ANÁLISIS DE PROYECTO SOBRE PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

Este es un análisis del Proyecto de Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, IDEPA.

Esta materia fue presentada en el gobierno de Sebastián Piñera y ahora está en discusión en el Parlamento.

Este proyecto tal como fue diseñado, no enfoca la verdadera realidad del subsector de la pesca artesanal ni la acuicultura de pequeña escala, y menos visualiza la profunda crisis que se arrastra en el país, con la existencia de organizaciones artesanales débiles, fragmentadas y con una participación en los procesos de toma de decisiones casi inexistente.

En este contexto el proyecto IDEPA se identifica como un instrumento orientado a sustituir con un enfoque exclusivamente economicista las funciones del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (1992) y del Fondo de Administración Pesquera (2002), que en más de veinte años estuvieron lejos de responder cabalmente a las demandas y necesidades del subsector en el ámbito del desarrollo productivo, el deterioro de los recursos pesqueros por sobrepesca y el negativo impacto socioeconómico en las comunidades de pescadores y acuicultores artesanales.

1. La diversidad de la pesca artesanal.

El subsector de la pesca artesanal necesita y demanda con urgencia una Institucionalidad (Instituto de Desarrollo) de ámbito nacional que en primer lugar reconozca íntegramente la gran diversidad de la pesca artesanal, así como reconocer la falta de una definición única de esta actividad y cómo debería aplicarse en el contexto nacional. Es importante reconocer y determinar las actividades y actores que se consideran pescadores artesanales a lo largo del país, así como identificar entre ellos a los grupos más vulnerables y marginados que necesitan de una mayor atención. Esta identificación debería realizarse a nivel local, regional y nacional. Como es de conocimiento más de un tercio de la pesca artesanal en el país se desarrolla al margen de cualquier tipo de control público. Esta actividad no controlada es una realidad que puede tener consecuencias graves para el sector económico de la pesca en general. Por tanto, la nueva institucionalidad, debe velar por que la identificación de los actores del subsector sea orientada por procesos participativos de consulta. En este contexto se debe reconocer las formas de organización existentes, los conocimientos tradicionales y locales y las prácticas de las comunidades de pescadores artesanales, incluidos los pueblos indígenas, y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos laborales.

Otro tema importante a determinar es la necesidad de asegurar definitivamente, que los pescadores y trabajadores del subsector y sus comunidades gocen de derechos de tenencia seguros, equitativos y apropiados desde el punto de vista social y cultural sobre los recursos pesqueros, las zonas de pesca, las caletas y territorios adyacentes a la actividad.

Los derechos de tenencia de los actores deben estar vinculados a sus obligaciones y deberes de apoyar la conservación y la utilización sostenible a largo plazo de los recursos y el mantenimiento de la base ecológica para la producción de alimentos.

La nueva institucionalidad en el reconocimiento del subsector debería considerar un enfoque integrado, ecosistémico y global de la ordenación y el desarrollo de la pesca artesanal, teniendo en cuenta la complejidad de los medios de vida y prestando la debida atención al desarrollo social y económico, con el objeto de garantizar el fortalecimiento y el empoderamiento de las comunidades de pescadores actualmente dispersas y maginadas a lo largo del país.

La nueva institucionalidad debería reconocer como actividades económicas todas las actividades a lo largo de la cadena de valor de la pesca artesanal, tanto antes como después de la captura, ya sea a tiempo parcial, ocasionales o de subsistencia. Se deberían promover las oportunidades de formación profesional y de organizaciones, en particular para los grupos más vulnerables de trabajadores en actividades posteriores a la captura. Por lo tanto, se deberían crear las condiciones apropiadas para asegurarse de que las actividades pesqueras tanto del sector formal como del informal se tengan en cuenta a fin de lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala de conformidad con las normativas vigentes.

En el ámbito de la diversidad del subsector la nueva institucional debería reconocer también las formas tradicionales de asociación de los pescadores y trabajadores de la pesca artesanal, fomentando y fortaleciendo el desarrollo organizativo y la capacidad de los mismos en todas las etapas de la cadena de valor con el fin de mejorar la seguridad de sus ingresos y los medios de vida. En consecuencia, debería prestarse apoyo a la creación y el desarrollo de cooperativas, organizaciones profesionales del sector de la pesca artesanal.

Se debería promover una protección de la seguridad social para los trabajadores de pesquerías artesanal. Se debería tener en cuenta para ello las características de las pesquerías en pequeña escala y aplicar sistemas de seguridad a toda la cadena de valor. Se debería apoyar también el desarrollo de servicios que sean apropiados para las comunidades de pescadores artesanales: planes de ahorro, créditos y seguros.

2. Un Instituto de Desarrollo.

Un Instituto de ámbito nacional para el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala debería con carácter prioritario focalizar y reconocer a las comunidades de pescadores en pequeña escala como los actores, proveedores y receptores de conocimientos. Se requiere entender la necesidad de acceso de las comunidades de pescadores artesanales y sus organizaciones a la información apropiada que les permita afrontar sus problemas y habilitarlos para mejorar sus medios de vida. Estas necesidades de información dependen de los problemas que en cada momento afronten las comunidades y corresponden a los temas biológicos, jurídicos, económicos (crédito, financiamiento), sociales y culturales de la pesca y a los medios de vida sostenibles.

Se debe reconocer y apoyar los conocimientos, la cultura, las tradiciones y las prácticas de las comunidades de pescadores artesanales, incluidos los pueblos indígenas. Se debe considerar, reconocer y apoyar los conocimientos específicos de la actividad de los actores de la pesca. A la nueva institucionalidad en coordinación y colaboración con instituciones de investigación le correspondería investigar y documentar los conocimientos y las tecnologías pesqueras tradicionales con objeto de evaluar su aplicación a la conservación, la ordenación y el desarrollo sostenibles de la pesca.

La nueva institucionalidad en coordinación con instituciones laborales y de servicio social debería promover estudios sobre las condiciones de trabajo, salud y educación, en el contexto de las relaciones de género, con el fin de orientar estrategias que garanticen la obtención de beneficios equitativos para los hombres y las mujeres en la pesca y la acuicultura artesanal.

Atendiendo que actividades del sector pesquero en general se desarrollan en el borde costero, existiendo una serie de interacciones entre múltiples actores incluyendo los pueblos indígenas, la nueva institucionalidad debería preocuparse en conjunto y colaboración con las autoridades del Ministerio de Defensa de fomentar y desarrollar la planificación y gestión de los espacios costeros y marítimos, considerando su importancia para el desarrollo de la pesca y la acuicultura artesanal. En este contexto se deben considerar también las directrices establecidas en la Ley de los Espacios Costeros de los Pueblos originarios y el Convenio No 169 Sobre Pueblos Indígenas.

Frente a la crisis del subsector la nueva institucionalidad debería enfocar como objetivo importante respaldar las directrices de organismos internacionales (FAO) que llaman a visibilizar, reconocer y fomentar el papel de la pesca en pequeña escala considerando todas las actividades a lo largo de la cadena de valor. Reconociendo que esta actividad desempeña una importante función en nuestra seguridad alimentaria y nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos. La pesca en pequeña escala puede suministrar alimentos nutritivos para nuestra población y mercados internacionales, generando ingresos que pueden contribuir a nuestra economía local, regional y a nivel nacional.

Junto con el reconociendo del papel estratégico de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala en la producción de alimentos marinos, la nueva institucionalidad debería promover el consumo de pescado y productos pesqueros mediante programas de educación de los consumidores con el fin de sensibilizar sobre los beneficios nutricionales del consumo de pescado e impartir conocimientos sobre cómo valorar la calidad del pescado y los productos pesqueros.

Los diversos recursos financieros públicos y privados que debieran estar disponibles para el desarrollo, fomento y apoyo de la Pesca Artesanal se deben dirigir a promover el desarrollo sustentable del sector, apoyar los esfuerzos de las distintas organizaciones de pescadores y acuicultores artesanales, para mejorar sus condiciones sociales y laborales. De tal forma, que en una política de desarrollo productivo la nueva institucionalidad debería considerar una de sus líneas estratégicas en el apoyo del financiamiento a la acción social, enfocando la comercialización, capacitación, y el ordenamiento del sector pesquero y acuicola artesanal.

