Las siguientes fueron las respuestas del diputado Guillermo Teillier, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y presidente delPartido Comunista de Chile, a preguntas de medios de prensa.
-¿Qué le parecen las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera donde afirmó que la CELAC es sólo un foro político que no contribuye realmente a la integración?
-Fue una declaración absolutamente contraria a la preocupación que tiene la mayoría de Mandatarios latinoamericanos y caribeños. El éxito de la CELAC en La Habana dejó una impronta positiva para la Región que, por ejemplo, no se dio en la Cumbre en Chile, precisamente por la posición ambigua del Presidente Piñera que ahora queda nítida ante la comunidad internacional. En la Cumbre de la CELAC se debatieron temas políticos, pero también se analizó y se llegó a acuerdos para avanzar de manera concreta en la integración comercial, cultural, energética, educativa, en salud, en América Latina y El Caribe.
-¿A qué atribuye esas declaraciones del Presidente?
-Las afirmaciones pretenden amenazar los acuerdos de la Cumbre de la CELAC en La Habana y tratar de fortalecer la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo parcial, que no permite un relacionamiento con otros pactos de integración, y que se levantó como una alternativa y en pugna con la CELAC y el MERCOSUR. Por esa vía, se pretende aislar a nuestro país, lo que es de esperar sea revertido durante el próximo gobierno.
-El senador Ignacio Walker dijo que el Presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, tiene “el deber de respetar los instrumentos legales estatuidos por los países de América Latina” y afirmó que su visión sobre Venezuela “es una cuestión de principios, nosotros no tenemos doble estándar”.
-Creo que no es el Presidente Nicolás Maduro el que irrespeta los instrumentos legales, sino que es la postura y la acción desestabilizadora y violenta de la oposición de extrema derecha en Venezuela, la que al perder en la competencia electoral, plantea un camino no acorde con los principios establecidos por los países latinoamericanos. Todos los pasos que ha seguido el gobierno de Venezuela están dentro del Estado de Derecho y las normas internacionales. Nuestra postura es de solidaridad con el pueblo venezolano en general, respeto a las autoridades legítimamente electas y estamos en contra de propuestas desestabilizadoras y en contra de cualquier intervención extranjera que pretenda agudizar la situación en Venezuela. La experiencia de Chile es muy decidora respecto al desenlace imprevisible que puede tener el apoyar esas posiciones de la derecha en Venezuela.
-Se plantea que apoyar a la oposición venezolana es apoyar a las fuerzas democráticas.
-Se pueden tener distintas miradas, pero nadie puede desmentir que el gobierno venezolano es democrático, fue elegido democráticamente y que el movimiento bolivariano es esencialmente democrático y respetuoso de los procesos legales y participativos. No se puede olvidar que los que dicen defender la democracia en Venezuela dieron un Golpe de Estado contra el ex Presidente Hugo Chávez. Y ahora protagonizan hechos de violencia y de desestabilización. El propio Capriles, que perdió en la elección, no está de acuerdo en las acciones violentas de la extrema derecha. Lo que hay que defender es el sistema democrático en Venezuela y ser respetuosos de la gobernabilidad que se ha establecido democráticamente en múltiples actos electorales que no se pueden desconocer.
FUENTE : PRENSA
AÑO 4 – BOLETÍN Nº 21 Utopía ENERO – FEBRERO 2014_________________________________ ____________________________COMISIÓN DE EDUCACIÓN - REGIONAL SUR “
VÍCTOR DÍAZ LÓPEZ” - PC
educacionregionalsur@gmail.com
pc-educacionregionalsur.blogspot.com
Educación Regional Sur Partido Comunista de Chile
INFORME AL PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE REALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013.
Estimados compañero(as):
Sin duda este Pleno se realiza en un momento político crucial para el devenir de nuestro país y, según la prensa nacional e internacional, nuestras resoluciones podrían considerarse históricas para nuestro Partido
Lo cierto es que nuestra política, implementada metódicamente desde los años 90 hasta hoy, que plantea como la contradicción principal en nuestro país la que se da entre neoliberalismo y democracia y que busca su definición mediante lo que concebimos como una revolución democrática, para lo cual era preciso convocar a una gran convergencia político social por los cambios, se ha concretado hasta un punto en que se dan todas las posibilidades para iniciar un proceso de transformaciones institucionales, políticas y sociales y un desarrollo democrático en el sentido de la representatividad de las instituciones y la participación ciudadana, que cuestiona el neoliberalismo y su modelo de distribución de la riqueza.
Recordemos que ya en el año 1996, Gladys Marín, a nombre de nuestro partido propuso públicamente, a la entonces concertación, un pacto electoral instrumental que tuviera como objetivo cambiar la Constitución o al menos cambiar el sistema electoral binominal, uno de los amarres establecidos por la dictadura para preservar incólumes la institucionalidad antidemocrática y el sistema económico al que le da sustento. También se planteaba cambios en la legislación laboral y la necesidad de avanzar en verdad y justicia.
Hay que tener en cuenta que nuestro partido se encontraba excluido de llegar al Congreso y poco se escuchaban sus planteamientos en los sucesivos gobiernos concertacionistas, que seguían implementando la política de los consensos con la derecha. Pasaron varios años de lucha constante, política, ideológica, social y electoral, antes de que se empezara a hacer patente la voz de la calle y se manifestara una crisis de representación y el descontento social.
El partido seguía proyectando su política en la esfera social y electoral, levantó varias candidaturas presidenciales procurando la unidad de la izquierda “extraparlamentaria”. Su incidencia social se incrementaba, sin embargo esta no se reflejaba en los resultados electorales y hacia infructuosos los intentos por materializar políticamente las demandas sociales. En esa búsqueda de romper los muros de contención, en el año 2006 acordó dar su apoyo en segunda vuelta a Michel Bachelet, mediante un acuerdo que se proponía cambiar el sistema electoral binominal, lo que no fue posible por el sistema de quórum calificados. Ese paso táctico tuvo dos consecuencias: por una parte la negativa del P. Humanista y sectores de izquierda a apoyar tal decisión, pero por otra, permitió establecer una apertura al diálogo para romper la exclusión.
