BASES PROGRAMATICAS DEL PACTO "POR UN CHILE JUSTO"

EL SIGUIENTE ES EL DOCUMENTO DE BASES PROGRAMATICAS APROBADO POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS QUE SUSCRIBEN EL “PACTO POR UN CHILE JUSTO” EN LA ELECCION DE CONCEJALES Las elecciones municipales del próximo 28 de Octubre, que anteceden la elección presidencial y parlamentaria del próximo año, dan inicio a un ciclo de definiciones ciudadanas que requieren de propuestas locales y nacionales, mirada al Chile de hoy y hacia el futuro. Este documento es una invitación para construir una Alternativa Programática de la oposición que se orienta con vigor a la construcción de una convivencia ciudadana más democrática, más participativa y más justa, para lo cual se requiere una clara y genuina vocación transformadora de las instituciones vigentes. No pensamos sólo en las tareas de un próximo gobierno, sino que queremos trazar las reformas para construir entre todas y todos un Chile Justo. Estas propuestas buscan generar convergencia entre todos los partidos de la oposición y ser un canal para un vínculo auténtico y fructífero con la gran diversidad de organizaciones y expresiones ciudadanas. Entendemos que los anhelos que inundan a una sociedad cada vez más diversa y plural, exige educación, trabajo y salud dignos y de calidad, demanda el ejercicio pleno de sus derechos, exige disminuir la desigualdad y el abuso. Todo ello debe ser abordado con énfasis transformador. Como oposición estamos llamados a pronunciarnos sobre los principales ejes para las ansiadas reformas institucionales, a dar señales al conjunto del país que bajo los actuales parámetros de distribución de recursos no se puede seguir avanzando en mejor calidad de vida y de desarrollo pleno de todas y todos los habitantes. Las próximas elecciones municipales representan una oportunidad para avanzar en el proceso de reconstrucción social en el que se encuentra Chile y de desplazar a la  derecha del gobierno sobre la base de nuevas ideas. Debemos hacernos cargo que el proceso de profundización democrática comienza por tener gobiernos locales con más participación ciudadana, equidad territorial en la distribución de recursos y gobiernos regionales democratizados que nos lleven a mejores estándares de calidad de vida para todos y todas, no basta hoy sólo con pronunciarse sobre lo estrictamente municipal, sino que es deber trazar desde ya un horizonte común hacia una década de transformaciones. Entendemos que la deuda con la sociedad chilena supera con creces los planteamientos aquí abordados, pero estimamos que estos representan un necesario paso para la construcción de un Chile Justo. Más Descentralización y Equidad Territorial en un Chile Justo Descentralizar el Estado es una demanda para la profundización de la democracia, la equidad, la justicia social y económica, el aprovechamiento sustentable de los potenciales recursos naturales, capacidades humanas, tecnológicas y de diversos capitales que existen en las regiones, con lo que se busca favorecer y concretar el desarrollo en pos de la calidad de vida de los/las ciudadanos/as y del país. Por ello proponemos: Una nueva Ley Marco De Descentralización: -          Elección de Intendentes -          Elección directa de Consejeros Regionales. Necesitamos más autonomía en la decisión e inversión en los territorios. Nos interesa aumentar la democracia local y la gestión participativa en todas las comunas del país. Ésta reforma se hace bajo los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad fiscal. Chile será un país más justo cuando sus territorios se descentralicen y desarrollen de manera sustentable. Reformas Municipales: Entendemos la democracia como el mecanismo más pertinente y legítimo para garantizar una gestión municipal eficaz y eficiente. Por ello, nuestro compromiso está puesto en generar un cuerpo normativo y Gobiernos Locales que sean pro activador de la participación ciudadana en sus territorios. En este sentido, creemos prioritario legislar para que existan Plebiscitos Comunales vinculantes y obligatorios en materias relevantes, financiados con cargo al presupuesto nacional, con porcentajes de firmas ciudadanas y quórums del consejo que posibiliten realmente su convocatoria. Nuestro compromiso también está puesto en avanzar en la disminución de la desigualdad social, promoviendo medidas que se orienten a la redistribución de ingresos, con alto impacto en la calidad de vida de los grupos más vulnerados en sus derechos, como las mujeres, las personas adultas mayores, los niños y las niñas. Nos asiste la convicción que en el espacio municipal se expresan múltiples insuficiencias de una sociedad que segrega, margina y excluye, siendo prioritario abordar el problema de un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo y de estándares de convivencia habitacional muy desiguales. Afirmamos que Chile requiere de un nuevo ordenamiento territorial y de una nueva política en vivienda, que favorezca la integración social, reflejada entre otros en más