INFORME AL PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
REALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013.
Estimados compañero(as):
Sin
duda este Pleno se realiza en un momento político crucial para el devenir de
nuestro país y, según la prensa nacional e internacional, nuestras resoluciones
podrían considerarse históricas para nuestro Partido
Lo cierto es que nuestra política, implementada metódicamente desde los
años 90 hasta hoy, que plantea como la contradicción principal en nuestro país
la que se da entre neoliberalismo y democracia y que busca su definición
mediante lo que concebimos como una revolución democrática, para lo cual era
preciso convocar a una gran convergencia político social por los cambios, se ha
concretado hasta un punto en que se dan todas las posibilidades para iniciar un
proceso de transformaciones institucionales, políticas y sociales y un
desarrollo democrático en el sentido de la representatividad de las
instituciones y la participación ciudadana, que cuestiona el neoliberalismo y
su modelo de distribución de la riqueza.
Recordemos que ya en el año 1996, Gladys Marín, a nombre de nuestro
partido propuso públicamente, a la entonces concertación, un pacto electoral
instrumental que tuviera como objetivo cambiar la Constitución o al
menos cambiar el sistema electoral binominal, uno de los amarres establecidos
por la dictadura para preservar incólumes la institucionalidad antidemocrática
y el sistema económico al que le da sustento. También se planteaba cambios en
la legislación laboral y la necesidad de avanzar en verdad y justicia.
Hay que tener en cuenta que nuestro partido se encontraba excluido de
llegar al Congreso y poco se escuchaban sus planteamientos en los sucesivos
gobiernos concertacionistas, que seguían implementando la política de los
consensos con la derecha. Pasaron varios años de lucha constante, política, ideológica,
social y electoral, antes de que se empezara a hacer patente la voz de la calle
y se manifestara una crisis de representación y el descontento social.
El partido seguía proyectando su política en la esfera social y
electoral, levantó varias candidaturas presidenciales procurando la unidad de
la izquierda “extraparlamentaria”. Su incidencia social se incrementaba, sin
embargo esta no se reflejaba en los resultados electorales y hacia infructuosos
los intentos por materializar políticamente las demandas sociales. En esa
búsqueda de romper los muros de contención, en el año 2006 acordó dar su apoyo
en segunda vuelta a Michel Bachelet, mediante un acuerdo que se proponía
cambiar el sistema electoral binominal, lo que no fue posible por el sistema de
quórum calificados. Ese paso táctico tuvo dos consecuencias: por una parte la
negativa del P. Humanista y sectores de izquierda a apoyar tal decisión, pero
por otra, permitió establecer una apertura al diálogo para romper la exclusión.
El año 2008 se produjo un pacto electoral por omisión para la elección de
alcaldes. El año 2009 en que pusimos de relieve nuestra plataforma con la
candidatura de Jorge Arrate, decidimos ir juntos en un pacto instrumental
parlamentario con la concertación lo que permitió la elección de 3 diputados
comunistas. Tanto los acuerdos municipales como los parlamentarios contaron con
el apoyo de M, Bachelet. Ese mismo año, aun con nuestro apoyo en segunda
vuelta, la concertación, después de 20 años, perdió el gobierno, lo que era
presumible ya desde el año 2008, porque se había agotado su posibilidad de
seguir siendo gobierno sin dar respuestas concretas a las demandas de todo
orden y a la crisis larvada que se hacía cada vez más patente en la sociedad y
que horadaba a la propia concertación con su división interna, que fue un
factor importante de su derrota. Recordemos la movilización de los “Pingüinos“,
la de los subcontratados del cobre y los forestales entre otros, que ya
demostraban el creciente descontento social.
La llegada al gobierno, de la derecha, mediante elecciones después de 52
años, suponía varios peligros, entre ellos, el de entronizar la
alternancia en el poder de dos bloques sin cambio alguno, perpetuando la
política de los consensos, la institucionalidad vigente y el modelo neoliberal.
El Congreso de nuestro partido puso de relieve la nueva situación
política que se creaba en el país, planteó la necesidad de desplazar a la
derecha del gobierno como un primer paso para conformar una nueva mayoría que
convocara a fuerzas políticas desde el centro a la izquierda, capaz de asumir
un nuevo gobierno asociado a un programa único de transformaciones
profundas, factibles de cumplir en un período de 4 años, pero con una clara
perspectiva de desarrollo posterior.
