El año recién pasado, el gobierno de la Nueva Mayoría se vio enfrentado a diversos desafíos. Estos vinieron no sólo de la cerrada oposición y abierto hostigamiento comunicacional, sino también de las propias falencias internas, marcadas por numerosas descoordinaciones iniciales facilitadas por lo ambicioso que se tornaron los primeros cien días de gobierno.
Pero además, las dificultades provinieron de la diversidad de interpretaciones en lo referido a los ritmos, énfasis y procedimientos de las reformas.
En este sentido, cabe recordar la metáfora de la “cocina” como espacio de privatización y tecnificación del debate de reforma tributaria versus los procedimientos que apostaron por la democratización y ampliación de las discusiones.
No obstante, estos desajustes son normales en una coalición que debe tomar paulatinamente identidad, pero sobre todo, debe construir mayorías internas que se orienten a satisfacer las expectativas que generó su arribo con un programa de gobierno de alta representación popular, que a la luz de los acontecimientos, ha provocado tensiones internas y resistencias externas.
A principios de este año, el caso CAVAL tornó más complejo el cuadro, pues si no sepultó, al menos dejó fuertemente hipotecado el principal logro del gobierno, a saber: restituir la fe en “lo público”, devolviéndole al Estado un rol central en el diseño y discusión de las política sociales. Prueba de ese impacto lo constituyó la fuerte caída de la figura de Michelle Bachelet, cuya aprobación -según la encuesta Adimark- alcanzó sólo el 39%.
En términos generales, lo que ha ocurrido desde el arribo de la Nueva Mayoría es que se refrescaron las disputas ideológicas que hasta hace unos años aparecían como latencias. Escenario que obliga al gobierno no sólo a redefinir estrategias comunicacionales, sino que principalmente a redefinir estrategias de implementación política, que lo sitúen a la ofensiva en cuanto al logro del programa de gobierno, apurando y fortaleciendo el tranco de las reformas que la ciudadanía reclama y que se encuentran dirigidas a iniciar un camino orientado a corregir las profundas brechas económico-sociales que -como es ampliamente sabido- hacen de Chile uno de los países más desiguales en el mundo. En suma, consideramos que lo positivo de este revuelto inicio de año, es que obliga a las autoridades de gobierno a un máximum del cumplimiento del programa.
Marzo y el debate político
Durante este año, fue la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo donde las confrontaciones tuvieron su primera expresión. Cabe recordar que en los años anteriores existió un amplio consenso respecto de lo necesario de modernizar las relaciones laborales.
Sin embargo, y tal como lo han demostrado estas últimas semanas, el acuerdo es en torno a la necesidad de reformar lo existente, pero con objetivos distintos entre los actores involucrados.
Para la principal central de trabajadores la reforma debe avanzar hacia la construcción de una Nueva Institucionalidad Laboral, orientada a fortalecer a las organizaciones sindicales como interlocutor entre trabajadores y empleadores, constituyendo una palanca para corregir la aberrante distribución de los ingresos en Chile. Mientras que para los empresarios el objetivo es otro: modernizar, a fin de profundizar, el modelo actual, tal como lo señaló en la ENADE del 2013 Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, al afirmar que las transformaciones se debían enfrentar con la “responsabilidad” de “tener en cuenta los aciertos del pasado […] sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance”, vale decir, reformar sin revertir el sentido de la institucionalidad consagrada por la dictadura, y donde el avance hacia una institucionalidad moderna y dinámica implica perfeccionar los dispositivos orientados al aumento de la “adaptabilidad laboral”, lo que en otras palabras constituye un aumento de la flexibilidad, la que en la mayor parte de los casos va aparejada de precariedad laboral.
Este énfasis fue ratificado por el mismo Santa Cruz en la ENADE de noviembre de 2014, para cuyo gremio “los cambios en el mercado del trabajo deben adecuarse a las necesidades y demandas de los tiempos que corren, buscando mejorar el marco en que se desarrollan las relaciones laborales, además de avanzar en nuevas formas que flexibilicen las relaciones de trabajo, como es la modificación al sistema de indemnizaciones por años de servicio”.