financiamiento desde el presupuesto central para la convivencia en los espacios locales, en viviendas sociales con más metros cuadrados, en más metros cuadrados de áreas verde por vecino/as. Chile requiere de un nuevo enfoque en materia de seguridad para sus habitantes. Las políticas de seguridad ciudadana deben estar centradas en una mirada que favorezca una nueva Convivencia Comunitaria, con acento en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, inversión pública sustantiva en los espacios públicos, políticas de inclusión social y la complementariedad de las comunidades con las autoridades municipales la acción policial y judicial represiva  contra los delincuentes. Así, en materia de recursos municipales impulsaremos una Ley de Rentas Tres, que considere medidas orientadas a disminuir la desigualdad al interior de las comunas y entre las comunas, entre ellas: -          Incremento del Aporte Fiscal al Fondo Común Municipal desde el gobierno central; representando una medida de apoyo a la descentralización, al desarrollo local y al fortalecimiento progresivo de gobiernos locales en el espacio municipal, para la implementación de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO). -          Avanzar en la redistribución de recursos entre comunas más ricas y baja vulnerabilidad, hacia aquellas con menos ingresos y alta vulnerabilidad por concepto de impuesto territorial y permisos de circulación. Asimismo, consideramos relevante implementar Planes de Desarrollo Regional, que se constituyan en un marco orientador de la inversión regional, con el objetivo de generar un desarrollo armónico del territorio. Reformas Políticas El desafío democratizador es impulsar una nueva Constitución, que corrija la ilegitimidad de origen en forma y contenido de la actual, no obstante las reformas efectuadas, propiciando una democracia genuinamente representativa que a su vez exprese una amplia y deliberante participación ciudadana. Esta nueva Constitución debe dar cuenta de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Al respecto, creemos que la Asamblea Constituyente es el camino más legítimo, entre otros, para la construcción de una plena e inclusiva democracia. Entendemos que las transformaciones en la institucionalidad política son importantes para edificar una sociedad más justa. Siendo prioritario, como punto de partida, comprometer y desplegar esfuerzos para avanzar en conjunto en los siguientes aspectos: - Cambio al sistema electoral binominal en la elección parlamentaria por uno proporcional, que garantice la representación equilibrada de hombres y mujeres y la diversidad de realidades territoriales. - Nueva ley de partidos políticos, que incluya financiamiento, para la transparencia y participación. - Plebiscitos vinculantes que amplíen la soberanía ciudadana en aquellos aspectos de alta sensibilidad social. - Iniciativa Ciudadana de Ley. - El reconocimiento de Chile como nación plurinacional y la promoción de los derechos integrales de nuestros pueblos indígenas, en concordancia con el convenio Nº 169 de la OIT. - Fortalecer la capacidad de fiscalización e iniciativa de ley de las Cámaras en el Parlamento. - Proponemos un Estado Protector y Responsable, de sus ciudadanos en reemplazo de un Estado Subsidiario. - En el parlamento no debe haber quórum calificado para constituir empresas del Estado. Desarrollo cultural, respeto y diversidad Nuestro compromiso es con el fortalecimiento de una institucionalidad para la convivencia democrática, que promueva en todos los niveles una coexistencia respetuosa y que sancione todo tipo de discriminación y exclusión. Un país diverso y complejo como Chile requiere no sólo del fomento para el desarrollo cultural, sino que de políticas públicas que pongan el acento en un pensamiento critico y de integración social, que respete los distintos modos de vida de quienes habitan el territorio, en plena concordancia con los derechos humanos y sin discriminaciones –en especial por sexo, orientación sexual, identidad de género, etnia y nacionalidad-, fortalezca comunidades solidarias e inclusivas de la diversidad que las componen, incluidas las personas adultas mayores, los niños, las niñas y los/as jóvenes, las personas con necesidades especiales y los/as migrantes. La deuda social en nuestro país en materia de discriminación, clasismo y segregación es altísima, no son los indígenas los que están en conflicto con el Estado, es el Estado y la sociedad chilena los que han mantenido una situación de discriminación e injusticia con los pueblos originarios y su rica diversidad cultural. En tal sentido, nos proponemos avanzar de manera firme y decidida en la construcción de un Estado plurinacional, mediante reformas políticas sustantivas, daremos especial prioridad a la tarea de recuperar el patrimonio territorial comprometido, abrir caminos para una debida inclusión de los pueblos indígenas en los diversos ámbitos institucionales de toma de decisiones. En materia de género proponemos fortalecer la participación