Nuestros planteamientos iban en la dirección opuesta a una refundación de
la concertación o a involucrarnos en un nuevo gobierno de la concertación.
El esfuerzo del partido se centró en dos direcciones muy concretas, uno,
buscar el acuerdo político y dos, contribuir a la lucha social a fin de dejar
claro que no era posible elegir un nuevo gobierno que no tomara en cuenta las
demandas sociales y políticas del pueblo movilizado.
El gigantesco desarrollo de la lucha social en los planos de la
educación, laboral, medioambiental, territorial, que no sólo plantea puntos
reivindicativos, sino que ponen como lo principal cambios institucionales y
económicos, crea un marco objetivo para que avancen los acuerdos políticos,
electorales y programáticos.
Tal posibilidad se abre paso en medio de la
disputa con la derecha que infructuosamente bregó por mantener la política de
los consensos tratando de influir en la DC para que no participara de
un acuerdo amplio y también con sectores de izquierda que se niegan a la
posibilidad de llegar a acuerdos con partidos de la ex concertación.
Recordemos también que el primer paso en esta etapa de acuerdos fue el
nuevo pacto por omisión en la elección de alcaldes de 2012 y la elección de
concejales en dos listas de oposición en la que fuimos junto al PPD, al PR y a la
IC, lo que dio como resultado una primera derrota de la derecha y un avance
sustancial en la representación de nuestro partido, campaña que se hizo además
tras el objetivo de la unidad y la necesidad de reformas de fondo.
Fue un acierto del partido poner en el centro de la discusión la
necesidad de un programa único que recogiera gran parte de las demandas
ciudadanas. El haber tenido acuerdos, previos a las candidaturas
presidenciales, sobre reforma educacional y tributaria y estando sobre la mesa
la necesidad de cambios institucionales, incluyendo en ello el cambio de la
constitución, dejó claro que existían condiciones para una gran convergencia
unitaria.
En ese momento, Michelle Bachelet, que mantiene una gran aprobación en
las encuestas, expresa su disposición a ser candidata de una nueva mayoría para
llevar adelante el cambio de constitución, la reforma tributaria y la reforma
de la educación y se vislumbra como la candidatura que puede representar y unir
a la oposición.
Lo que viene después es conocido. En las primarias en que se define la
candidatura presidencial única, el partido decide apoyar a M. Bachelet por
sobre la opción propia o de otra candidatura y se dispone a contribuir de
inmediato en la construcción definitiva del programa, lo que desde nuestro
punto de vista fue fructífero y oportuno.
Esta es una síntesis muy apretada de cómo hemos llegado a la situación
actual. Una situación caracterizada por el triunfo abrumador de Michel Bachelet
y la Nueva Mayoría y una derrota en toda la línea de la derecha
representada en la llamada Alianza por Chile, en un proceso electoral de varios
meses que significó elecciones primarias, primera vuelta presidencial, junto a
la parlamentaria y de cores y posteriormente, ya como ratificación definitiva
del triunfo, la segunda vuelta presidencial, que ganó Bachelet con el 62% de la
votación.
La NM eligió 67 diputados y 21 senadores que con los independientes
hace factible alcanzar los quórum necesarios para llevar adelante la mayoría de
los objetivos programáticos propuestos.
Nuestro Partido logró elegir 6 de los nueve candidatos a diputados que,
en conjunto, obtuvieron 280 mil votos. A ello hay que agregar los 16 cores electos,
elección en la que obtuvimos 346 mil votos.
Una revisión muy somera, también, nos indica que al inicio de este nuevo
período que se abre en el país, contamos con importantes responsabilidades en
numerosas organizaciones sociales, laborales, estudiantiles, territoriales y
otras, sobre lo que será necesario hacer una ponderación muy exacta, porque en
gran medida este factor será muy determinante en lo que viene para apoyar y
garantizar el cumplimiento del programa. Las responsabilidades que tenemos en la
CUT, en el Colegio de Profesores, en la Confederación del Cobre, en la
Confederación Forestal, en el sector público y en el agro, en liceos y
universidades, y otras, con su independencia y autonomía, deben ser dialogantes
y contributivas en el no fácil camino de las reformas anunciadas, más aun
cuando al parecer existen sectores que se disponen a boicotear toda posibilidad
de diálogo y establecer una oposición ciega al gobierno sin considerar las
propuestas de cambio.
