CHILE
lunes, 18 de agosto de 2014
PRINCIPIOS PARA UN NUEVO SISTEMA PREVISIONAL.
El siguiente es el documento presentado por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) ante la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones.
El sentido del encuentro o réquiem para un modelo.
¿Por qué constituir una Comisión Asesora Presidencial? Es una pregunta que hasta el momento ha quedado a soslayo. Puede parecer que por obvia se olvida, pero consideramos que es un emplazamiento que cobra meridiano sentido en tanto constituye la espina dorsal del conjunto de exposiciones que han antecedido a la nuestra y que provienen desde diversos ámbitos, especialidades y orientaciones políticas.
Para nosotros, el origen de esta Comisión responde al resquebrajamiento de la confianza en torno a la concepción y funcionamiento de nuestro sistema previsional. Lejos de ser un fenómeno aislado, esta crisis de legitimidad se enmarca en una crisis mayor, vinculada a la ruptura de los consensos neoliberales heredados de la dictadura cívico-militar. En suma, constituye una pulsión que ha encontrado momentos de distensión en la Comisión Marcel, el Pilar Solidario y, recientemente, con el anuncio de la AFP estatal, que ciertamente valoramos en su intención de avanzar en mejorar la cobertura y atención preferente para aquellos trabajadores y trabajadoras de menor interés para el sistema, pero principalmente, como un tránsito orientado a rescatar la fe en lo público y devolver al Estado su rol preeminente en la administración de los fondos de pensiones.
No obstante, creemos que es insuficiente y que se encuentra lejos de corregir las deficiencias del modelo y mitigar el malestar social que despierta la situación actual. Como ya se ha dicho con insistencia en esta Mesa, el sistema de AFP, aun cuando se reforme, no cumple el rol fundamental de todo sistema de previsión social: otorgar pensiones dignas y definidas. Esto porque el sistema tiene como “pecado” original, no haber sido diseñado con esa finalidad, sino con la lógica de la capitalización individual, eufemismo que encubre el leitmotiv de las AFP, cual es ser un sistema de ahorro forzoso, que mediante un descuento previsional obligatorio financia a los grandes conglomerados económicos(1).
El objeto de esta presentación es en poner lo político por sobre lo técnico, pues creemos que cualquier medida vinculada al bienestar y armonía social, debe tener como elemento movilizador la ética y no la técnica. Pues ha sido el criterio político-moral, el que ha predominado en momentos de crisis social como en el que nos encontramos insertos. Creemos importante en esta instancia dar cuenta de ciertos principios y consideraciones mínimas que, a nuestro juicio, y en función de la precarización del empleo y el deterioro de los derechos sociales, debiesen articular el rediseño de un sistema de previsión social que haga justicia a su nombre, respetando el tránsito histórico de la sociedad chilena donde lo técnico-jurídico, debe subordinarse a lo político-social.
1 Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Factibilidad y necesidad de restablecer gradualmente un pilar previsional de reparto para otorgar pensiones definidas a la clase media, Julio 2006.
La vuelta al origen: la ética y la técnica jurídica como resonancia de lo social.
En Chile, la historia de la previsión social se encuentra íntimamente relacionada con el origen del proletariado y la articulación del movimiento obrero. Esto porque el sistema de previsión social se fundó como consecuencia y mecanismo de resolución de los profundos problemas económico-sociales vinculados a las modernizaciones capitalistas, que entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX afectaron principalmente a los sectores populares urbanos, y que se han agrupado bajo el concepto de Cuestión Social.
Ante el ascenso paulatino y sostenido de la conflictividad social, derivado del deterioro de las condiciones de vida y creciente politización de los sectores populares, el Estado redefinió su estrategia política y pasó del uso de la violencia directa -que costó varios miles de muertos- hacia el reconocimiento de la justeza de las demandas.
Esto se reflejó en el diseño de un sistema de previsión tendiente a asegurar una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores. Normativas como la Ley de Descanso Dominical, Accidentes del Trabajo y Jornada Laboral, se orientaron en este sentido. En 1924, un cuerpo de medidas conocidas como las Leyes Sociales promovidas por el Estado, fueron las que se hicieron cargo de garantizar condiciones de protección mínimas a los sectores populares. De este modo, hacia mediados de la década de 1920 el Estado reforzó estas prácticas inaugurándose la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, a las que siguió la Caja de Empleados Públicos. Estas instituciones componían sus recaudaciones de cotizaciones tripartitas y obligatorias que realizaban trabajadores, empleadores y el Estado. Era el mecanismo para asegurar los beneficios de atenciones médicas, pensiones de invalidez y la jubilación de los cotizantes a partir de los 65 años de edad.
Todo esto basado en un sistema de reparto, en que los montos de las pensiones se distribuían en base al total de los recursos acumulados por los cotizantes. De manera similar funcionaban las cajas de empleados públicos y particulares, pagando una pensión de retiro a los 39 años de servicio o a los 50 años de edad. Cabe señalar que estas Leyes iban aparejadas y complementaban un conjunto de Leyes Laborales aprobadas en los años anteriores, y se encontraban amparadas en la Constitución de 1925.
Es por ello, que ante la crisis actual del sistema previsional, creemos necesario revisar el contenido del derecho laboral y a la seguridad social en el constitucionalismo chileno, que fue evolucionando progresivamente desde la Constitución de 1925, y que configuró gradualmente una institucionalidad acorde a las demandas de la sociedad chilena, tendencia que se mantuvo hasta el golpe de Estado de 1973.