El año 2008 se produjo un pacto electoral por omisión para la elección de alcaldes. El año 2009 en que pusimos de relieve nuestra plataforma con la candidatura de Jorge Arrate, decidimos ir juntos en un pacto instrumental parlamentario con la concertación lo que permitió la elección de 3 diputados comunistas. Tanto los acuerdos municipales como los parlamentarios contaron con el apoyo de M, Bachelet. Ese mismo año, aun con nuestro apoyo en segunda vuelta, la concertación, después de 20 años, perdió el gobierno, lo que era presumible ya desde el año 2008, porque se había agotado su posibilidad de seguir siendo gobierno sin dar respuestas concretas a las demandas de todo orden y a la crisis larvada que se hacía cada vez más patente en la sociedad y que horadaba a la propia concertación con su división interna, que fue un factor importante de su derrota. Recordemos la movilización de los “Pingüinos“, la de los subcontratados del cobre y los forestales entre otros, que ya demostraban el creciente descontento social.
La llegada al gobierno, de la derecha, mediante elecciones después de 52 años, suponía varios peligros, entre ellos, el de entronizar la alternancia en el poder de dos bloques sin cambio alguno, perpetuando la política de los consensos, la institucionalidad vigente y el modelo neoliberal.
El Congreso de nuestro partido puso de relieve la nueva situación política que se creaba en el país, planteó la necesidad de desplazar a la derecha del gobierno como un primer paso para conformar una nueva mayoría que convocara a fuerzas políticas desde el centro a la izquierda, capaz de asumir un nuevo gobierno asociado a un programa único de transformaciones profundas, factibles de cumplir en un período de 4 años, pero con una clara perspectiva de desarrollo posterior.
Nuestros planteamientos iban en la dirección opuesta a una refundación de la concertación o a involucrarnos en un nuevo gobierno de la concertación.
El esfuerzo del partido se centró en dos direcciones muy concretas, uno, buscar el acuerdo político y dos, contribuir a la lucha social a fin de dejar claro que no era posible elegir un nuevo gobierno que no tomara en cuenta las demandas sociales y políticas del pueblo movilizado.
El gigantesco desarrollo de la lucha social en los planos de la educación, laboral, medioambiental, territorial, que no sólo plantea puntos reivindicativos, sino que ponen como lo principal cambios institucionales y económicos, crea un marco objetivo para que avancen los acuerdos políticos, electorales y programáticos.
Tal posibilidad se abre paso en medio de la disputa con la derecha que infructuosamente bregó por mantener la política de los consensos tratando de influir en la DC para que no participara de un acuerdo amplio y también con sectores de izquierda que se niegan a la posibilidad de llegar a acuerdos con partidos de la ex concertación.
Recordemos también que el primer paso en esta etapa de acuerdos fue el nuevo pacto por omisión en la elección de alcaldes de 2012 y la elección de concejales en dos listas de oposición en la que fuimos junto al PPD, al PR y a la IC, lo que dio como resultado una primera derrota de la derecha y un avance sustancial en la representación de nuestro partido, campaña que se hizo además tras el objetivo de la unidad y la necesidad de reformas de fondo.
Fue un acierto del partido poner en el centro de la discusión la necesidad de un programa único que recogiera gran parte de las demandas ciudadanas. El haber tenido acuerdos, previos a las candidaturas presidenciales, sobre reforma educacional y tributaria y estando sobre la mesa la necesidad de cambios institucionales, incluyendo en ello el cambio de la constitución, dejó claro que existían condiciones para una gran convergencia unitaria.
En ese momento, Michelle Bachelet, que mantiene una gran aprobación en las encuestas, expresa su disposición a ser candidata de una nueva mayoría para llevar adelante el cambio de constitución, la reforma tributaria y la reforma de la educación y se vislumbra como la candidatura que puede representar y unir a la oposición.
Lo que viene después es conocido. En las primarias en que se define la candidatura presidencial única, el partido decide apoyar a M. Bachelet por sobre la opción propia o de otra candidatura y se dispone a contribuir de inmediato en la construcción definitiva del programa, lo que desde nuestro punto de vista fue fructífero y oportuno.
Esta es una síntesis muy apretada de cómo hemos llegado a la situación actual. Una situación caracterizada por el triunfo abrumador de Michel Bachelet y la Nueva Mayoría y una derrota en toda la línea de la derecha representada en la llamada Alianza por Chile, en un proceso electoral de varios meses que significó elecciones primarias, primera vuelta presidencial, junto a la parlamentaria y de cores y posteriormente, ya como ratificación definitiva del triunfo, la segunda vuelta presidencial, que ganó Bachelet con el 62% de la votación.
La NM eligió 67 diputados y 21 senadores que con los independientes hace factible alcanzar los quórum necesarios para llevar adelante la mayoría de los objetivos programáticos propuestos.
Nuestro Partido logró elegir 6 de los nueve candidatos a diputados que, en conjunto, obtuvieron 280 mil votos. A ello hay que agregar los 16 cores electos, elección en la que obtuvimos 346 mil votos.
Una revisión muy somera, también, nos indica que al inicio de este nuevo período que se abre en el país, contamos con importantes responsabilidades en numerosas organizaciones sociales, laborales, estudiantiles, territoriales y otras, sobre lo que será necesario hacer una ponderación muy exacta, porque en gran medida este factor será muy determinante en lo que viene para apoyar y garantizar el cumplimiento del programa. Las responsabilidades que tenemos en la CUT, en el Colegio de Profesores, en la Confederación del Cobre, en la Confederación Forestal, en el sector público y en el agro, en liceos y universidades, y otras, con su independencia y autonomía, deben ser dialogantes y contributivas en el no fácil camino de las reformas anunciadas, más aun cuando al parecer existen sectores que se disponen a boicotear toda posibilidad de diálogo y establecer una oposición ciega al gobierno sin considerar las propuestas de cambio.