El partido debe disponerse a su vez a contribuir en el fortalecimiento de
los conglomerados sociales, pero en especial el que hemos definido
como el sujeto principal de la construcción de las fuerzas emancipadoras, esto
es, los trabajadores.
Estamos hoy, objetiva y subjetivamente, en mejores condiciones para
plantearnos un desafío de rasgos históricos, esto es, caminar con rumbo seguro
hacia los primeros pasos de la Revolución Democrática que Chile
necesita.
Las condiciones histórico-políticas nos permiten visualizar no sólo el
desplazamiento de la derecha del gobierno, sino la posibilidad de su derrota
histórica, ideológica y estratégica y la conformación de un nuevo cuadro de
correlaciones de fuerza que nos pueden permitir avanzar hacia un nuevo estado
democrático.
No podemos adelantar que actitud va a tomar la derecha. La UDI ha
dejado entrever su posición obstruccionista a todo avance democrático y de
justicia social, pero está claro que la UDI popular está en
bancarrota y ha perdido su fuerza hegemónica en la derecha y puede que algún
sector de esta más liberal apoye puntos del Programa de M. B., alejándose de un
ambiente de fronda interna, de “cuchillos largos” como dijo el
Presidente Piñera y también de la dispersión y lucha por el poder con vistas al
2017.
En este cuadro, como ya hemos dicho, un factor
crucial de lo cual va a depender el éxito del futuro gobierno es el
cumplimiento del programa comprometido ante el país. Hemos señalado que nuestra
participación en la campaña de Michelle Bachelet, incluyendo lo que fue nuestro
aporte a la elaboración de su programa, nos ha llevado a la convicción de que
ese programa sintetiza una propuesta de cambios de fondo que cuentan con la
simpatía de la gran mayoría de las chilenas y chilenos. En esa misma medida,
hacemos nuestro ese programa y nos jugaremos por realizarlo a integridad y en
beneficio del pueblo.
Estimados compañero (as):
Este
Pleno ha sido convocado para establecer la mejor forma en que nuestro partido
puede contribuir al cumplimiento del programa y por tanto debe considerar su
posible incorporación al gobierno de Michelle Bachelet, en el supuesto, por
cierto, que sea la propia Presidenta la que llame a los comunistas a colaborar
con su gestión como mandataria. Por nuestra parte, hemos declarado que
consideramos que tenemos un legítimo derecho a participar del futuro gobierno,
en tanto hemos contribuido con lealtad y nuestro mejor esfuerzo al triunfo de
nuestra abanderada y de las fuerzas que la respaldan.
Bajo esta premisa es que consideramos necesario expresar públicamente
nuestra disposición y voluntad de formar parte del próximo gobierno encabezado
por la Presidenta Michel Bachelet.
Sabemos que de no mediar la voluntad política de quienes conducen el
proceso, el programa se quedará prisionero de las páginas que se escribieron
con las mejores intenciones. Más aún, la realización de un programa
de cambios como los propuestos alterará necesariamente las condiciones que hoy
prevalecen en la sociedad chilena. La Presidenta electa ha situado
con gran precisión este problema teórico y práctico en su importante discurso
del 15 de diciembre y ha entregado claramente su posición.
Para no equivocarnos en el análisis, debe quedar claro que no
surge directamente del programa un cuestionamiento del capitalismo como
sistema. No se visualiza la contradicción Capital –Trabajo como la generadora
principal del conflicto social. No es el Programa del Partido, es el Programa
que un conglomerado de 7 partidos hace suyo y comprometiéndose con
su cumplimiento. No es de extrañar que desde nuestro punto de vista queden
muchas cosas pendientes, pero no olvidemos que este período y este programa
forman parte de un proceso ascendente de lucha y de conquistas sociales y
políticas.
