CHILE

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lunes, 27 de julio de 2015

PROFESORES DECIDIERON DEPONER EL PARO NACIONAL

El Colegio de Profesores anunció este lunes que decidieron terminar el paro iniciado el 1 de junio pasado, tras la asamblea realizada durante esta jornada.
La decisión de deponer el paro fue aprobada con 90 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, explicó el líder del Magisterio, Jaime Gajardo.

"Vamos a monitorear todo el proceso en el mes de agosto para ver si se sigue el compromiso de la autoridad", sostuvo Gajardo.
"Esperamos que a partir de esta votación el Ejecutivo cumpla los compromisos (...) hay un documento de la comisión de Educacion donde dice que se debe modificar el proyecto", agregó.
"Queremos carrera profesional docente ahora", recalcó Gajardo en reiteradas ocasiones.
"Nosotros esperamos que realmente ahora tiene la oportunidad la autoridad para que todas esas cosas, que son como 20 puntos, realmente se cumplan, se implementen, se lleven a la práctica, se traduzcan en indicaciones sustitutivas del Ejecutivo y también en indicaciones desde el Parlamento, de tal forma que transformemos este proyecto", dijo el presidente del Magisterio.
El diputado de la comisión de Educación, Mario Venegas (DC), sostuvo que "no hay posibilidad alguna de retirar el proyecto. Viene la discusión en particular y ahoratenemos que concretar todos esos acuerdos que alcanzamos y que perfeccionan significativamente el proyecto en indicaciones".
fuente : radio cooperativa