La nueva institucionalidad principalmente para facilitar el avance al desarrollo de los pescadores y acuicultores artesanales, debe constituirse como una identidad única que facilite el acceso al conjunto de fondos de financiamiento públicos y privados tanto generales y/o específicos para la actividad pesquera. Actualmente existe un distanciamiento entre el pescador artesanal y las distintas instituciones intervinientes en el sector pesquero artesanal. El pescador desconoce en muchos casos las oportunidades que se le brindan y carece del apoyo, la información y los medios técnicos necesarios para la presentación de proyectos o la gestión de créditos con entidades financieras.

Cabe señalar que por la ausencia de coordinación y control en la realización de las inversiones públicas no se tiene actualmente un conocimiento real de evaluaciones respecto de la efectividad, del impacto y beneficios que estas inversiones han tenido en el desarrollo del sector pesquero artesanal. Se debe reconocer que parte de estas inversiones incentivaron la capacidad de pesca, afectando y comprometiendo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

Facilitando el acceso al crédito y al financiamiento público de programas orientados a la pesca artesanal la nueva institucionalidad debe desarrollar un enfoque específico y concreto destinado a crear un sistema de control de las inversiones públicas en el subsector, ya sea a nivel individual y/o a nivel de organizaciones.

La nueva institucionalidad de desarrollo debe implementar una política de acción coordinada e integrada, las acciones de fomento deben ser de largo plazo con un seguimiento y evaluación de la efectividad. Los recursos financieros deben ser lo suficiente para el desarrollo de la actividad del subsector a nivel nacional, teniendo en cuenta que la distribución regional de los recursos, hasta la fecha, ha sido desigual a lo largo del país.

Considerando esta estrategia la nueva institucionalidad debiera espera que la implementación de una política de desarrollo productivo lleve al subsector a un estado de desarrollo sustentable. Que los actores artesanales puedan contar con ingresos justos y estables a lo largo del tiempo, desarrollando su actividad en forma segura. Que la actividad pesquera artesanal se desarrolle con vista a mantener un equilibrio entre la dinámica de los recursos frente a la demanda del mercado. Al mismo tiempo, respetando las regulaciones y normas de ordenamiento, y generando el mayor beneficio socio económico para el subsector. Esta política se enfoca principalmente en los pescadores artesanales que desarrollan sus actividades en la zona de las cinco millas y destinan su producción al consumo humano. Sin embargo, se debiera considerar también a la pesca artesanal pelágica cuya producción es destinada principalmente a la industria de la reducción. Esta actividad debiera recibir incentivos que permitan la reconversión de las embarcaciones para poder orientar, la captura y el desembarque de materias primas a la elaboración de productos para el consumo humano directo con un mayor valor social.

En este enfoque de largo plazo se debe considerar la importancia de los centros de desembarque y distribución, con vista de asegurar los estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos marinos para el consumo humano. Estos centros son también el espacio que facilita la obtención de información adecuada y oportuna sobre los desembarques, los precios, productos y el esfuerzo pesquero.

La nueva institucionalidad al implementar una política estratégica de mediano y largo plazo debería esperar por el desarrollo de caletas solidas y organizadas que utilicen eficientemente sus embarcaciones, la infraestructura, equipamientos y que cuenten con un equipo debidamente capacitado de pescadores, personal de apoyo administrativo y comercial, distribuyendo sus productos a los mercados, cumpliendo con las exigencias s de calidad, inocuidad y trazabilidad.

3. La acuicultura de pequeña escala.

La nueva institucionalidad de desarrollo debe implementar una política de acción integrada para lograr en primera instancia individualizar y caracterizar la acuicultura de pequeña escala con definiciones que permitan discriminar entre los diversos estamentos de la actividad acuicola. Los acuicultores de pequeña escala están cualitativamente identificados en el ámbito de las especies cultivadas, las zonas geográficas usuales y cuentan en general con organizaciones sociales y grados de asociatividad. Sin embargo, existen divergencias en cuanto al destino de estos cultivos, si son para la subsistencia o para el comercio, local, regional, nacional y/o internacional.

A nivel internacional se reconoce en la acuicultura de pequeña escala su rápido crecimiento, su potencial de producción y la alta capacidad de generar trabajo y bienestar justamente en los sectores más deprimidos.

Reconoce también una importancia creciente por la declinación de la pesca extractiva y el aumento general de la demanda de alimentos marinos a nivel mundial. Estudios del sector de pequeña escala en el ámbito mundial y nacional reconocen que la función del Estado es esencial para su desarrollo, reconociéndose que debe existir una relación diferente entre la actividad acuicola industrial y la de pequeña escala.

Durante el año 2003 se promulgó en el país la primera Política Nacional de Acuicultura. Este instrumento determinó los lineamientos y directrices requeridos para el desarrollo de la acuicultura en los ámbitos económico, ambiental, sanitario, de equidad, institucional, de investigación y capacitación. En el marco de las políticas asociadas a la equidad, incluyó el reconocimiento formal de la acuicultura de pequeña escala o artesanal. Reconociendo, además, que por su importancia social y cultural debe tener un tratamiento diferenciado que conduzca a mejorar el acceso e igualdad de oportunidades para ejercer la actividad.

Por tanto, la nueva institucionalidad al implementar una política estratégica de mediano y largo plazo deberá tener presente que la utilización y explotación de los ambientes acuícolas se basa en técnicas y especies tradicionales, donde su práctica está enraizada en las comunidades, constituyendo un acervo cultural de las comunidades costeras. Se debe destacar en este ámbito que la actividad productiva de la acuicultura de pequeña escala así como la actividad productiva de la pesca de pequeña escala requerirá de la presencia de la nueva institucionalidad como articulador de los escenarios productivos, en el apoyo para el manejo de los recursos hidrobiológicos, en la asistencia técnica comercial y financiera, etc.

Antonio s. Mascaró/ PhD en Economía Pesquera, VNIRO, Moscú. Programa de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos del ICAL.

EL ESCENARIO DE LAS REFORMAS LABORALES

Desde el triunfo de la Nueva Mayoría en marzo de este año, mucho se ha escrito y polemizado respecto de carácter de las reformas contenidas en el programa de la coalición gobernante.  El contexto de expectativas abierto desde entonces, viene a condensar un proceso de acumulación social que en la última década ha tenido una gran expresión de masas, alcanzando sus puntos más altos en los años 2006 y 2011.

De este modo, los sabidos ejes reformistas del programa de gobierno, referidos a la generación de una nueva Carta Fundamental, de profundas transformaciones al sistema educativo y tributario, constituyeron los pilares originales de las transformaciones comprometidas. No obstante, a poco andar -y producto de la influencia de las organizaciones sindicales- se sumaron las Reformas Laborales como una de las áreas en que es imprescindible contar con cambios estratégicos.

¿Réquiem para un modelo?

En suma, el contexto político actual da cuenta de que se ha generado consenso en torno a que el modelo neoliberal no puede seguir profundizándose, sino que, por el contrario, debe recibir transformaciones o reformas que descompriman la creciente presión social y corrijan las asimetrías impulsadas en un contexto de represión política y ultraliberalismo económico.

Así, este diagnóstico asumido por el actual gobierno se encuentra íntimamente relacionado a las demandas impulsadas desde el mundo popular respecto del diseño, desarrollo y alcance de las reformas.  No obstante, este consenso es frágil, tanto, que dentro de la misma coalición de gobierno existen posiciones que transitan desde la generación de transformaciones cosméticas hasta aquellas que buscan cambiar las bases del modelo de desarrollo nacional, restituyendo el rol del Estado como garante de derechos concebidos como inalienables al ser humano. En esta postura, es donde se cobijan las mayores expectativas respecto del nuevo contexto, en tanto se le concibe como favorable para la profundización del sistema democrático, configurando de manera paulatina un escenario político que permita pensar en la alternativa al neoliberalismo como un horizonte posible.

