El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona humana por el sólo hecho de serlo emerge de modo categórico y definitivo en el mundo moderno como consecuencia de la profunda reflexión provocada por los horrores del nazismo durante la segunda guerra mundial.
Los llamados “principios de Nüremberg”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el conjunto de acuerdos y tratados posteriores, en especial en cuanto a nuestro continente el llamado “Pacto de San José de Costa Rica”, que es la Convención Americana de Derechos Humanos consagraron en textos – de aplicación obligatoria para los Estados suscriptores – los derechos humanos fundamentales y, en primerísimo lugar, el derecho ala vida y la condena a todo atentando físico o psíquico.
Como es sabido, todos estos derechos fueron brutalmente atropellados por la dictadura impuesta en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 que, con la abierta participación de una potencia extranjera y el apoyo tanto de grupos terroristas nacionales como de conocidos representantes de importantes intereses económicos y políticos chilenos, impulsaron a las FFAA a derrocar a un gobierno constitucional democráticamente elegido.
A propósito de lo cual debe tenerse en cuenta que las principales agrupaciones nacionales de familiares de las víctimas llevan adelante en tribunales una querella en contra de los sediciosos civiles. Importantes testimonios y documentos que obran en el expediente ponen al descubierto a los responsables civiles de la peor tragedia de nuestra historia y muestran los avances en ese concluyente juicio.
Los hechos registrados en el mes de julio de este año tanto en el proceso por el degollamiento de tres profesionales como en el referido a los quemados vivos, refrescan la memoria de chilenas y chilenos tanto respecto de la magnitud del daño provocado por los golpistas como de lo demencial de los métodos empleados para torturar o aniquilar a quienes consideraban sus “enemigos”.
Igualmente dejan al descubierto las deudas pendientes del Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparación. El llamado “pacto de silencio” de los responsables de tantas atrocidades sigue vigente y sólo lo rompen modestos conscriptos hastiados de tanto dolor y de tanta vergüenza dando un ejemplo a sus superiores de la época de los sucesos.
Lo cierto es que posible avanzar mucho más en esta materia. Por ejemplo, poner punto final a la secretividad impuesta por razones políticas a instrumentos tan significativos como el de la Comisión Valech.
Todas las excusas de los partidarios del secreto no resisten un análisis serio ; seguir manteniéndolo huele a impunidad, de la que nadie debiera ser cómplice a estas alturas.Porque cuando las agrupaciones de DDHH exigen romper el secreto impuesto a esos documentos no están planteando necesariamente su publicación sino su entrega a los tribunales para avanzar en las investigaciones y, dada la naturaleza del antiguo Código de Procedimiento Penal que es la norma procedimental aplicable en la especie por la fecha de los ilícitos, esa información queda amparada durante toda la etapa del sumario. Pero no sólo ayudará al esclarecimiento de los hechos sino que, finalmente, permitirá que toda la verdad sea conocida.
Del mismo modo no parece justo sostener que se trata de defender de eventuales juzgamientos a quienes aportaron información, toda vez que la realidad muestra que ninguno de esos pocos que han tenido la valentía de entregar lo que saben ha sido condenado y se encuentran en libertad.Su cooperación a la justicia permite un trato diferente en los marcos de la propia ley de la época por lo que tampoco esa excusa resulta verdadera.
Todos estos temas son actuales, vigentes, con proyección al futuro. Así lo prueban no pocos ejemplos, también recientes, de diversos personajes que a través de diversos medios de comunicación se han permitido minimizar la magnitud de la tragedia comparando los crímenes de lesa humanidad en nuestro país con los millones de muertos por obra y gracias del nazismo.
O aquellos que insisten en que el tema de las violaciones a los derechos humanos es asunto del pasado, que hoy no interesa a nadie. O esos otros que pretenden exculpar los crímenes con el supuesto argumento del “contexto histórico” o aquellos que se atreven a sostener que las autoridades civiles de los años de la dictadura no tenían conocimiento de cuanto sucedía. Que exista en Chile un sector de la sociedad que así piense, por pequeño que sea, nos revela lo mal que estamos todavía en relación a los derechos esenciales del ser humano.
Hay, finalmente, otro ángulo de esta cuestión y se relaciona con el rechazo de determinados sectores a la propuesta de legislar en materia de aborto.
Mala memoria pues se trata de una legislación que el país ya tuvo en su momento sin que hubiera los opositores de hoy.
En relación a este importante asunto, consideramos por supuesto respetable la opinión de quienes emplean razones de índole religiosa.
Pero lo que no es nada respetable es que con el argumento de “defender el derecho a la vida” se opongan a legislar aquellos representantes de los sectores que provocaron el golpe del 73 y defienden hasta nuestros días al dictador y su sangrienta huella en la historia nacional.
Quienes callaron ante el terror, cuando no lo apoyaron, no tienen hoy autoridad para invocar el supremo derecho a la vida.
por eduardo contreras
fuente : radio cooperativa