El partido debe disponerse a su vez a contribuir en el fortalecimiento de los conglomerados sociales, pero en especial el que hemos definido como el sujeto principal de la construcción de las fuerzas emancipadoras, esto es, los trabajadores.
Estamos hoy, objetiva y subjetivamente, en mejores condiciones para plantearnos un desafío de rasgos históricos, esto es, caminar con rumbo seguro hacia los primeros pasos de la Revolución Democrática que Chile necesita.
Las condiciones histórico-políticas nos permiten visualizar no sólo el desplazamiento de la derecha del gobierno, sino la posibilidad de su derrota histórica, ideológica y estratégica y la conformación de un nuevo cuadro de correlaciones de fuerza que nos pueden permitir avanzar hacia un nuevo estado democrático.
No podemos adelantar que actitud va a tomar la derecha. La UDI ha dejado entrever su posición obstruccionista a todo avance democrático y de justicia social, pero está claro que la UDI popular está en bancarrota y ha perdido su fuerza hegemónica en la derecha y puede que algún sector de esta más liberal apoye puntos del Programa de M. B., alejándose de un ambiente de fronda interna, de “cuchillos largos” como dijo el Presidente Piñera y también de la dispersión y lucha por el poder con vistas al 2017.
En este cuadro, como ya hemos dicho, un factor crucial de lo cual va a depender el éxito del futuro gobierno es el cumplimiento del programa comprometido ante el país. Hemos señalado que nuestra participación en la campaña de Michelle Bachelet, incluyendo lo que fue nuestro aporte a la elaboración de su programa, nos ha llevado a la convicción de que ese programa sintetiza una propuesta de cambios de fondo que cuentan con la simpatía de la gran mayoría de las chilenas y chilenos. En esa misma medida, hacemos nuestro ese programa y nos jugaremos por realizarlo a integridad y en beneficio del pueblo.
Estimados compañero (as):
Este Pleno ha sido convocado para establecer la mejor forma en que nuestro partido puede contribuir al cumplimiento del programa y por tanto debe considerar su posible incorporación al gobierno de Michelle Bachelet, en el supuesto, por cierto, que sea la propia Presidenta la que llame a los comunistas a colaborar con su gestión como mandataria. Por nuestra parte, hemos declarado que consideramos que tenemos un legítimo derecho a participar del futuro gobierno, en tanto hemos contribuido con lealtad y nuestro mejor esfuerzo al triunfo de nuestra abanderada y de las fuerzas que la respaldan.
Bajo esta premisa es que consideramos necesario expresar públicamente nuestra disposición y voluntad de formar parte del próximo gobierno encabezado por la Presidenta Michel Bachelet.
Sabemos que de no mediar la voluntad política de quienes conducen el proceso, el programa se quedará prisionero de las páginas que se escribieron con las mejores intenciones. Más aún, la realización de un programa de cambios como los propuestos alterará necesariamente las condiciones que hoy prevalecen en la sociedad chilena. La Presidenta electa ha situado con gran precisión este problema teórico y práctico en su importante discurso del 15 de diciembre y ha entregado claramente su posición.
Para no equivocarnos en el análisis, debe quedar claro que no surge directamente del programa un cuestionamiento del capitalismo como sistema. No se visualiza la contradicción Capital –Trabajo como la generadora principal del conflicto social. No es el Programa del Partido, es el Programa que un conglomerado de 7 partidos hace suyo y comprometiéndose con su cumplimiento. No es de extrañar que desde nuestro punto de vista queden muchas cosas pendientes, pero no olvidemos que este período y este programa forman parte de un proceso ascendente de lucha y de conquistas sociales y políticas.
La gran importancia al Programa radica en que se propone una transformación estructural del país, actuando sobre tres ejes principales: Nueva Constitución, Reforma Educacional y Reforma Tributaria. Paralelamente, se marcan énfasis en tópicos propios de la gestión de gobierno en un país como Chile, signado por un diagnóstico que sitúa a la desigualdad como expresión central y también como causa de las contradicciones de todo orden que conmueven a la sociedad en sus múltiples dimensiones. De allí que se aborden en el Programa asuntos del Programa Económico General del Gobierno, Laborales y Previsionales, de Salud, de Energía y Medio Ambiente, Culturales, de Pueblos Originarios y de Género, de DDHH, Discriminación y de Justicia, de Políticas Sociales, entre otros de los 33 temas principales que se incorporaron al trabajo de preparación programática.
Dada esta profundidad de las propuestas programáticas debemos elevar nuestra capacidad de incidir en el desempeño del Estado y sus instituciones como un importante aporte a la correlación de fuerzas favorables al cumplimiento del programa. No podemos ser neutrales, porque ello sería objetivamente un retroceso en las actuales condiciones, que son muy diferentes a las que primaron en Chile en las últimas décadas.
Así como seguimos buscando todos los caminos para influir y crecer en el seno de la sociedad civil; en los movimientos sociales; en las instituciones de representación del poder comunal y local; así como se muestra acertada y ahora proyectada la determinación de llegar al Parlamento, con seis diputados, junto con una mirada a largo plazo que signifique elegir más diputados, senadores, más alcaldes y concejales y más consejeros regionales, hoy el tema es avanzar también con nuestra presencia en el poder ejecutivo, en el gobierno. Se trata de una lógica dialéctica cuya base es la construcción de fuerza y la incidencia en el cuadro dinámico que hemos ayudado a construir, para poder seguir avanzando en las transformaciones que Chile precisa.
