CHILE
jueves, 30 de enero de 2014
LA PARADOJA DEL CONFLICTO PORTUARIO : ENTRE LA ILEGALIDAD Y LA SOCIABILIDAD .
Mientras las navieras y los exportadores agrupados en la ASOEX reclaman y exigen una pronta solución al conflicto que mantiene a los trabajadores portuarios paralizados hace ya 24 días, afectando el funcionamiento de más de una decena de puertos, y los gremios que componen la CPC califican la situación de ilegal; las movilizaciones de los trabajadores se suceden no sólo reclamando el pago retroactivo (desde el 2005) de un bono por colación, sino que además incorporando otras demandas más globales y políticas, como la gratuidad de la educación y el fin de las AFPs.
Esta movilización, que aboga por generar condiciones mínimas de trabajo para los involucrados, y que además ha acogido sentidas demandas sociales que incluso marcaron la pauta política del país en los últimos años, es, sin embargo, “ilegal”.
La institucionalidad jurídica nacional prohíbe las huelgas en los puertos –como también lo hace en los servicios públicos- pues se considera que, para el caso de los primeros, se pone en riesgo el intercambio y el comercio. Por otro lado, además, según el Código del Trabajo chileno, erigido sobre los cimientos del Plan Laboral de 1979, las huelgas de los trabajadores sólo se pueden dar en el marco de una “negociación colectiva” de un sindicato y una empresa.
(se ha introducido una corrección en los dos siguientes párrafos)
Es necesario especificar aquí que en Chile pueden existir cuatro tipos de sindicatos: 1) de tipo empresa, 2) inter-empresa, 3) de trabajadores independientes y 4) de trabajadores transitorios (artículo 216° del Código del Trabajo). Por otro lado, sólo permite la negociación colectiva o un empleador con uno o más sindicatos de la respectiva empresa o un empleador y grupos de trabajadores de la empresa organizados para tales fines, “prohibiendo”, en los hechos la negociación con trabajadores de más de una empresa (artículos 330° al 305°). Dentro del Código también se regula la huelga (artículo 369° al 381°).
El proceso de negociación colectiva tiene como naturaleza final evitar los conflictos o facilitar su solución, lo que requiere que este proceso sea responsable e integrador del Capital y el Trabajo, partes que podrán convenir mecanismos de mediación y arbitraje (artículos 352° al 354°), de modo que el recurso de la huelga se adopte sólo cuando sea imposible llegar a buen término en el contexto de la negociación y ésta, para llevarse a cabo, deberá ser acordada por el total de trabajadores involucrados (artículo 373°).
Por lo tanto, la “huelga salvaje” de los portuarios, nominada así por encontrarse fuera de la legalidad establecida en el país, es por un lado –el del registro político ideológico dominante-, un atentado contra la libertad económica, de mercado y, por lo tanto, contra el Estado de Derecho. Pero, por otro lado, muestra un conflicto “en bruto”, es decir, no atravesado por la institucionalidad. Esto hace del fenómeno social una relación de poder “pura” en tanto momento de interrelación en el cual existe la posibilidad de imposición de la voluntad de las partes convergentes en él, que a la vez permite el encuentro, dialogo y reconocimiento de la alteridad. Una fuerza integradora que al mismo tiempo que consolida las fronteras entre diversos grupos con distintos intereses, promueve y obliga a la
convivencia y el dialogo de las partes involucradas. Entonces, el conflicto aquí aparece no como una negatividad sino que como un elemento positivo o, más específicamente, como una forma de socialización.
