A más de dos años de haber sido aprobada la “Ley Longueira” mañana se votará en el Congreso un proyecto que busca anular la cuestionada legislación, acción fuertemente anhelada por los trabajadores de la pesca artesanal.
Este martes se vota la admisibilidad del proyecto de ley presentado por parlamentarios de la bancada del partido Comunista y la Izquierda Ciudadana que busca anular la Ley de Pesca N° 20.657, conocida como “Ley Longueira”. El proyecto será sometido a votación durante la mañana de este martes 12 de enero en la Sala de la Cámara de Diputados, donde se buscará revertir la declaración de inadmisibilidad que realizó la secretaría legislativa.
La legislación aprobada en diciembre de 2012 fue altamente rechazada por los pescadores artesanales por considerarla nociva para este sector, y responder exclusivamente a los intereses de las grandes empresas pesqueras controladas por siete familias. A estas críticas se sumó el rechazo ciudadano al conocerse los pagos o “coimas” recibidos por algunos parlamentarios mientras legislaban esta iniciativa.
El proyecto presentado por los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez responde a la petición de distintos sectores políticos y sociales, de anular la polémica iniciativa por considerarla ilegítima y corrupta.
Es así que el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, en conversación con radio Universidad de Chile indicó que a su juicio, la ley de Pesca representa los intereses de las empresas, por lo que se intentará levantar el tema de la nulidad de la legislación. Desde los pescadores también se ha solicitado en diversas ocasiones anular la ley Longueira a través de un referéndum revocatorio, figura que no existe en nuestra actual Constitución.
NULIDAD DE LA LEY
Según comentó uno de los impulsores de este proyecto, el diputado Hugo Gutiérrez, la iniciativa busca la nulidad y no la derogación de la normativa, ya que esta última medida obligaría a indemnizar a las empresas beneficiadas con la concesión de la legislación con los derechos presentes y futuros.
Por su parte el biólogo marino y Director de Medio Ambiente del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Edgardo Fuentes, señaló que “este proyecto de nulidad es una innovación, ya que ésta sería la primera ley que se podría anular. (…) Se busca anular porque los mecanismos que ya existen que son la modificación o la derogación de una ley implican el pago de cerca de 10 mil millones de dólares a las siete familias por los recursos hidro-biológicos que les entregaron en propiedad”.
Fuentes se refirió además a los principales componentes que, a su juicio, debiera contener una nueva Ley de Pesca que reemplace a la actual. “la propiedad de los recursos no puede estar en manos de los privados, ese el primer tópico que debiera abordar una nueva ley. Otros tópicos tienen que ver con la distribución de las cuotas y reforzar los criterios de sustentabilidad (…) esos tres elementos debiesen ser los pilares de una nueva legislación”.
UNA LEGISLACIÓN CORRUPTA
Luego de reconocer, por primera vez, la emisión de boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas, así como el mal uso de asignaciones parlamentarias, - esto luego de la querella presentada por el SII y el CDE- el desaforado senador Jaime Orpis anunció este domingo su renuncia irrevocable a la UDI para “no hacerle daño a su partido”.
Si bien el cuestionado legislador reconoció los delitos antes mencionados, fue enfático en negar un posible cohecho o lavado de activos, acusaciones que surgen a raíz del financiamiento de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca. “nunca nadie ha comprado mi consciencia y ésta no ha sido la excepción”. Expresó el senador.
Pero el denominado “caso Corpesca” no comienza ahí. Las irregularidades detectadas entre la ex diputada independiente Marta Isasi y la pesquera del grupo Angelini fue el puntapié inicial del caso que hoy está en manos de la fiscal Ximena Chong.
Según la declaración el ex asesor de la entonces parlamentaria, Isasi habría recibido $25 millones de Corpesca, justo antes de que se iniciara la tramitación de la polémica Ley Longueira.
Estos antecedentes han generado un amplio rechazo de la ciudadanía a esta ley. Según un sondeo de la encuesta Plaza Pública Cadem, un 79% de los encuestados sostiene que la ley beneficia a las grandes empresas pesqueras, un 76% que perjudica a las Pymes, y un 86% a la pesca artesanal.
De la misma forma, un 93% de los encuestados considera que es necesaria una nueva ley de pesca, mientras que un 89% de los encuestados cree que existió cohecho por parte de empresarios a parlamentarios, durante la tramitación de la Ley.
La sesión del martes 12 de enero comenzará a las 10.30 de la mañana, momento en el que se realizará la votación.
Desde la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana han solicitado a los parlamentarios apoyar esta iniciativa en la jornada previa a su votación.
fuente : prensa