Y también señalamos que al calor de estos avances, requerimos hacer cambios y mejorar en todo lo que podamos, para estar a la altura de los nuevos desafíos. Se acrecienta la confianza en nuestra política y en nuestras propias capacidades, para adoptar con optimismo y fuerza las medidas y acciones que nos permitan mejorar en breve tiempo.
El pilar más avanzado del programa de Michelle lo conforma su propuesta de Nueva Constitución.
La propuesta reconoce que el Pueblo debe recuperar su potestad constituyente (su carácter de Soberano) y ejercerla, en la medida que se trata de aprobar una Nueva Constitución y no solo una reforma de la actual.
El proyecto propuesto en el programa plantea la conformación de un “Estado social y democrático de Derecho” – se reconocen y consagran 14 tipos de derechos en el texto preliminar propuesto – avanzando desde el concepto del pleno respeto de los DDHH fundamentales establecidos en anteriores Constituciones nacionales y en el ordenamiento internacional, a un concepto superior, que busca reconocer a las personas derechos sociales por el solo hecho de ser parte de una sociedad de iguales.
A nivel del régimen político, el documento apunta a terminar con el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema electoral de representación proporcional. Se propone el término del odioso sistema actual de quórum calificados (o supra mayoritarios) que, en combinación con el binominal, constituyen los eslabones principales del mecanismo que ha permitido a una minoría de chilenos poderosos ejercer un veto sistemático sobre la mayoría durante los pasados 30 años. El Plebiscito vinculante se introduce como la herramienta que permite hacer efectiva la soberanía popular.
Desde el punto de vista del modelo de desarrollo, el texto propuesto cuestiona el carácter meramente “subsidiario” del Estado en materia económica y social, estableciendo que: “Corresponde también al Estado garantizar el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la protección de la salud, a la seguridad social” entre otros, así como “el derecho a la cultura”. Se encuentra bien resuelto el vital asunto de la propiedad social de los recursos naturales, sujeta por tanto, su explotación por privados, a royalties.
De este modo, entre otras materias, el proyecto supera ampliamente los candados que colocó la dictadura en 1980 al desarrollo de la democracia chilena.
Los desafíos económicos.
La propuesta económica que sintetiza el programa resume los grandes objetivos planteados en el frente de la conducción económica de la NM: enfrentar la desigualdad, erradicar la pobreza, elevar las condiciones de vida de las personas, abrir más oportunidades al desarrollo y generar ingresos que permitan sostener el esfuerzo público para implementar políticas de protección social. En esta línea, las políticas públicas y el crecimiento son las herramientas centrales a considerar.
El análisis del escenario más probable que se conforme de 2014 en adelante no oculta las preocupaciones que resultan del proceso de desaceleración que experimenta la economía chilena desde el inicio del 2013. Un examen más serio obliga a considerar que, en la base de los buenos resultados obtenidos en materia de crecimiento y de empleo de Piñera, se encuentran dos fenómenos que tienen poco que ver con la voluntad de un gobierno de derecha: el superciclo de precios de los comodities, del que el cobre resultó muy beneficiado y, en el plano interno, los positivos efectos que tiene todo proceso de reconstrucción como el que vivió el país luego del sismo del 27F.
“Así, entre 2010 y 2012 el crecimiento promedio del PIB ha sido de 5,7% y el desempleo se ha reducido. Estas son buenas noticias para las chilenas y chilenos. Sin embargo, estas cifras no reflejan cambios de fondo en nuestra estructura productiva que permitan sostener este crecimiento en el mediano y largo plazo, sino que son consecuencia de factores cíclicos”.
De este modo, la previsión que hace el Comando de MB respecto de crecimiento de la economía apunta a superar los aspectos negativos de la desaceleración entre 2014 y 2015, para luego recuperar crecimientos del orden de 5% a partir de 2016, creando unos 600 a 650 mil nuevos empleos en los próximos 4 años
La Reforma Educacional
La Reforma Educacional que se plantea el programa de Michelle Bachelet responde en líneas generales a las demandas que levantó con fuerza el movimiento social por la Educación el 2011. El Programa la considera el “desafío primordial” para resolver la desigualdad. Se acoge la idea de avanzar al reconocimiento de la Educación como un Derecho Social garantizado, que cuente como soporte una Educación Pública completa (desde la sala cuna a la Educación Superior), de cobertura universal, no segregada en su acceso, plenamente gratuita y de calidad.
Las Instituciones del Estado constituirían el núcleo de este sistema de educación, en el que coexistirían entidades del Estado con privadas de carácter público y privadas convencionales.
A nivel de la Reforma de Educación General, el programa señala el fin del lucro con recursos públicos[i] y el término gradual del financiamiento compartido, en la educación básica y media.
De igual forma, respecto del Financiamiento Compartido, se define que en el periodo presidencial se debe gradualmente disminuir el co-pago de las familias, hasta extinguirlo.
En todo caso, lo central en financiamiento y como objetivo del periodo es pasar progresivamente de un sistema de financiamiento en base a la demanda, a uno orientado a la oferta garantizada, particular y especialmente de las escuelas públicas.
En lo que respecta al proceso de des-municipalización este se fundamenta en la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado en un plazo de dos años, responsable de mejorarla y reposicionarla. La disputa por un nuevo tipo de financiamiento junto a la des-municipalización será la principal lucha conceptual y luego política, teniendo presente que al segundo año de gobierno debiesen entrar en vigencia las reformas propuestas.
Al respecto, se propone una des-municipalización de toda la oferta pública de educación general hacia servicios locales de educación en base a un proceso coherente e integrado a nivel nacional, que desarrollen una gestión al servicio de los aprendizajes. En el nuevo sistema no se contempla la integración administrativa de los municipios y alcaldes.