Así, la contingencia de la huelga de los portuarios, por sus características, permite concebir al conflicto ya no “encerrado” o instituido, como se hace con la huelga en el contexto de una negociación colectiva. La “huelga salvaje”, más bien, puede ser leída como una compleja red de prácticas heterogéneas. Momento instituyente donde caben múltiples demandas y que, según las acciones que llevan a cabo los individuos involucrados, se tensará, extenderá o aflojará. Esta urdimbre puede concebirse como un mecanismo de control-sujeción del propio conflicto, articulado, estructurado y organizado de forma más o menos consciente por los actores que concurren a él, lo producen, modifican y reproducen. Su establecimiento y disposición, en tanto hecho social, va a depender de los objetivos que tengan estos actores, del interés en sostener el conflicto, de la posibilidad de alcanzar o no los fines o expectativas y, finalmente, del inminente agotamiento de sus fuerzas.
Mauricio E. Muñoz Flores. Sociólogo. Investigador Área Laboral, ICAL.
Esta movilización, que aboga por generar condiciones mínimas de trabajo para los involucrados, y que además ha acogido sentidas demandas sociales que incluso marcaron la pauta política del país en los últimos años, es, sin embargo, “ilegal”.
La institucionalidad jurídica nacional prohíbe las huelgas en los puertos –como también lo hace en los servicios públicos- pues se considera que, para el caso de los primeros, se pone en riesgo el intercambio y el comercio. Por otro lado, además, según el Código del Trabajo chileno, erigido sobre los cimientos del Plan Laboral de 1979, las huelgas de los trabajadores sólo se pueden dar en el marco de una “negociación colectiva” de un sindicato y una empresa.
(se ha introducido una corrección en los dos siguientes párrafos)
Es necesario especificar aquí que en Chile pueden existir cuatro tipos de sindicatos: 1) de tipo empresa, 2) inter-empresa, 3) de trabajadores independientes y 4) de trabajadores transitorios (artículo 216° del Código del Trabajo). Por otro lado, sólo permite la negociación colectiva o un empleador con uno o más sindicatos de la respectiva empresa o un empleador y grupos de trabajadores de la empresa organizados para tales fines, “prohibiendo”, en los hechos la negociación con trabajadores de más de una empresa (artículos 330° al 305°). Dentro del Código también se regula la huelga (artículo 369° al 381°).
El proceso de negociación colectiva tiene como naturaleza final evitar los conflictos o facilitar su solución, lo que requiere que este proceso sea responsable e integrador del Capital y el Trabajo, partes que podrán convenir mecanismos de mediación y arbitraje (artículos 352° al 354°), de modo que el recurso de la huelga se adopte sólo cuando sea imposible llegar a buen término en el contexto de la negociación y ésta, para llevarse a cabo, deberá ser acordada por el total de trabajadores involucrados (artículo 373°).
Por lo tanto, la “huelga salvaje” de los portuarios, nominada así por encontrarse fuera de la legalidad establecida en el país, es por un lado –el del registro político ideológico dominante-, un atentado contra la libertad económica, de mercado y, por lo tanto, contra el Estado de Derecho. Pero, por otro lado, muestra un conflicto “en bruto”, es decir, no atravesado por la institucionalidad. Esto hace del fenómeno social una relación de poder “pura” en tanto momento de interrelación en el cual existe la posibilidad de imposición de la voluntad de las partes convergentes en él, que a la vez permite el encuentro, dialogo y reconocimiento de la alteridad. Una fuerza integradora que al mismo tiempo que consolida las fronteras entre diversos grupos con distintos intereses, promueve y obliga a la
Así, la contingencia de la huelga de los portuarios, por sus características, permite concebir al conflicto ya no “encerrado” o instituido, como se hace con la huelga en el contexto de una negociación colectiva. La “huelga salvaje”, más bien, puede ser leída como una compleja red de prácticas heterogéneas. Momento instituyente donde caben múltiples demandas y que, según las acciones que llevan a cabo los individuos involucrados, se tensará, extenderá o aflojará. Esta urdimbre puede concebirse como un mecanismo de control-sujeción del propio conflicto, articulado, estructurado y organizado de forma más o menos consciente por los actores que concurren a él, lo producen, modifican y reproducen. Su establecimiento y disposición, en tanto hecho social, va a depender de los objetivos que tengan estos actores, del interés en sostener el conflicto, de la posibilidad de alcanzar o no los fines o expectativas y, finalmente, del inminente agotamiento de sus fuerzas.
