Mucho más escarpados serán los caminos a transitar por un gobierno y su pueblo, mientras más profundas sean las transformaciones que se proponen realizar.
Emprende una nueva administración el recorrido hacia el cumplimiento de su programa, y lo hace a sabiendas de que además de los obstáculos ya previstos otros se irán agregando en la medida de su propio avance.
Y es que todo adelanto en las condiciones de vida de las grandes mayorías, y el consiguiente avance del país, no puede sino despertar la oposición cada vez más decidida de los sectores que, inevitablemente, han de verse tocados en sus intereses. Y este cuadro, con el que siempre ha habido que contar, se hace más agudo en la medida de la mayor imbricación de los grandes consorcios “nacionales” con las casas matrices del capital global: son las delicias del maridaje del neoliberalismo con la acentuada transnacionalización de la economía.
Y estos datos de fondo debieran estar muy presentes en las definiciones de los actores que concurren a la arena política.
Ciertamente, un “signo de los tiempos” es la acentuada diversidad de los movimientos sociales. Pero esa diversidad no puede debilitar una concepción y consiguiente estrategia común para hacer frente a los enormes desafíos que a cada uno se le presentan y que cada uno sabe, de propia y dolorosa experiencia, que no serán abordados con alguna posibilidad de éxito sin una unidad que en nada desmentirá las legítimas e irrenunciables particularidades.
Y es que todo, aunque parezca perogrullesco… es un todo. No habrá educación pública gratuita y de calidad sin una reforma tributaria consecuente, como no habrá una gestión en salud, ni en vivienda ni en medioambiente.
Y nada de lo postulado y programado y aprobado por la mayoría nacional será permanente, sin una política laboral que devuelva a los trabajadores la plenitud de sus derechos.
Como será falsa cualquiera reforma sin entrar a fondo en los derechos sociales, tanto en materias salariales y de seguridad laboral, como en la indispensable nivelación de género en el mercado laboral y la amplia gama de derechos y responsabilidades civiles ligados a la emancipación de la mujer.
Una nueva Constitución Política del Estado es mucho más que una demanda estética de la ciudadanía. De ella dependen así la eliminación del perverso y tramposo “carácter subsidiario del Estado”, pieza maestra de los juegos de tahúr de la dictadura. Sólo a través de una concepción superior y democrática del Estado será posible desterrar para siempre esa inicua realidad que mantiene a millones de nuestros compatriotas “en situación de calle” o de campamento, o compartiendo la pobreza en condición de allegados o con un “empleo” falso o al menos precario.
Tarea difícil para un programa tan exigente, pero tan indispensable luego de largas décadas de esperanzas frustradas.
Lo mostrado por el nuevo gobierno en esta apenas primera semana de su llegada a La Moneda, es auspicioso en la medida en que se dispone al más amplio diálogo y muestra una clara disposición a poner en práctica lo medular de su programa.
La responsabilidad está en todo lugar y compete a cada uno: en las instituciones, que sin embargo habrá que cambiar a fondo para hacerlas realmente representativas, es decir, democráticas; en la presencia de masas que sostenga todo avance y cierre filas con decisión cuando el camino se llene de los previsibles obstáculos que surjan tanto de los intereses creados como de las incomprensiones que muchas veces carecen de domicilio conocido.
FUENTE : EDITORIAL DE " EL SIGLO "