2 Obando, Iván: El derecho a la seguridad social en el constitucionalismo chileno: un continente en busca de su contenido, Estudios Constitucionales, Año 10, Nº1. Universidad de Talca, Chile 2012.
En su estudio titulado “El derecho a la seguridad social en el constitucionalismo chileno”(2), el abogado Iván Obando sitúa a la Constitución de 1925 como pionera en el reconocimiento de este derecho. En su Artículo 10 Nº14 -y en concordancia con la tendencia del constitucionalismo social de la época, fuertemente vinculado además al mundo del trabajo- dicha Constitución estableció la protección a las obras de previsión social. El Artículo, en su inciso primero, señalaba:
“Artículo 10.- La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:
14 º La protección al trabajo, a la industria, y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización.”
Aun cuando, su enfoque fue restrictivo, su contenido permitió el desarrollo de un conjunto de instituciones y órganos previsionales, mediante los cuales el Estado y los trabajadores procuraron la satisfacción de ciertas contingencias sociales, como la vejez, invalidez, enfermedad, entre otras.
A partir de 1937 se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él. Sin embargo, y a diferencia del Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares no garantizaba la atención médica de sus afiliados. El debate sobre posibles modificaciones a este sistema se desarrolló durante la década de 1940 y se materializó con la reforma de 1952, fecha en que se crearon el Servicio del Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, ambos dependientes de las contribuciones de los afiliados al sistema de previsión social.
Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación de la cobertura en salud a toda la familia. Asimismo, el régimen de reparto fue aplicado también a los empleados particulares y, en el caso específico de obreras y empleadas, se les dejó de exigir un número de años de servicio y se rebajó a 60 años la edad de jubilación.
Esta tendencia se reforzó en diciembre de 1970, con la consagración constitucional del derecho a la seguridad social, tras la aprobación de la reforma denominada “Estatuto de Garantías Constitucionales”. Esta reforma, fue producto de una negociación entre los partidos de la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano, con miras a la elección presidencial de 1970 por el Congreso Pleno (3). Dicho artículo planteaba:
3 Reforma que se lleva a cabo en sintonía con las exigencias del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. Chile ya había firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en septiembre del año anterior y lo ratifica en febrero de 1972. Pacto que en su artículo 9 señala que: “Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de todo persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. El derecho a la Seguridad Social es reconocido entonces como un Derecho Humano.
“Artículo 10.- La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:
16º El derecho a la seguridad social.
El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional.
La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica; preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares.”
Así, el nuevo Artículo 10 Nº16 de la Constitución fue un avance fundamental en la consolidación del derecho a la seguridad social, dotándolo además de autonomía respecto de otros derechos y, al mismo tiempo, lo vinculó funcionalmente con el derecho a la salud, basándose en los principios de universalidad, solidaridad y exclusividad legal, sentando las bases institucionales de un verdadero sistema de seguridad social. Lamentablemente, esta reforma tuvo una vigencia breve, como consecuencia del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973.
Posteriormente, la adopción del modelo económico neoliberal, desde mediados de la década de 1970 y su reforzamiento mediante la imposición de la Constitución de 1980, cambiaron las lógicas expuestas hasta ahora. El Artículo 19 Nº18 de la Constitución aún vigente, que tuvo por objeto dotar a la política laboral y social de libertad, eficiencia, seguridad y justicia individual, excluyó la matriz solidaria del modelo. Así, lo que se aprobó en 1980 fue un derecho sin contenido, cuyos contornos fueron delimitados por el principio de subsidiariedad, entendido como un principio rector, generando las más acerbas críticas por parte de la doctrina jurídica especializada. Al respecto, podemos citar la opinión de Patricio Novoa, destacado abogado laboralista quien frente a esta discusión, sostuvo en el año 1977 que:
“Nadie puede pretender que en nombre de la subsidiariedad, el Estado le diga a los hombres y comunidades inferiores: Hagan Uds. lo que quieran y en la forma que estimen prudente (dándose variantes de anarquía administrativa, intereses lucrativos) ¿y yo, Estado, por la vía asistencial, me ocuparé del resto!’. Esto no es subsidiariedad: en el mejor de los casos sería una estupidez”(4).
Así, con la imposición del sistema de capitalización individual a través del “nuevo” sistema de Aseguradoras de Fondos de Pensiones diseñado por los colaboradores de la dictadura, se rompe un tránsito histórico, redefiniendo por la fuerza el rol de los actores que participaban en él.
4 Novoa Patricio: Derecho de la Seguridad Social, citado por Obando, Iván: El derecho a la seguridad social en el constitucionalismo chileno: un continente en busca de su contenido.
Excluyendo además a los trabajadores -agentes fundantes del antiguo sistema- operando a espaldas de la seguridad social y del beneficio de las grandes mayorías y a contrapelo de los procesos sociales y de la evolución constitucional que tuvo este precepto hasta 1973, basada en la consagración expresa de los principios de universalidad, suficiencia, y en particular, la solidaridad, principio ausente de nuestro actual modelo previsional.