La gran importancia al Programa radica en que se propone una
transformación estructural del país, actuando sobre tres ejes principales:
Nueva Constitución, Reforma Educacional y Reforma Tributaria. Paralelamente, se
marcan énfasis en tópicos propios de la gestión de gobierno en un país como
Chile, signado por un diagnóstico que sitúa a la desigualdad como expresión
central y también como causa de las contradicciones de todo orden que conmueven
a la sociedad en sus múltiples dimensiones. De allí que se aborden en el
Programa asuntos del Programa Económico General del Gobierno, Laborales y
Previsionales, de Salud, de Energía y Medio Ambiente, Culturales, de Pueblos
Originarios y de Género, de DDHH, Discriminación y de Justicia, de Políticas
Sociales, entre otros de los 33 temas principales que se incorporaron al
trabajo de preparación programática.
Dada esta profundidad de las propuestas programáticas debemos elevar
nuestra capacidad de incidir en el desempeño del Estado y sus instituciones
como un importante aporte a la correlación de fuerzas favorables al
cumplimiento del programa. No podemos ser neutrales, porque ello sería
objetivamente un retroceso en las actuales condiciones, que son muy diferentes
a las que primaron en Chile en las últimas décadas.
Así como seguimos buscando todos los caminos para influir y
crecer en el seno de la sociedad civil; en los movimientos sociales; en las
instituciones de representación del poder comunal y local; así como se muestra
acertada y ahora proyectada la determinación de llegar al Parlamento, con seis
diputados, junto con una mirada a largo plazo que signifique elegir más
diputados, senadores, más alcaldes y concejales y más consejeros regionales,
hoy el tema es avanzar también con nuestra presencia en el poder ejecutivo, en
el gobierno. Se trata de una lógica dialéctica cuya base es la construcción de
fuerza y la incidencia en el cuadro dinámico que hemos ayudado a construir,
para poder seguir avanzando en las transformaciones que Chile precisa.
Y también señalamos que al calor de estos avances, requerimos hacer
cambios y mejorar en todo lo que podamos, para estar a la altura de los nuevos
desafíos. Se acrecienta la confianza en nuestra política y en nuestras propias
capacidades, para adoptar con optimismo y fuerza las medidas y acciones que nos
permitan mejorar en breve tiempo.
El pilar más avanzado del programa de Michelle lo conforma su propuesta
de Nueva Constitución.
La propuesta reconoce que el Pueblo debe recuperar su potestad
constituyente (su carácter de Soberano) y ejercerla, en la medida que se trata
de aprobar una Nueva Constitución y no solo una reforma de la actual.
El proyecto propuesto en el programa plantea la conformación de un
“Estado social y democrático de Derecho” – se reconocen y consagran 14 tipos de
derechos en el texto preliminar propuesto – avanzando desde el concepto del pleno
respeto de los DDHH fundamentales establecidos en anteriores Constituciones
nacionales y en el ordenamiento internacional, a un concepto superior, que
busca reconocer a las personas derechos sociales por el solo hecho de ser parte
de una sociedad de iguales.
A nivel del régimen político, el documento apunta a terminar con el
sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema electoral de
representación proporcional. Se propone el término del odioso sistema actual de
quórum calificados (o supra mayoritarios) que, en combinación con el
binominal, constituyen los eslabones principales del mecanismo que ha permitido
a una minoría de chilenos poderosos ejercer un veto sistemático sobre la mayoría
durante los pasados 30 años. El Plebiscito vinculante se introduce como la
herramienta que permite hacer efectiva la soberanía popular.
Desde el punto de vista del modelo de desarrollo, el texto propuesto
cuestiona el carácter meramente “subsidiario” del Estado en materia económica y
social, estableciendo que: “Corresponde también al Estado garantizar el derecho
a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la protección de la salud, a la
seguridad social” entre otros, así como “el derecho a la cultura”. Se encuentra
bien resuelto el vital asunto de la propiedad social de los recursos naturales,
sujeta por tanto, su explotación por privados, a royalties.
De este modo, entre otras materias, el proyecto supera ampliamente los
candados que colocó la dictadura en 1980 al desarrollo de la democracia
chilena.
Los desafíos económicos.
La propuesta económica que sintetiza el programa resume los grandes
objetivos planteados en el frente de la conducción económica de la NM: enfrentar la desigualdad,
erradicar la pobreza, elevar las condiciones de vida de las personas, abrir más
oportunidades al desarrollo y generar ingresos que permitan sostener el
esfuerzo público para implementar políticas de protección social. En esta
línea, las políticas públicas y el crecimiento son las herramientas centrales a
considerar.