JUGAR CON FUEGO

Nelson Quichillao López, trabajador del cobre, murió al recibir una de la treintena de balas que carabineros reconoce haber disparado contra huelguistas movilizados en legítima defensa de sus derechos laborales. Ello es consecuencia directa de una pantomima de reacción thermidoriana, que desde hace unos meses se ha pretendido imponer a un país estremecido por la màs profunda crisis polìtica desde el retorno a la democracia, impulsada por una gigantesca movilización popular evidentemente en alza.
Su muerte se suma al asesinato de Diego Guzmán a manos de un matón fascista y las lesiones provocadas por un carro lanza agua que dejaron en estado de coma a Rodrigo Avilés, mientras ambos jóvenes participaban en manifestaciones estudiantiles en semanas recientes.
No puede esperarse algo muy diferente cuando, con el propósito explícito de frenar la acción de un gobierno y parlamento elegidos democráticamente para hacer los cambios más impostergables, éstos ahora se declaran imposibles y se busca maniatar a la Presidenta, creando un clima de desgobierno y demonizando las manifestaciones hasta el punto que un torpe responsable del orden público declaró que buena parte de los que marchan son delincuentes.
El principal pretexto esgrimido para el frenazo es la desaceleración económica, que se atribuye a la desconfianza del empresariado, supuestamente provocada por las reformas. No hay plata para realizarlas, se dice, y además contarían con el rechazo mayoritario de la ciudadanía, lo cual es raro puesto que la misma ciudadanía se manifiesta abrumadoramente por cambiar la situación actual. Frente a esto se pide realismo, moderar las expectativas, gradualidad, freno y postergación de las reformas, intentando incluso deshacer parte de los modestos cambios tributarios ya aprobados; en una palabra, se brama por “realismo político”.
La desaceleración es un hecho y se va a poner peor, especialmente si las autoridades económicas cometen el desatino de restringir el gasto público ahora. Ello se debe casi exclusivamente al fin del período de “vacas gordas” del precio del cobre,  cuya caída se inició en el mismo mes que la desaceleración chilena y desde entonces se ha reducido a la mitad y probablemente va a continuar oscilando a la baja por un par de dècadas .
La falacia es que el ritmo de las reformas deba o vaya a detenerse debido a la desaceleración de la economía. Ciertamente el descontento popular que las impulsa, que ya ha alcanzado niveles explosivos, solo va a crecer con las dificultades económicas y sus consecuencias ya las experimentó Pinochet cuando se vino abajo el precio de las materias primas a principios de los años 1980. Difícilmente se puede calmar predicando moderación de las expectativas, gradualidad en las reformas y toda la palabrería que se escucha por estos días. Todo ello no hace sino acrecentar la indignación ciudadana y la deslegitimación de las instituciones políticas.
Por otra parte, las reformas en su conjunto no cuestan plata al fisco sino al revés, le reportan muchísimos recursos. Ello es evidente en el caso de la reforma tributaria que, por mala que haya salido de la cocina, le ha proporcionado al menos mil millones de dólares extra al fisco ya este año.
La muy moderada reforma laboral no cuesta plata al fisco, como ha dicho la Presidenta de la CUT. Del mismo modo, enterrar definitivamente la política de austeridad fiscal en períodos de crisis permitirá morigerar el impacto recesivo de la baja en el precio del cobre. Intentar sacarla de la tumba en este momento, como parece pretender el actual ministro de Hacienda, sería sencillamente suicida.
Es verdad que la reforma educacional cuesta dinero, pero mucho menos de lo que afirman sus detractores. La mitad de la gratuidad en educación superior se puede lograr de inmediato solo resignando los subsidios fiscales en becas y créditos, a aportes directos a la instituciones de calidad. Para eso no se necesita nueva ley ni más dinero sino sólo reasignar las partidas respectivas en la ley del presupuesto, lo que el gobierno se propone hacer en parte este año y podría haber hecho ya el pasado.
El caso más espectacular a este respecto es la reforma previsional. Terminar con las AFP  y utilizar el dinero de las cotizaciones mensuales para pagar pensiones, en lugar de desviarlas a los bolsillos de “industria previsional” y los mercados financieros internacionales, se puede simultáneamente: reducir la edad efectiva de jubilación que actualmente es de 70 años, a la edad legal, jubilando a todos los que la han excedido; duplicar ahora todas las pensiones y reajustarlas anualmente en el índice de remuneraciones y simultáneamente ¡ahorrar subsidios fiscales equivalentes a más de lo adicional requerido para que las familias no paguen nada en educación superior!
Y para qué hablar de la madre de todas las reformas, la renacionalización del cobre. Ésta era difícil de llevar a cabo en los años de “vacas gordas” de precios del metal, puesto que los cantos de sirena de la industria extractiva resultaban entonces difíciles de resistir.
