Que “la educación” en nuestro país se haya convertido en un espacio “para delinquir”, como se comprueba en esta edición (págs. 4 a 7), no podría tener una corroboración más elocuente e indesmentible que el hecho, ampliamente conocido, de que entre los actores del drama se haya encontrado nada menos que un ministro de Justicia.
Decimos “drama”, porque es el menor calificativo que se pueda aplicar a lo que están viviendo decenas de miles de jóvenes de nuestra llamada “educación superior”, los estudiantes de las universidades privadas (“privadas” ¿de moral?).
Después de haberse halagado de una cobertura casi total en materia de educación superior, ahora llegan las voces que notifican que el abrumador porcentaje de los jóvenes que llegaron a las aulas superiores (en su gran mayoría “en primera generación de universitarios”), no tenían las capacidades para hacerlo. Es decir, eran deficientes crónicos, “no daban el ancho”. Ello, porque provenían de establecimientos, de niveles básico y medio que no les proveyeron las herramientas intelectuales para acceder a ese estatus superior, que no los habían preparado, que bajo la figura de “municipales” sin recursos ni orientaciones pedagógicas solventes, o bajo la
medieval de los “sostenedores”, no podían sino lanzar a la calle a muchachas y muchachos que de ninguna manera, ni por preparación “académica” ni por abolengos familiares, podrían superar las barreras de la mano de obra semi calificada y por lo mismo “barata”.
Y, entonces, se trataba de una nueva mentira, de un “montaje”, muy parecido a otros que, como las AFP, las Isapres y tantas joyitas heredadas de la dictadura, han servido para la demagogia, el clientelismo y toda clase de sometimientos infligidos a la mayoría del pueblo chileno.
Campo de negociados, conflictos de intereses y lucro desvergonzado con atropello flagrante de la poca ley… nuestro “sistema educacional” es el reflejo privilegiado de todas las lacras de un modelo impuesto a sangre y fuego y garantizado por una institucionalidad política (cuya cima podrida es la propia Constitución).
Sin embargo y para ser justos, habría que convenir que el “conflicto de intereses” no es tal sino para algunos, bien que tales “algunos” constituyan la mayoría de los habitantes del país. Porque, bien mirado y bien oído, ¿hubo o hay para el recién renunciado Teodoro Ribera algún “conflicto” entre sus intereses de inversionista privado y sus funciones públicas nada menos que en el ministerio de “Justicia”?
¿No será, incluso, ingenuo seguir aplicando tales parámetros en pleno escenario de un neoliberalismo desenfrenado?
Y es que el caso del señor Teodoro es apenas uno más de los ofrecidos en la mayor abundancia durante la actual administración “aliancista”.
¿Tiene remedio el problema –“tema”, según el decir en boga- de nuestra maltratada educación pública. ¿Podría alguien, con un mínimo de buena fe, desacreditar las impresionantes movilizaciones que estudiantes, docentes y ciudadanos en general protagonizaron durante todo el año pasado y que instalaron sus demandas en la agenda pública?
Y, ¿podrá alguien sorprenderse de que esas movilizaciones, y otras porque el campo de conflictos es tan vasto como nuestra geografía, se reproduzcan, amplificadas y enriquecidas en los tiempos venideros?
¿Lecciones?: muchas. ¿La esencial?: que el “conflicto de intereses” superior y más inclusivo es el que opone a la minoría satisfecha, delictiva e inmoral, de un lado, y la gran mayoría del pueblo, del otro.
Y como ya se sabe, la vox populi sólo se hace oír en el viejo coro de Fuenteovejuna: “¡Todos a una!”
FUENTE : EDITORIAL DE "EL SIGLO"