Es clave considerar que la propuesta señala que el nuevo Servicio Nacional de Educación Pública y los Servicios Locales deben contar con un financiamiento mediante ley de presupuesto de la Nación.
Por otra parte y pensando en las regulaciones, probablemente muy resistidas por múltiples grupos de interés, en lo referido a condiciones para otorgar el carácter público a un establecimiento escolar, lo primero a destacar es que se propone congelar el aumento del número de establecimientos hasta que se cuente con un diseño institucional que permita tomar decisiones sobre el crecimiento de la oferta pensando en las necesidades del país y de las regiones.
De igual forma, se visualizan ajustes a la ley de aseguramiento de la calidad, relevando el rol rector del Estado y del Ministerio de Educación, así como las competencias y atribuciones de la Agencia, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación.
En materia de Educación Superior se reproducen las mismas preguntas, que responden a la misma realidad de actual privatización de la enseñanza[ii]. Se entiende que el lucro a nivel universitario se mantiene prohibido y se modificará la regla vigente para los CFT y los IP.
Por otra parte, se señala que se avanzará progresivamente (en 6 años) a la gratuidad total de la educación superior, partiendo del compromiso de gratuidad a todos los estudiantes que pertenezcan a los 7 primeros deciles. Entendemos que esta gratuidad total será para aquellas entidades estatales y aquellas que suscriban el llamado compromiso de carácter público. Las otras instituciones, del tipo de la Universidad de Los Andes, si bien estarán sujetas a acreditación obligatoria, no necesariamente suscribirán compromisos de carácter público, lo cual las excluiría del marco de gratuidad asegurada por el Estado.
El Programa releva a las universidades estatales como el pilar del sistema de educación superior, mediante un trato preferencial, en base a más recursos por compromisos públicos. Además, se crean CFT estatales en cada región y se propone un sistema público (instituciones) de acreditación y superintendencia. Todas medidas que se expresarán en una gran disputa política por la nueva ley general de educación superior.
El Programa detalla un conjunto relevante de medidas que apuntan a políticas para los docentes, considerando mayores exigencias a la formación de maestros, una nueva carrera docente, dialogando con los actores del sistema, especialmente los profesores. La carrera deberá considerar el estímulo del desarrollo profesional, una política de remuneraciones mucho más elevada, condiciones laborales adecuadas, un desempeño pedagógico de alto estándar, evaluación del desempeño y retiro del ejercicio en condiciones justas.
Mención especial merecen los esfuerzos que será necesario realizar en materias de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo
Como Partido y como JOTA debemos prepararnos mejor para ese momento de definiciones que marcarán de alguna manera el carácter del proceso. Cuanto antes fijemos posiciones que permitan orientar concretamente al movimiento por la educación pública, más favorable será el terreno para avanzar en la democratización.
Todo ello teniendo claro el carácter extraordinariamente dinámico y cambiante de este proceso.
La Reforma Tributaria
Este eje estratégico del Programa es clave, en la medida que apunta a financiar con recursos frescos y permanentes la Reforma Educacional que se propone. En el documento de la candidatura de Michelle, publicado en el sitio WEB, se lee:
En total se aspira a que la aplicación del conjunto de las medidas tributarias propuestas alcance a un equivalente de un 3.01% del PIB, en régimen, esto es a partir del año 2017.
Apuntando a las tres cuestiones principales en juego en toda reforma tributaria, podemos señalar que quién paga el grueso de la mayor recaudación que se espera obtener es el empresariado grande y mediano, es decir los sectores más poderosos del país. Desde este punto de vista, la reforma tiene un carácter redistributivo, aún cuando no toca la elevada magnitud de los impuestos al consumo (IVA), que son claramente regresivos.
En cuanto al monto de los recursos a obtener con esta Reforma, se estima en régimen unos US$ 8.200 millones anuales. Con esta suma puede cubrirse el desafío de la Reforma Educacional, pero es claro que las cifras se harán estrechas para enfrentar altas expectativas sociales vinculadas a otros sectores de la economía (salud, previsión, transporte, tercera edad, entre otras).
El tercer asunto es considerar el ritmo de aplicación de la reforma tributaria. A nuestro juicio, hay que estudiar muy bien y prever si la gradualidad prevista en el documento programático pudiera generar alguna frustración en los sectores ciudadanos que han comprometido enormes esfuerzos en el movimiento por la Educación y otros movimientos regionales lo que sería aprovechado de inmediato por la derecha. De hecho, la medida más importante desde el punto de vista de aporte de recursos frescos al fisco, la tributación empresarial por utilidades devengadas y no solo retiradas, tardará cuatro años en comenzar a aplicarse. En el período, entonces, solo se prevé utilizar las otras medidas planteadas, lucha contra la evasión, aumento de tributos de empresas de 20 a 25%. Es también relevante señalar que, entrando en un período de cierre del superciclo de precios del cobre, los actuales royalties no jugarán un papel tan relevante en los ingresos fiscales.
El gradualismo aplicado al caso de la Reforma Tributaria podría, y esto es un supuesto, llevar a una lenta implementación de la Reforma Educacional y de otras medidas planteadas en el Programa. Será necesario entonces prestar la mayor atención a la aplicación de los recursos disponibles hasta que la reforma entre a operar a plenitud.
Las Reformas Laborales.
