Tiene la derecha chilena, bien apoyada en una tradición que la emparienta con las más extremas de otros países, una valiosa experiencia conspirativa. Bien lo sabemos en este país: “Junten rabia, chilenos”, titulaba reiteradamente la prensa más reaccionaria en los 3 años de la Unidad Popular. Y sus Pablos Rodríguez y otros de tal calaña, la habían practicado con esmero antes incluso del acceso a La Moneda de Salvador Allende.
Conspiraron para secuestrar y luego asesinar al comandante en jefe del Ejército René Schneider, con el propósito de crear las condiciones que impidieran que el veredicto de las urnas del 4 de septiembre de 1970 tuviera su legítima continuidad.
Y siguieron conspirando durante los 3 años del Gobierno Popular. Y los 17 años de la dictadura fueron, en gran medida y esencialmente, un largo ejercicio conspirativo.
En ese andar, cayeron asesinados o fueron detenidos y torturados cientos de miles de chilenos; hombres y mujeres, jóvenes y niños. Se humilló al pueblo hasta los niveles más abyectos. Se asesinó al general Carlos Prats y su esposa, al ex canciller Orlando Letelier, a Tucapel Jiménez, se atentó contra la vida del ex vicepresidente de la república Bernardo Leighton. Se secuestró y asesinó a dirigentes y activistas políticos, sindicales y de derechos humanos, en una cantidad tal que largo sería consignar aquí nombres por todos recordados.
En esas “maniobras” participaron tanto en calidad de autores intelectuales como materiales, no pocos de los que hoy ostentan cargos de gobierno, se sientan en el congreso nacional, se desempeñan como alcaldes o concejales, ejercen altos cargos de gobierno. Sin contar a aquellos que satisfacen su “vocación de servicio público” en los directorios de las grandas empresas nacionales y extranjeras que condicionan todas las políticas en los terrenos laboral, de salud y educación, entre otros que configuran el estrecho tramado del dominio neoliberal y transnacional.
Siendo tal su condición, nada tiene de extraño que para responder a una ola reivindicativa que coincide con el último año de la administración del empresario-presidente, se acuda a la existencia de una supuesta “conspiración”.
En ella, la tal conspiración, al decir del ministro del latifundio estaría cada actor debidamente “digitado” desde “importantes militancias”. Se trataría de los mineros y portuarios, estudiantes y profesores, usuarios de la salud y padres y apoderados de colegios y universidades, activistas y luchadores por los derechos humanos, mujeres en demanda de igualdad de derechos sociales y laborales, habitantes de las zonas más postergadas, pescadores, pueblos originarios, demandantes por no discriminación por condición sexual.
Todos ellos, la inmensa mayoría del país, aquellos que están representados en el abrumador porcentaje de quienes repudian al gobierno y su presidente, serían en esencia “conspiradores”. Esto, según la óptica de la derecha que nos gobierna.
Y así, nada tiene de sorprendente el que desde el ministerio del Interior –y para ello se enriquece la Ley Hinzpeter con inéditas cláusulas- se declare “conspirador” a todo el que aparezca en público con algo que pudiera ser calificado de “capucha” o “capuchón”.
Si no fuera trágico, habría que calificarlo de ridículo.
A los adversarios a ultranza de la intervención del Estado… no les provoca ni siquiera rubor esta nueva ola inquisitorial en la que pronto se nos presentarán en las pasarelas de las casas de modas los trajes y ornamentos inocuos, “positivos”, que no despierten sospecha alguna de conspiración contra el sacrosanto desorden social del capitalismo salvaje.
¿O volverán a exhibirse, como “modelos positivos”, los vehículos enmascarados de los servicios de inteligencia de la dictadura y los boinas negras con sus corvos siniestros?
FUENTE : EDITORIAL DE "EL SIGLO"