No obstante, un reciente fallo del Tribunal Constitucional, que con ocasión de la declaración de la inconstitucionalidad de los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del Artículo 38 de la Ley de Isapres, planteó un interesante razonamiento respecto del contenido del derecho a la seguridad social vigente en nuestra actual Constitución. El Tribunal Constitucional, apartándose de las fórmulas interpretativas tradicionales, sostuvo respecto del Artículo 19 N°18 que aun cuando sus redactores quisieron excluir el componente solidario de precepto, éste era parte inmanente e inalienable del concepto de seguridad social (5), junto a los demás principios rectores propios de la seguridad social, señalando expresamente en uno de sus considerandos:
“Como lo ha sostenido esta Magistratura: “la supresión, en el texto del artículo 19, Nº 18º, de la Constitución, de los principios rectores de la Seguridad Social, incluidos en el inciso tercero del numeral 21 del artículo 1 del Acta Constitucional Nº 3, carece de relevancia, pues tales principios configuran la esencia de aquel derecho, de modo que se entienden siempre absorbidos por él, pues de lo contrario perdería su identidad específica.” (6)
Lo anterior, a nuestro juicio, abre las puertas, al menos desde el punto de vista jurídico, para sostener que todo sistema previsional debe contener el elemento solidario o redistributivo, además de los otros principios rectores de la seguridad social, a pesar del rígido marco jurídico de la Constitución vigente.
La deuda de Chile con la normativa internacional.
No podemos dejar de señalar, que Chile, siendo uno de los primeros países miembros de la OIT (1919), no ha ratificado la Norma Mínima de Seguridad Social establecida por el Convenio N°102 de la OIT, en donde se expresa que es “responsabilidad general del Estado el buen funcionamiento de los regímenes de seguridad social, sea cual sea el método de administración” y que, “en caso de que la administración no esté asegurada por una institución reglamentada por las autoridades públicas o por un departamento gubernamental responsable ante el Parlamento, los representantes de las personas protegidas deben participar en la administración o estar asociados a ella, con carácter consultivo. En relación con el financiamiento en regímenes contributivos “precisa que el total de las cotizaciones no debe superar el 50 por ciento del total de los recursos destinados a la protección.”
5 Marshall, Pablo, Tabla de factores de la ley de Isapres y derechos fundamentales, Revista de Derecho, Vol.XXIII – Nº 2, Diciembre 2010.
6 Sentencia Tribunal Constitucional, Causa Rol: 1710-2010 , considerando centesimotrigésimo.
A la ratificación pendiente del Convenio 102, se suman las observaciones de la Auditoría realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el periodo 1990-2014. El PNUD manifiesta como principal preocupación las limitaciones en la garantía de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en nuestro país, puesto que éstos son los que aseguran el ejercicio efectivo de los Derechos Civiles y Políticos de los ciudadanos, y por lo tanto, están en directa relación con la Gobernabilidad y legitimidad de un sistema democrático como el nuestro.
En nuestro país, sin embargo, son considerados como derechos de segunda categoría, situación que se explica por el proceso de retorno a la democracia que en un primer momento supuso centrar los esfuerzos en garantizar los derechos Civiles y Políticos, relegando los Derechos Económicos y Sociales a un segundo plano, pero que dadas las actuales condiciones no se justifica. Estos deben ser considerados derechos fundamentales y contar con garantía constitucional, situación que hoy no ocurre, debido a que nuestro ordenamiento jurídico excluye al derecho a la seguridad social de la acción de protección, que establece la propia Constitución, para recurrir a los tribunales de justicia en aquellos casos en que se ven vulneradas las garantías constitucionales.
Por su parte, el PNUD observa que en materia de empleo, su garantía es limitada, ya que existe alta informalidad, precariedad y dificultad de acceso para los sectores más vulnerables, como el de las mujeres y los jóvenes. En un sistema de capitalización individual como el que tenemos en la actualidad, las pensiones se encuentran en relación directa y única con las condiciones laborales individuales de las personas, sin que responda a la estructura general del empleo en Chile. Por lo tanto, el actual sistema de pensiones reproduce la desigualdad existente en la estructura de los ingresos, manteniendo y profundizando las diferencias en la calidad y el acceso a beneficios mínimos que deberían estar garantizados por el Estado. Esta discordancia entre un sistema pensado para un mercado laboral inexistente y la realidad del mercado laboral chileno, produce enormes distorsiones, las que han sido expuestas ya de manera exhaustiva ante esta Comisión por los propios afectados.
Por último, y dado que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son parte indivisible de un todo que son los Derechos Humanos “(…) las situaciones en las cuales el ejercicio de los derechos es inequitativa y favorece sólo a algunos, apunta a la violación de la Universalidad de los mismos.”(7)
El abuso y drama de ser mujer.
A fines de noviembre del 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentó las cifras referidas a la tasa de reemplazo de las pensiones entre los países afiliados. Dicha tasa mide el porcentaje que representa la pensión, del sueldo imponible promedio de los últimos diez años de vida laboral activa.
7 Auditoria a la Democracia, Más y mejor democracia para un Chile inclusivo, PNUD, 2014; p.148.
Según estos datos, Chile alcanza un 52% para los hombres y un 42% para las mujeres, es decir, las mujeres perciben menos de la mitad de su sueldo promedio de los últimos diez años de trabajo al momento de pensionarse. La misma OCDE dio cuenta que el retiro del mundo laboral, se realiza más tardíamente para el caso de las mujeres chilenas en relación a lo que ocurre con sus pares de los otros países pertenecientes a esta organización.
Los factores exógenos en torno a esta desigualdad son muchos: una mayor esperanza de vida por parte de las mujeres, así como también, lagunas previsionales con motivo del nacimiento y cuidado de los hijos, además de labrecha salarial existente en desmedro de las mujeres, quienes cumpliendo la misma función que los hombres en el trabajo, reciben menores sueldos.