Mauricio E. Muñoz Flores. Sociólogo. Investigador Área Laboral, ICAL.
¿ EL PDTE DEL PC EN LA COMISIÒN DE DEFENSA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS ?
Desde un punto de vista reglamentario, no cabe ninguna duda de que el diputado Guillermo Teillier tiene todo el derecho de integrar la Comisión de Defensa. El punto es otro. Algunos podrían afirmar y creer, tanto moros como cristianos, que su presencia en dicha Comisión es una contradicción. Por una parte, porque es el lugar predilecto para discutir temas de Fuerzas Armadas, y el diputado durante los años 80 fue Jefe Militar del PC que se oponía resueltamente a la dictadura militar. Y por el otro, usando la misma razón pero desde la perspectiva totalmente opuesta, dirían que allí compartirá con “cómplices pasivos”.
Las Fuerzas Armadas de cualquier país tienen una doctrina que determina su forma de actuar y organizarse. Producto de una falsa idea, Estados Unidos exportó durante décadas, el concepto de que las Fuerzas Armadas en América Latina debían estar al servicio de las oligarquías locales que a su vez, se le subordinaban a Wall Street y los dictados de la Casa Blanca. Ejemplo patente de lo anterior ha sido la invasión norteamericana en Nicaragua y el títere que dejaron, Anastasio Somoza García (Jefe Militar), cuya secuela en el país fue devastadora. Y así, Estados Unidos por donde pudo, sembró en las Fuerzas Armadas el odio y la desconfianza hacia sus propios compatriotas, y Chile no fue una excepción. Llegó la Doctrina de Seguridad Nacional y vinieron también los conflictos de baja intensidad, violencia seguida de violencia. Crímenes, barbarie y terror.
La pregunta clave es ¿hasta cuando se seguirá ejerciendo la violencia y la guerra con las armas en contra de los pueblos latinoamericanos por parte de las Fuerzas Armadas?
La respuesta es que ello cesará cuando las Fuerzas Armadas defiendan los intereses populares y patrióticos, cuando sus valores se asienten en la soberanía popular y no nacional, cuando su doctrina no apunte sus armas sobre hipótesis de guerra interna sino en defensa de los recursos naturales en beneficio de los pueblos.
¿Es mucho pedir? ¿Es iluso? La verdad es que no tanto. Hay que convencerse de ello y convencer a los demás, y sobre todo a los militares, de que el pueblo no es su enemigo.
¿Qué debiera hacer entonces el diputado Teillier en esta Comisión? Terminar con el tabú, terminar con la falsa idea de que las Fuerzas Armadas deben pertenecerle a los ricos, terminar con la doctrina de seguridad nacional y asegurar que en esta Comisión, se discuta la paz, que se termine con los prejuicios y, sobre todo, debilitar las posiciones más recalcitrantes y retrógradas de personas que se creen dueñas de Chile, de su historia y de sus instituciones. Las Fuerzas Armadas han de avanzar en su profesionalización con el amor a la Patria y al pueblo contribuyendo al desarrollo nacional y propiciando ser parte de la identidad chilena y sus aspiraciones, siendo garantes de la paz, la integración y la amistad. Hay que avanzar en Tratados de Paz, tratados de desarme, tratados de cooperación, acuerdos que defiendan los recursos naturales nacionales y con políticas de formación de recurso humano centrado en la profesionalización con alta moral combativa y preparación técnica asentado en la disuasión.
