Durante la primera quincena del mes de septiembre se instaló una potente agenda de Derechos Humanos, apuntando al perfeccionamiento legislativo con carácter democratizador, y con un apunte de demandas en este ámbito que priorizan por concretar conceptos y demandas de verdad y justicia, y de instrumentos que permitan ir cerrando capítulos como el de cientos de detenidos desaparecidos.
Desde el Gobierno, pasando por el Legislativo y llegando a agrupaciones de familiares de desaparecidos y ejecutados políticos, se llevó adelante en este periodo una serie de iniciativas, en un tema instalado preponderantemente en la agenda nacional. Específicamente, hay aspectos de proyectos de ley y modificaciones legales que se vienen en camino y que serán abordados en distintas instancias. Muchas de esas medidas tienen que ver con mejorar la legislación y responden a las condiciones actuales en materia de derechos humanos.
En ese camino, la Bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, apoyados por parlamentarios de las bancadas PPD y DC, ingresó un conjunto de cinco proyectos de ley, que forman parte de la llamada “Agenda sobre Derechos Humanos”.
Así lo informó el diputado y jefe de la Bancada PC-IC, Hugo Gutiérrez, quien declaró que “nosotros desde el Congreso Nacional vamos a acompañar esa agenda con estos proyectos que nosotros consideramos como prioritarios”.
Uno de los proyectos contemplados es el que deroga la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, que pretende expresar la tendencia mundial de derogar la pena de muerte de manera plena en la legislación. “Creemos que ya no puede continuar la pena de muerte en este país. La pena de muerte aún está establecida en el Código de Justicia Militar en el país y eso tenemos que derogarlo. Muchos creen que en este país la pena de muerte ha sido derogada, pero eso es una falsedad. La pena de muerte sigue siendo parte de nuestra legislación y eso tenemos que acabarlo”, detalló Gutiérrez.
Además se impulsó el proyecto que modifica “la tipificación del delito de torturas, eleva sustancialmente su penalidad y establece su imprescriptibilidad”. Dicha iniciativa busca establecer en la legislación chilena los principios y normas que a nivel internacional se reconocen como necesarias para proteger a las personas de este tipo de prácticas.
El jefe de la bancada PC-IC, anunció también el envío del “Proyecto que modifica la Ley 19.962 sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales con el objeto de solucionar inconvenientes de su aplicación práctica”. El legislador comunistas manifestó que “es importante que en el caso de los Presos Políticos reconocidos por la Comisión Valech, que fueron conocidos como víctimas de torturas, todo su prontuario sea eliminado. Es decir, todas aquellas personas que fueron calificadas como víctimas de torturas y prisión política, sus antecedentes serán limpiados”.
La diputada Camila Vallejo se refirió al “Proyecto de Reforma Constitucional que establece como materia de ley el Derecho de Reunión en lugares públicos”, que busca reemplazar el decreto 1.086 del año 1983. Para la parlamentaria, la idea de este proyecto es permitir el derecho a reunión en los espacios públicos, pues si bien este derecho está en la Constitución, “está regulado por un decreto de la dictadura, que obliga a toda persona que quiera reunirse en una plaza pública, en una vereda, a pedir autorización de las autoridades, en este caso a la Intendencia”.
Vallejo recalcó que “es importante que nuestro país consagre este derecho de manera concreta y que se vea normado de una manera distinta, que no esté regulado por el decreto de la dictadura y nos permita a jóvenes, mujeres y hombres, que podamos reunirnos por una causa de manera libre en los espacios públicos”.
En tanto, el diputado del Partido Por la Democracia y miembro de la Comisión de DDHH, Tucapel Jiménez, señaló que “en el plano legislativo queremos aportar con varios proyectos de ley y uno de ellos habla de terminar con los secretos que hoy día existen en nuestro país. Las democracias no funcionan cuando hay secretos ya que ayudan a la impunidad. Lo que nosotros queremos es que haya verdad justicia y trabajar por un nunca más, y para eso es necesario terminar con todos los pactos de silencio que aún existen en nuestro país”.
El parlamentario Felipe Letelier (PPD) sostuvo que “es necesario que la Justicia escuche no sólo a los parlamentarios sino que a la gente que en las encuestas sigue diciendo que cerca del 80% cree que es injusto que estos criminales y violadores de lesa humanidad sigan gozando de cárceles de cinco estrellas, mientras en nuestro país hay cárceles completamente hacinadas. Esto, la gente la gente lo repudia y en esta fecha con mayor razón”.
El diputado DC, Patricio Vallespín, valoró el ingreso de los cinco proyectos, pues a su juicio permite generar nuevas condiciones para la defensa de los Derechos Humanos.
En medio de aquello, el Gobierno anunció que se anulará la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura, se llevará al Congreso el proyecto para la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y se tipificará el delito de tortura.
Asimismo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, inició una campaña denominada “Verdad y Justicia. ¡Ahora!” que contiene 18 puntos:
1.- Declarar la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley Nº 2191 (Ley de Amnistía) de 1978;
2.- Aprobar el proyecto de ley que interpreta los Artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas de violaciones de derechos humanos;
3.- Enviar un proyecto de ley que tipifique la “Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad;
4.- Apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos;
5.- Que Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas;
6.- Que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ponga fin a su accionar contrario al derecho que le asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados por el Estado;
7.- Uno de los mandatos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Artículo 6° de la Ley 19.123), es el de coadyuvar a la ubicación de los detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos de las víctimas de ejecución política, a ello debe agregarse la facultad de querellarse en los casos de víctimas de tortura, para tales efectos es necesario el envío de un proyecto de ley que los faculte para lo cual es necesario ampliar su personal e infraestructura;
8.- Ampliar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de violaciones a los Derechos Humanos;
9.- Que los procesos radicados en los tribunales de justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas;
10.- Envío de un proyecto de ley que elimine el secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanada de la Comisión de Prisión Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar.
11.- Que definitivamente la justicia militar restrinja su competencia a materias propias de sus instituciones y que dejen de tener cualquier facultad relacionada con procesos por violaciones a los derechos humanos.
12.- Reapertura y se mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos;
13.- El reforzamiento de las políticas de recuperación de la memoria histórica, en sus diversas formas y ámbitos. Especial preocupación reviste la situación de impunidad y ocultamiento de información que aún mantiene la ex Colonia Dignidad, se deben tomar medidas que terminen con el manto de protección a este enclave;
14.- Que en el plano educacional, la asignatura de derechos humanos sea incorporada a la malla curricular, en los distintos niveles de educación formal;
15.- Proscribir los beneficios para todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que sean acusados y condenados como violadores de los Derechos Humanos;
16.- Terminar con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta Peuco.
17.- Reestructuración de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), reincorporando al mando de ella a funcionarios de probada trayectoria e idoneidad para instruir indagatorias de este tipo;
18.- Elaborar un proyecto de ley para la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la participación activa, propositiva y resolutiva de las organizaciones sociales involucradas.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, declaró que“existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado la herida abierta. El tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”.
Indicó que “debe haber justicia, debe establecerse la verdad y castigar a los criminales; el Estado chileno debe dar una solución, pues desde el retorno a la democracia sólo ha existido o primado una política de buena voluntad, sin que realmente se subsane el que a 41 años de los crímenes aún no podamos saber el paradero de nuestros seres queridos; es un drama, pero es una realidad que persiste en el país y de allí que sigamos demandando encontrar a los detenidos desaparecidos”.
/Comunicaciones Ical/