Por su parte, el sistema privado de AFP incorpora otros elementos que profundizan la desigualdad de género en ámbito previsional, éste es el método utilizado para calcular el monto de las pensiones, que a diferencia del antiguo sistema, establece tablas actuariales diferenciadas para hombres y mujeres, que un contexto de capitalización individual, perjudica aun más su condición. Creemos que la utilización del género como herramienta de distinción es arbitraria, vulnerando incluso la propia Constitución en lo que dice relación con el principio de igualdad y no discriminación, amparado por el Articulo 19 N° 2. Es urgente corregir esta situación mediante herramientas públicas que incorpore el elemento redistributivo en el sistema, en respuesta a los rasgos estructurales que originan las desigualdades, permitiendo en definitiva una vida más justa para las mujeres de nuestro país.
Consideraciones finales.
En consecuencia, y en función de las atribuciones con la que se ha creado esta Comisión consideramos que el rediseño del sistema de pensiones, debe enmarcarse en un modelo de seguridad social, que reconozca el tránsito histórico constitucional que fue coherente con los procesos sociales hasta el quiebre institucional de septiembre de 1973, devolviendo la legitimidad a un sistema que fue diseñado e implementado en contexto de dictadura. Lo anterior implica poner a los trabajadores y trabajadoras en el centro de lo que hemos denominado “Nueva Cuestión Social”, considerando que el derecho a una pensión digna, en este nuevo diseño, debe ser garantizado como un derecho fundamental. Así entonces, un nuevo sistema previsional debiese incorporar o restablecer los elementos siguientes:
Transitar hacia el reparto como modelo previsional, que a nuestro juicio es el sistema que mejor responde al desarrollo de las normas en materia de seguridad social, nacional e internacional.
Lo anterior implica avanzar hacia un régimen de pensiones definidas que garantice una tasa de reemplazo al menos del 70%.
Los principios rectores propios de la seguridad (universalidad, suficiencia, unidad y solidaridad) deben, necesariamente, informar el diseño y funcionamiento del sistema.
Fortalecer el rol público, incorporando al Estado en la recaudación, administración y el pago de pensiones.
Establecer la participación efectiva de los trabajadores y trabajadoras en la gestión administrativa del sistema.
Restablecer el aporte patronal a la cotización de acuerdo a lo establecido por las normas OIT.
Ratificar y adecuar a nuestro ordenamiento jurídico el convenio 102 de la OIT y demás normas internacionales del trabajo en materia de seguridad social.
Establecer mecanismos de protección jurisdiccional respecto del derecho a la seguridad social, que permita su reclamación efectiva a los tribunales de justicia a través de la acción de protección constitucional u otro mecanismo de tutela similar
FUENTE : ICAL
HOJA INFORMATIVA N° 571
SOBRE EL SISTEMA BINOMINAL: "NO SE
DESTINARÁN RECURSOS ADICIONALES" PARA MODIFICACIÓN
El Gobierno, indicó que finalizar con este modelo
electoral ayudará a "fortalecer nuestra democracia y, por tanto, le hace
bien al país y a la legitimidad de las instituciones".
"No se
destinarán recursos adicionales o extraordinarios para llevar adelante la
reforma al sistema binominal. El costo que representa el aumento de
parlamentarios va a tener que ser absorbido por los presupuestos ordinarios de
ambas cámaras. Es decir, van a tener que redistribuir y reasignar sus
recursos", dijo de forma
enfática esta mañana el vocero de Gobierno.
El secretario de Estado señaló que el debate de fondo es
"si queremos o no democracia de calidad, si queremos o no que el
Parlamento sea fidedigna expresión de la voz de los ciudadanos expresada en las
urnas, porque el sistema binominal establece distorsiones inaceptables. La voz
de las urnas no es necesariamente la voz del Parlamento y, por eso, debemos
reformar el sistema electoral en nuestro país."
Elizalde agregó que
se espera el apoyo a esta reforma más allá de la Nueva Mayoría, proveniente de
los sectores constructivos de la oposición.
Respecto a la UDI, señaló que "todos los días busca excusas nuevas para
oponerse al cambio al binominal. No olvidemos que defendieron a los senadores
designados durante 16 años y cuando sacaron la calculadora y vieron que
ya no les convenía, entonces se sumaron a los partidarios de que el Parlamento
fuera elegido íntegramente de forma democrática".
"el fin del
binominal fortalece nuestra democracia y, por tanto, le hace bien al país y a
la legitimidad de las instituciones".
Estimados compañeros, como partido tenemos de relevar esta semana
el mensaje político probablemente más importante del último tiempo. Como es la
valoración que debemos realizar a la reforma del sistema binominal a través
de nuestras apariciones públicas,
columnas, papelógrafos y otros medios de agitación y propáganda. Nuestros
dirigentes de la juventud y el partido, deben asumir la responsabilidad de
insistir en la importancia de este gran avance de nuestra democracia por el que
venimos insistiendo desde que a sangre y fuego se nos impuso un sistema
electoral injusto y poco representativo. El mensaje político
primordial a entregar es el inicio de mayor proporcionalidad y democracia para
Chile. Los medios de comunicación burgueses intentarán desviar la atención
hacia el financiamiento y alto costo de tener más parlamentarios; es decir, el
desprecio a la actividad política. Sin embargo, es importante insistir en
que: primero, el gobierno ha dicho que los recursos serán resignados y no
habrá más gato, pero segundo y aun más importante, que la democracia no debe
tener precio y que es necesario evitar que solo la oligarquía tenga acceso a
representatividad, chile también se
requieren de obreros y dirigentes sociales en el Congreso. En ese sentido, ante
el debate de la dieta, siempre hemos dicho como Partido que estamos dispuestos
a que se rebaje la dieta parlamentaria
sin embargo, el debate de fondo es cómo construir un parlamento que
entregue recursos suficientes para que obreros y dirigentes sociales puedan
tener recursos para desarrollar estudios y trabajo parlamentario que la
permita legislar con todas las herramientas.