Sin embargo, esta reforma indispensable aparece más urgente cuando el precio cae, las inversiones privadas se detienen y los supuestos beneficios de un modelo exportador de materias primas muestra toda su fragilidad. A nadie le caben dudas que, aparte de las ventajas de pasar a un modelo de desarrollo basado en el valor agregado por el trabajo de los chilenos y chilenas, los ingresos fiscales aumentarían al menos en un 50 por ciento, puesto que a eso equivale la renta apropiada por las mineras privadas que operan en Chile, a lo largo de los últimos años.
Es fácil imaginar el impacto que reformas como las indicadas, que consideradas en conjunto no significarán un peso más de gasto al fisco sino todo lo contrario, tendrían sobre el malestar ciudadano. Ciertamente enojarían bastante a la “industria” financiera, minera, pesquera y forestal, que son las que hoy expropian todas las cotizaciones supuestamente destinadas a la previsión y la mayor parte de la renta de los recursos naturales. Sin embargo, difícilmente agudizarían la indignación ciudadana que está en el trasfondo de la crisis política actual.
Lo contrario sucedería si las reformas se desvirtúan o no se hacen. En el caso de la reforma laboral, no hay que ser brujo para avizorar que pretender “cocinarla” puede bien resultar en el primer paro nacional obrero en serio desde 1973, el horno no está para esos bollos.
El problema que aqueja a las reformas es lo que en ciencia política clásica se denomina " cretinismo polìtico ". Este concepto se refiere a la pretensión de hacer política sin considerar el estado de ánimo prevaleciente en la gran masa de la población, el que se mueve, lentamente como todas las cosas masivas, siguiendo una trayectoria cíclica, con oscilaciones de corto plazo que se inscriben en otras más largas. En política, al igual que en economía, es indispensable saber si se trata de un momento de baja, de calma chicha o de gran actividad. El aplicar en un momento medidas que serían adecuadas a otro puede conducir a los peores errores e incluso a grandes catástrofes.
Existe el cretinismo político de izquierda, que los chilenos conocemos bien, que consiste en pretende “avanzar sin transar” en circunstancias que el ciclo subyacente de actividad política de la ciudadanía atraviesa por un momento de baja, como el que se vivió a partir de marzo del año 1973, o calma chicha como la que se vivió en las décadas de 1990 y 2000.
Al revés, el cretinismo político de derecha es pretender hacer política timorata en períodos de activismo ciudadano ascendente o desbordante. Esta forma de cretinismo político parece campear en Chile por estos meses. Hay verdaderos gurús en la materia, que sacan la voz apenas se produce un pequeño remanso en la actividad política masiva. Ellos todavía no aciertan a comprender porque han perdido casi todo el prestigio ciudadano que gozaron durante a los años 1990 y 2000 ¡Precisamente porque siguen haciendo y diciendo exactamente lo mismo que entonces!
Lo más probable es que la última moda de “realismo” dure lo que un suspiro, aventada por un rebrote aún mayor y menos silenciosa de la movilización popular. Lo que sorprende es la ceguera de quienes promueven hoy el “realismo”, el gran empresariado, los grandes medios y algunos connotados políticos que aparecieron como grandes próceres en el reciente período de calma chicha.
¿Es que acaso no se dan cuenta que la crisis actual no es como las anteriores de la transición, producto de una pataleta de los llamados poderes fácticos, ni tampoco se debe a la torpeza del actor o actriz tal o cual, sino es el resultado de la indignación ciudadana frente a la incapacidad del sistema político de ofrecer un cauce de solución a los problemas y tensiones profundos que se han acumulado a lo largo de más de dos décadas?
Felizmente, Chile cuenta con un sistema de partidos experimentados en todo el espectro político y los más progresistas han formado la coalición más amplia de la historia patria. Muchos de sus dirigentes han vivido no uno sino varios de los grandes estallidos populares que han jalonado el devenir del último siglo.
Ellos saben perfectamente que la única manera de conducir a buen puerto la inmensa cantidad de energía que fluye durante estas erupciones sociales no es intentar frenarlas, sino por el contrario ponerse a la cabeza de las mismas, elevando la puntería de las consignas y formando amplias coaliciones capaces de recoger y canalizar las esperanzas populares y traducirlas en las reformas que se pueden y deben realizar, entre las cuales están todas las mencionadas más arriba, además de varias otras.
Asimismo, estos partidos han aprendido —dolorosamente— a saber apreciar cuando ha llegado el momento de parar y consolidar lo logrado, pero es bien evidente que dicho momento se encuentra todavía bastante lejano en el ciclo actual. Por ahora, sólo cabe exigir del sistema político que se ordene un poco y retome su rumbo reformista con la decisión y audacia que se requieren para los tiempos que corren.
De manera que no haya que lamentar más muertes entre los manifestantes populares.
Manuel Riesco
fuente : radio cooperativa 