El análisis del escenario más probable que se conforme de 2014 en
adelante no oculta las preocupaciones que resultan del proceso de
desaceleración que experimenta la economía chilena desde el inicio del 2013. Un
examen más serio obliga a considerar que, en la base de los buenos resultados
obtenidos en materia de crecimiento y de empleo de Piñera, se encuentran dos
fenómenos que tienen poco que ver con la voluntad de un gobierno de derecha: el
superciclo de precios de los comodities, del que el cobre resultó muy beneficiado
y, en el plano interno, los positivos efectos que tiene todo proceso de
reconstrucción como el que vivió el país luego del sismo del 27F.
“Así, entre 2010 y 2012 el crecimiento promedio del PIB ha sido de
5,7% y el desempleo se ha reducido. Estas son buenas noticias para las chilenas
y chilenos. Sin embargo, estas cifras no reflejan cambios de fondo en nuestra
estructura productiva que permitan sostener este crecimiento en el mediano y
largo plazo, sino que son consecuencia de factores cíclicos”.
De este modo, la previsión que hace el Comando de MB respecto de
crecimiento de la economía apunta a superar los aspectos negativos de la
desaceleración entre 2014 y 2015, para luego recuperar crecimientos del orden
de 5% a partir de 2016, creando unos 600 a 650 mil nuevos empleos en
los próximos 4 años
La Reforma Educacional que se plantea el programa de Michelle
Bachelet responde en líneas generales a las demandas que levantó con fuerza el
movimiento social por la Educación el 2011. El Programa la considera
el “desafío primordial” para resolver la desigualdad. Se acoge la idea de
avanzar al reconocimiento de la Educación como un Derecho Social
garantizado, que cuente como soporte una Educación Pública completa (desde la
sala cuna a la Educación Superior), de cobertura universal, no segregada
en su acceso, plenamente gratuita y de calidad.
Las Instituciones del Estado constituirían el núcleo de este sistema de
educación, en el que coexistirían entidades del Estado con privadas de carácter
público y privadas convencionales.
A nivel de la Reforma de Educación General, el programa señala
el fin del lucro con recursos públicos[i] y el término
gradual del financiamiento compartido, en la educación básica y media.
De igual forma, respecto del Financiamiento Compartido, se define que en
el periodo presidencial se debe gradualmente disminuir el co-pago de las
familias, hasta extinguirlo.
En todo caso, lo central en financiamiento y como objetivo del periodo es
pasar progresivamente de un sistema de financiamiento en base a la demanda, a
uno orientado a la oferta garantizada, particular y especialmente de las
escuelas públicas.
En lo que respecta al proceso de des-municipalización este se fundamenta
en la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado en
un plazo de dos años, responsable de mejorarla y reposicionarla. La disputa por
un nuevo tipo de financiamiento junto a la des-municipalización será la
principal lucha conceptual y luego política, teniendo presente que al segundo
año de gobierno debiesen entrar en vigencia las reformas propuestas.
Al respecto, se propone una des-municipalización de toda la oferta
pública de educación general hacia servicios locales de educación en base a un
proceso coherente e integrado a nivel nacional, que desarrollen una gestión al
servicio de los aprendizajes. En el nuevo sistema no se contempla la
integración administrativa de los municipios y alcaldes.
Es clave considerar que la propuesta señala que el nuevo Servicio
Nacional de Educación Pública y los Servicios Locales deben contar con un
financiamiento mediante ley de presupuesto de la Nación.
Por otra parte y pensando en las regulaciones, probablemente muy
resistidas por múltiples grupos de interés, en lo referido a condiciones para
otorgar el carácter público a un establecimiento escolar, lo primero a destacar
es que se propone congelar el aumento del número de establecimientos hasta que
se cuente con un diseño institucional que permita tomar decisiones sobre el
crecimiento de la oferta pensando en las necesidades del país y de las
regiones.
De igual forma, se visualizan ajustes a la ley de aseguramiento de la
calidad, relevando el rol rector del Estado y del Ministerio de Educación, así
como las competencias y atribuciones de la Agencia, la
Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación.