PADRE FERNANDO MONTES: “LOS CATÓLICOS DEBERÍAN
ESTAR CONTENTOS DE PODER COLABORAR A QUE HAYA MENOS CLASISMO”
El rector de la Universidad Alberto Hurtado hizo hincapié
en que, más allá de la falta de claridad en algunos temas, se debe avanzar en
los cambios.
Fernando Montes, aseguró que los católicos deberían estar
contentos de poder colaborar a través de la Reforma Educacional a que haya
menos clasismo en el país.
Más allá de la falta de claridad en algunos temas, se
debe avanzar en los cambios.
“Mucha gente está preocupada porque no ve claridad
exactamente de qué va a pasar. Me parece que si son profundamente cristianos deberían
estar extremadamente contentos de que podamos colaborar a que haya menos
clasismo en el país”, recalcó.
“Eso lo siento muy profundamente por coherencia con el
Evangelio. Eso no significa que le cierren la boca para poder enseñar aquellas
virtudes y valores que me parecen importantes para el ser humano”, concluyó
Montes.
LA UDI INSISTE EN INSTALAR UN CONFLICTO
INTERNACIONAL FICTICIO ENTRE CHILE Y VENEZUELA"
La UDI que "insiste en instalar un conflicto
internacional ficticio entre Chile y Venezuela, para intentar ocultar los
hechos cometidos por el presidente de su Juventud Felipe Cuevas, al
fotografiar, en Caracas, las instalaciones del Servicio de Inteligencia y al
estar sin pasaporte. Lo que Felipe Cuevas hizo es fotografiar a las
instalaciones del SEBIN (Servicio de Inteligencia) e inmediatamente fue
detenido y para peor andaba sin identificación", aquí hay que subrayar que
el dirigente de la UDI, en su calidad de turista realizó libremente y sin
ninguna molestia toda su agenda política programada, tal como él, incluso, lo
reconoce: hizo puerta a puerta, se reunió con la oposición venezolana,
participó en manifestaciones, tuvo reuniones y acciones contrarias al Gobierno
de Maduro y todo lo pudo realizar sin problema alguno dentro de las reglas de
la democracia Bolivariana"
La UDI debería agradecer al canciller venezolano, Elias
Jaua y a nuestro embajador Pedro Felipe Ramírez, quien acompañó permanentemente
a Felipe Cuevas y encabezó las gestiones Diplomáticas que permitieron su
regreso. Pero, es necesario advertir que la UDI no puede abusar de la buena
voluntad del Gobierno de Venezuela ni seguir conspirando junto a la Golpista
Oposición de la Derecha Venezolana".
CHILE TIENE
DRÁSTICAS PENAS POR FOTOGRAFIAR LUGARES PROHIBIDOS
En Chile este tipo de actos, cometidos por Felipe Cuevas
en Caracas, también están prohibidos y tienen duras penas, de acuerdo al
artículo 254 en relación al artículo 252 del Código de Justicia Militar. Y allí
está el caso, por ejemplo, de lo que le pasó al ciudadano Peruano Elito
Saldaña, que en enero de 2012, fue detenido en Arica por sacar fotografías con
su celular en instalaciones de la Fuerza Aérea y estuvo preso 8 meses"
Pero- seamos claros, ni al Servicio de Inteligencia de
Venezuela ni al Pentágono de EEUU, ni a la Base Naval de Talcahuano-Primer
Puerto Militar de Chile- ni a ningún recinto militar en el mundo se permiten
fotografías, cualquier persona nacional o extranjera sería detenida
inmediatamente".
Apuntando directamente a la UDI dijo "aquí hay una
acción coordinada de inteligencia contra Venezuela, solo así se explica que
estos hechos sean solo noticia en Miami, de EEUU; y en Santiago de Chile".
la apelación a la defensa de los DDHH que realiza la UDI
a través de sus históricos que guardaron silencio o fueron cómplices pasivos en
momentos duros para cientos de miles de Chilenos a quienes se les violaron
sistemáticamente sus derechos fundamentales, deberán juzgarla los ciudadanos
Chilenos". Y hoy sobre la matanza de niños y civiles de palestina la UDI
como partido nada dice.
“LA UDI NO PUEDE REESCRIBIR LA HISTORIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN CHILE”
El jefe de
la Bancada PC-IC, diputado Hugo Gutiérrez, criticó declaraciones de líderes de
la UDI, autocalificándose como defensores de los Derechos Humanos, mientras que
militantes de dicho partido tuvieron una participación directa en las
violaciones cometidas durante la dictadura, como el caso del ex ministro del
Interior, Sergio Fernández Fernández.
El diputado
Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos
Originarios de la Cámara de Diputados, junto a abogados de DD.HH. y organizaciones
de ex Presos Políticos, criticaron en duros términos la posición asumida por la
Unión Demócrata Independiente (UDI), al autodenominarse defensores de los
Derechos Humanos tras la detención del líder de la juventud gremialista, Felipe
Cuevas, en Venezuela.