Fue precisamente este último tema -no contenido en la propuesta de Reforma Laboral- con el que la SOFOFA abrió los fuegos en su presentación a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados el primer lunes de marzo. Para el presidente de los industriales, Hermann Von Mülenbrock, la conformación de un fondo de indemnización se orientaría a agilizar la movilidad laboral, beneficiando al empleo, al reducir los costos relacionados con la contratación. El mismo día, esta intervención recibió el fuerte rechazo de la CUT, no sólo por la incorporación de temas que no fueron conversados entre las partes, sino porque abre situaciones que desvirtúan un debate, cuyo centro se encuentra en la articulación de mecanismos que avancen hacia la restitución de los derechos colectivos de los trabajadores, constituyendo este proyecto de ley, nada más que el paso inicial orientado a cumplir con estándares de la OCDE y OIT, pero que puede abrir un ciclo virtuoso para el movimiento sindical y su fortalecimiento.
No obstante, la omisión de los contenidos del proyecto de ley y el posicionamiento de temas ajenos a él, dan cuenta que la voluntad del empresariado se encuentra lejos de corregir las desigualdades sociales.
Pero ¿qué pasa con las propuestas del empresariado en aquellos aspectos contenidos en el proyecto de ley? La respuesta es simple, expresan idéntica voluntad de entorpecer, confundir y falsear el mensaje del Ejecutivo. Prueba de ello fue la intervención del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, en la misma Comisión de la Cámara Baja. Esta vez, el empresario apuntó a uno de los ejes del proyecto: la titularidad sindical.
Señaló que “si bien los beneficios se obtienen en el marco de una negociación colectiva, la titularidad del derecho pertenece a los trabajadores, individualmente, no al sindicato” , argumentando además que -en el actual mecanismo- los trabajadores que desempeñan la misma función recibirían los mismos beneficios.
Esta reacción da cuenta de la oposición al principal avance del proyecto de ley, cual es ajustar mecanismos para fortalecer a las organizaciones sindicales, superando la negociación individual y fortaleciendo la de tipo colectivo.
Lo mismo ocurre para el empresariado con el fin del reemplazo en huelga al proponer la ampliación del concepto de servicios mínimos y otorgar un plazo de 15 días para hacer efectiva la huelga desde que se vota. En este sentido, dicha iniciativa apunta a torpedear la propuesta de fin del reemplazo al puesto de trabajo contenido en el mensaje del Ejecutivo y a ratificar el reemplazo en huelga; abuso con el cual se le ha restado potencia a las acciones de fuerza de los trabajadores.
Por otra parte, es precisamente en el articulado referido a la huelga donde se provoca una de las mayores polémicas, pues el proyecto la define como un acto “pacífico”, lo que ha generado la crítica respecto de su criminalización, y que de aprobarse así, claramente sería un retroceso para el mundo sindical. Por esto es que la definición ha recibido el más amplio rechazo de los trabajadores, partiendo por la CUT.
En síntesis, estos temas desnudan las contradicciones propias de una reforma que ingresó a la discusión en el Parlamento y cuyas modificaciones se encuentran en disputa ideológica.
Por lo mismo, los trabajadores están obligados a diseñar una estrategia de lucha ideológica y política madura, que se oriente a eliminar todas aquellas trabas presentes en el mensaje del Ejecutivo que impiden la libertad sindical.
Es decir, estableciendo estrategias más complejas que aquellas que optan por reduccionismos, o por la marginación del debate bajo el argumento de demandas que -por justas y compartidas que sean- omiten en sus análisis tanto el sentido de proceso histórico, como el escenario político existente. Generar correlaciones de fuerza favorable para cambios más progresistas, esa debe ser la urgente tarea de los trabajadores.
/Francisco Rivera Tobar. Encargado Área Laboral. (*) ICAL/
(*)Profesor de Historia.