En materia de Educación Superior se reproducen las mismas preguntas, que
responden a la misma realidad de actual privatización de la enseñanza[ii]. Se entiende que el
lucro a nivel universitario se mantiene prohibido y se modificará la regla
vigente para los CFT y los IP.
Por otra parte, se señala que se avanzará progresivamente (en 6 años) a
la gratuidad total de la educación superior, partiendo del compromiso de
gratuidad a todos los estudiantes que pertenezcan a los 7 primeros deciles.
Entendemos que esta gratuidad total será para aquellas entidades estatales y
aquellas que suscriban el llamado compromiso de carácter público. Las otras
instituciones, del tipo de la Universidad de Los Andes, si bien
estarán sujetas a acreditación obligatoria, no necesariamente suscribirán
compromisos de carácter público, lo cual las excluiría del marco de gratuidad
asegurada por el Estado.
El Programa releva a las universidades estatales como el pilar del
sistema de educación superior, mediante un trato preferencial, en base a más
recursos por compromisos públicos. Además, se crean CFT estatales en cada
región y se propone un sistema público (instituciones) de acreditación y
superintendencia. Todas medidas que se expresarán en una gran disputa política
por la nueva ley general de educación superior. .
El Programa detalla un conjunto relevante de medidas que apuntan a
políticas para los docentes, considerando mayores exigencias a la
formación de maestros, una nueva carrera docente, dialogando con los actores
del sistema, especialmente los profesores. La carrera deberá considerar el
estímulo del desarrollo profesional, una política de remuneraciones mucho más
elevada, condiciones laborales adecuadas, un desempeño pedagógico de alto
estándar, evaluación del desempeño y retiro del ejercicio en condiciones
justas
Mención especial merecen los esfuerzos que será necesario realizar en
materias de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo
Como Partido y como JOTA debemos prepararnos mejor para ese momento de
definiciones que marcarán de alguna manera el carácter del proceso. Cuanto
antes fijemos posiciones que permitan orientar concretamente al movimiento por
la educación pública, más favorable será el terreno para avanzar en la
democratización.
Todo ello teniendo claro el carácter extraordinariamente dinámico y
cambiante de este proceso.
Este eje estratégico del Programa es clave, en la medida que apunta a
financiar con recursos frescos y permanentes la Reforma Educacional que
se propone. En el documento de la candidatura de Michelle, publicado en el
sitio WEB, se lee:
En total se aspira a que la aplicación del conjunto de las medidas
tributarias propuestas alcance a un equivalente de un 3.01% del PIB, en
régimen, esto es a partir del año 2017.
Apuntando a las tres cuestiones principales en juego en toda reforma
tributaria, podemos señalar que quién paga el grueso de la mayor recaudación
que se espera obtener es el empresariado grande y mediano, es decir los
sectores más poderosos del país. Desde este punto de vista, la reforma tiene un
carácter redistributivo, aún cuando no toca la elevada magnitud de los
impuestos al consumo (IVA), que son claramente regresivos.
En cuanto al monto de los recursos a obtener con esta Reforma, se estima
en régimen unos US$ 8.200 millones anuales. Con esta suma puede cubrirse el
desafío de la Reforma Educacional, pero es claro que las cifras se harán
estrechas para enfrentar altas expectativas sociales vinculadas a otros
sectores de la economía (salud, previsión, transporte, tercera edad, entre
otras).
El tercer asunto es considerar el ritmo de aplicación de la reforma
tributaria. A nuestro juicio, hay que estudiar muy bien y prever si la
gradualidad prevista en el documento programático pudiera generar alguna
frustración en los sectores ciudadanos que han comprometido enormes esfuerzos
en el movimiento por la Educación y otros movimientos regionales lo
que sería aprovechado de inmediato por la derecha. De hecho, la medida más
importante desde el punto de vista de aporte de recursos frescos al fisco, la
tributación empresarial por utilidades devengadas y no solo retiradas, tardará
cuatro años en comenzar a aplicarse. En el período, entonces, solo se prevé
utilizar las otras medidas planteadas, lucha contra la evasión, aumento de
tributos de empresas de 20 a 25%. Es también relevante señalar que,
entrando en un período de cierre del superciclo de precios del cobre, los
actuales royalties no jugarán un papel tan relevante en los ingresos fiscales.