“Esta
circunstancia de que tengamos al integrante de un partido político, como lo es
la Unión Demócrata Independiente (UDI), que hoy pretende reescribirnos la
historia y por supuesto eso no lo vamos a permitir. La UDI es una guarida de
violadores a los Derechos Humanos y hay que decirlo con todas sus letras, pues
fueron cómplices de grandes violaciones durante la tiranía de Pinochet. No
vamos a esperar a que ellos reescriban la historia como grandes defensores de
la justicia y los Derechos Humanos”, señaló Gutiérrez.
En ese
contexto, el parlamentario agregó “no por casualidad será procesado Rosauro
Martínez (desaforado diputado RN) y tiene que ser procesado el día de mañana
Sergio Fernández (UDI)”, en referencia al caso Neltume, donde 11 jóvenes del
MIR fueron asesinados en 1981, hechos que fueron encubiertos en su momento bajo
supuestos enfrentamientos.
“Quien
ejecutó este plan de exterminio fue el desaforado diputado Rosauro Martínez, y
quien dictó la orden de aprehensión contra estas personas fue Sergio Fernández
Fernández, en su calidad de ministro del Interior”, detalló Garcés.
Por su
parte, el abogado Boris Paredes especificó que se solicitará que Sergio
Fernández declare en calidad de inculpado, por su responsabilidad como ministro
de Interior de la época.
“Fueron sus
decretos los que permitieron privar de libertad a estas personas, al margen de
todo derecho. Estábamos supuestamente bajo un gobierno donde existían los Tribunales
de Justicia, pero las órdenes de arresto derivaban del ministro del Interior y
los ponía a disposición de la CNI. A través de la Dirección Nacional de
Comunicación Social (DINACOS), daban explicaciones absurdas sobre la muerte de
estas personas y nunca nada se investigó. Sin la participación de Fernández no
se podría haber dado apariencia de legalidad a estos crímenes”, explicó
el abogado.
Finalmente,
el diputado Hugo Gutiérrez concluyó que “Sergio Fernández debe ser tomado como
uno de los responsables principales en las violaciones a los Derechos Humanos
durante la Dictadura de Augusto Pinochet y como tal, tiene que ser enjuiciado y
el día de mañana condenado por su crímenes”.
BREVE
ADELANTO DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL: COLEGIO DE PROFESORES.
1.- Se aprobó
cuenta del presidente nacional por 121 votos a favor y 34 en contra. 9
abstenciones.
2.- Se aprobó
cuenta del tesorero nacional por 119 votos a favor y 28 en contra. 3
abstenciones.
3.- Se da a
conocer la propuesta entregada por el Ministerio de Educación trabajada en diez
reuniones con el ejecutivo de la Directiva Nacional del Colegio de Profesores.
Esto es lo que se logró. Será consultado a los profesores de todo el país. La
consulta quedó fijada para el día martes 19 de agosto. Estas son:
Profesores a Contrata: El protocolo contempla que
el gobierno patrocinará el proyecto de profesores a contrata de todos los
docentes de aula de una dotación municipal que tengan tres años continuos de
antigüedad o cuatro discontinuos, con un mínimo de 20 horas de contrato,
considerando fecha 31 de julio de 2014 (se considera de allí hacia atrás).
El Ingreso Mínimo Docente: se reajustará en 12,4% a
partir del 01 de enero de 2015. Importante para el sector Particular
Subvencionado y Corporado. También para los profesores con pocos bienios de las
municipalidades.
Para los colegas que están en edad d jubilar: se
ofrece bono de 21 millones 500 mil pesos
para quienes tienen contrato de 44 hrs. y 11 años de antigüedad en un
municipio. Esta es proporcional a
contratos con menos horas y menos años de antigüedad.
Agobio: se tomarán medidas administrativas y se
enviará proyecto de ley de tramitación rápida para ir paulatinamente rebajando
horas lectivas y aumentar las no lectivas. Habrá nuevas medidas.
Deuda Histórica: No hay respuesta con
reconocimiento explícito de la deuda, sino que proponen, en este punto,
estudiar medidas tendientes a mejorar la situación de la previsión del
profesorado.
3.- Se aprobó un voto de apoyo al pueblo palestino,
rechaza el genocidio perpetuado por el sionismo israelí.
4.- Hubo pronunciamiento para participar en las
movilizaciones convocadas por los estudiantes el día 21 de agosto, como la del
04 de septiembre convocada por la Central Unitaria de Trabajadores. Esta es una
tarea para el conjunto del partido en todo el país.
5.- Participación en los diálogos ciudadanos, a fin de
incidir en los futuros proyectos de ley, tanto de desmunicipalización como en
el de Carrera Profesional Docente.
AVANZA LA NUEVA MAYORIA EN REGIONES. NUEVA MAYORÍA EN EL TAMARUGAL COORDINA
TRABAJO PROVINCIAL ESTA ES LA IDEA A DESARROLLAR EN CADA COMUNA, PROVINCIA Y
REGION.
Autoridades provinciales, comunales y
dirigentes vecinales del Tamarugal pertenecientes a la Nueva Mayoría, se
reunieron en torno a la planificación del desarrollo provincial.
Alcaldes, concejales y dirigentes
participaron de la instancia en la que enfatizaron en la necesidad de
fortalecer el trabajo de la Presidenta Michelle Bachelet en el territorio para
lo que evidenciaron su voluntad de trabajar desde la calle fomentando la
coordinación de Comités de Barrios en todas las comunas de la Provincia.