El Programa recoge varias de las propuestas prioritarias señaladas por la CUT y el Partido, enfatizando como medidas básicas a considerar en el corto plazo las siguientes: 1) Concepto de empresa y término urgente del multirrut, lo que permitiría eventualmente abordar la situación de los sindicatos inter-empresas. 2) Aplicación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical y Protección de Derecho de Sindicalización, ya ratificado por el Congreso Nacional, el que incluye el derecho efectivo a huelga, es decir, fin al reemplazo de trabajadores y al descuelgue. 3) Fortalecimiento del sindicato como sujeto de negociación colectiva, resguardando la titularidad del sindicato como único beneficiario sobre los derechos de la negociación colectiva, lo que conlleva a su vez el fin de los “grupos negociadores”. 4) Una normativa durante el proceso de negociación colectiva que asegure la obligatoriedad en el acceso oportuno de la organización sindical a la información financiera de la empresa. 5) Introducir modificaciones y simplificaciones en el procedimiento de negociación colectiva, de modo tal que se otorgue autonomía y capacidad a las partes, medida que favorecería la negociación de los sindicatos más pequeños. 6) Asimismo, se establece el compromiso de que el piso de la negociación colectiva esté dado por los derechos adquiridos en la negociación anterior. 7) Contar con un nuevo marco legal/laboral que se exprese en un Estatuto del Temporero y de la Actividad Agrícola de Temporada, que dé protección a los trabajadores y trabajadoras del mundo rural. Reajuste del salario mínimo alcanzando la meta de $250.00 en la mitad del próximo gobierno, pero estableciendo desde ya una instancia tripartita que busque mediante informe público, la fijación de un nuevo criterio de reajuste salarial. 9) Incrementar los recursos y coberturas en materia de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo para el cumplimento de la norma laboral, dotándola de mayores atribuciones y capacidades técnicas, potenciando sus especialidad en temáticas de género. 10) Implementación de distintos mecanismos que comprometen al Estado en el fortalecimiento y desarrollo sindical principalmente de mujeres y jóvenes. 11) Y la implementación de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cuanto a los trabajadores del Sector Público, el Programa plantea evaluar mecanismos de negociación colectiva para todos los trabajadores de la administración del Estado (empleados públicos), con las particularidades propias de cada sector. Asimismo, se plantea mejorar las condiciones contractuales del personal a contrata y honorarios.
Todas estas medidas plantean una profunda y amplia modernización del Estado con énfasis en los derechos laborales, lo que por el carácter del gobierno de Nueva Mayoría deberá ser con y para los trabajadores, lo que demanda una alta capacidad de elaboración y de propuesta de las organizaciones sindicales.
Sistema Previsional.
La Nueva Mayoría no ha logrado coincidir en una propuesta definitiva. La propuesta de AFP estatal es claramente insuficiente, aunque como se ha señalado puede jugar el papel de “empresa modelo” del sector y permitiría al Estado controlar una parte que puede llegar a ser significativa del ahorro nacional. Sin embargo, no logrará actuar de manera decisiva en elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones ni la tasa de reemplazo. Nuestra propuesta como PC de vincular la suerte de los propietarios de las AFP con la de sus ahorrantes (ligar utilidades de las AFP a rentabilidad de los fondos administrados), si bien fue aceptada en la discusión programática, no figuró posteriormente entre las medidas anunciadas por la Candidata. En definitiva, el programa se está quedando con una ampliación importante de la PBS (pilar solidario focalizado) y una promesa de estudiar un nuevo sistema que supere las debilidades del actual (comisión de expertos nacionales e internacionales).
La Salud, la siguiente reforma de gran alcance
En materia de salud, el programa de MB define la salud como un derecho y lo consagra en la propuesta de Nueva Constitución. El diagnóstico y propuestas en salud es abordado por el programa en tres grandes ejes: déficits de especialidades médicas, infraestructura, y mejor gestión y mayor efectividad de la Atención Primaria (APS).
El programa define una inversión pública US$ 4.000 millones en infraestructura de 20 nuevos Hospitales, Centros de Salud Familiar (100), Centros Comunitarios de Salud Familiar (100) y Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (132), 200 camas críticas y 100 socio-sanitarias; Plan de recuperación de la Posta Central y un plan de mantención de unidades y del parque tecnológico de los principales centro hospitalarios, y 1900 nuevas ambulancias. Se propone un aumento de la cantidad de médicos en APS en 1000 a lo largo de todo el periodo presidencial, 4000 nuevos especialistas e incentivar el ingreso de 5000 médicos a los programas de formación. La creación del Fondo Nacional de Medicamentos y del Fondo Especial de Medicamentos de Alto Costo. Ampliación de programas de salud bucal para mujeres, niños de 2 a 5 años, jóvenes de 4º EM, y población adulta. Y finalmente se convocará a equipo de expertos que proponga Ley de ISAPRES nueva.
Las medidas anteriores aumentan y fortalecen el sector público de salud, con lo que podría disminuir la alta transferencia a privados para resolver los déficits de cobertura y recursos en la salud pública. La prioridad en infraestructura y profesionales médicos del Plan Nacional de Salud 2014 – 2018 busca avanzar en la mayor cobertura de los problemas no atendidos a tiempo hoy en salud hospitalaria y APS. Sin embargo mientras se construyen los hospitales comprometidos habrá una tensión entre la búsqueda de mejor gestión dentro del sistema público de salud y la transferencia de recursos públicos a la infraestructura privada. Es en este punto que se deberá trabajar con los diversos sectores involucrados para inclinar la balanza al fortalecimiento de la gestión y sistema público.
Otras tensiones que pueden estar presentes en la implementación del programa es la conformación de los Fondos de Medicamento General y de Alto Costo, si no se coloca en debate el monopolio de los laboratorios en la oferta de medicamentos. Pudiera darse la paradoja de tener un fondo enteramente gratuito inclusive, y los laboratorios sostener prácticas de colusión en precios para hacer gastar más al Estado.
Equidad de Género y libertades individuales
En el plano de la igualdad y no discriminación de género y de corregir la situación de las mujeres en la sociedad, el programa de la Nueva Mayoría avanza tanto en el diagnóstico como en las propuestas a implementar. De ahí que los y las comunistas podemos decir que la gran mayoría de nuestras propuestas que le entregáramos a la candidata MB están reflejadas en el sentido y forma de la nueva agenda de género que impulsará su gobierno.