Entonces, lo que las fuerzas progresistas deben tener en cuenta es que debido a la naturaleza y áreas de intervención de las reformas propuestas, la generación de una “crisis de expectativas” es una posibilidad cierta.

Tal como lo han demostrado los continuos ejercicios de desinformación de masas impulsados por la derecha, las erráticas orientaciones respecto de la reforma educacional y las desacertadas -pero honestas- declaraciones de Andrés Zaldívar y su metáfora de la “cocina” como el espacio de toma de decisiones políticas, privatizando la discusión y las sanciones de medidas orientadas a aminorar la vergonzosa distribución del ingreso, que ha consagrado a Chile como uno de los países más desiguales de América Latina (sólo superado por Brasil) y -por consiguiente- del mundo.

Un campo en disputa

Para que las expectativas se conviertan en alternativas antes que en frustraciones, el movimiento popular debe tener conciencia que la naturaleza, el sentido y la profundidad de las reformas se va a definir en un campo que está en disputa, y donde los consensos rápidamente serán abandonados. Un buen ejemplo para graficar estas reflexiones y adelantar escenarios, lo constituye el anuncio por parte de las autoridades de que en el mes de octubre se enviarán las Reformas Laborales. Éstas tienen como objetivo “nivelar la cancha”, es decir, restituir la posición del movimiento sindical y la Central Unitaria de Trabajadores como interlocutores válidos entre los empresarios, sus organizaciones gremiales y el Estado.  En este sentido, los anuncios referidos a la titularidad sindical, el fin del reemplazo en huelga y la negociación colectiva efectiva, se orientan a fortalecer el movimiento sindical y sus organizaciones.

Muy por el contrario de quienes plantean que dichos anuncios constituyen una “reformita”, en tanto se orientan a generar más bien una “condición mínima, necesaria pero no suficiente”.  Consideramos que el anuncio de las reformas, al orientarse a desatar algunos “nudos” presentes en el Código del Trabajo, tienen por destino construir un escenario que potenciará las articulaciones de trabajadores y con ellas el reforzamiento de la negociación colectiva como herramienta para aumentar el poder de las organizaciones sindicales en el mundo del trabajo.

Una interesante muestra de los frágiles consensos y profundas resistencias en esta materia, y que da cuenta de los alcances e importancias de las reformas, lo constituyen las palabras pronunciadas por el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, en su discurso de la ENADE celebrada en octubre del año 2013.  Encuentro que tuvo como slogan el mirar, “más allá”, plus ultra, en su nomenclatura.

Al realizar este ejercicio, Santa Cruz avizoró el reconocimiento del sindicato “como el principal actor en la negociación colectiva” y la “necesidad de ampliar las materias propias de esta”. Todo esto, motivado por un “animo dialogante y constructivo” entre representantes de la empresa y los trabajadores, a la vez que conscientes que “la adaptabilidad laboral es un factor crítico del éxito de la empresa nacional y para una parte sustantiva de la población que exige oportunidades laborales a su medida, que no signifiquen vulneración de sus derechos.  Una institucionalidad moderna y dinámica, junto con reformas en educación y capacitación, permitirá aumentar la productividad de los trabajadores”.

Sin embargo, Santa Cruz, se alejó de la declaración del encuentro e inmediatamente mira “hacia atrás”, apelando en sulooking back, a que para “enfrentar el futuro con responsabilidad, es importante tener en cuenta los aciertos del pasado, que con el tiempo se han constituido en las fortalezas de las que hoy gozamos como nación y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo. […] debemos fijarnos metas más exigentes, pero sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance. […].  En el caso de Chile, los cambios en la estructura institucional que se iniciaron en la década de los ’80 y se profundizaron con el retorno a la democracia crearon los cimientos de nuestro actual sistema económico”. Esto es, reformar sin modificar la estructura del Plan Laboral diseñado por José Piñera y sancionado por la dictadura en 1979.

Estas declaraciones dan cuenta no sólo de dónde están los límites o escollos de las reformas, sino que las concepciones respecto del escenario que se avecina y que puede ser también un escenario para profundizar la flexibilización laboral, la precarización del empleo, o para despejar “la incertidumbre respecto de cómo resolveremos el tema de la consulta contenida en el Convenio 169 de la OIT”, evaluada como “perniciosa” para la inversión, en tanto que en sus aspectos centrales establece la consulta a los Pueblos Originarios en aquellos proyectos que los afectan directamente.

En consecuencia, las elecciones de marzo desataron un contexto de oportunidades políticas que es para todos los grupos interesados, debiendo el movimiento sindical fortalecer una estrategia orientada a la conformación de una Nueva Institucionalidad Laboral, que se encuentre en sintonía con los convenios de la OIT ratificados por el Estado chileno, al mismo tiempo que reforzar sus convicciones ideológicas en torno a que esta constituye una oportunidad que desde hace 35 años se encontraba cancelada.

En síntesis, muchos son los escollos, algunos de ellos “nuevos de puro viejos”, como el “factor miedo” que se ha instalado de forma sistemática en las últimas semanas.  ¿A quién favorece este enrarecido clima político-social?, pues a los defensores del status quo, a los conservadores y promotores de la desigualdad.

Romper el miedo y agilizar las reformas requiere entonces de un movimiento sindical activo, vigilante y propositivo, capaz de copar los espacios de decisión y socializar el debate, sacándolo de los espacios privados a los que los quieren llevar aquellas minorías de vocación autoritaria que defienden sus privilegios.  Desde ya, este es el gran desafío de los trabajadores chilenos.-

Francisco Rivera Tobar/ Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Director del Área Laboral del ICAL

EDUCA-TV. DOS CUECAS PARA GLADYS.

EL ROL DE EE.UU. EN LAS CRISIS MUNDIALES

En un discurso en la Academia Militar de West Point, en mayo pasado, mientras Barack Obama delineaba los aspectos más importantes de su política exterior, expuso la forma en que la Casa Blanca ve al resto del mundo y el marco en que, según él, deben llevarse las relaciones internacionales. Ante jefes militares, cadetes y sus familiares, Obama dijo: “Estados Unidos es la única nación indispensable. Eso ha sido cierto durante el pasado siglo y seguramente lo seguirá siendo el próximo siglo”. Minutos más tarde, después del habitual despliegue retórico añadió: “Creo en el excepcionalismo estadounidense con cada fibra de mi ser”.

Desde ese discurso, varias crisis regionales se han profundizado, miles han perdido la vida y paralelamente se han puesto en tela de juicio los verdaderos alcances del multilateralismo y del Sistema de Naciones Unidas; se evidenciaron los obstáculos que se deben sortear para construir un mundo multipolar.

Estas líneas pretenden una breve revisión sobre la lógica de excepcionalismo e indispensabilidad y su significado en el desarrollo de algunas crisis en regiones del planeta. Sin duda un factor determinante es la participación estadounidense.

1.  Hace algunos meses, el derrocamiento del presidente democrático de Ucrania, Víktor Yanukovych, desencadenó una tensión entre Rusia y Estados Unidos que hace rememorar la vivida en la Guerra Fría. Hasta la fecha cerca de 1.000 civiles han perdido la vida en ese conflicto que además del golpe de Estado trajo consigo la anexión de Crimea por Rusia, la acción directa de grupos de ultra derecha en Ucrania, la conformación de milicias prorrusas, el execrable derribo de un avión de pasajeros, el bombardeo de ciudades y el surgimiento de una catástrofe humanitaria con decenas de miles de desplazados.

Según relata Ron Paul, excongresista estadounidense, la alta funcionaria de la Secretaría de Estado, Victoria Nuland, declaró sobre Ucrania que el gobierno de los Estados Unidos “ha invertido más de 5 mil millones de dólares… en el desarrollo de las instituciones democráticas y en habilidades en promover a la sociedad civil y una buena forma de gobierno”. Ron Paul nos recuerda que es la misma funcionaria que fue grabada recientemente planificando en detalle el derrocamiento del gobierno legítimo ucraniano. El trabajo para este desastre, recalca Paul, ha sido realizado por la NED (Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas en inglés), Usaid y el ejército de organizaciones no gubernamentales que fueron financiadas por años en ese país.

