residual en materia de participación e
inclusión, pero a la vez de progresiva ruptura social con los significados que
dicha institucionalidad conlleva, que emerge una nueva realidad nacional que
exige una mirada actualizada y una nueva perspectiva que promueva y garantice
más Estado pero, a la vez, más
participación vinculante.
Así, las próximas elecciones
municipales representan como nunca antes un momento decisivo que en parte
definirá, desde el plano institucional, la profundidad y velocidad del proceso
democratizador que tensiona la convivencia en Chile. Este desafío político exige
al conjunto de la oposición un programa de transformaciones sólido y ambicioso
que en la modalidad de propuesta y/o demanda política aborde los principales
focos de transformación y democratización en el espacio local. No se trata sólo
de intervenir en la normativa municipal existente para generar más
representación e incrementar la participación, sino que revisar con mirada
crítica el sentido de los municipios en Chile, trazando un itinerario orientado
a una profunda Reforma Refundacional
que se contraponga a la restrictiva institucionalidad que hoy rige.
Superando la
institucionalidad vigente… Construyendo Gobiernos Locales
Existe consenso que la
institucionalidad democrática es cada vez más estrecha ante los embrionarios
procesos de politización de nuestra sociedad, siendo la participación y el
problema de la calidad de la democracia un componente central que atraviesa
todas las demandas de la sociedad en conflicto.
Si bien no hay un debate
zanjado o concluyente sobre lo que se entiende por democracia participativa, a
la luz de las movilizaciones y demandas ciudadanas que emergen el año 2011 y,
de las expectativas de transformación depositadas en ellas, la democracia es un
concepto que en el plano político debe saber vincular igualdad y participación social.
En este contexto, el desafío país
de los sectores democráticos es buscar formas y acciones para superar la hoy deficiente representatividad y
sus límites como forma de funcionamiento y legitimidad política, con miras a
incrementar la justicia social y construir una sociedad inclusiva y
participativa.
Ello interpela en el plano
local a pensar esta disyuntiva, en tanto entendemos la comuna como un espacio
donde se hace factible vincular la institucionalidad y la política pública con
los problemas cotidianos de la gente. A su vez, se conforma como un espacio
donde se puede apostar a la re-politización ciudadana y la conformación de
sujetos sociales, críticos y transformadores del sistema.
Estimamos que el cuerpo de
ideas propuesto por la oposición ampliada, en un futuro próximo y superando la
gobernabilidad de derecha del país, debe orientarse a la generación de una Constituyente con las Organizaciones
Locales y la Institucionalidad Municipal, destinada a la refundación del
Municipio. Este espacio debiera problematizar el marco institucional vigente,
dotarse de instrumentos para superarlo y modificarlo y, a su vez, proyectarlo
como una instancia de largo plazo con miras la constitución de Gobiernos
Locales, donde el Municipio sea efectivamente un espacio tanto para el
desarrollo de las comunidades, como para el ejercicio de la política de sus
habitantes; un espacio donde se genere sujeto transformador y se exprese la
voluntad y el poder local de la ciudadanía y los sectores populares.
Los rasgos centrales de la
nueva institucionalidad, desde donde emerja y confluya esta Refundación
debiesen ser al menos:
- Promoción de la participación vinculante
y deliberación democrática de la comunidad y actores sociales.
- Que las organizaciones
sociales adquieran un rol de Controlaría Social.
- Rediseño y co-ejecución de
políticas públicas entre el municipio y las organizaciones sociales.
- Un municipio incidente en
materias de desarrollo local.
Lo anterior, para nuestra
alternativa, supone un doble desafío. Implica democratizar la gestión municipal
(toma de decisiones en el municipio) y democratizar la comuna (articulación del
tejido social).
Sin embargo, y pensando en la
naturaleza proyectual de este desafío, es que necesitamos con creatividad aprovechar
los márgenes legales de la LOCM, siendo osados en el aquí y el ahora en las
propuestas, de forma que nuestro desafío es no sólo diferenciarnos de la
derecha (como se propone desde la oposición ampliada) sino ir más allá con
propuestas que entreguen poder a los actores locales y muestre un camino para
los propios sectores de oposición.
Marcos Barraza. Director de ICAL
Claudio Rodríguez. Encargado Área de Desarrollo Local
ICAL
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