LAS DURAS EXIGENCIAS POR ASESINATO DE TRABAJADOR

 Desde diversos sectores se condenó acción que causó la muerte de Nelson Quichillao. Se pidió investigación del hecho y aclaración de actuación de Carabineros. Se planteó que es urgente nueva legislación laboral.
 Desde representativos sectores sindicales y políticos se exigió una profunda y transparente investigación del asesinato del trabajador contratista de la Corporación del Cobre (Codelco), Nelson Quichillao López, abatido por elementos de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros, durante una protesta en El Salvador, al tiempo que se llamó a cambiar las condiciones laborales para que se terminen estas manifestaciones y se respeten los derechos de los asalariados.
Entre otras cosas, se planteó que el gobierno exija a Carabineros una profunda y rápida investigación del hecho y se sostuvo que “en democracia no puede seguir habiendo trabajadores muertos por manifestarse”. También se exigió avanzar en legislar para que se responda a las demandas laborales específicamente de los trabajadores subcontrados, así como que haya una reforma laboral que garantice el real derecho a huelga.
En una declaración, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), expresó “las más sentidas condolencias a la familia de Nelson, a sus amigos y cercanos, y los compañeros de labores del sindicato en el que se organizaba. La clase trabajadora lo recordará por siempre como un luchador que sólo pudo ser abatido por el acero de las balas, percutidas por la represión policial”.
Se indicó que los trabajadores contratistas se manifiestan buscando negociar una vez más el Acuerdo Marco Vigente, el que se renueva cada dos años, y piden que en este proceso participe la minera estatal.  Como esto no ha ocurrido, hay divisiones paralizadas desde el martes, con bloqueos en dirección a Chuquicamata, en la División El Salvador de Diego de Almagro, Radomiro Tomic, El Teniente y Andina. En una de esas manifestaciones fue asesinado Nelson Quichillao.
La CTC denunció que “cabe señalar que las FF.EE. acudieron al lugar con el objetivo único de reprimir, neutralizar y dispersar la legítima movilización de los trabajadores, que se encontraban absolutamente desarmados”. La organización acusó “la brutal fuerza ejercida por FFEE de Carabineros, quienes han procedido en todo momento como garantes de la seguridad del Capital”, en referencia a las empresas privadas. 
El Alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala, señaló que los incidentes entre Carabineros y los manifestantes, provocaron la muerte del trabajador, quien recibió un balazo en la ingle, y confirmó que hubo otros operarios heridos con balines.
El Ministerio del Interior fue interpelado por su demora en emitir una declaración oficial sobre los hechos. El titular de la cartera, Jorge Burgos, se defendió diciendo que estaban recogiendo todos los antecedentes que permitieran hacer una investigación.
Para Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista, “esta situación debe ser investigada y el gobierno debe de manera urgente revisar las ordenes que se da a carabineros.”
El dirigente hizo un llamado a una gran solidaridad de los trabajadores y el mundo político en torno a los trabajadores de Codelco y llama al gobierno a terminar con los protocolos doctrinarios de carabineros que en la práctica criminalizan los movimientos sociales para justificar el accionar represivo de estos.
En el cuarto día (este viernes 24 de julio) de paralización de actividades de los trabajadores afiliados a la CTC, la organización emitió un comunicado donde señaló que “como clase trabajadora agregamos que no permitiremos ninguna víctima más a manos de la brutal represión dispuesta por Codelco y el Ministerio del Interior, a quienes por cierto responsabilizamos directamente de este lamentable y fatal hecho. Por tanto, le exigimos al Ministerio Público y a las autoridades de la Justicia chilena realizar un pronunciamiento formal y una investigación detallada y transparente, por cuanto las investigaciones desarrolladas por la institución de Carabineros al respecto, actualmente nos merecen desconfianza y carecen de todo tipo de legitimidad e imparcialidad”.
Se agregó que “como CTC no permitiremos que este homicidio quede en la impunidad ni se convierta en un segundo Rodrigo Cisternas, por lo que -lejos de atentar contra la convicción de la clase- hoy los trabajadores lucharemos con más fuerza y determinación. Llamamos a las autoridades de Gobierno a asumir responsabilidades penales y políticas del hecho, que demuestra como Carabineros y las instituciones de orden tratan a la población trabajadora y honesta de este país como a delincuentes”.
La organización sindical volvió a reivindicar la concreción del Acuerdo Marco 2015 para que se consagren y se respeten los derechos de los trabajadores subcontratados del cobre.

“LA MUERTE DE NELSON QUICHILLAO ES PRUEBA DE NECESIDAD DE NUEVA LEGISLACIÓN LABORAL”.

En tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), exigió “justicia para Nelson Quichillao y una nueva legislación laboral” para evitar situaciones como la que viven en estos días los trabajadores del cobre. “Enfrentar la muerte de un trabajador por su legítimo derecho a manifestarse no puede ser un hecho que quede impune. Ello debe ser investigado por la justicia civil, con dedicación exclusiva e inmediata. El Gobierno debe asegurar la celeridad y pulcritud del proceso, para dar las necesarias garantías de verdad y justicia y la tranquilidad a su familia y compañeros de trabajo”, expresó el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional de la multisindical. 
En el comunicado se manifestó que “la tragedia sucedida en El Salvador, repone una vez más la urgencia de resolver el drama que viven miles de trabajadores de este país que laboran bajo la figura del subcontrato impropio. Ha llegado el momento que el proyecto de ley que tramita el Congreso para terminar con esta figura impropia avance. Hacemos un llamado al ejecutivo a poner urgencia a este debate legislativo”. Se añadió que “la muerte de Nelson Quichillao es prueba de la necesidad de una nueva legislación laboral para Chile, que avance en relaciones laborales equilibradas, donde el Derecho a Huelga y la negociación colectiva supraempresa o ramal sean derechos garantizados y así evitar situaciones de crisis que conduzcan a más muertes”. 
Sin embargo, la CUT no dejó las cosas en esa declaración, y una delegación de la multisindical, encabezada por su presidenta, Bárbara Figueroa, e integrada por Guillermo Salinas, José Hermosilla y Valentín Vega, se reunió esta tarde con la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el Subsecretario de Trabajo, Francisco Díaz, y la Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, para analizar la situación producido por el asesinato de Nelson  Quichillao.
Tras la cita, Figueroa afirmó que “dada la gravedad de los hechos que se han suscitado en la madrugada de hoy en la División el Salvador, en el marco de la movilización que ha desarrollado la Confederación de Trabajadores del Cobre, hemos venido a conversar con el Ministerio del Trabajo, puesto que entendemos los anuncios que ha hecho el Gobierno en materia de generar todos los caminos para dar efectivo proceso de verdad, justicia y garantías a la familia y a los trabajadores sobre este repudiable hecho que se ha producido”.
“Sobre todas las cosas entendemos que si bien aquí hay un camino de buscar la verdad y justicia plena ante la muerte de un trabajador en el marco de una movilización, también hay que hacerse cargo del fondo del debate y eso es que estos trabajadores estaban movilizados por mejores condiciones laborales y por eso hemos venido al Ministerio del Trabajo” concretó Figueroa. 
Explicó que “sabemos que esta es la expresión más dolorosa del drama que viven los trabajadores y trabajadoras, no solo en el ámbito de la minería también se vive en otras empresas del Estado como el metro, respecto de los trabajadores de planta y de contrata, la lógica de trabajadores de primera y segunda categoría, donde los más perjudicados son precisamente estos trabajadores que laboran para empresas contratistas y desarrollan labores en el ámbito de la producción, es decir, en aéreas estratégicas”. 
“En el marco de este día doloroso, creemos que necesitamos abordar el debate de fondo” expresó Figueroa y detalló: “Por un lado, se debe abordar el proyecto que se está discutiendo en el parlamento que es una moción de parlamentarios para corregir la actual ley de subcontratación que permita terminar con el abuso de subcontratación impropia que hoy se produce”
Figueroa afirmó que “si hoy tuviésemos derecho a huelga efectiva, si tuviésemos derecho a negociación supraempresa o ramal, probablemente no estaríamos lamentando un hecho como este, si esto se produce hoy no es porque hayan trabajadores sobrepasados en sus capacidades, es porque hay un sistema de relaciones laborales que no da espacio al dialogo, que busca el conflicto y en ese marco creemos que es más necesario que nunca seguir avanzando con el espirito de la reforma laboral” 
Así, la Presidentra de la CUT sintetizó los elementos esenciales para la multisindical en el caso de Nelson Quichillao: “primero, que haya un proceso de justicia y garantías plenas, en la justicia civil, con un fiscal exclusivo frente a esta causa; en segundo lugar, esto reabre el debate sobre la subcontratación impropia y la necesidad de terminar con esta práctica abusiva, y en tercer lugar, esto refuerza la necesidad de que debe haber una reforma laboral que se haga cargo de dar mejores condiciones para la relaciones entre empleadores y trabajadores, que incluso supere los marcos del actual debate, porque si tuviéramos una negociación supraempresa o ramal no estaríamos lamentando la vida de un trabajador”

“EN DEMOCRACIA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBIERA MORIR UN TRABAJADOR”.