Su coordinador provincial, el comunista y
Gobernador del Tamarugal camarada Claudio
Vila Bustillos, se refirió a la importancia de fomentar la organización y
movilización de los vecinos y de paso sumar más adherentes a la Nueva Mayoría.
“Invitamos a todos a hacerse parte de este
plan de Gobierno que busca hacer cambios radicales en el país. Una comunidad
organizada incidirá en esta propuesta de cambio” aseveró Vila.
Fortalecimiento de las bases sociales que
estará en manos de cada uno de los integrantes de la Nueva Mayoría en El
Tamarugal.
DIRECTIVA DE UNAPYME SE REUNIÓ CON VICEPRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Encabezados por su presidente, Héctor Tejada, los
dirigentes se reunieron con el Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Lautaro Carmona (PC), para dar a conocer sus inquietudes, principalmente lo que
tiene que ver con algunos reparos a la Reforma Tributaria, especialmente a la
forma en que se alcanzó el protocolo de acuerdo, como también a la situación
actual del impuesto específico, en relación con el impacto que tiene en los
taxis colectivos.
Dentro de los temas tratados por Unapyme está la
solicitud que pequeñas empresas no paguen impuestos de timbres y estampillas,
condonación de deudas a micro y medianos empresarios, ver la posibilidad de impuesto
específico, especialmente en los casos que los vehículos hayan sido convertidos
a gas, entre otras materias.
A la salida, la directiva de Unapyme se mostró satisfecha
con el encuentro, el cual también consistía en presentar a los principales
dirigentes, considerando que la agrupación se constituyó meses atrás después de
desvincularse de la Conapyme por diferencias políticas, y que no se sentían
representados.
DIPUTADO NÚÑEZ INGRESÓ SOLICITUD DE SESIÓN
ESPECIAL PARA ANALIZAR LA CRISIS DEL AGUA
“La sesión se fundamenta, primero, en la grave crisis que
vivimos por la escasez del recurso del agua en todo el país, pero
particularmente en la Región de Coquimbo, que hemos tenido un 50% menos de
lluvias. Tenemos una situación muy dramática a nivel de los embalses y, por lo
tanto, no tenemos asegurado el acceso al consumo humano ni al riego para el
periodo de verano”, recalcó.
El parlamentario argumentó que la instancia también es
una buena oportunidad para que el gobierno concrete el anuncio del 21 de mayo
de la Presidenta Michelle Bachelet de reformar el Código de Aguas para asegurar
el recurso como un derecho humano irrenunciable y para revisar la propiedad
privada del agua.
“Pensamos que es muy importante que todos los chilenos
seamos los dueños del agua y podamos decidir en qué usar un recurso que hoy día
es clave, fundamental para el desarrollo del país”, destacó.
¿CÓMO EVALUAR
EL PROBLEMA DE LAS CONCESIONES?
Los que estamos en
contra de las concesiones hospitalarias sabemos que el problema es
complejo, porque hay muchos factores en juego. Las concesiones tienen por
objeto la ganancia y mientras más abundante mejor. Su objetivo final es lucrar
con la salud. Eso no se puede obtener sólo cuidando enfermos, porque hoy
la salud es más compleja y más cara, sino con áreas de ganancia complementarias
con subsidios obligados. Estas ventajas han sido entregadas por el estado
chileno, en desmedro del derecho a la salud de los ciudadanos. En cambio,
el objetivo de la salud pública es ganar el mejor nivel de salud de la
población. Por eso, los hospitales concesionados no sirven para una política de
salud para todos los chilenos.
Pero no basta con tener
buenas ideas sino tener fuerza para lograr el cambio. De allí surge la
gran tarea: acumular fuerzas; en primer lugar, conciencias. La primera es
conseguir que los partidos de la Nueva Mayoría asuman que su política de salud
es parte constitutiva de su política general de cambios. La segunda es
colocar el tema de las concesiones en la opinión pública y desarrollar un gran
debate nacional, incluso hasta el Parlamento.
DIPUTADAS CARIOLA Y VALLEJO
PRESENTAN PROYECTO QUE CREA EL PRIMER BANCO DE LECHE HUMANA EN CHILE
En el marco de la Semana de la Lactancia y a raíz de una
iniciativa ciudadana impulsada por Diego Ruíz, las diputadas comunistas Karol
Cariola y Camila Vallejo presentaron hoy dos iniciativas de ley que permiten y
promueven la creación de Bancos de Leche Materna, donde además se
establece el derecho a la alimentación única y exclusiva -vía lactancia
materna- a menores de seis meses.
Para la diputada Karol Cariola, miembro de la comisión de
Salud de la cámara baja, este proyecto “busca terminar con la propiedad del
niño por sobre la leche de la madre. Actualmente la ley establece en el código
sanitario que el hijo es dueño de la leche de su madre, por lo tanto no podría
donarla en el caso que existieran excedentes. Nosotros proponemos transformar
el código sanitario porque creemos que esta es una gran iniciativa, y como
matrona, sabemos y reconocemos cuales son los beneficios que tienen los
lactantes al recibir leche materna y no fórmulas”.
La representante de Independencia y Recoleta agregó que
este mecanismo “es más barato para la madre, es más barato para la familia, los
niños que toman leche materna tienen más condiciones de desarrollo psicomotor
en su vida y además tienen condiciones que, por supuesto, son inmejorables
cuando se trata de compararlos con cualquier tipo de fórmula química que quiera
reemplazar la leche materna”
Por su parte, la diputada Camila Vallejo sostuvo que
“proponemos la creación de un banco, un banco que no cobra, que no
comercializa, pero que garantiza un derecho de manera colectiva, o sea entender
que hoy día no es simplemente la obligación de la madre entregar exclusivamente
a su hijo la leche que produce, sino que tenga la posibilidad de donar parte de
la leche que produce, además de entregarla a su hijo, a otros niños que lo
necesiten. Hoy día hay muchos niños cuyas madres, o se les acabó la leche o no
están en condiciones de salud para poder proveer a sus hijos de la leche
materna”.