La escalada de violencia continúa, las sanciones contra Rusia, los bombardeos contra el centro de Donetsk y el apoyo económico y militar estadounidense a Kiev. Las consecuencias de este conflicto aún son impredecibles y se dan en el marco de las aspiraciones expansionistas de la OTAN (Organización de Tratado del Atlántico Norte) tal y como fue descrito en West Point por Obama.

1.  El más reciente capítulo de la periódica agresión militar de Israel contra Palestina ha dejado, según la ONU, un saldo entre la población palestina de casi 2.000 personas muertas, el 85% de ellos civiles asesinados, incluyendo a más de 400 niños y más de 200 mujeres; casi 10.000 heridos, entre ellos cerca de 3.000 mujeres y 3.000 niños.

También se reportó la muerte de 11 funcionarios de Naciones Unidas y más de 200.000 desplazados por la violencia. Fueron bombardeadas escuelas de la ONU, que servían de refugio para quienes escapaban de los ataques israelíes, hospitales e incluso cementerios. Las víctimas fatales israelíes ascienden a 60 militares y tres civiles.

Los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el cuarto ejército más poderoso del planeta y miembro de facto de la OTAN no fueron las únicas consecuencias de esta agresión. Hasta el momento, Israel logró inmovilizar al Sistema de las Organizaciones Unidas. El Consejo de Seguridad no aprobó resolución alguna para detener la agresión, la Asamblea General no jugó en la práctica ningún rol, la Corte Penal Internacional no ha iniciado ninguna acción. Solo el Consejo de Derechos Humanos decidió conformar un grupo de expertos que se limita a investigar los hechos. La resolución tuvo un solo voto en contra, el del mismo Estado que por su poder de veto en el Consejo no permite la membresía plena del Estado palestino.

Estados Unidos se ha convertido no solo en el principal aliado de Israel en los organismos multilaterales, sino que esa alianza significa más de 30 mil millones de dólares en cooperación (léase complicidad) militar. Además, la información proporcionada por Edward Snowden, la inteligencia y espionaje que Estados Unidos practica es un “ingrediente clave” para la agresión israelí.

La política estadounidense es decisiva para la continuación de las agresiones militares israelíes, la impunidad de sus crímenes, la construcción del muro, los asentamientos ilegales, el bloqueo contra Gaza, y en síntesis, para la ocupación israelí en territorio palestino. El apartheid en Sudáfrica duró mientras se mantuvo el apoyo de Estados Unidos, pasará lo mismo con la ilegal ocupación israelí en territorio palestino.

1.  Oriente Próximo y parte de África se han convertido en otro escenario de gran inestabilidad. En estos días, los medios de comunicación han desplegado las imágenes de las atrocidades cometidas en contra de civiles en un territorio sin fronteras antes controlado por Iraq y Siria.

Desde hace más de dos décadas, los últimos cuatro presidentes de Estados Unidos han desplegado consecutivamente ataques contra Irak. Desde bombardeos hasta el derrocamiento de Sadam Husein. La mentira de las armas de destrucción masiva fue la excusa para la invasión y posterior ocupación militar. El ahora denominado Estado Islámico se formó como un grupo aliado de Al Qaeda y de resistencia armada a la ocupación estadounidense de Iraq. Esa ocupación que duró casi una década está marcada por otras atrocidades: la cárcel de Abu Graib, Guantánamo, el asesinato de miles de civiles y la repartija de los recursos naturales de ese país. Ese fue uno de los caldos de cultivo para la aparición del llamado Estado Islámico.

Noam Chomsky señala que el martillo de Rumsfeld y Cheney fue “luego recogido por el presidente Obama para destruir Libia. El resultado es que Libia está ahora desgarrada por la guerra entre milicias, mientras que el terror yihadista se ha desatado en gran parte de África, junto con una avalancha de armas que llega también a Siria”. En esta zona del mundo, la lógica de la OTAN es la conocida de “divide y reina”; si no funciona, entonces, como apunta Dan Glazebrook, se aplica la de “divide y arruina”.

La situación en Pakistán y otros lugares puede tener similitudes en cuanto a la formación de un caldo de cultivo que generará nuevos y más extremos escenarios de violencia. Según un estudio de la Oficina de Periodismo de Investigación de Gran Bretaña, citado por RHC, los ataques de drones en ese país han quitado la vida a cerca de 4.000 personas, más de la tercera parte civiles y entre ellos 200 niños, en diez años. En febrero de 2014, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo: “Las incursiones de los drones estadounidenses son inaceptables, esa es la única posición lúcida porque matan a personas inocentes y violan la soberanía de Pakistán”.

MULTIPOLARIDAD. Queda claro que la lógica bélica estadounidense tiene como objetivos, entre otros, el control geopolítico a través del debilitamiento o destrucción de algunos Estados, el control de sus recursos naturales, fundamentalmente del petróleo, y la expansión de su industria armamentística.

Los procesos históricos son largos y la última década ha sido testigo del surgimiento de países con la posibilidad de influir mucho en el escenario mundial cuando menos en materia comercial, además de esfuerzos materiales de construcción de espacios de integración regional independientes de Washington, como en el caso de América Latina y el Caribe. El dominio estadounidense y de sus aliados en las instituciones internacionales, su poderío militar, financiero, tecnológico y mediático, demuestran que queda aún mucho para consolidar un mundo “multipolar” y construir un Nuevo Orden Mundial.

Sacha Llorenti/ Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

SE INSTALÓ UNA RENOVADA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS

Durante la primera quincena del mes de septiembre se instaló una potente agenda de Derechos Humanos, apuntando al perfeccionamiento legislativo con carácter democratizador, y con un apunte de demandas en este ámbito que priorizan por concretar conceptos y demandas de verdad y justicia, y de instrumentos que permitan ir cerrando capítulos como el de cientos de detenidos desaparecidos.

Desde el Gobierno, pasando por el Legislativo y llegando a agrupaciones de familiares de desaparecidos y ejecutados políticos, se llevó adelante en este periodo una serie de iniciativas, en un tema instalado preponderantemente en la agenda nacional. Específicamente, hay aspectos de proyectos de ley y modificaciones legales que se vienen en camino y que serán abordados en distintas instancias. Muchas de esas medidas tienen que ver con mejorar la legislación y responden a las condiciones actuales en materia de derechos humanos.

En ese camino, la Bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, apoyados por parlamentarios de las bancadas PPD y DC, ingresó un conjunto de cinco proyectos de ley, que forman parte de la llamada “Agenda sobre Derechos Humanos”.

Así lo informó el diputado y jefe de la Bancada PC-IC, Hugo Gutiérrez, quien declaró que “nosotros desde el Congreso Nacional vamos a acompañar esa agenda con estos proyectos que nosotros consideramos como prioritarios”.

Uno de los proyectos contemplados es el que deroga la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, que pretende expresar la tendencia mundial de derogar la pena de muerte de manera plena en la legislación. “Creemos que ya no puede continuar la pena de muerte en este país. La pena de muerte aún está establecida en el Código de Justicia Militar en el país y eso tenemos que derogarlo. Muchos creen que en este país la pena de muerte ha sido derogada, pero eso es una falsedad. La pena de muerte sigue siendo parte de nuestra legislación y eso tenemos que acabarlo”, detalló Gutiérrez.

Además se impulsó el proyecto que modifica “la tipificación del delito de torturas, eleva sustancialmente su penalidad y establece su imprescriptibilidad”. Dicha iniciativa busca establecer en la legislación chilena los principios y normas que a nivel internacional se reconocen como necesarias para proteger a las personas de este tipo de prácticas.

El jefe de la bancada PC-IC, anunció también el envío del “Proyecto que modifica la Ley 19.962 sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales con el objeto de solucionar inconvenientes de su aplicación práctica”. El legislador comunistas manifestó que “es importante que en el caso de los Presos Políticos reconocidos por la Comisión Valech, que fueron conocidos como víctimas de torturas, todo su prontuario sea eliminado. Es decir, todas aquellas personas que fueron calificadas como víctimas  de torturas y prisión política, sus antecedentes serán limpiados”.