Para realizar esta labor, tiene todo el derecho y legitimidad derivada de dos consideraciones fundamentales. La primera, porque como diputado nadie puede vetarlo de participar en Comisión alguna, no se entendería que puede ser diputado para algunas Comisiones y para otras no, más aun cuando la materia no es ajena al diputado Teillier. La segunda, porque la presencia de Teillier es sin duda una contribución al reconocimiento del “nunca más”, por ser un gesto notable de un político encarcelado y torturado por las Fuerzas Armadas que no irá a esa Comisión para realizar el trabajo de los tribunales, sino para ejercer la labor de diputado comunista que pretende legislar a favor de los intereses de los trabajadores que quieren unas Fuerzas Armadas de las que puedan sentirse orgulloso y no temerosos.
Su exclusión prejuiciosa solo reflejaría la odiosidad y anacronismo de algunos dirigentes de derecha que prefieren mantenerse en la desconfianza.
Carlos Arrué. Encargado Área Legislativa de ICAL.
Las Fuerzas Armadas de cualquier país tienen una doctrina que determina su forma de actuar y organizarse. Producto de una falsa idea, Estados Unidos exportó durante décadas, el concepto de que las Fuerzas Armadas en América Latina debían estar al servicio de las oligarquías locales que a su vez, se le subordinaban a Wall Street y los dictados de la Casa Blanca. Ejemplo patente de lo anterior ha sido la invasión norteamericana en Nicaragua y el títere que dejaron, Anastasio Somoza García (Jefe Militar), cuya secuela en el país fue devastadora. Y así, Estados Unidos por donde pudo, sembró en las Fuerzas Armadas el odio y la desconfianza hacia sus propios compatriotas, y Chile no fue una excepción. Llegó la Doctrina de Seguridad Nacional y vinieron también los conflictos de baja intensidad, violencia seguida de violencia. Crímenes, barbarie y terror.
La pregunta clave es ¿hasta cuando se seguirá ejerciendo la violencia y la guerra con las armas en contra de los pueblos latinoamericanos por parte de las Fuerzas Armadas?
¿Es mucho pedir? ¿Es iluso? La verdad es que no tanto. Hay que convencerse de ello y convencer a los demás, y sobre todo a los militares, de que el pueblo no es su enemigo.
¿Qué debiera hacer entonces el diputado Teillier en esta Comisión? Terminar con el tabú, terminar con la falsa idea de que las Fuerzas Armadas deben pertenecerle a los ricos, terminar con la doctrina de seguridad nacional y asegurar que en esta Comisión, se discuta la paz, que se termine con los prejuicios y, sobre todo, debilitar las posiciones más recalcitrantes y retrógradas de personas que se creen dueñas de Chile, de su historia y de sus instituciones. Las Fuerzas Armadas han de avanzar en su profesionalización con el amor a la Patria y al pueblo contribuyendo al desarrollo nacional y propiciando ser parte de la identidad chilena y sus aspiraciones, siendo garantes de la paz, la integración y la amistad. Hay que avanzar en Tratados de Paz, tratados de desarme, tratados de cooperación, acuerdos que defiendan los recursos naturales nacionales y con políticas de formación de recurso humano centrado en la profesionalización con alta moral combativa y preparación técnica asentado en la disuasión.
Para realizar esta labor, tiene todo el derecho y legitimidad derivada de dos consideraciones fundamentales. La primera, porque como diputado nadie puede vetarlo de participar en Comisión alguna, no se entendería que puede ser diputado para algunas Comisiones y para otras no, más aun cuando la materia no es ajena al diputado Teillier. La segunda, porque la presencia de Teillier es sin duda una contribución al reconocimiento del “nunca más”, por ser un gesto notable de un político encarcelado y torturado por las Fuerzas Armadas que no irá a esa Comisión para realizar el trabajo de los tribunales, sino para ejercer la labor de diputado comunista que pretende legislar a favor de los intereses de los trabajadores que quieren unas Fuerzas Armadas de las que puedan sentirse orgulloso y no temerosos.
Su exclusión prejuiciosa solo reflejaría la odiosidad y anacronismo de algunos dirigentes de derecha que prefieren mantenerse en la desconfianza.
Carlos Arrué. Encargado Área Legislativa de ICAL.
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