CHILE

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jueves, 30 de abril de 2015

OTRA VEZ EL LLAMADO DE NUESTRA CRUDA REALIDAD.

No se trata ni de culpar de todo a la naturaleza ni de ocultar las indudables responsabilidades del sistema social imperante. Pero es innegable que ciertas “complicidades” concurren, y ello para desgracia de miles de personas, a la hora de sacar las cuentas de los dañados por las inclemencias de una geografía entre impredecible y hostil.
Acosados desde el norte por inundaciones que han dejado miles de damnificados, y no pocas víctimas fatales, de un lado; y por otro lado por la erupción de un volcán que parece decidido a mostrarnos el rostro más inmisericorde de la naturaleza, los chilenos debemos respondernos por la solidez de nuestra geografía en los mismos días en que lo hacemos por la solidez y vigencia de nuestra democracia.
La pregunta que surgiría de estas primeras palabras es si habría alguna relación entre la naturaleza y la democracia. Y, en verdad, la repuesta, cualquiera que fuera, pecaría de al menos voluntarismo y rebuscamiento pues, ¿qué le importan a los accidentes geográficos del norte o del sur quiénes sean los más responsables –o culpables- de los delitos cometidos contra los intereses generales del país?
Dicho en otras palabras, sin SQM ni Penta, ¿habría sido más benévola con nosotros la naturaleza?
O, invirtiendo el orden de la relación, ¿sin los desastres naturales que corroen nuestra vulnerable geografía, ¿habría habido un Penta y un Soquimich?
Ciertamente es a todas luces arbitrario el sólo intento de establecer alguna relación de causa y efecto entre dos niveles tan alejados entre sí como la naturaleza y los intereses privados de algunos grupos de poder.
Y sin embargo…
Sí, sin embargo… Porque cada desastre natural nos regala y asfixia con las postales de una realidad que dista mucho del discurso conformista o, lo que es peor, auto satisfecho, con que solemos curarnos de nuestras culpas.
¿Y cuáles serían esas culpas?, es lícito interrogar.
Bueno, para no pecar de exhaustivos, consignemos en primer lugar nuestra deliciosa ignorancia. Ese no ver más allá de los escasos metros que recorremos cada día, y para qué hablar del tiempo y lo que nos puede importar de la historia en la medida en que no nos afecte de manera claramente directa.
Y, entonces, a lo más intentamos el gesto perdonatorio de la “solidaridad”, para apurar el olvido acerca de cómo viven esos compatriotas nuestros que carecen de la bendita “conectividad” y cuyas precarias existencias dependen de factores tan absurdos y lejanos como una conjunción de aluviones descendiendo de la cordillera por algún “descuido” de la naturaleza, o la erupción de un volcán ignoto.
Y es el momento de cuestionarnos nuestro PIB y su reparto “per cápita”, y el modelo exportador y el tamaño formidable de “nuestras empresas de punta” y el centralismo y todo eso que solemos dejar como material inflamatorio para los tiempos de campaña.
Porque si un pacto debiéramos firmar como la más extrema mayoría, ése sería uno de amistad y colaboración con la naturaleza. Comenzado por la nuestra, ésa que apenas cabe entre los pocos kilómetros que separan del mar a nuestros cerros cordilleranos.
¿O es que deberíamos considerarnos unos marginales en el extenso planeta, condenados desde siempre y sin remisión a ser víctimas de “impredecibles y repentinos” desastres naturales?
Un poco más de modestia, ciudadanos. Y a ver si alguna vez firmamos con la esquiva naturaleza un pacto de amistad y cooperación en el que no seamos los jueces absolutos que diriman quiénes deben pagar el tributo a sus furias, excesos o previsible conducta. Que no seamos, en cuanto ciudadanos, jueces únicos e inapelables para discernir quiénes han de ser las víctimas de lo imprevisible y, a partir de ellos, los beneficiados por nuestros –en cualquier caso insuficientes- reflejos benefactores.
fuente : editorial de "el siglo"

CUT: “La convocatoria para el 1 de mayo busca fortalecer al actor sindical en un escenario inédito”

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, convocó a todos los sindicatos, actores sociales y a la ciudadanía en su conjunto a marchar este viernes 1 de mayo, día Internacional de los y las trabajadores.
“Estamos en un escenario inédito” expresó la dirigenta sindical, aludiendo a la coyuntura nacional marcada por el debate del proyecto de ley de Reforma Laboral y la crisis de confianza política que vive el país.
Será un primero de mayo diferente, dijo la presidenta de la multigremial, siguiendo en la línea del escenario político y de transformaciones que vive el país. Además, subrayó la evidente injerencia que han tenido los actores sociales en los temas país.
En tanto, el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, detalló que la marcha será desde las 10:00 de la mañana en Plaza Los Héroes hasta Portugal con Alameda.
En la instancia, Figueroa se refirió a la revisión de las indicaciones presentadas por el gobierno a la reforma laboral. De las cuales, según la CUT, siguen quedando pendientes algunos temas: Los servicios mínimos, donde la dirigenta dice que se avanzó, pero aún les parece perfectible la redacción; la eliminación de los pactos de adaptabilidad laboral y el punto en el cual la mayor distancia con el Ejecutivo, que es el debate sobre la reajustabilidad del piso.
Al concluir, la presidenta de la CUT señaló que la convocatoria de este 1 de mayo “busca fortalecer al actor sindical. Por lo tanto, estamos en un escenario inédito desde la vuelta a la democracia en nuestro país”.
fuente  .radionuevomundo