La diputada Camila Vallejo se refirió al “Proyecto de Reforma Constitucional que establece como materia de ley el Derecho de Reunión en lugares públicos”, que busca reemplazar el decreto 1.086 del año 1983. Para la parlamentaria, la idea de este proyecto es permitir el derecho a reunión en los espacios públicos, pues si bien este derecho está en la Constitución, “está regulado por un decreto de la dictadura, que obliga a toda persona que quiera reunirse en una plaza pública, en una vereda, a pedir autorización de las autoridades, en este caso a la Intendencia”.

Vallejo recalcó que “es importante que nuestro país consagre este derecho de manera concreta y que se vea normado de una manera distinta, que no esté regulado por el decreto de la dictadura y nos permita  a jóvenes, mujeres y hombres, que podamos reunirnos por una causa de manera libre en los espacios públicos”.

En tanto, el diputado del Partido Por la Democracia y miembro de la Comisión de DDHH, Tucapel Jiménez, señaló que “en el plano legislativo queremos aportar con varios proyectos de ley y uno de ellos habla de terminar con los secretos que hoy día existen en nuestro país. Las democracias no funcionan cuando hay secretos ya que ayudan a la impunidad. Lo que nosotros queremos es que haya verdad justicia y trabajar por un nunca más, y para eso es necesario terminar con todos los pactos de silencio que aún existen en nuestro país”.

El parlamentario Felipe Letelier (PPD) sostuvo que “es necesario que la Justicia escuche no sólo a los parlamentarios sino que a la gente que en las encuestas sigue diciendo que cerca del 80% cree que es injusto que estos criminales y violadores de lesa humanidad sigan gozando de  cárceles de cinco estrellas, mientras en nuestro país hay cárceles completamente hacinadas. Esto, la gente la gente lo repudia y en esta fecha con mayor razón”.

El diputado DC, Patricio Vallespín, valoró el ingreso de los cinco proyectos, pues a su juicio permite generar nuevas condiciones para la defensa de los Derechos Humanos.

En medio de aquello, el Gobierno anunció que se anulará la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura, se llevará al Congreso el proyecto para la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y se tipificará el delito de tortura.

Asimismo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, inició una campaña denominada “Verdad y Justicia. ¡Ahora!” que contiene 18 puntos:

1.- Declarar la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley Nº 2191 (Ley de Amnistía) de 1978;

2.- Aprobar el proyecto de ley que interpreta los Artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas de violaciones de derechos humanos;

3.- Enviar un proyecto de ley que tipifique la “Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad;

4.- Apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos;

5.- Que Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas;

6.- Que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ponga fin a su accionar contrario al derecho que le asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados por el Estado;

7.- Uno de los mandatos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Artículo 6° de la Ley 19.123), es el de coadyuvar a la ubicación de los detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos de las víctimas de ejecución política, a ello debe agregarse la facultad de querellarse en los casos de víctimas de tortura, para tales efectos es necesario el envío de un proyecto de ley que los faculte para lo cual es necesario ampliar su personal e infraestructura;

8.- Ampliar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de violaciones a los Derechos Humanos;

9.- Que los procesos radicados en los tribunales de justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas;

10.- Envío de un proyecto de ley que elimine el secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanada de la Comisión de Prisión Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar.

11.- Que definitivamente la justicia militar restrinja su competencia a materias propias de sus instituciones y que dejen de tener cualquier facultad relacionada con procesos por violaciones a los derechos humanos.

12.- Reapertura y se mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos;

13.- El reforzamiento de las políticas de recuperación de la memoria histórica, en sus diversas formas y ámbitos. Especial preocupación reviste la situación de impunidad y ocultamiento de información que aún mantiene la ex Colonia Dignidad, se deben tomar medidas que terminen con el manto de protección a este enclave;

14.- Que en el plano educacional, la asignatura de derechos humanos sea incorporada a la  malla curricular, en los distintos niveles de educación formal;

15.- Proscribir los beneficios para todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que sean acusados y condenados como violadores de los Derechos Humanos;

16.- Terminar con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta Peuco.

17.- Reestructuración de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), reincorporando al mando de ella a funcionarios de probada trayectoria e idoneidad para instruir indagatorias de este tipo;

18.- Elaborar un proyecto de ley para la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la participación activa, propositiva y resolutiva de las organizaciones sociales involucradas.

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, declaró que“existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado la herida abierta. El tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”.

Indicó que “debe haber justicia, debe establecerse la verdad y castigar a los criminales; el Estado chileno debe dar una solución, pues desde el retorno a la democracia sólo ha existido o primado una política de buena voluntad, sin que realmente se subsane el que a 41 años de los crímenes aún no podamos saber el paradero de nuestros seres queridos; es un drama, pero es una realidad que persiste en el  país  y de allí que sigamos demandando encontrar a los detenidos desaparecidos”.

/Comunicaciones Ical/

HOJA INFORMATIVA N ° 576

EL DISCURSO COMPLETO DE ESTE 11 DE SEPTIEMBRE EN CADENA NACIONAL

La Presidenta Michelle Bachelet habló en cadena nacional, donde entregó su apoyo a todos los amigos y familias de detenidos desaparecidos en dictadura. Aunque la mayoría del discurso se centró en los cambios que ha hecho el gobierno en el último tiempo, como la aprobación de la reforma tributaria, “una reforma tributaria positiva para Chile porque es justa, ya que hace que los que ganan más, paguen efectivamente lo que corresponde”, dijo la mandataria. A continuación puedes leer el discurso completo transmitido en cadena nacional.

“Permítanme tomar unos minutos de su tiempo para hacerles llegar algunas palabras.

Este 11 de septiembre es un día lleno de simbolismos. Recordamos un nuevo aniversario del golpe de Estado, que dio inicio a uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Chile. Por eso, desde la casa de los presidentes y las presidentas de Chile, deseo enviar un saludo de afecto a todas las familias y amigos de las miles de víctimas de la dictadura.

Y quiero esta noche, cuando se cumplen seis meses de que asumimos el Gobierno de la Nación, comunicarles que en el día de ayer, el Congreso aprobó el proyecto de ley de Reforma Tributaria, cuya versión original presentamos el 31 de marzo de este año.

En este momento, y frente a ustedes, renovamos la palabra empeñada al cumplir uno de nuestros compromisos que fue llevar adelante una reforma tributaria que nos permitirá, ya a partir de este año, entregar beneficios a la gran mayoría del país a través de programas sociales, de la reforma educacional y de inversión en salud e infraestructura.

Nos llena de satisfacción que luego de un debate amplio, que fue a ratos arduo y difícil, las diferentes fuerzas políticas hayan logrado un acuerdo y apoyen la reforma tributaria.

Quiero reconocer el apoyo que recibimos de los diversos sectores políticos y gremiales en este proceso. Y con ello me refiero a sectores de la Nueva Mayoría y también de oposición e independientes, a pequeños, medianos y grandes empresarios, académicos y profesionales que participaron de esta discusión y que enriquecieron nuestra propuesta.

Creemos firmemente en el diálogo, en el aporte para enriquecer y perfeccionar nuestros proyectos, porque esa es la forma de hacer los cambios que Chile necesita.

Este proyecto, con todas las indicaciones que se le incorporaron, mantiene el espíritu de la reforma tributaria que planteamos originalmente a la ciudadanía y al parlamento: una reforma tributaria positiva para Chile porque es justa, ya que hace que los que ganan más, paguen efectivamente lo que corresponde.

Aquí quiero ser muy clara. Nuestro compromiso es que sean las empresas y personas con más recursos quienes aporten a esta reforma, y no los más pobres o la clase media. Pensando en proteger a estos sectores es que no se subirá el impuesto de timbres y estampillas en las operaciones de viviendas DFL2, lo que incluye al 80% de las viviendas que se venden en Chile. Asimismo, se estableció en la reforma que ninguna vivienda con subsidio estatal se verá afectada por los cambios impositivos.

Segundo, esta reforma disminuirá la evasión y elusión tributaria. Cada persona que no paga sus impuestos, está restando recursos a las enormes tareas que tenemos como país, especialmente en materia de protección social, que es donde se gastan dos de cada tres pesos de nuestros recursos públicos.

