Primero, señalar que la tramitación no ha sido tan silenciosa como pensé en un comienzo, tal es así, que una vez ingresado el proyecto un grupo de organizaciones sociales y trabajadores del servicio hicieron ver al ejecutivo la necesidad de contar previamente con una Ley de Protección General de la Infancia y Adolescencia, inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, observación hecha además por organismos internacionales y expertos en la materia. Afortunadamente, el tema se instalo en la discusión, ya que los diputados de oposición miembros de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia condicionaron su tramitación a la presentación de un nuevo proyecto en esa línea. Es por ello que hoy se discute paralelamente el “Proyecto de Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” presentado por el ejecutivo con el objeto de dar respuesta a lo planteado por la comisión.
Respecto al financiamiento, diputados de oposición, acogiendo nuevamente la preocupación de los trabajadores del servicio, plantearon la necesidad de informar sobre los recursos destinados para la implementación de los nuevos organismos. Se solicita un informe financiero al ejecutivo que fue presentado por Rosanna Costa, directora de presupuestos, a la comisión antes citada. Dicho informe, consistente en un escueto documento, da cuenta de los gastos adicionales que implica la implementación de esta iniciativa, que suma $957.900 millones adicionales para el primer año, disminuyendo a $925.750 millones los dos años siguientes. Cifra insuficiente considerando que el incremento es menor al 1% del actual presupuesto anual del SENAME[2].
Por otra parte, el seguimiento a este proyecto de ley nos ha ido develando un sin número de falencias que el proyecto lejos de resolver tiende a profundizar. Me refiero puntualmente a la baja cobertura estatal. Al respecto, según cifras aportadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, SENAME cuenta con un total de 1.275 centros y programas de atención, de los cuales un 95% son ejecutados por “Organismos Colaboradores”, conjunto de organizaciones privadas que una vez acreditadas reciben a través de subvenciones y otros mecanismos financiamiento por parte del Estado[3], mostrando un nivel dramático de externalización. En este sentido, se dio una interesante discusión en el marco de la tramitación del proyecto y que dice relación con la participación de estos organismos en la construcción y administración de “centros para la internación en régimen semicerrado”, en el contexto de la aplicación de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, fundado en la falta de cobertura a nivel nacional y la necesidad de implementar nuevos centros de internación. Solo un diputado de la comisión se mostró contrario a apoyar estas iniciativas cuestionando fuertemente la labor privada, amparado adicionalmente en el artículo 19 Nº 7 letra d) de la Constitución Política, cuyo argumento principal es la responsabilidad directa que le cabe al Estado en esta materia[4].
Con todo, una situación no esperada frena, en parte, el ímpetu o impulso que el ejecutivo venía dando al proyecto. La filtración a la prensa del contenido del informe elaborado por la denominada “Comisión Jeldres”, que producto de su trabajo da cuenta de supuestos abusos cometidos en los centros de atención de menores, lo que pone en mal pie a las autoridades e institucionalidad en la materia. Cuestionable, al menos, fue la actitud de la Corte Suprema, que conociendo del informe no hizo las denuncias respectivas ni puso a disposición la información a los organismos pertinentes para su investigación, lo mismo respecto del SENAME que frente a las denuncias quedo en evidencia la inoperancia institucional y política del servicio. Lo anterior no hizo más que dar sustento a aquellas críticas encaminadas a una restructuración real e integral del sistema.
En definitiva, el devenir del proyecto es incierto, los hechos antes mencionados han puesto una atención especial en su tramitación, motivando más de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados e incluso la conformación de una comisión investigadora. En mi opinión, un proyecto que no da cuenta de una política seria de inversión, que no resuelve la falta de atribuciones, responsabilidad y participación del Estado y que, adicionalmente, no cuenta con un marco legal que oriente la creación de sus instituciones, plantea serias dudas de querer avanzar realmente en esta materia.
Por
Roberto Barraza, Abogado
Área Legislativa, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)
[2] De acuerdo a la página de la Dipres, el presupuesto del organismo aprobado para el año 2013 consintió en $174.173.422 millones.
[3] Informe Anual de Derechos Humanos 2012, INDH.
[4] Articulo 19º La Constitución asegura a todas las personas:
7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.
7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.