PRIMERO DE MAYO , EL NUEVO DESAFÍO SÍNDICAL.

En Chile, la conmemoración del Día Internacional de las trabajadoras y trabajadores, se da en medio de la discusión del proyecto de Reforma Laboral enviado por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Más allá de las valoraciones, las que se podrán expresar una vez que el proyecto sea aprobado en el Senado, dichas reformas marcan un cambio de rumbo luego de 35 años de institucionalidad laboral concebida en dictadura, con un Plan Laboral que inclinó la balanza a favor del capital.
En este contexto y en medio de la conmemoración por las lucha de los trabajadores mártires de Chicago debemos preguntarnos  ¿Cuáles son los desafíos de los trabajadores chilenos  del momento presente?
Sin duda, la reforma es un escenario más propicio para la actividad sindical. La titularidad sindical tendrá un impacto positivo en la tasa de sindicalización que hoy bordea el 16% (trabajadores públicos y privados). Este hecho obligará a revisar las formas de organización sindical, y a impulsar cambios que permitan mayor democracia al interior de los sindicatos, federaciones y confederaciones.
Por otro lado, la  legítima aspiración por una negociación por rama de la producción que tiene como sujeto de negociación a las federaciones y confederaciones, supone que el movimiento sindical más allá de la discusión del proyecto de ley, debe superar los niveles de dispersión y fragmentación que tiene en la actualidad.
Si se quiere ser contraparte de los empresarios en cada área de la producción, se deben impulsar procesos de unidad como los realizados por los trabajadores de la metalurgia y el comercio, quienes han avanzado en negociaciones ramales obteniendo condiciones mínimas para los trabajadores de sus áreas productivas.
Asimismo, y dado que la reforma laboral no vacía el contenido programático de los trabajadores, será un desafío de primer orden profundizar un acuerdo que se proponga avanzar en una nueva institucionalidad laboral y un sistema de pensiones que caminen en la perspectiva de derrotar la desigualdad en nuestro país.
Este Primero de mayo pone a los trabajadores chilenos en un nuevo momento histórico,  para el cual fidelizar la tradición histórica de ser sujetos de cambio, asumiendo capacidad de movilización con incidencia en las reformas y transformaciones del país. Para ello, asumir sin traumas ni complejos estos desafíos, así como los avances y triunfos que permitan construir un nuevo relato para el movimiento sindical chileno.
eric campos b
fuente : radio cooperativa 