Tercero, esta reforma permitirá tener incentivos modernos a la inversión y al ahorro. Estamos eliminando el FUT, e incorporando controles para que las utilidades retenidas en las empresas se destinen realmente al ahorro y la inversión y no a otros fines. Junto a ello, las PYMES recibirán un trato preferencial, que contempla beneficios largamente esperados como la ampliación del régimen de tributación simplificada a aproximadamente el 97% de estas empresas, que a contar del próximo año solo tributarán por su flujo de caja y que tendrán 60 días más para pagar el IVA. De esta forma podemos empezar a hablar de un verdadero estatuto tributario MYPIME en Chile.

Y cuarto, se recaudarán 3 puntos del PIB, que equivalen a unos 8.300 millones de dólares. Recursos que serán invertidos directamente en mejorar la vida de los chilenos y chilenas en el corto, mediano y largo plazo.

¿De qué manera? En cosas muy concretas como destinar más de la mitad de lo recaudado para la reforma educacional, de modo no solo de mejorar la calidad sino de asegurar que el acceso a una buena educación no dependa del bolsillo de las familias ni tengamos más jóvenes endeudados como resultado de sus estudios superiores.

Con esta reforma tributaria financiaremos una educación de calidad y gratuita, ésta será realmente un derecho para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Gracias a la reforma tributaria podremos realizar las inversiones en la salud pública, en infraestructura, insumos, tecnología, remedios y en profesionales que requieren los centros de salud pública a lo largo del país, que es donde se atiende el 80% de los chilenos y chilenas.

Y también podremos fortalecer el sistema de protección social, que tiene como foco central el acompañar a nuestros compatriotas desde la gestación hasta que son adultos mayores.

Pero no sólo eso. Con la aprobación de la Reforma Tributaria estamos entregando una señal enorme de estabilidad y certidumbre a la economía chilena. Estamos definiendo la carga tributaria que nos acompañará por los próximos años y décadas. No olvidemos que las dos reformas anteriores de esta magnitud fueron en el gobierno del presidente Frei Montalva en los años 60, y la otra en el de Patricio Aylwin a comienzos de los años 90.

Hoy al aprobarse este proyecto estamos en un mejor pie para enfrentar el proceso de desaceleración que enfrenta nuestra economía, ya que cualquier duda que pudo haber existido, ha quedado despejada y no habrá más incertezas en algunos sectores o especulaciones.

Gracias a esta reforma tributaria podremos en los próximos años invertir fuertemente en infraestructura y capital humano para un mayor y mejor crecimiento económico del país.

Amigas y amigos.

Han pasado 41 años desde el golpe militar que marcó para siempre la historia de Chile. Si hay una lección que tenemos que sacar como país es la condena más absoluta a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga.

Los chilenos hemos aprendido el valor de la paz y de la democracia.

Hemos aprendido a resolver nuestras diferencias dialogando y dentro del marco de las instituciones democráticas.
Hemos avanzado mucho y, por lo mismo, debemos cuidar lo que tenemos. No permitiremos que ningún grupo o sector afecte la seguridad de las personas y el derecho que tenemos todos a vivir en paz y tranquilidad.

Los invito a que reafirmemos nuestro compromiso por la unidad de Chile, el compromiso por el interés común de la patria, que debe estar mucho más allá de la división o la ventajas particulares.

Miremos con serenidad y sobre todo con mucho optimismo lo que viene.

Tenemos tareas importantes que sacar adelante como país y ahora contamos con los recursos.

La historia nos muestra que los chilenos y chilenas somos capaces de grandes cosas si lo hacemos reunidos, con diálogo, rechazando la violencia y con el aporte generoso de todos y todas”.

BANCADA PC-IC: “CON LA APROBACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA, AVANZAMOS SOSTENIDAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA”

Tras más de 5 horas de discusión en la sesión especial programada este miércoles 10 de septiembre y el despacho total de la Reforma Tributaria ingresada por el Gobierno, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana valoró positivamente la aprobación de la reforma que recaudará 8.300 millones de dólares.

En ese contexto, el jefe de la bancada PC-IC, Hugo Gutiérrez, destacó que con el despacho de la iniciativa se logra la concreción de uno de los pilares fundamentales establecidos en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que permitirá a su vez, la generación de recursos para la implementación de la Reforma Educacional.

“Se cumple con esta aprobación de la Reforma Tributaria, uno de los pilares que supo plantear nuestra Presidenta Bachelet al pueblo de Chile. Estamos avanzando de manera sostenida en dar cumplimiento en el Programa de Gobierno. Con esta aprobación de la Reforma Tributaria, vamos sin duda a disponer de los recursos necesarios para ir a aprovisionar esos derechos sociales que se encuentran vulnerados como la salud y educación. El paso que hemos dado hoy, es respaldar estos derechos sociales que los chilenos reclaman”, detalló el parlamentario.

El parlamentario agregó que “a 41 años del golpe de Estado, estamos ante el verdadero inicio de una etapa de cambios. No fallaremos con los trabajadores y los más necesitados de nuestra patria. Con la convicción de que la descentralización fiscal es el próximo paso para una mayor justicia e igualdad para nuestro país. Una justa distribución de la renta minera, podrá hacer de este país un país más justo”, destacó Gutiérrez.
Por su parte, el diputado Sergio Aguiló sostuvo que se trata de la Reforma Tributaria más importante y fundamental que se ha hecho en el último medio siglo y destacó que se mantienen intacto los 2 propósitos fundamentales del proyecto: conseguir más recursos, pues se aumentan a 100 millones de dólares; obteniendo una cifra total de 8300 millones de dólares; y que fuera progresiva, ya que afectará a las más altas rentas del país.
“Esta es la reforma tributaria más importante que se va a realizar en el último medio siglo, este es un Gobierno que cumple lo que prometió y está cumpliendo antes de un año de mandato”, puntualizó el diputado Aguiló.
Finalmente, Lautaro Carmona, Vicepresidente de la Cámara de Diputados, subrayó la importancia de la aprobación, considerando los mitos y caricaturas que desde la derecha hicieron al proyecto.

 “Se ha querido manipular, asociando la reforma con la desaceleración de la economía. Obviamente, eso no tiene un sostén de objetividad real que no sea una intención partidista, de sacar un dividendo político de un fenómeno que viene del gobierno de Sebastián Piñera”, puntualizó.

El diputado calificó la aprobación de la Reforma Tributaria como un “hecho histórico”, pues permitirá concretar significativos avances en materia social, principalmente en la Educación, además de dinamizar la economía local.
“Si ninguna duda, esta reforma que redistribuye riquezas, que redirecciona inversiones en la educación, en la salud y en otras tareas de carácter social, constituye también a un efecto reactivador de la economía, lejos de lo que hoy día algunos quieren desacreditar. Esta reforma es un hecho histórico”.

BACHELET EN HOMENAJE A ALLENDE: “BASTA YA DE ESPERAS DOLOROSAS Y DE SILENCIOS INJUSTIFICADOS”

Michelle Bachelet encabezó este jueves el acto de conmemoración de la muerte del ex Presidente Salvador Allende con una ceremonia ecuménica en La Moneda, anunciando en la ocasión la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de una “política integral y explícita” en la materia.

En el Patio de Los Cañones de la casa de Gobierno estuvieron presentes los ex Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, además de la titular del Senado Isabel Allende, representantes políticos y de organismos de Derechos Humanos, entre otros.

En su alocución, la jefa de Estado anunció la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que actuará “con los recursos y el personal necesarios para ejercer su tarea, y reforzaremos también el Instituto de DD.HH. para que tenga presencia regional a partir del año 2015″.

“Adicionalmente, impulsaremos una nueva normativa que aplique los principios y tratados internacionales y desarrollaremos planes de educación y de memoria histórica que amplíen, den profundidad y proyección a actividades como éstas para que el nunca más sea una realidad que genera consciencia y cuidado entre los chilenos y chilenas”, señaló.

Bachelet indicó que “han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron con vida, y los propios victimarios y sus cómplices son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de la justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados”.

