Alberto Cardemil, Francisco Javier Cuadra, Ricardo García, Patricio Carvajal, Santiago Sinclair, encubrieron y mintieron sobre lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.
Hace 29 años, cuando la esposa del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, supo que Carmen Gloria Quintana había denunciado que había sido quemado por una patrulla del Ejército, le dedicó unas palabras, que recordó la periodista Alejandra Matus, autora de la biografía “Doña Lucía”: “Para qué se queja tanto esta niña, si se quemó tan poco".
Pero no fue la única en participar en esa canallesca campaña de desinformación.
Cuando se conoció la criminal acción, Augusto Pinochet dejó entrever que Rodrigo Rojas Denegri podría haber llevado “algo oculto” que se reventó y provocó las quemaduras: “No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó”, indicó en ese momento el dictador.
En estos días, por documentos de la Central de Inteligencia Americana (CIA), se supo que el dictador ordenó ocultar toda la información de lo ocurrido con Rodrigo y Carmen Gloria, convirtiéndose en encubridor director del crimen.
El ex conscripto Fernando Guzmán desmintió esta versión y aclaró que “fue un invento del Ejército”.
Tras 29 años, quedó al descubierto el llamado “Pacto de Silencio” que uniformados y civiles han mantenido hasta ahora.
Carmen Gloria Quintana en sus recientes declaraciones señaló que en este pacto hay responsables que van desde la autoría, la complicidad, hasta el encubrimiento. Por tal razón, presentó querellas contra quienes resulten responsables.
La justicia tiene una ardua e histórica misión: determinar las responsabilidades y aplicar la siempre esquiva justicia.
QUIÉNES SON Y SU RELACIÓN CON LOS HECHOS.
Año 1986. Los chilenos ya habían resuelto terminar con la dictadura. Los aparatos de seguridad aplicaban detenciones selectivas, carabineros reprimía, los jueces investigaban en la medida de lo posible, los Tribunales de Justicia declaraban incompetencias y/o rechazaban recursos de amparos. Las detenciones por “desordenes” eran juzgadas por Tribunales Militares y la civilidad derechista, desde sus cargos gubernamentales, avalaba oficialmente los resultados de la justicia militar.
El entonces portavoz del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, declaró en rueda de prensa, por esos días: “A propósito de la muerte del señor Rojas Denegri, el gobierno de Chile en la actualidad es objeto de una campaña sistemática de distorsión, principalmente en Estados Unidos, centrada en responsabilizar de este hecho a las instituciones de la Defensa Nacional de nuestro país. El gobierno rechaza categóricamente esta campaña, fundamentalmente porque parte de una falsedad”.
La resolución que el Ministro de la Corte de Apelaciones, Alberto Echavarría, dictó el 23 de Julio de 1986, pretendió echar tierra al brutal acto. En una escueta resolución acogió las declaraciones del gobierno de Pinochet. Dijo Echavarría: “…Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana fueron detenidos el 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de aprehensión, uno al lado del otro y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando después la muerte del primero”.
Agregó que “no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se los dejó en libertad, después de transcurridos algunos momentos en un lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención”. Y concluyó que “esos hechos constituyen cuasi delito de homicidio de Rodrigo Rojas y cuasi delito de lesiones graves de Carmen Gloria Quintana”, por lo que “se declara reo y somete a proceso a Pedro Fernández Dittus”. O sea, acusó a Fernández -a quien se atribuía estar a cargo de la patrulla militar- negligencia por no prestar oportuna ayuda a quienes “se quemaron” por accidente.
Ricardo García Rodríguez, Ministro del Interior de Pinochet del 12 de febrero de 1985 al 8 de julio de 1987, pidió al juez Echavarría que no solicitara los antecedentes que abogados derechos humanos tenían a partir de testimonios recogidos la misma mañana del 2 de julio. Varios profesionales se encontraban en la zona para ayudar legalmente a las personas que, se sabía, serían detenidas luego de participar en las protestas.
El entonces Ministro de Defensa, Patricio Carvajal, el 12 de julio de 1986 declaraba lo siguiente (página 9 de la Tercera del 12 de julio de 1986): “Rechazo terminantemente la versión que involucra a uniformados en el caso quemados. Después de haber conversado con los jefes militares que puedan tener alguna responsabilidad del área, y conociendo por largos años en mi carrera militar las doctrinas de nuestras instituciones armadas, estoy seguro de que no pueden haber cometido jamás esos crímenes”.
Indicó que “me parece que es posible que la gente que manipula estos artefactos incendiarios haya sido víctima de sus propias manipulaciones e intentos”. Recordó que “muchas veces se ha sabido de terroristas que al preparar una bomba ha estallado e artefacto, pereciendo sus autores”.
Alberto Cardemil, Subsecretario del Interior entre 1984 y 1988, denunciaba una campaña tendiente a silenciar a la determinación del gobierno de colaborar con todos sus medios a esclarecer los hechos que culminaron con la muerte de Rodrigo Rojas.
En ese momento, Cardemil insistía en que “el fin de esta campaña no es otro que el de utilizar políticamente una desgracia lamentable” y que “estamos ciertos que se va a aclarar dentro de la mayor brevedad”.
Columnista de El Mercurio, Hermogenes Pérez de Arce, afirmaba en una publicación que “los abogados querellantes han reconocido que los quemados fueron quienes prepararon la barricada y llevaron cócteles molotov y un bidón de combustible”.
Julio Zenteno y Carlos Cruz Coke, abogados, según información publicada en un portal nacional, eran afines a la dictadura de Augusto Pinochet y colaboraron estrechamente con el Capitán (r) del Ejército, Pedro Fernández Dittus, y serían los responsables de redactar y acomodar las versiones para los integrantes de la patrulla militar y dejar el hecho como un accidente provocado por las propias víctimas.
Abogados querellantes en este caso esperan que la nueva investigación que encabeza el Juez Mario Carroza pueda determinar la responsabilidad que tendría el General (r), Santiago Sinclair, Vicecomandante en Jefe del Ejército en 1986 y cercano colaborador de Pinochet.
En definitiva, una trama criminal que abarcó desde los oficiales y conscriptos del Ejército que quemaron a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana, pasando por personeros como Cardemil, Cuadra y García, hasta los generales Sinclair y Pinochet.
Una verdadera concomitancia que comprueba que esos crímenes eran parte de una política de terrorismo de Estado.
fuente : el siglo
