A 9 AÑOS DEL TRANSANTIAGO ,TRABAJADORES Y USUARIOS SIGUEN AUSENTES

Muchas columnas de opinión se han escrito sobre los 9 años del Transantiago, en general se refieren a los resultados financieros, malla de recorridos, niveles de evasión, entre otros. Un balance que da cuenta de una promesa incumplida, la de refundar un sistema de transporte público que  a partir del capital privado y un cóctel de onerosos subsidios de más de 7 mil millones de dólares en 9 años (cifra similar a lo que busca recaudar la reforma tributaria) traería bienestar a los santiaguinos.

En medio de  esta “conmemoración” y análisis, ha  estado  ausente la situación de dos actores claves que se han llevado el peso estos años: los usuarios y los trabajadores.

Los usuarios, han soportado que se experimente con sus flujos de viajes, han observado el aumento de un 100% en la tarifa entre al año 2007 y el 2015  y lo más preocupante, la percepción de la calidad del servicio está muy lejos de ser satisfactoria. Existe en la ciudadanía, la percepción que los subsidios satisfacen  la rentabilidad de las empresas operadoras y no apuntan a financiar una tarifa accesible o concretar  medidas que mejoren el transporte público.

Los trabajadores del Transantiago (operadores de buses, mecánicos, trabajadores del Metro, entre otros), durante este tiempo han experimentado  precarización de sus condiciones de trabajo.

En el caso de los conductores de buses, variadas son las demandas relacionadas a condiciones de trabajo dignas, como la  ausencia de sanitarios en  los terminales de llegada.

Entre los trabajadores del Metro, aumentó  la intensidad laboral  en la que se desempeñan, pasaron a transportar 1,2 millones de pasajeros diarios en 2006 a 2,5 millones en el 2015.

Transversalmente los trabajadores del sistema de transporte público, se ven afectado por condiciones psicosociales referidas a depresiones, agresiones en sus puestos de trabajo, secuestros  de conductores en días de partidos de fútbol, extensas jornadas de trabajo.

En síntesis, no hay un reconocimiento del propio sistema o de la “industria” sobre la especificidad de las condiciones y exigencias del  trabajo en el transporte público.

Frente a la nueva licitación del 2017,  se han generado iniciativas ciudadanas como la mesa social del Transantiago, que ha puesto como uno de sus ejes la necesidad de establecer un capítulo laboral especial en la nueva licitación que fije condiciones de horarios, salario, salud y seguridad laboral, que impongan un mínimo de dignidad y bienestar a los trabajadores.

Por último, esta iniciativa  solo resuelve lo urgente, no es posible plantearse mejoras en el transporte público si no lo abordamos desde un enfoque de derecho social y económico, como ocurre en las principales ciudades europeas, en que los gobiernos locales y el Estado jueguen un rol principal en la planificación, la propiedad y la operación del sistema de transporte público.

Por Eric Campos B

fuente : radio cooperativa 

OPERACIÓN CONTRA FAMILIARES DE EJECUTADOS

 Diputado Kast, ultraderechista de origen cubano residente en Chile y derechista medio El Líbero instalaron idea de un montaje de agrupación de derechos humanos para culpar de crimen a denunciante en caso Caval.

 El vocero del conglomerado derechista Chile Vamos y presidente de Evópoli, diputado Felipe Kast, el ultraderechista de origen cubano residente en Chile, Mijail Bonito, dirigente también de Evópoli, y el medio derechista El Líbero, instalaron la idea de que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) habría participado en un montaje para acusar de un crimen de derechos humanos a “un denunciante” en el caso Caval -Sergio Bustos- para sacar provechos políticos y alterar las investigaciones en esa situación de negocios irregulares que es investigada por la justicia.

Según El Líbero, hay informaciones provenientes de fuentes de Carabineros, de que un socio de Caval -Mauricio Valero- habría querido vincular a Bustos en el asesinato de un militante del MIR, y que para eso habría recurrido a un montaje utilizando a la AFEP.

Sin esperar versiones policiales, oficiales, ni conocer la información y posición de las dirigentas de la AFEP, el diputado Kast y Bonito, hicieron acusaciones gravísimas e infames contra familiares de ejecutados políticos.

En declaraciones a El Líbero, el diputado Kast afirmó: “Lo más grave que he visto del caso Caval es la evidencia de que una organización de DD.HH. se habría prestado para hacer un montaje. Es aberrante pensar que utilicen la justicia para mentir en un tema tan delicado”.

Junto a la acusación, el vocero de Chile Vamos no consideró como lo más grave los delitos financieros, tributarios y de malos manejos de los involucrados en el caso Caval, sino la supuesta y no comprobada actuación de la AFEP que califica de “aberrante”.

En tanto, el dirigente de Evópoli de origen cubano, Mijail Bonito, también citado por El Líbero, manifestó sobre la organizaciones de familiares de ejecutados por la dictadura que  “alguien tengan la posibilidad de influir en las acusaciones y querellas en temas tan sensibles como los derechos humanos y que se utilice esa plataforma después de todo lo que se le ha otorgado a las organizaciones de derechos humanos para que desempeñen su labor desde el mismo Estado, utilizar esa plataforma para amedrentar a enemigos políticos, económicos o enemigos en negocios, me parece tremendamente más grave eso, que un hecho que reviste caracteres de delito en actos de ciertas personas puntuales”.

Este personaje ultraderechista radicado en Chile acusó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de cometer un “delito” y de “amedrentar a enemigos políticos”.

Tácitamente ambos, por lo demás, salieron en defensa de un individuo que estaría investigado por violaciones a los derechos humanos. Se trata de Sergio Bustos, que fue militante de la organización ultraderechista Patria y Libertad, y está acusado del crimen de Rolando Angulo Matamala, en tiempos de la dictadura.

La AFEP reaccionó con un comunicado en que afirmó que “rechazamos cualquier intento de involucrar a nuestra Agrupación, en operación alguna, que no diga relación con los denodados esfuerzos que hemos realizado desde nuestra conformación,  por lograr la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y el afán de mantener la memoria en nuestro país, acerca de lo ocurrido durante la dictadura cívico- militar”.

La agrupación representante de familiares de ejecutados políticos aseveró en el texto difundido que “hacemos presente al diputado Kast que la utilización de montajes, jamás ha sido una práctica utilizada por las agrupaciones de DD.HH, sino justamente una de las formas en que actuó la dictadura, como lo consignan las Operaciones Colombo, Albania, entre tantas otras tristemente célebres”. Añadió que “nos resultan injuriosas las declaraciones del diputado Kast que no sólo dan cuenta de su desconocimiento y menosprecio de la forma en que actuamos quienes somos parte de organizaciones de DD.HH, sino además evidencian una mañosa forma de involucrarnos situaciones que se encuentran en investigación por la justicia ordinaria, confundiendo hechos y fechas de presentaciones y resoluciones judiciales”.

La AFEP puntualizó que “resulta llamativo que el diputado Kast no haya indagado un poco antes de emitir sus declaraciones acerca de un supuesto montaje, desconociendo que la querella por el homicidio de Rolando Angulo Matamala, fue presentada por la AFEP el año 2010, y de la cual se hicieron parte además de familiares de las  víctimas el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y firmada por el entonces subsecretario Rodrigo Ubilla”, que es militante del derechista partido Renovación Nacional.  

fuente : el siglo