“Lo he dicho estos días y lo repito hoy, es el momento de hermanarnos en la verdad, y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, destacó la Mandataria.

La Jefa de Estado señaló que “desde aquí Salvador Allende y los colaboradores que cayeron con él honrando su lealtad, nos miran y nos advierten que el compromiso con Chile y su gente es un valor ético que no acepta dudas ni desalientos. A ellos y a todos aquellos que sufrieron en nombre de ese compromiso con una patria para todos, los recordamos en esta casa que es testigo de la historia de Chile”.

“Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, a sus hijos exiliados, a sus hijos ejecutados, a sus hijos detenidos desaparecidos, Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre, a quienes se negaron a ver en su hermano un enemigo, quienes resistieron a la violencia de

Estado, quienes alzaron la voz con valentía, a pesar de poder tener miedo”, agregó.

EL GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DE REFORMA TRIBUTARIA Y ASEGURA QUE CHILE QUEDA “EN UN MEJOR PIE PARA ENFRENTAR LA DESACELERACIÓN”

La Presidenta puso punto final a los cuestionamientos que marcaron la tramitación del proyecto, asegurando que la norma aprobada "mantiene el espíritu de la reforma tributaria que planteamos originalmente a la ciudadanía y al Parlamento", y que a partir de ahora ya "no habrá más incerteza o especulaciones" en materia económica.

La Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer a través de transmisión en cadena nacional su satisfacción ante la aprobación del proyecto de ley de reforma tributaria ayer en la Cámara de Diputados. Tras un extenso debate, los parlamentarios  dieron su visto bueno a las indicaciones introducidas por el Senado en su trámite anterior.

“En este momento, renovamos la palabra empeñada al cumplir uno de nuestros compromisos, que fue llevar adelante una reforma tributaria que nos permitirá ya a partir de este año entregar beneficios a la gran mayoría del país a través de programas sociales, de la reforma educacional, de la inversión en salud e infraestructura”, afirmó la Mandataria.

La aprobación de la reforma anota un triunfo en un momento en que el gobierno precisamente más lo necesita, luego de que esta semana el bombazo ocurrido en una galería comercial anexa al Metro Escuela Militar desatara el miedo colectivo y pusiera el foco de atención en la necesidad de una agenda potente en materia de seguridad.

la norma aprobada “mantiene el espíritu de la reforma tributaria que planteamos originalmente a la ciudadanía y al Parlamento, una reforma tributaria positiva para Chile porque es justa, ya que hace que los que ganan más paguen efectivamente lo que corresponde. Nuestro compromiso es que sean las empresas y personas con más recursos quienes aporten a esta reforma, y no los más pobres o la clase media”.

“Hoy al aprobarse este proyecto estamos en un mejor pie para enfrentar el proceso de desaceleración de nuestra economía, ya que cualquier duda que pudo haber existido ha quedado despejada y no habrá más incerteza en algunos sectores o especulaciones”, agregó la Mandataria.

SOBRE EL GOLPE DEL 11 DE SEPTIEMBRE Y TERMINO DE LA LEY DE AMNISTIA

“Han pasado 41 años desde el golpe militar que marcó para siempre la historia de Chile. Si hay una lección que tenemos que sacar como país es la condena más absoluta a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga. Los chilenos hemos aprendido el valor de la paz y la democracia”, concluyó la Presidenta.

Los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Segpres, Ximena Rincón, informaron sobre la decisión del gobierno de poner urgencia a la moción parlamentaria de terminar con la cuestionada Ley de Amnistía. Con esto, sumado al anuncio de la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, quedó redonda la agenda de anuncios del Ejecutivo para el aniversario de los 41 años del golpe militar.

DURO RECHAZO A LA CAMPAÑA ULTRADERECHISTAS CONTRA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL

Una firme y dura declaración entregaron a los medios de información las Juventudes Comunistas a propósito de la reacción de los sectores de ultra derecha por una charla política y académica en memoria de los jóvenes asesinados y desaparecidos del Instituto Nacional por la dictadura cívico militar de Pinochet. Encuentro de los estudiantes realizada en el salón Arturo Prat del emblemático Instituto Nacional organizada por alumnos del establecimiento de la Base  Egidio Paris de las Juventudes Comunistas de dicho colegio, actividad autorizada por el rector del establecimiento Fernando Soto.

La declaración señala “como Juventudes Comunistas de Chile queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a la odiosa reacción de la derecha que busca impedir que nuestra militancia conmemore a los institutanos que entregaron su vida por restituir la democracia chilena.

Debemos señalar que nuestros militantes del Instituto Nacional solicitaron la correspondiente autorización al rector para realizar un conversatorio sobre la política de los comunistas durante la dictadura en el marco de los 41 años del golpe cívico-militar, lo cual fue aceptado bajo la condición de ser acompañados por un profesor del liceo, cuestión que fue gustosamente recibido por nuestros compañeros.

La intención de dicha actividad fue dar a conocer la política de nuestro partido durante los horrorosos años de dictadura, cuestión que es parte se nuestra historia y ante lo cual tenemos un profundo orgullo. Así, partimos la actividad señalando que dicha política fue parte de un contexto determinado y se diseñó para terminar con la tiranía pinochetista en nuestro país ante los asesinatos y la tortura de la cual estábamos siendo objeto, por lo cual todo tipo de violencia hoy en día es totalmente injustificada y absolutamente condenable.

Nadie puede negar la estrecha ligazón de nuestro partido con la protección de la democracia chilena. Nunca hemos sido parte siquiera por silencio de intentos que buscaran la interrupción de la democracia en Chile, siendo además un factor activo durante la dictadura militar para recomponer el estado de derecho en nuestro país, motivación primera de la constitución del FPMR en los años 80` como herramienta legítima del pueblo chileno ante su derecho a la rebelión contra la tiranía, cuestión que está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En ese marco queremos expresar nuestra profunda molestia con los dichos del rector del Instituto Nacional, quien sugiere que nuestra actividad se prestó para exhibir elementos alejados del ejercicio democrático. El Instituto Nacional es un liceo público, por cuanto debe permitir que podamos contar parte de nuestra historia con total tranquilidad. Si la derecha no puede estar tranquila con su pasado es natural que busquen esconderlo, más nuestro partido se enorgullece de la entrega realizada por grandes hombres y mujeres que perdieron sus vidas por enfrentar la criminal dictadura, entre los cuales contamos a los institutanos Egidio Paris, asesinado a días del golpe, y a Roberto Nordenflycht, Ricardo Silva y Ricardo Acosta, todos ellos miembros del FPMR asesinados brutalmente por el régimen de Pinochet en el marco de la Operación Albania” declararon los jóvenes Comunistas que se encuentran celebrando los 82 años desde su formación.

69 PERSONALIDADES POLÍTICAS Y ESTUDIANTILES FIRMAN APOYO A LA GRATUIDAD EDUCACIONAL

Sesenta y nueve personalidades políticas donde se encuentran ex ministros, diputados, ex candidatos a  la presidencia, dirigentes de la Confech entre otros,  firmaron una carta en apoyo a la gratuidad educacional y las reformas que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet, solicitándole que cumpla los compromisos adquiridos en la campaña presidencial.

La misiva publicada en El Mercurio, los 69 firmantes dan a conocer sus razones por las cuales es necesario impulsar la gratuidad en la educación, incluyendo la universitaria, ya que explican que “el actual gobierno adquirió un importante compromiso con la ciudadanía: una transformación del sistema educacional para que la educación pasara a ser tratada como un derecho social, no una mercancía”.

En cuanto a la gratuidad universal, los firmantes exponen que “el apoyo transversal que estas propuestas generaron cuando en las elecciones nacionales de primera vuelta, 6 de los 9 candidatos presidenciales, que obtuvieron en conjunto un 74% de los votos, propusieron en sus programas que la educación fuese gratuita”.

Agregan que “los chilenos entienden que existen esferas de la sociedad que no pueden ni deben estar sujeta a las leyes del mercado. Esto es, subordinadas al lucro, a la capacidad de pago de las familias y a la habilidad de los oferentes para segregar y “descremar””.