INFORME ENGEL

El Informe Engel ha ayudado a la Presidenta a proponer al país un camino de recuperación de la confianza en sus instituciones, puesto que aborda los asuntos principales requeridos para ello.Reconoce la gravedad de la actual situación y llama a todos a asumirla plenamente, manifestando que quienes han incurrido en prácticas ilegales deben ser sancionados y que todas las faltas a la ética política y empresarial merecen ser repudiadas.
Sugiere que el país aborde sin demora el difícil proceso de alcanzar consensos mayoritarios respecto de una nueva Constitución, sin lo cual otras medidas específicas pueden perder legitimidad.
Propone democratizar el sistema de financiamiento electoral y partidos políticos y hacer más competitivo el funcionamiento de los mercados, para evitar los abusos derivados de la influencia desmedida que los grandes poderes económicos ejercen hoy sobre ambos. Para imponer estas normas, recomienda reforzar las capacidades del Estado y hacer más profesional e independiente el servicio público.
Las propuestas específicas del informe pueden servir como una base importante para que el Ejecutivo prepare los proyectos de ley que deberán abordar estas materias, aunque por cierto no tienen ni pueden tener la pretensión de constituirse en el articulado de los mismos.
La Presidenta de la República ha recibido el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, más conocido por el nombre del distinguido ingeniero Eduardo Engel, quien lo ha presidido con corrección y eficiencia. Las solemnes ceremonias republicanas de constitución del Consejo y presentación de sus resultados, así como el discurso de su presidente en esta ocasión, los pronunciados por la Presidenta de la República en ambas ceremonias y muy especialmente, su alocución al país el día 28 de abril, poseen la altura requerida para iniciar la superación de la crisis política en curso.
El informe se inicia con un diagnóstico que, en lenguaje reflexivo y sereno, reconoce la gravedad de la situación y llama a que ésta sea asumida plenamente por todos, expresando que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales, tanto en el ámbito público como en el privado, deben ser investigados y sancionados de modo adecuado, y que todas las prácticas reñidas con la ética deben ser repudiadas. Esa es la condición previa e indispensable para la recuperación de la confianza en las instituciones.
El Consejo manifiesta seguidamente y de modo unánime, que el país debe iniciar sin demora el tránsito que le permita alcanzar un consenso mayoritario respecto de los contenidos de una nueva Constitución y, previamente, acerca las vías para lograrlo. Advierte que los desacuerdos que hoy prevalecen al respecto no pueden ser óbice para iniciar este proceso, puesto que el debate sobre el cambio constitucional es de un rango más elevado que los demás y si no se aborda debidamente, el resto de las medidas propuestas corren el riesgo de perder legitimidad.
A continuación, el informe propone democratizar significativamente el sistema de financiamiento de la actividad política, prohibiendo los aportes de empresas y limitando el monto de las donaciones privadas a partidos y campañas, las que propone sean públicas, a excepción quizás de aquellas de montos bajos, para estimular las cuales sugiere, en cambio, un aporte público complementario.
Como contrapartida, sugiere aumentar en forma importante el financiamiento público a los partidos, a los cuales exige, por otra parte, darse normas de funcionamiento interno que reconozcan derechos democráticos de sus militantes al menos similares a los que ellos gozan en su condición de ciudadanos.
En menor medida, aumenta también el financiamiento público de las campañas, cuyos límites de gasto por otra parte restringe, prohibiendo además sus formas más costosas y, particularmente, todo tipo de regalos de candidatos a sus electores, los que asimila a otras tantas formas de cohecho. Sugiere aumentar las sanciones a la violaciones de estas normas, llegando en los casos más graves hasta la pérdida de escaños parlamentarios y otros cargos de elección popular a nivel regional y municipal, así como del reconocimiento legal en el caso de los partidos.
Paralelamente y en un nivel de importancia equivalente al anterior, se proponen medidas que mejoren efectivamente la competitividad de los mercados y aumentar las penas a quienes las infrinjan. En conjunto con las propuestas de democratización del financiamiento de elecciones y partidos, estas sugerencias buscan limitar la posibilidad que grandes intereses económicos puedan continuar abusando de posiciones dominantes en uno y otro ámbito.
De modo consecuente con lo anterior, se sugiere reforzar significativamente las capacidades del Estado para fiscalizar e imponer el acatamiento de estas normas, en particular, las del Servicio Electoral y Tribunal de Elecciones y las instituciones que supervisan el comportamiento de empresas y personas en los mercados. En forma unánime, Consejo sugiere avanzar hacia un mayor profesionalismo e independencia del servicio público en general.
El informe contiene un cúmulo de propuestas específicas que apuntan en las direcciones señaladas, las cuales pueden servir como base importante para la elaboración de los proyectos de ley que aborden estas materias, desde luego,  sin pretender que se transfieran directamente al articulado de las mismos.
Ello no correspondería, puesto que el Consejo no representa a la ciudadanía, como ha escrito una de sus sus miembros  . Adicionalmente, el tiempo de elaboración ha sido breve y sus miembros no dominan este oficio específico, por lo cual inevitablemente sus sugerencias presentan niveles de detalle muy diverso en los variados ámbitos que abordan, y no ha sido posible verificar a fondo la consistencia del conjunto de ellas con el nivel de precisión indispensable para preparar un proyecto de ley.
Por un imperativo de transparencia, parece importante que el propio Consejo advierta acerca de los sesgos que puede tener su trabajo, derivados de su propia conformación. Predominó en ésta la experiencia académica, profesional y de organizaciones de la sociedad civil, desde las cuales se sigue la actividad política desde una cierta distancia, la que puede aumentar cuando dicha actividad está sometida a un fuerte cuestionamiento.
Todo ello hace posible que el sesgo aludido pudiese verse reflejado en la forma de determinadas propuestas. Por ejemplo, en el afán de profesionalizar y otorgar más independencia al servicio público para que fiscalice adecuadamente el cumplimiento de las normas democratizadoras de la política y los mercados que se están proponiendo, lo que por cierto es acertado y loable, algunas sugerencias del informe pudieran estar exagerando la autonomía de determinados servicios del Estado respecto del poder político democráticamente elegido, y encargando su dirección, en cambio, a consejos que, por la forma en que se designan, pudieran terminar reflejando una suerte de binominalismo, lo que ciertamente sería antidemocrático.
Hechas estas prevenciones, el contenido del Informe Engel ciertamente puede ayudar a trazar un camino para que la inmensa energía que está liberando la crisis política en curso se canalice en una dirección de progreso para la institucionalidad del país.
manuel riesco
fuente: radio cooperativa