Como otros aspectos del Programa es importante que esta agenda de género encuentre su reflejo en la Nueva Constitución.
La nueva agenda de género se basará en los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres, de ahí que propone una institucionalidad de mayor rango, como el Ministerio de la Mujer. El programa avanza en la concepción de corresponsabilidad entre Estado, sociedad, empleadores(as), hombres y mujeres, reflejado en propuestas de modificación derecho a salas cunas y jardín infantil para padres y madres trabajadoras, el diseño e implementación de un sistema nacional de cuidado de adultos mayores, necesidades especiales y niños(as). A su vez, permite dotar de condiciones reales de autonomía para enfrentar el mundo del trabajo por parte de las mujeres.
En materia de violencia profundiza políticas preventivas, y de acogida a mujeres víctimas, crea un registro único de casos de violencia contra las mujeres y femicidios, avanzará en la especialización de fiscales y jueces, y modificará la ley de Violencia Intrafamiliar (que invisibiliza la violencia contra la mujer, y sólo la reduce al contexto doméstico) incorporando todo tipo de violencia de género y en todo ámbito.
Sobre derechos sexuales y reproductivos, se pronuncia por legislar sobre estos derechos, incorporando la educación sexual laica y humanista, asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos incluida la PAE, y “despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Queda sí la inquietud en relación al no pronunciamiento sobre la despenalización de la mujer que aborta (tema propuesto, y que no es un detalle en tanto en el gobierno de Piñera se persiguió y detuvo sólo en el año 2012 a más de 30 mujeres).
El programa de la NM también abre la discusión sobre el matrimonio igualitario, que al igual que la temática de la interrupción del embarazo, debiera implicar para el partido y la NM una articulación con las organizaciones sociales y sectoriales muy estrecha, en tanto la promesa de discusión no garantiza envío de proyecto ley y aprobación del mismo, y por tanto esto será un tema que se deberá evaluarse permanente en función de la correlación de fuerzas que se cree.
Defensa Nacional
En la propuesta de Nueva Constitución que figura en el Programa, se lee que: “las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública serán instituciones esencialmente obedientes al poder constitucional, no deliberantes, disciplinadas y partícipes del desarrollo del país a nivel nacional y regional. Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública tendrán el monopolio instrumental de la fuerza coactiva. Tendrán como fines la defensa nacional, la seguridad y el orden público, según sea el caso, con pleno respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y los recursos nacionales estratégicos de la nación” Se recupera de este modo (y se amplía y enriquece) la concepción presente en el ideario “constitucionalista”, que inspiró el accionar dominante en las FFAA durante un largo período previo al golpe de 1973. Una concepción vinculada a definiciones ya presentes en la Constitución de 1925. No debemos olvidar que fue precisamente el General Carlos Prats – el exponente más destacado del “constitucionalismo” militar – quién señalara con meridiana claridad en 1972 que, respecto de la doctrina militar del Ejército, que “una nueva Carta Fundamental debiera precisar su misión permanente de garantizar la soberanía nacional en el ámbito geo económico y su misión eventual de participar en el resguardo del orden interior, todo ello sujeto a las directivas del Poder Ejecutivo”.
El Programa se concentra en otros aspectos sustantivos de la Defensa Nacional, que se sintetizan en lo siguiente:
“la política de Defensa Nacional tendrá como objetivo principal de mediano y largo plazo, generar una Comunidad de Seguridad en América del Sur que garantice la paz y elimine definitivamente la amenaza de la guerra, siendo el Consejo de Defensa de UNASUR la institución para avanzar en esta materia”.
“Se profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de diálogo, cooperación e integración con Argentina y se extenderá a Perú; y en la medida en que los objetivos de tal política se materialicen, se podrá revisar el concepto de disuasión, y avanzar hacia un nuevo concepto de política de defensa centrado en la cooperación mutua, la integración y el diálogo. Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de confianza mutua conseguido durante el período 2006-2010. La plena normalización de las relaciones con Bolivia es un objetivo al que aspiramos”.
“Asimismo, buscaremos dar pasos significativos para la proyección de las relaciones entre América del Sur y el Asia Pacífico”.
Vital asunto de la Energía.
El diagnóstico energético del país y las opciones de superación de la crisis que se avecina han ocupado parte importante de las discusiones políticas durante los meses recientes, sea a nivel de encuentros políticos, ciudadanos o empresariales. La elevación del precio de la energía utilizada en la industria extractiva y de manufactura es ya una amenaza que afecta la competitividad de un país que descansa su crecimiento en la actividad exportadora.
La Presidenta Electa se ha referido a varios asuntos centrales que serían parte de su estrategia energética:
1) En el corto plazo, medidas para fortalecer institucionalidad y de racionalización, así como para mejorar la eficiencia energética.
2) Redefinición de matriz de generación (una de las 50 medidas de los primeros 100 días)
3) Papel relevante del Estado en la necesaria Interconexión entre los actuales subsistemas SIC y SING (la energía del SIC es más cara que la del SING)
4) Promesa 30/30, es decir alcanzar el año 2030 el 30% de la generación con energías renovables no convencionales (excluye hidroeléctricas de grandes embalses)
5) Potenciamiento de las posibilidades de utilización de GNL, incluso reemplazando con este combustible a otros más contaminantes, allí donde sea posible
6) Papel de la ENAP como Empresa del Estado en ese potenciamiento del GNL, y en el aprovechamiento de recursos geotérmicos.
Con todo, el asunto principal en juego es el del papel del Estado en este vital sector de la economía y la sociedad, cuya influencia es necesario fortalecer ante las falencias que ha exhibido el sector privado tanto presentando como ejecutando sus proyectos energéticos, lo que sumado a la débil institucionalidad y a la ausencia de procesos participativos reales, ha terminado por judicializar toda la discusión.
