El senador democratacristiano, Jorge Pizarro, indicó que “la responsabilidad mayor de este escenario la tiene la derecha, porque coloca en riesgo el acceso de 200 mil jóvenes a la gratuidad en la educación superior”.
Reacciones frente a la decisión no unánime del TC de acoger dos de los tres requerimientos presentados por la derecha en contra de la glosa presupuestaria que permitía financiar la gratuidad para 200 mil estudiantes a partir del 2016. Los integrantes del TC coincidieron con parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), en cuanto a que habría “discriminación arbitraria” porque esta vez los recursos irían a 200 mil jóvenes del 50% más vulnerable de Universidades del Consejo de Rectores y algunos institutos profesionales y centros de formación técnica y no a universidades privadas, por ejemplo. También se acogió la idea de que es negativo colocar como condición la triestamentalidad, que es tener una estructura interna democrática de participación al interior de las universidades; para el Gobierno y muchos parlamentarios en los planteles debe haber participación (con voz y voto) de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. La derecha también quiso que se cuestionara el que existiera una glosa para la gratuidad dentro de la Ley de Presupuesto, el único requerimiento no aceptado por el TC.
En definitiva, el TC, junto con la UDI y RN, consiguieron que se declarara anticonstitucional el otorgar gratuidad a un segmento importante de estudiantes de varios estamentos de educación superior y se cuestionó la constitucionalidad de que en las universidades existan estructuras de participación y decisión democrática.
Entre las condiciones que se consideraron “discriminadoras y arbitrarias” están; que las universidades que no formen parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) debían tener una acreditación de cuatro años y no tener relación con sociedades lucrativas, contar con la participación de estudiantes o funcionarios con derechos a voto dentro de los estatutos inscritos en el ministerio de Educación y los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica debían contar con acreditación de cuatro años y estar constituidos con personalidad jurídica sin fines de lucro.
Liderando esas posiciones, el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, declaró que “lo que el Tribunal ha dicho es que los criterios que se establecieron eran ilegales, había discriminación arbitraria y, por tanto, el Gobierno ahora tiene la opción de dejar más estudiantes adentro, para no escoger a dedo quiénes sí y a quiénes no”. Andrés Allamand, senador de RN, sostuvo que “el fallo del Tribunal se ajusta plenamente a derecho y confirma la improvisación con que ha actuado el Gobierno…que establece discriminaciones arbitrarias entre colegios municipales y particulares subvencionados”. Felipe Kast, diputado de Evópoli, indicó que “las familias pueden dormir más tranquilas, ya que se respetó un principio fundamental de la democracia: que no se discrimine”. Planteó que “es un motivo de celebración que un tribunal le diga al Gobierno que no puede discriminar arbitrariamente”.
En lo más técnico, la abogada Paulina Veloso, que representó al Gobierno ante el TC, dijo, contrario al criterio de supuestas discriminación, que “las distinciones que se efectúan (para el financiamiento de la gratuidad) son razonables, es lo que permite el principio de igualdad, y estas distinciones respetan la actual estructura jurídica del actual sistema universitario y de educación superior”. La profesional precisó que “lo más importante es que la política de gratuidad que ha sido criticada por la oposición, no está en cuestión” ni siquiera con la resolución de los miembros del TC.
Desde el oficialismo se insistió, además, que la gratuidad en educación será gradual y que por tanto en el futuro se ampliará la cantidad de jóvenes beneficiados. Pero se siguió cuestionando la insistencia de la derecha de incluir paralelamente a instituciones universitarias privadas y no partir priorizando por las públicas. El senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, dijo que “soy partidario de entregar los recursos solo a las universidades del Consejo de Rectores. No conozco ningún país europeo donde la educación privada esté financiada por fondos públicos”.
Adriana Delpiano, Ministra de Educación, ironizó diciendo que “si lo repartimos (el presupuesto) entre todos, entregaremos un bono para ayudar a comprar cuadernos”. Advirtió -aunque al cierre de esta nota el Gobierno estaba buscando fórmulas de garantizar la gratuidad 2016- que con el fallo del TC es probable que “en vez de amplia el número de alumnos (beneficiados), por este año nos obligue a reducir el número de alumnos a algún tipo de universidades”.
Camila Vallejo, legisladora comunista, expresó que “la solución debe darse en un marco de coherencia con el programa (de Gobierno), partiendo por las Universidades del Estado, sobre las que puede garantizar el adecuado uso de los recursos y en el contexto de la reforma se incorporen instituciones privadas”.
DISTORSIÓN DE LA DEMOCRACIA
Frente a lo obrado por el TC y que fue cuestionado por parlamentarios, partidos políticos y organizaciones sociales y estudiantiles, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, manifestó que “es incomprensible que en momentos de democracia, donde estamos profundizando los procesos democráticos, haya una institución con personas designadas, que se definen por cuoteo político el número de sus representantes, y que revierten las decisiones de un Gobierno electo democráticamente y de un Congreso Nacional, con diputados y senadores electos democráticamente. Ahí hay una distorsión desde el punto de vista democrático”.
La Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, militante del PC, sostuvo que el fallo del TC vuelve a poner de manifiesto lo antidemocrático de esa institución que actúa como una tercera cámara y tuerce la voluntad popular. “Un tribunal con miembros elegidos a dedo se impone a una larga discusión democrática en ambas Cámaras y además rechaza elementos de democracia interna en las instituciones, es decir un órgano antidemocrático impide más democracia interna”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó que “es muy lamentable que por secretaría se trate de poner en riesgo la disciplina fiscal de Chile”. Añadió que “nosotros tenemos un marco fiscal, la plata no siempre alcanza para todo, nos encantaría tener más recursos, pero los recursos son los que tenemos y debemos usarlos de la manera más apropiada. Y lo que se ha hecho hoy día va en contra de esa lógica”, explicando que para el 2016 se hable de 200 mil estudiantes de ciertas universidades. Explicó “vamos a buscar la manera más apropiada para poder llegar al mayor número posible de estudiantes, pero no podemos con los recursos públicos financiar cualquier tipo de institución o carrera".
El Vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, señaló que “aquí hay una aseveración que nos parece francamente populista y lo quiero decir con mucha claridad, esta idea de pensar que porque el TC hoy declaró inconstitucional alguna de las normas de la Ley de Presupuestos, la gratuidad se extiende.”
BACHELET: “EN CHILE, LA GRATUIDAD VA”
La noche misma de que se conociera la decisión mayoritaria, con votos de minoría, en que el TC negó de hecho la gratuidad para 200 mil estudiantes el 2016, la Presidenta Michelle Bachelet decidió enviar un mensaje al país, dada la gravedad del hecho.
Explicó que “incluimos en el Presupuesto de la Nación una norma que nos permitiera partir gradualmente con la gratuidad, para un conjunto de estudiantes, a partir del año 2016. Ello habría permitido acceder sin pago a la Educación Superior a aquellos alumnos pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable, matriculados en instituciones que cumplieran requisitos de calidad, de participación y de exclusión del lucro”.
La jefa de Estado enfatizó que “el Congreso, democráticamente, aprobó el contenido y forma de nuestra propuesta, porque entendió que lo que estaba jugándose en ella era un anhelo muy profundo y muy importante para las familias y un derecho que debiera ser reconocido”.
Pero también sostuvo que “lamentablemente, algunos parlamentarios de oposición, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Pidieron que la norma fuera declarada inconstitucional e inaplicable. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que la propuesta de gratuidad para el año 2016 presentada por el Gobierno y aprobada democráticamente por el Congreso tiene aspectos de inconstitucionalidad que no permiten implementarla en la forma propuesta”. Bachelet lamentó la decisión “porque menos estudiantes van a poder contar, a partir del próximo, con la gratuidad”.
Sin embargo, la Presidenta de la República de inmediato estableció una decisión ante este escenario: “Quiero ser muy clara: como Presidenta me he jugado para que sea el mérito y no el dinero lo que defina las oportunidades de los jóvenes en nuestro país. Y a los jóvenes y a sus familias les puedo decir que pueden estar tranquilos: que en Chile, la gratuidad va”. Y apuntó que “con este Gobierno se va a iniciar el proceso para que todos los estudiantes tengan acceso a Educación Superior gratis, de calidad y sin deuda”.
Informó que “me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas para que, dentro de las posibilidades legales, por un lado, y presupuestarias, por el otro, la mayor cantidad posible de estudiantes de Educación Superior previstos para acceder al beneficio de la gratuidad pueden efectivamente hacerlo. Vamos a presentar a la brevedad las fórmulas adecuadas luego de estudiar el fallo del Tribunal. Conocemos un comunicado muy general, no conocemos el fallo en detalle. Pero queremos hacerlo de tal manera, que quienes tienen que postular, a fines de este mes puedan tener la claridad sobre su situación. Es decir, si van a poder tener la gratuidad o no.
Ya en un terreno más político y estableciendo un criterio de su gestión, Michelle Bachelet manifestó que “algunos quieren impedir que cumpla mi palabra; no me conocen. Quieren frenar la gratuidad; no lo van a lograr”.
En tanto, el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se preguntó por el trámite promovido por la derecha y el dictamen del TC: “¿Están defendiendo a los jóvenes pobres o están defendiendo los intereses de las empresas que hay detrás de universidades privadas? Creo que es una duda perfectamente legítima”.
Enfatizó que “a nadie le cabe duda que además de defender a los jóvenes vulnerables se está -consciente o no, voluntariamente o no- defendiendo intereses económicos de instituciones que no han dado una real demostración de estar ofreciendo una buena educación universitaria”.
fuente : el siglo