El gradualismo aplicado al caso de la Reforma Tributaria podría,
y esto es un supuesto, llevar a una lenta implementación de la Reforma
Educacional y de otras medidas planteadas en el Programa. Será necesario
entonces prestar la mayor atención a la aplicación de los recursos disponibles
hasta que la reforma entre a operar a plenitud.
Las Reformas Laborales.
El Programa recoge varias de las propuestas prioritarias señaladas por la
CUT y el Partido, enfatizando como medidas básicas a considerar en el
corto plazo las siguientes: 1) Concepto de empresa y término urgente del multirrut,
lo que permitiría eventualmente abordar la situación de los sindicatos inter-empresas.
2) Aplicación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical y Protección
de Derecho de Sindicalización, ya ratificado por el Congreso Nacional, el que
incluye el derecho efectivo a huelga, es decir, fin al reemplazo de
trabajadores y al descuelgue. 3) Fortalecimiento del sindicato como sujeto de
negociación colectiva, resguardando la titularidad del sindicato como único
beneficiario sobre los derechos de la negociación colectiva, lo que conlleva a
su vez el fin de los “grupos negociadores”. 4) Una normativa durante el proceso
de negociación colectiva que asegure la obligatoriedad en el acceso oportuno de
la organización sindical a la información financiera de la empresa. 5)
Introducir modificaciones y simplificaciones en el procedimiento de negociación
colectiva, de modo tal que se otorgue autonomía y capacidad a las partes,
medida que favorecería la negociación de los sindicatos más pequeños. 6)
Asimismo, se establece el compromiso de que el piso de la negociación colectiva
esté dado por los derechos adquiridos en la negociación anterior. 7) Contar con
un nuevo marco legal/laboral que se exprese en un Estatuto del Temporero y de la
Actividad Agrícola de Temporada, que dé protección a los trabajadores y
trabajadoras del mundo rural. 8) Reajuste del salario mínimo alcanzando la meta
de $250.00 en la mitad del próximo gobierno, pero estableciendo desde ya una
instancia tripartita que busque mediante informe público, la fijación de un
nuevo criterio de reajuste salarial. 9) Incrementar los recursos y coberturas
en materia de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo
para el cumplimento de la norma laboral, dotándola de mayores atribuciones y
capacidades técnicas, potenciando sus especialidad en temáticas de género. 10) Implementación de
distintos mecanismos que comprometen al Estado en el fortalecimiento y
desarrollo sindical principalmente de mujeres y jóvenes. 11) Y la
implementación de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cuanto a los trabajadores del Sector Público, el Programa plantea
evaluar mecanismos de negociación colectiva para todos los trabajadores de la
administración del Estado (empleados públicos), con las particularidades
propias de cada sector. Asimismo, se plantea mejorar las condiciones
contractuales del personal a contrata y honorarios.
Todas estas medidas plantean una profunda y amplia modernización del
Estado con énfasis en los derechos laborales, lo que por el carácter del
gobierno de Nueva Mayoría deberá ser con y para los trabajadores, lo que
demanda una alta capacidad de elaboración y de propuesta de las organizaciones
sindicales.
Sistema Previsional.
La Nueva Mayoría no ha logrado coincidir en una propuesta
definitiva. La propuesta de AFP estatal es claramente insuficiente, aunque como
se ha señalado puede jugar el papel de “empresa modelo” del sector y permitiría
al Estado controlar una parte que puede llegar a ser significativa del ahorro
nacional. Sin embargo, no logrará actuar de manera decisiva en elevar la
rentabilidad de los fondos de pensiones ni la tasa de reemplazo. Nuestra
propuesta como PC de vincular la suerte de los propietarios de las AFP con la
de sus ahorrantes (ligar utilidades de las AFP a rentabilidad de los fondos
administrados), si bien fue aceptada en la discusión programática, no figuró
posteriormente entre las medidas anunciadas por la Candidata. En definitiva,
el programa se está quedando con una ampliación importante de la PBS (pilar
solidario focalizado) y una promesa de estudiar un nuevo sistema que supere las
debilidades del actual (comisión de expertos nacionales e internacionales).
En materia de salud, el programa de MB define la salud como un derecho y
lo consagra en la propuesta de Nueva Constitución. El diagnóstico y propuestas
en salud es abordado por el programa en tres grandes ejes: déficits de
especialidades médicas, infraestructura, y mejor gestión y mayor efectividad de la
Atención Primaria (APS).