Los especialistas estiman necesaria la planificación con, por supuesto, ordenamiento territorial, evaluación ambiental estratégica, recursos y cambios en la ley.
En este ordenamiento el Estado debe jugar un rol central en la definición, regulación y operación del sector. Una sólida institucionalidad, que no debiese excluir la existencia de una Empresa Nacional de Energía, debe velar por el aprovechamiento racional de los recursos del país, definiendo la matriz generadora, pero también planificando el desarrollo desde el nivel de ordenamiento territorial al de la ejecución de los proyectos y luego controlando la correcta operación del sistema en calidad de suministro y precios. Todo ello sin renunciar a la posibilidad de que el Estado participe directamente en la generación y distribución.
El programa contiene una serie de otros temas, entre ellos los referentes a infraestructura, pueblos originarios, discapacidad, adultos mayores, etc. que sería largo tratar en este informe. Indudablemente quedan asuntos por aclarar y seguramente establecer la manera más eficaz de su cumplimiento. Pero de cualquier manera, es el programa que debemos llevar adelante y nuestro papel será contribuir a esclarecer, a precisar y a fortalecer su contenido. Una actitud distinta será cometer un profundo error.
En todo caso será conveniente realizar un nuevo Pleno del CC en marzo o abril que tome específicamente el tema del cumplimiento del programa y junto con ello el fortalecimiento del partido, su crecimiento y desarrollo ideológico para enfrentar el período y las desafíos presentes y futuros.
Las tareas que asumimos si damos el trascendental paso de ingresar al gobierno significan una alta responsabilidad y un compromiso de una envergadura no fácil de asimilar aún. Cada militante comunista y con mayor razón los cuadros de dirección nacional e intermedia deben conocer a fondo el programa y hacerlo suyo, difundirlo y buscar la comprensión y el apoyo para su cumplimiento. Sabemos, por experiencia histórica, que debemos precavernos de tres fenómenos que pueden darse, uno el de su aceleración a marcha forzada de su cumplimiento lo que finalmente agota sus posibilidades de concretización real, dos su ralentización y menoscabo a través del consenso o la morigeración de sus objetivos por presión de intereses corporativos y la tercera precaución tiene que ver con la vieja receta, pero siempre actual de que nunca hay que perder de vista ni menospreciar a las masas. El cumplimiento del programa es también un asunto de masas, de millones, los mismos que acudieron a las urnas dándole su aprobación, debemos actuar junto a ellas.
Hoy más que en otros momentos el Partido debe acentuar su trabajo colectivo, en las decisiones, ante la opinión pública, en el quehacer diario.
Algunos, cada vez menos, pero en especial desde la derecha, nos han querido fustigar y anular ante cualquier pretensión de participar en el gobierno. Apelan a nuestra posible falta de lealtad. Hemos estado dos veces en el gobierno, una con G. González Videla, que inventó una truculenta historia sobre los comunistas para justificar sus compromisos con el imperialismo norteamericano y su apetito sobre nuestras riquezas básicas, dejándonos fuera de la ley. A lo más, la única acusación ajustada a la verdad era nuestra lealtad con los trabajadores y sus movilizaciones, en especial los trabajadores del carbón.
Luego con Salvador Allende, nunca se ha escuchado una crítica sobre la relación del PC con el Presidente y su gobierno, al contrario, se destaca la lealtad del PC.
La otra fuente de inspiración es la política internacional del PC, desde luego adulterada y descontextualizada de tiempo y lugar, apelando a la ignorancia y la unilateralidad de los análisis que casi siempre provienen de una matriz extranjera, repetida por personeros políticos o medios de comunicación.
En materia de política exterior, nuestro partido va a apoyar lo signado en el Programa, que se refiere a políticas de Estado y no creo que estas vayan a ser las de intervenir para desestabilizar a gobiernos de otros estados, en especial de América Latina, esperamos prime una política de integración y buenas relaciones.
Se especula que es imposible que tenga éxito un gobierno en que estén juntos democristianos y comunistas. Lo único que podemos decir es tratemos de construir lo imposible, que ya se ve que no es tan imposible y que solo puede ir en beneficio de cumplir con el programa.
Si los comunistas participamos del gobierno lo haremos con lealtad, todo nuestro esfuerzo estará dirigido a cumplir con el programa y quienes nos representen tendrán que atenerse a las normas de probidad del partido, al no aprovechamiento personal del cargo y quienes reciban sueldo del Estado por cumplir un cargo de gobierno deben comprometerse con una disposición de larga data, parte de ese sueldo debe ir al partido para su fortalecimiento.
Compañeras y compañeros:
Este Pleno ha sido convocado para tomar una decisión trascendental. Si el CC así lo acuerda, efectivamente estaremos dando un paso histórico. Después de 41 años el Partido Comunista de Chile asumirá de nuevo posiciones de gobierno con un claro compromiso programático. No estaríamos en esta discusión si no fuera por el esfuerzo de miles de compatriotas que se la han jugado por dar vida a este nuevo momento político y entre ellos por cierto nuestros militantes y amigas y amigos del partido y la juventud comunista a quienes saludamos por su esfuerzo y entrega que han jugado un papel trascendente. Y sepan que no defraudaremos a quienes confían en nosotros, sabemos que de nuevo muchos ojos estarán puestos en Chile, el país del socialismo de Salvador Allende, el de la lucha heroica contra la dictadura y hoy un país que busca reencontrarse con su historia de luchas y transformaciones en beneficio de la mayoría.
Hagamos honor a nuestra propia historia, a los nuestros que han quedado en el camino de la lucha, pero que siempre estarán con nosotros, a quienes nos han prestado su solidaridad desde dentro y fuera de Chile y que nos desean éxito.