política de las mujeres, a través de incentivar y promover la paridad en los cargos de decisión y representación, generando los mecanismos necesarios para ello, especialmente la ley de cuotas. Reformas Laborales Aspiramos y nos comprometemos con una reforma laboral que se oriente a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a fortalecer su acción colectiva, disminuyendo la asimetría en las relaciones laborales y, consecuentemente con ello, promoviendo el trabajo decente, mayores ingresos autónomos y mejoras en los niveles de productividad. Por ello, sostenemos que Chile requiere de un Nuevo Código Laboral, por lo que proponemos: -          Sindicalización automática al momento del contrato contribuyendo de este modo a disminuir la asimetría en las relaciones laborales empresa-trabajador/a y eliminando la disposición arbitraria de la empresa para que trabajadores que no negocian colectivamente sean beneficiarios de los resultados del sindicato. -          Negociación Colectiva como mecanismo único y obligatorio de negociación para las partes, debiendo introducirse obligaciones legales para que los empleadores entablen la negociación colectiva sólo con los sindicatos legalmente reconocidos. -          Aspiramos a que la huelga sea reconocida como un derecho legitimo de carácter constitucional, eliminando mecanismos de obstrucción, entre otros, el reemplazo, según lo señala el convenio Nº 87  de la OIT que Chile ratificó en 1999. -          Fin al Multi- Rut;  es decir, que dicha figura desaparezca como medio para la contratación y como recurso para evitar la negociación colectiva. -          Consideramos indispensable abrir una amplia discusión social acerca de la  negociación colectiva para los sindicato inter-empresa y sindicatos transitorios. Buscando formulas para que ello ocurra. -           Establecer legalmente que mujeres y hombres que desempeñan igual cargo y responsabilidad reciban igual salario, fiscalizando su cumplimiento. -          Fortalecimiento de atribuciones legales y de asignación presupuestaria a las entidades destinadas a la fiscalización de la norma laboral, con la finalidad de incrementar el respeto de los derechos laborales en base a mayores sanciones por incumplimiento. -          Pleno respeto a legislación sobre salas cunas y jardines infantiles, así como respeto al contexto de embarazo y cuidado del recién nacido de las madres y de los padres, en el marco de la corresponsabilidad efectiva y reconociendo la diversa composición de grupos familiares. Apoyo efectivo a MIPYMES La Mipyme genera trabajo, redistribuye los ingresos, está presente en todo el país, agrega valor a las materias primas, etc. sin embargo, no está en el centro de la estrategia de desarrollo. Colocar en la base del desarrollo la Mipyme constituye un desafío de proporciones para estos tiempos. Por ello, debemos impulsar políticas públicas que apunten a la desconcentración económica en tres aspectos: a) Acceso al mercado, atenuando la posición dominante de las grandes empresas en el proceso de producción y redistribución, resguardando nichos de mercado de empresas de menor tamaño. b) Acceso al financiamiento, mejorando las condiciones de las Mipyme para conseguir recursos en disponibilidad, plazos y tasas que permitan su desarrollo normal y proyección en el tiempo. c) Acceso al conocimiento disponible en el mundo, considerando políticas de capacitación preferencial para sus empresarios y trabajadores, con apoyo real a la innovación. Reformas Medioambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales  Los habitantes de Chile soberanamente debemos decidir sobre el destino de todos nuestros recursos naturales, considerando su protección y explotación equilibrada. Lo anterior, supone contar con una mejor legislación e institucionalidad medioambiental, que considere fiscalización, control efectivo y participación ciudadana real, en base a un proyecto de desarrollo nacional sustentable, cuyo centro sea, la preservación de los ecosistemas y la vida humana. Es urgente contar con una ley de ordenamiento territorial a fin de dejar de dañar nuestro medio ambiente de manera insostenible e irreversible, que además recupere y promueva las áreas protegidas como bien público. Los recursos naturales y ambientales, deben ser utilizados para mejorar los niveles de vida de la población actual, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. Por ello, su explotación debe ser sustentable, es decir, asegurar su permanencia en el tiempo y en grados iguales o crecientes de calidad para todos los habitantes. Respecto del agua, esta debe ser considerada como  bien público y garantizado su acceso constitucionalmente. En relación al Litio, siendo un recurso estratégico, su explotación debe considerar el estado. Nuestro desafío: Un nuevo Sistema y Plan de Nacional de Energía. Nos proponemos impulsar una institucionalidad capaz de implementar una Matriz Energética diversificada y eficiente, que responda a las crecientes demandas existentes; colocando