“En educación superior esta lógica se ha usado más intensamente y se ha traducido en la existencia de verdaderas fábricas de títulos profesionales, en los aranceles (PPP) más altos de la OCDE y en un alto endeudamiento de las familias. La ausencia del Estado en este ámbito es incuestionable. El gasto público en Chile en educación superior alcanza solo el 24,2% del gasto total, mientras que en los países de la OCDE es un 69,2% (OCDE, 2014). Esta situación no es sostenible. La educación, incluida la superior, debe constituirse como derecho social, y su sistema como un espacio de construcción de una sociedad más justa y cohesionada, desde donde se forma y ejerce la ciudadanía”, precisan.

Además, responden a otra carta enviada al mismo medio y firmada por personas vinculadas a la educación, quienes indicaban que la gratuidad es regresiva y podría afectar la calidad al limitar el arancel que las instituciones desean cobrar.

En ese sentido, mencionan que “los datos disponibles son concluyentes. La gratuidad universal de la educación superior no es regresiva. Mientras los ingresos de los hogares del 10% más pobre aumentarían en 26,7%, los ingresos del 10% más rico aumentarían en 2,2% (Casen, 2011). Más aún, si esta se financia con impuestos progresivos o con un impuesto especial a los graduados del sistema, los ricos terminarán contribuyendo tres veces más a la educación superior que lo que actualmente pagan”.

Explican que “según las estimaciones del Gobierno, el 65% de los recursos de la reforma tributaria, diseñada especialmente para financiar la reforma educacional, proviene del 10% más rico. Adicionalmente, los firmantes de la carta publicada hace unos días no consideran que, además de eliminar las barreras económicas para acceder a la educación superior vía gratuidad, al traer este nivel educativo a un régimen público implica que se revisen los mecanismos de admisión que permitan a los grupos de menores ingresos estar más representados y se genere mayor igualdad en la enseñanza preescolar y escolar”.

Agregan que como la gratuidad no es condición suficiente para lograr calidad, “esta no afecta negativamente. La calidad del sistema se ve afectada por diversos factores, entre ellos la forma como se entregan los aportes del Estado (subsidio a la demanda vía becas y créditos). Este mecanismo ha generado una expansión inorgánica, descontrolada y segregada del sistema. Un aumento explosivo de la oferta de carreras, sedes e instituciones, que ha desbordado el deslegitimado proceso de acreditación de calidad y ha hecho imposible cerrar la brecha entre aranceles de referencia y reales debido a la alta inflación de aranceles que este mecanismo induce”.

Abogan porque la gratuidad educacional sea a través del financiamiento adecuado a las instituciones y no por medio de vouchers a los estudiantes, ya que “dicho mecanismo permite pagar a cada institución un monto de acuerdo a su matrícula y el logro de otros resultados socialmente deseables. Este mecanismo permite impulsar, exigir y apoyar el mejoramiento continuo de las instituciones”.

Finalmente, solicitan al gobierno cumplir con los compromisos adquiridos, avanzar en la gratuidad y lograr la aprobación de la reforma estudiantil.

Entre los firmantes de la carta se encuentran Aldo Cornejo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Naschla Aburman, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Marco Enríquez-Ominami, Laura Albornoz, Fernando Atria, Felipe Berríos,  Karol Cariola, Lautaro Carmona, Fidel Espinoza, Claudio Fuentes, Jorge Arrate, Alfredo Joignant, Fulvio Rossi, Gabriel Silber, y Juan Manuel Zolezzi, entre otros.

GRUPO INTERPARLAMENTARIO DIRIGE CARTA AL PRESIDENTE DE EEUU PARA SOLICITAR NORMALIZACIÓN DE RELACIONES CON CUBA

El compañero. Diputado Hugo Gutiérrez (PC-IC), en representación de Grupo Interparlamentario Chileno-Cubano, llegó esta mañana hasta la Embajada de Estados Unidos en Chile, para entregar una carta solicitando la urgente necesidad de que el Gobierno del presidente Barack Obama normalice las relaciones con Cuba, el fin del bloqueo económico, y la liberación de los 3 cubanos aún detenidos en cárceles estadounidenses, del conocido "grupo de los 5".

En la misiva, se manifiesta que “en estos tiempos, cuando la integración de América vive un momento promisorio, cuando la unidad de los latinoamericanos y caribeños se fortalece volviéndose coherente con los postulados de nuestros procesos de independencia, cuando la mayoría de los países del mundo han condenado reiteradamente la política de bloqueo y cuando la mayoría de los estadounidenses apoya un cambio en la política hacia Cuba, es que venimos a sumarnos al clamor internacional para que se normalicen plenamente las relaciones entre vuestro país y Cuba”.

Las solicitudes realizadas por el grupo interparlamentario plantean también el fin al bloqueo económico a Cuba, y que “se tomen todas las medidas para profundizar los cambios ya en marcha, dando mayor libertad y normalidad en las relaciones entre ambos países en beneficio de sus ciudadanos”.

En ese sentido, el texto plantea que la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó en su momento la necesidad de abogar por el fin del embargo a Cuba y generar un proceso de normalización de relaciones con el país caribeño. “La ex Secretaria de Estado reconoció que la táctica del embargo no ha cumplido sus objetivos, sino por el contrario, ha empantanado la profundización de las relaciones con América Latina y el Caribe”, señala la carta.

Finalmente, se exige la libertad a Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, los tres ciudadanos cubanos que aún permanecen prisioneros en cárceles de EE.UU., del conocido “grupo de los 5”.

Cabe recordar que este 12 de septiembre se cumplen 16 años del encierro al que están sometidos, encarcelamiento que la propia Comisión de Detenciones de la ONU declaró arbitrario e injusto.

“En mayo del presente año, un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó sobre la arbitrariedad del arresto de Los Cinco y pidió al gobierno estadounidense remediar esta situación.  Igualmente, más de diez premios Nobel, parlamentarios, artistas, activistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes, sindicalistas, líderes religiosos, entre otras personas, han solicitado en reiteradas ocasiones que Usted use sus poderes ejecutivos y los envíe de regreso a su patria”, concluye la carta entregada esta mañana por el diputado Gutiérrez.

HOMENAJE Y REIVINDICACION HISTORICA ANUESTRO COMPAÑERO LITRE QUIROGA

Un sentido homenaje al compañero Litré Quiroga, ex  Director de Gendarmería de Chile, rindió esa institución en la sede de la Dirección Nacional. Ante una asamblea de oficiales y suboficiales; y con la presencia del hijo de Litré; del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez; de los compañeros Juan Andrés Lagos y Juan Carlos Concha; de la compañera Alicia Lira y dirigentes de la Agrupación de Familiares de ejecutados políticos. El director nacional de Gendarmería, señalo que se trata de una reivindicación histórica a su Director, quien fue asesinado días después del golpe de 1973, y quien fue detenido en el mismo edificio en donde ahora se le rindió homenaje. Se anunció que la sede de la dirección nacional llevará el nombre del director asesinado; y que los programas de estudios de los oficiales y suboficiales incorporarán una reseña de quien fue este hombre y cómo sirvió a su institución y a proyecto de país que buscaba la igualdad y la justicia. El actor Julio Young y el comunicador Miguel Davagnino entregaron sus emotivos testimonios respecto de la vida de este joven militante y director de Gendarmería, quien al momento de ser asesinado recién se empinaba sobre los 30 años.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS.

Los llamamos a prepararnos para celebrar todos juntos este año la “CHINGANA DE LOS ABRAZOS” EN EL PARQUE O”HIGGINS A PARTIR DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE CON NUESTRA CENA INAUGURAL. LA QUE TIENE UN VALOR DE $ 7500.- ESTAMOS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTA FIESTA DE LA CHILENIDAD.LA HORA DE LA INAUGURACION ES A LAS 22 HORAS.

Esta es una publicación destinada a todas las estructuras del partido, comités régionales, comités       comunales, comités  sectoriales  y  células. Es obligación de quien la reciba  hacerla llegar a estos organismos. Compra y lee "el siglo" www.elsiglo.cl, Escucha y difunde la radio "nuevo mundo"  www.radionuevomundo.cl

fuente . pcch-cno