La representante de La Florida, afirmó que “somos un país
raro, somos el único en la región que no cuenta con banco de leche materna y
esperamos que este proyecto sea acogido por el Ejecutivo”.
Diego Ruíz, gestor de la iniciativa, explicó que la idea
nace de la participación ciudadana, tomando como ejemplo el banco de leche
brasilero, país que ya cuenta con 196 bancos de leche humana que inicialmente
fueron creados para combatir la desnutrición y la mortalidad infantil.
Las diputadas comunistas presentaron dos proyectos: uno
de Ley que modifica el artículo 18 del Código Sanitario -establecido en 1931- y
donde además se agregan dos nuevos artículos; y un proyecto de Resolución
para que el Ejecutivo cree los Bancos de Leche Materna con carácter estatal.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
13 de AGOSTO. A las
19 hrs. En la sede del CC. Reunión de encargados de finanzas de la región
metropolitana. TEMA “la Chingana de los Abrazos. “
EL 12 ó 20 DE AGOSTO: En el parlamento se vota la reforma a la Ley Electoral
Binominal.
EL 21 DE AGOSTO. Marcha
Nacional por la Defensa de la Educación Pública. Convocan: Confech, Cones,
Aces, Colegio de Profesores y la Mesa por la Educación de la CUT. Llamamos al Partido a sumarse a esta
movilización en todo el país. En
Santiago 10:30
Parte desde Plaza Italia y avanzar por la Alameda. Los dirigentes resaltaron la
vigencia de una Mesa Social camino a la movilización y advirtieron que no
tolerarán una dinámica de consensos en la reforma educacional como ocurrió con
la Reforma Tributaria y su bullada polémica por los acuerdos en la
"cocina". El partido en cada lugar debe sumarse a esta gran
movilización.
“Esperamos
que no se vuelva a repetir algo como la Reforma Tributaria, la política de los consensos.
Los brazos arriba que vimos el año 2006 el movimiento social no está dispuesto
a tolerarlo nuevamente. Es la opinión de los chilenos y los convocantes.
INVITACIÓN
22 DE AGOSTO. La Comisión Nacional de Educación del Partido Comunista de Chile invita
cordialmente a Ud. a un Seminario acerca de la Reforma Educacional que impulsa
el Gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por la Presidenta de la República,
Sra. Michelle Bachelet, el que se llevará a efecto en la Casa del Maestro,
ubicada en Catedral 2395, Santiago Centro.
Este Seminario se inaugurará el viernes
22 de agosto de 2014, desde las 19,00 hrs., con la ponencia “Qué es una Reforma Educacional en las
actuales condiciones políticas”, del Compañero, Profesor de Estado,
Pablo Moreno, y continuará el sábado 23 de agosto desde las 09,30 hrs., con
tres temas: Fortalecimiento de la Educación Pública, Grandes ejes de la
Reforma y Calidad de la Educación.
Su presencia dará realce a esta actividad.
4 DE
SEPTIEMBRE. CUT CONVOCA A MARCHA NACIONAL POR REFORMAS LABORALES Y GRANDES
TRANSFORMACIONES.
Bárbara Figueroa,
Presidenta de la CUT, acompaña de la mesa que presidió el Consejo Directivo
Nacional Ampliado, dio a conocer la resolución de este de convocar a una Marcha
Nacional por las reformas laborales el próximo jueves 4 de septiembre.
Figueroa, junto a Arturo
Martínez, Secretario general; Nolberto Díaz, Vicepresidente; Ángela Rifó,
Vicepresidenta de la Mujer y Etiel Moraga, Consejero Nacional, acompañados de
los delegados, dieron a conocer las resoluciones del Consejo.
“Estamos convencidos de
que un proceso de dialogo efectivo requiere también un alto nivel de agitación
en las masas, de lo contrario podemos correr el riesgo de que las políticas
sustantivas y estructurales para que Chile avance hacia un desarrollo pleno
quede solo en algunos pocos y no en la soberanía popular” enfatizó Figueroa.
Anuncio que “es por eso
que estamos convocando a partir de este momento a un estado de alerta
permanente del movimiento sindical y a una marcha Nacional a desarrollarse el 4
de septiembre, fecha simbólica para el movimiento sindical”.
“Esta fecha de asunción
del presidente Salvador Allende, representa un proyecto transformador, alternativo
al neoliberalismo y es un elemento sustantivo de la demanda sindical, porque
somos un movimiento sindical que quiere grandes transformaciones para Chile”
agregó.
Figueroa explicó que
“creemos que es necesario superar el modelo que ha estado concentrado en la
acumulación de los grandes capitales y ha dejado de lado el desarrollo para
todo su pueblo trabajador”.
Esta
es una publicación destinada a todas las estructuras del partido, comités régionales, comités comunales, comités sectoriales
y células. Es
obligación de quien la reciba hacerla
llegar a estos organismos. Compra y lee "el siglo" www.elsiglo.cl, Escucha y
difunde la radio "nuevo mundo"
www.radionuevomundo.cl
fuente : cno
Suscribirse a:
Entradas (Atom)