el énfasis en desarrollar las energías renovables no convencionales, fomentar y controlar como bien público una línea de transmisión común. Reformas en Salud Resulta urgente romper con la desigualdad imperante en cuanto a financiamiento. Es insostenible la regresiva distribución del gasto de salud. Nos asiste la convicción que la salud debe ser un derecho garantizado, cuestión para lo cual se requiere un nuevo sistema de financiamiento. Por lo pronto, y en específico sobre la Atención Primaria de Salud (APS), la entendemos como una estrategia de desarrollo local en la que la comunidad y el poder local tienen un rol determinante. Su fortalecimiento financiero, administrativo y de planificación local deben ser parte de un debate nacional sustantivo. Consideramos que para mejorar y alcanzar una salud de calidad es indispensable incrementar los recursos, avanzando hacia $4.500 de per cápita. Siendo indispensable garantizar la incorporación de especialistas en la APS y la implementación de planes de promoción y fomento en el nivel local. Reformas en Educación Nos comprometemos con una reforma Educacional estructural, que esté en sintonía con las expectativas y demandas del movimiento social por la educación, y que han sido recogidas en la propuesta de la reforma educacional de la oposición. En lo sustantivo, mediante una alta inversión pública, que proteja y fortalezca en todos sus niveles, la educación pública, gratuita y de calidad –no sexista y que valore la diversidad- para todos y todas, por ello señalamos: -La educación es ante todo un bien público y por ello sostenemos: fin al lucro en todos los Establecimientos que reciban financiamiento, directo o indirecto del Estado, Escolares, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. - La iniciación temprana del proceso de escolarización de los niños sólo genera beneficios y ventajas personales, familiares y sociales, por ello proponemos la Universalización de la cobertura de educación pre-escolar, creando un Sistema Nacional de Educación Pre-Escolar, que a lo menos integre la gestión de las entidades de carácter público y controle la calidad de aquellas que reciben financiamiento público, directo e indirecto. - En el caso de la educación básica y media proponemos la des-municipalización  del sistema, creando un  Sistema Nacional de Educación Escolar Público, de  carácter descentralizado y en base a una responsabilidad clara y exigible del Ministerio de Educación, que lo coordinará y articulará para garantizar su buen funcionamiento, financiamiento y equidad; junto con la participación activa de la comunidades locales en el proceso educativo. - Es prioritario el fin al Financiamiento Compartido. A su vez, en materia de recursos priorizamos el financiamiento de la educación escolar pública, buscando duplicar la actual subvención escolar. No obstante, proponemos como medida correctiva de fondo, suprimir el concepto de subvención escolar y establecer presupuestos fijados por ley, en base a las necesidades del sistema. - Respecto a  la Educación Técnico – Profesional es urgente impulsar medidas para mejorar dicho modelo, comprometiendo una alta inversión pública para el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que la imparten. - Nos proponemos como política pública, junto con revisar y ajustar la institucionalidad y la regulación de todos los establecimientos escolares técnicos  (mecanismos de acreditación y carreras impartidas), la creación de una Red de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de carácter Estatal, con énfasis en las regiones donde existan mayores necesidades de ésta modalidad de formación. - Proponemos la implementación de una Carrera Profesional Docente Universal, que norme el desarrollo profesional de todos lo/as profesores que ejercen en el sistema financiado por el Estado, aportando con ello a su perfeccionamiento permanente, a mejores salarios, a un sistema de promoción profesional que reconozca las múltiples labores que ejercen lo/as docentes dentro y fuera de las aulas, perfeccionando los sistemas de evaluación. - Respecto de la Educación Superior Universitaria ésta se debe sostener en una regulación real y efectiva que garantice el fin al lucro. El Estado debe otorgar un trato preferencial y de fortalecimiento a las Universidades Estatales. - Debe existir un solo sistema de becas y créditos para los estudiantes de Educación Superior, con cobros acorde al ingreso y gasto familiar. Buscamos garantizar la gratuidad efectiva para el arancel real de los estudiantes provenientes, de a lo menos, los siete primeros deciles. - De Igual Forma, es prioritario propender a la integración social en las instituciones de Educación Superior de propiedad del Estado.  