En las últimas semanas el repertorio de la política nacional ha estado dominado por “temas” como el “Pentagate” y los dineros privados para las campañas electorales, el caso Cascadas, el episodio protagonizado por el embajador chileno ante el gobierno uruguayo y, el más reciente, el procesamiento y detención ordenada por un tribunal a un grupo de presuntos –o algo más que tales- violadores a los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el “emblemático” ex alcalde de Providencia coronel ® del ejército Cristián Labbé, episodio que se une al reciente desafuero, por similares delitos, del diputado RN Rosauro Martínez.
Viene ahora el Servicio de Impuestos Internos, por imperativos de la Ley de Transparencia, de revelar la identidad de 242 empresas que habrían contribuido durante el año 2013 con aportes a candidaturas para luego pedir beneficios tributarios. Entre ellas aparece Inversiones Santa Cecilia S.A., de propiedad del entonces presidente de la república Sebastián Piñera. No está de más recordar que las inversiones del entonces primer mandatario se encontraban sometidas, por su propia iniciativa, a lo que se conoce como un “Fideicomiso ciego”, esto es, que él no podía saber cómo se administraba su patrimonio ni, mucho menos, tomar decisiones que lo involucraran. En el llamado Caso Cascadas, también ha aparecido mencionado el ex presidente.
Si ante el procesamiento y posterior desafuero del diputado Martínez su sector reaccionó con relativo decoro, distinta ha sido su conducta ante el caso del coronel ® Labbé. Altos personeros de su partido, la UDI, manifestaron su malestar ante la decisión judicial, y el propio presidente de la colectividad, diputado Ernesto Silva, concurrió a su lugar de detención, un recinto militar, a expresarle su solidaridad y respeto.
En medio de la cortina de humo tendida por la derecha para tapar los escándalos que la comprometen, no han faltado aseveraciones que constituyen tan pronto faltas a la verdad como una nueva versión de su permanente gestión de falsificación histórica.Todo ello, aderezado con el infaltable “recurso al comunismo”, para demonizar al Partido Comunista, haciéndolo responsable de crímenes horrendos y de no actuar según los códigos democráticos y de respeto a los “derechos humanos”.
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el derecho a rebelión contra regímenes ilegítimos y opresores es reconocido así: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
Y ese “supremo recurso” ya estaba presente en autores como Tomás de Aquino y otros “padres” de la Iglesia Católica, así como en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (1776): “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados (…) Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.
Es a ese derecho inalienable al que recurrió el pueblo chileno para derrocar a la dictadura, y es falso que las formas de lucha asumidas en ese entonces hayan “ayudado” a la dictadura. Más bien, apresuraron su caída al hacerse evidente que era incapaz de sostenerse ni aun con el más extremo y despiadado uso de la violencia contra la población.
Lo que no podrán negar sus adoradores es que cuando el dictador proclamaba que “en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”, ello incluía tanto a Tejas Verdes como a los muchos otros centros de detención, tortura y asesinato de aquellos a los que los Contreras y los Labbé habían decretado culpables del delito de rebelión, y también de ello nos hablan los Penta y las Cascadas, entre otras hazañas de una parte del alto empresariado.
Aunque sea burdo y “forzado”, el intento de la derecha -parte de ella, al menos- por tender una cortina de humo a sus propias debilidades orgánicas, no tendrá éxito. El introducir cuñas a la necesaria cohesión de la coalición gobernante es demasiado evidente, por más se intente justificarla haciendo uso de su vieja retórica.
Lo que hay que explicar está a la vista: la colusión de los intereses privados y los partidos de la derecha, el compromiso de parte de esa misma derecha con la dictadura pinochetista.
Los blancos de la propaganda negra de la misma derecha de siempre, están claros: los propósitos democratizadores y de justicia social que la ciudadanía respaldó en las recientes elecciones presidencial y parlamentarias. Es su bolsillo el que habla. Sus razones no son de peso, más bien serían de dólares.
Viene ahora el Servicio de Impuestos Internos, por imperativos de la Ley de Transparencia, de revelar la identidad de 242 empresas que habrían contribuido durante el año 2013 con aportes a candidaturas para luego pedir beneficios tributarios. Entre ellas aparece Inversiones Santa Cecilia S.A., de propiedad del entonces presidente de la república Sebastián Piñera. No está de más recordar que las inversiones del entonces primer mandatario se encontraban sometidas, por su propia iniciativa, a lo que se conoce como un “Fideicomiso ciego”, esto es, que él no podía saber cómo se administraba su patrimonio ni, mucho menos, tomar decisiones que lo involucraran. En el llamado Caso Cascadas, también ha aparecido mencionado el ex presidente.
Si ante el procesamiento y posterior desafuero del diputado Martínez su sector reaccionó con relativo decoro, distinta ha sido su conducta ante el caso del coronel ® Labbé. Altos personeros de su partido, la UDI, manifestaron su malestar ante la decisión judicial, y el propio presidente de la colectividad, diputado Ernesto Silva, concurrió a su lugar de detención, un recinto militar, a expresarle su solidaridad y respeto.
En medio de la cortina de humo tendida por la derecha para tapar los escándalos que la comprometen, no han faltado aseveraciones que constituyen tan pronto faltas a la verdad como una nueva versión de su permanente gestión de falsificación histórica.Todo ello, aderezado con el infaltable “recurso al comunismo”, para demonizar al Partido Comunista, haciéndolo responsable de crímenes horrendos y de no actuar según los códigos democráticos y de respeto a los “derechos humanos”.
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el derecho a rebelión contra regímenes ilegítimos y opresores es reconocido así: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
Y ese “supremo recurso” ya estaba presente en autores como Tomás de Aquino y otros “padres” de la Iglesia Católica, así como en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (1776): “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados (…) Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.
Es a ese derecho inalienable al que recurrió el pueblo chileno para derrocar a la dictadura, y es falso que las formas de lucha asumidas en ese entonces hayan “ayudado” a la dictadura. Más bien, apresuraron su caída al hacerse evidente que era incapaz de sostenerse ni aun con el más extremo y despiadado uso de la violencia contra la población.
Lo que no podrán negar sus adoradores es que cuando el dictador proclamaba que “en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”, ello incluía tanto a Tejas Verdes como a los muchos otros centros de detención, tortura y asesinato de aquellos a los que los Contreras y los Labbé habían decretado culpables del delito de rebelión, y también de ello nos hablan los Penta y las Cascadas, entre otras hazañas de una parte del alto empresariado.
Aunque sea burdo y “forzado”, el intento de la derecha -parte de ella, al menos- por tender una cortina de humo a sus propias debilidades orgánicas, no tendrá éxito. El introducir cuñas a la necesaria cohesión de la coalición gobernante es demasiado evidente, por más se intente justificarla haciendo uso de su vieja retórica.
Lo que hay que explicar está a la vista: la colusión de los intereses privados y los partidos de la derecha, el compromiso de parte de esa misma derecha con la dictadura pinochetista.
Los blancos de la propaganda negra de la misma derecha de siempre, están claros: los propósitos democratizadores y de justicia social que la ciudadanía respaldó en las recientes elecciones presidencial y parlamentarias. Es su bolsillo el que habla. Sus razones no son de peso, más bien serían de dólares.
fuente : editorial de " el siglo "
