Dentro de la lucha contra la corrupción que nos tocó protagonizar desde nuestra llegada a la Municipalidad de Recoleta, hemos enfrentado, en más de una oportunidad, visiones y criterios Esta visión, se ha amparado siempre en la actual Constitución que pone por sobre el bien común y por sobre cualquier otra consideración, el derecho de propiedad.particulares que afirman que los derechos adquiridos, derechos son y que no son discutibles una vez que estos han nacido, incluso, aunque los mismos hayan emanado de una evidente mala fe o de algún delito, en su tramitación.
Sin embargo, en la sentencia de primera instancia del juicio en curso entre la Municipalidad de Recoleta y las inmobiliarias dueñas del Proyecto que comprende la sede de la Universidad San Sebastián, en el barrio Bellavista, la justicia ha confirmado la tesisesgrimida por nuestra administración, basada en numerosa jurisprudencia internacional, que afirma que ningún derecho puede nacer o basarse en actos ilegales o en la mala fe de quienes han intervenido, ya sea desde el mundo público o del mundo privado, en la generación de esos derechos y que sería una pésima señal para la sociedad toda,que tras la imposición de una pena por infringir la ley, el delincuente pudiera retener el producto del delito.
En el mismo sentido, es legítimo llamar la atención sobre numerosa información aparecida en diversos medios, que nos permite pensar que la ley de pesca, más conocida como Ley Longueira, que ha establecido derechos a perpetuidad sobre los recursos marítimos de nuestro país, para 7 familias, que en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad pesquera industrial de Chile, en desmedro de la pesca artesanal y de la sustentabilidad de nuestros ecosistemas haya sido aprobada en condiciones y con acciones que pudieran llegar a ser ilegales, incluyendo posibles delitos de asociación ilícita, cohecho y soborno, tanto en la figura del Ministro encargado de la tramitación de la misma como, de algunos diputados y senadores, principalmente de la UDI, que aprobaron dicha ley.
En ese contexto, corresponde felicitar las acciones de los parlamentarios del partido comunista, Daniel Nuñez y Hugo Gutierrez, que han anunciado acciones legales tendientes a derogar o anular la mencionada ley por cuanto los derechos que han emanado de la misma, fueron aprobados con los votos de algunos “honorables”, que respondiendo a incentivos significativamente distintos y distantes de los emanados de su mandato popular y por supuesto, del interés general de la Nación, privaron a las y los chilenos de recursos que pertenecen al conjunto de la nación.
No esperamos una disculpa de los involucrados, porque para pedir disculpas se requiere, en primer lugar, reconocer el daño causado; luego, arrepentimiento sincero; después, compromiso de no volver a hacer lo mismo y por último, voluntad real de reparación, condiciones y actitudes todas, que a la luz de los hechos, no podemos esperar de los involucrados.
Por lo mismo, es necesario que nuestro gobierno respalde las iniciativas anunciadas y que a la brevedad posible vuelva nuestro mar a ser de todas y todos los chilenos.
Daniel Jadue
fuente : radio cooperativa