La educación superior pública y de calidad no puede ser alternativa sólo para los jóvenes de ingresos altos, ni puede seguir siendo una fuente creciente  de desigualdad, por ello debe implementarse con cargo al presupuesto del Estado un Sistema Nacional de Ranking de Notas, que sea una modalidad de acceso a la   educación  superior distinta  a la PSU, destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público y sin fines de lucro. - Nuestro compromiso también es con el fortalecimiento de la democracia y la participación de todas las instituciones de educación superior, resguardando la existencia y desarrollo de la organización estudiantil, mediante la derogación de DFL Nº 2 de la LGE, y propiciando procesos de democracia y participación en todas las comunidades universitarias  del país. - De igual forma, el Estado debe garantizar una  educación  multicultural, que sea expresión  de   un país complejo y  diverso en identidades, culturales y modos de vida. - Como pacto por Un Chile Justo nos asiste la convicción que la educación pública en un país orientado a la plena justicia social debe ser gratuita Reforma en el Sistema Previsional  Tenemos conciencia de la crisis del Sistema Previsional que nos afecta, que hoy no asegura pensiones dignas, pero si crecientes ingresos para la banca privada. Frente a esta problemática la creación de una AFP estatal es una medida atenuante que estimamos puede contribuir a regular el sistema de AFP, pero que debe ser debatida con el conjunto de las organizaciones de trabajadores. Pero, siendo el problema de insuficientes pensiones de vejez y de un modelo previsional que no se funda y orienta por las necesidades de las personas, y,  considerando la necesidad de impulsar un gran debate nacional que aborde el desafío de una reforma estructural, desde ya abogamos para que la futura reforma y las medidas que se implementen en el corto plazo para el sistema de pensiones se estructure sobre la base de tres pilares solidarios: a) Cotización del empleador. b) Cotización del Estado. c) Cotización del trabajador. Reforma Tributaria Como señaló la Comisión de expertos de los Partidos Políticos de la Oposición, “una reforma tributaria debe cumplir con cuatro condiciones. Primero, recaudar más, de forma que el Estado pueda proveer más y mejores bienes públicos; segundo, debe nivelar la carga tributaria de manera que quienes tienen más o perciben mayores ingresos aporten más a los recursos fiscales; tercero, debe tender a una mayor simplicidad del sistema que permita a los contribuyentes entender la forma de cumplir con sus obligaciones tributarias y a la autoridad facilitar su fiscalización; y cuarto, fomentar un desarrollo sustentable, donde quienes contaminan y dañan el medio ambiente de sus conciudadanos, paguen por el daño que generan”. Por ello, sostenemos la necesidad de impulsar una Reforma Tributaria real y efectiva para financiar el gasto social, que dé cuenta de las necesidades del presente y del futuro de la sociedad chilena, en urgencias sociales como educación, salud y pensiones de vejez. Proponemos: - El impuesto a la renta de Primera categoría de un 20% requiere de modificaciones estructurales en su composición. Por ello estimamos necesario la eliminación del FUT para cambiar la base de cálculo, y avanzar hacia una  Reforma Tributaria  que trasforme el actual sistema  “integrado” de tributación del capital en uno “desintegrado”, en el que tributen separadamente las empresas por sus  utilidades ganadas durante el ejercicio fiscal. Lo cual equipararía el tratamiento  de las rentas de los trabajadores y de los empresarios, de modo que cada cual tributase de acuerdo a lo efectivamente  percibido como ingresos. - El Royalty. Las empresas explotadoras de minerales metálicos  y/ o  no metálicos paguen un impuesto  creciente basado en los resultados operacionales mineros de las empresas. Similar impuesto debiese aplicarse a otros sectores extractivos como la gran pesca. Asimismo, un porcentaje por concepto de royalty recaudado debe quedar para las regiones desde donde se obtiene la riqueza y otro para el desarrollo de ciencia y tecnología en trabajo conjunto con las universidades públicas. - Los impuestos verdes deben ser un mecanismo de estimulo al uso de tecnologías limpias, como alternativas a la generación de energía eléctrica mediante centrales que usan combustibles altamente contaminantes. - También, respecto del combustible para uso de vehículos de transporte, se propone la eliminación de toda exención al pago de impuesto a combustible a las grandes empresas clasificadas como tal por el SII. Nuestra Invitación Creemos que todo lo expuesto en este documento representan ideas transformadoras y de visión de un país mucho más democrático e inclusivo, pero, ante todo, entendemos nuestras propuestas como un impulso e invitación a re-pensar colectivamente un Nuevo Modelo de Desarrollo para Chile, sustentado en principios como igualdad, participación, diversidad, libertad y sustentabilidad a una sociedad de más satisfacciones y menos frustraciones. Presentamos estas ideas como nuestra contribución para un debate amplio y sin restricciones, con la ciudadanía y las organizaciones sociales, que posibilite la construcción de una mayoría social, política y cultural para un Chile más Justo.  Octubre de 2012.