En tanto, la Bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana condenó la muerte del trabajador contratista Nelson Quinchillao López, en el marco de las movilizaciones en El Salvador, calificándola como un hecho extremadamente grave que no puede quedar impune.
Los parlamentarios solidarizaron con la familia del trabajador fallecido y con sus compañeros, al tiempo que demandaron una inmediata investigación que llegue a las últimas consecuencias, a fin de esclarecer la participación de las Fuerzas Especiales de Carabineros en el trágico hecho.
Exigieron a CODELCO instalar con urgencia una mesa con la Confederación de Trabajadores del Cobre y las empresas contratistas que permita responder a las legítimas demandas de los trabajadores movilizados.
Los diputados y diputadas de la Bancada PC-IC hicieron un llamado a revisar los protocolos y las prácticas represivas de Carabineros en los conflictos sociales, para garantizar el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse.
En otra acción de parlamentarios y dirigentes políticos, hubo una reunión por este caso entre los Ministros del Interior, Jorge Burgos, y Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, con la presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teillier, los diputados de la Región de Atacama, Daniela Cicardinni (PS) y Lautaro Carmona (PC), donde se condenó la muerte del trabajador contratista y se exigió una profunda investigación sobre el actuar de Carabineros.
“Creemos que en democracia bajo ninguna circunstancia debiera morir un trabajador, eso nos afecta como sociedad, como país, como democracia y hemos concurrido mostrando nuestra profunda preocupación por lo que ha ocurrido”, señaló la presidenta del PS.
La timonel socialista subrayó que “estamos a la espera de conocer a fondo lo que aquí ha ocurrido, para lo cual nos parece importante que sea el Ministerio Público a través del fiscal de Diego de Almagro quien lleve uno de las dos investigaciones y la otra interna del propio cuerpo de Carabineros”.
El presidente del PC, explicó que durante la reunión se le recalcó al Ministerio del Interior que debe revisarse la forma en que son tratadas las movilizaciones de los trabajadores. “Nosotros no criticamos que haya despliegue de fuerza pública, ese no es el punto, el problema es cómo se hace ese despliegue y cómo se trata a los trabajadores. Eso es lo de fondo. Por eso se repiten muchas veces situaciones que nosotros no queremos que se sigan repitiendo”, dijo Teillier.
El dirigente comunista indicó que la visita los Ministros fue para pedir “que se aclare totalmente este tema y se sepa qué fue lo que pasó realmente. ¿Por qué se necesitó ese tipo de despliegue para despejar un camino?, ¿Por qué se hace de esa manera? No se han tenido los cuidados necesarios cuando se trata de trabajadores que están protestando por sus demandas”. Añadió que “ahora el Gobierno tendrá que tomar las medidas necesarias. Estamos ante un problema serio y es evidente que si se encuentran responsabilidades de Carabineros, el Gobierno tiene que ser muy firme”.
Entre las condenas y exigencias de justicia por el asesinato del trabajador Nelson Quichillao, se sumó la Mesa Directiva del Colegio de Periodistas, que mediante una declaración sostuvo que “repudiamos enérgicamente la forma en que las Fuerzas Especialesenfrenta la legítima protesta social de los ciudadanos en sus distintas formas, que en ya demasiadas ocasiones termina en un uso desmedido de la fuerza y, en este caso, en la muerte de un trabajador en lucha por sus derechos”.
Se indicó que “solidarizamos con la familia de Nelson, sus compañeros de labores y los trabajadores contratistas movilizados de Codelco, tanto en  sus demandas como en la acción que ha derivado en el fallecimiento de uno de sus compañeros.  Los trabajadores, independiente de su sector productivo, nos unimos en pos de legítimas reivindicaciones y padecemos el mismo sufrimiento cuando uno de nosotros es atacado, apresado injustamente o peor aún, asesinado. Por ello, exigimos que el gobierno otorgue urgencia a la recuperación de los derechos de los trabajadores que han sido conculcados por una institucionalidad laboral heredada de la dictadura. Exigimos premura para los proyectos de ley que devuelven el derecho efectivo a huelga, la negociación ramal y el fin de la subcontratación impropia, entre otros”.
Se añadió que “como Colegio de Periodistas de Chile entendemos el derecho a movilización y protesta social como una de las formas de ejercicio de la libertad de expresión, piedra angular de toda democracia, por lo que no podemos sino repudiar la represión a dichas manifestaciones. Por otra parte, entendemos que esta situación ilustra la necesidad urgente de que Codelco se siente a conversar con los trabajadores movilizados para tratar un plan de internalización de actividades”.
fuente : el siglo