El programa define una inversión pública US$ 4.000 millones en
infraestructura de 20 nuevos Hospitales, Centros de Salud Familiar (100),
Centros Comunitarios de Salud Familiar (100) y Servicios de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución (132), 200 camas críticas y 100
socio-sanitarias; Plan de recuperación de la Posta Central y un plan de
mantención de unidades y del parque tecnológico de los principales centro
hospitalarios, y 1900 nuevas ambulancias. Se propone un aumento de la cantidad
de médicos en APS en 1000 a lo largo de todo el periodo presidencial,
4000 nuevos especialistas e incentivar el ingreso de 5000 médicos a los
programas de formación. La creación del Fondo Nacional de Medicamentos y del
Fondo Especial de Medicamentos de Alto Costo. Ampliación de programas de salud
bucal para mujeres, niños de 2 a 5 años, jóvenes de 4º EM, y
población adulta. Y finalmente se convocará a equipo de expertos que proponga
Ley de ISAPRES nueva.
Las medidas anteriores aumentan y fortalecen el sector público de salud,
con lo que podría disminuir la alta transferencia a privados para resolver los
déficits de cobertura y recursos en la salud pública. La prioridad en
infraestructura y profesionales médicos del Plan Nacional de Salud 2014 – 2018
busca avanzar en la mayor cobertura de los problemas no atendidos a tiempo hoy
en salud hospitalaria y APS. Sin embargo mientras se construyen los hospitales
comprometidos habrá una tensión entre la búsqueda de mejor gestión dentro del
sistema público de salud y la transferencia de recursos públicos a la
infraestructura privada. Es en este punto que se deberá trabajar con los
diversos sectores involucrados para inclinar la balanza al fortalecimiento de
la gestión y sistema público.
Otras tensiones que pueden estar presentes en la implementación del
programa es la conformación de los Fondos de Medicamento General y de Alto
Costo, si no se coloca en debate el monopolio de los laboratorios en la oferta
de medicamentos. Pudiera darse la paradoja de tener un fondo enteramente
gratuito inclusive, y los laboratorios sostener prácticas de colusión en
precios para hacer gastar más al Estado.
En el plano de la igualdad y no discriminación de género y de corregir la
situación de las mujeres en la sociedad, el programa de la Nueva Mayoría avanza
tanto en el diagnóstico como en las propuestas a implementar. De ahí que los y
las comunistas podemos decir que la gran mayoría de nuestras propuestas que le
entregáramos a la candidata MB están reflejadas en el sentido y forma de la
nueva agenda de género que impulsará su gobierno.
Como otros aspectos del Programa es importante que esta agenda de género
encuentre su reflejo en la Nueva Constitución.
La nueva agenda de género se basará en los derechos, igualdad y autonomía
de las mujeres, de ahí que propone una institucionalidad de mayor rango, como
el Ministerio de la Mujer. El programa avanza en la concepción de
corresponsabilidad entre Estado, sociedad, empleadores(as), hombres y mujeres,
reflejado en propuestas de modificación derecho a salas cunas y jardín infantil
para padres y madres trabajadoras, el diseño e implementación de un sistema
nacional de cuidado de adultos mayores, necesidades especiales y niños(as). A
su vez, permite dotar de condiciones reales de autonomía para enfrentar el
mundo del trabajo por parte de las mujeres.
En materia de violencia profundiza políticas preventivas, y de acogida a
mujeres víctimas, crea un registro único de casos de violencia contra las
mujeres y femicidios, avanzará en la especialización de fiscales y jueces,
y modificará la ley de Violencia Intrafamiliar (que invisibiliza la violencia
contra la mujer, y sólo la reduce al contexto doméstico) incorporando todo tipo
de violencia de género y en todo ámbito.
Sobre derechos sexuales y reproductivos, se pronuncia por legislar sobre
estos derechos, incorporando la educación sexual laica y humanista, asegurar el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con disponibilidad efectiva
de métodos anticonceptivos incluida la PAE, y “despenalizar la
interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre,
violación o inviabilidad del feto. Queda sí la inquietud en relación al no
pronunciamiento sobre la despenalización de la mujer que aborta (tema
propuesto, y que no es un detalle en tanto en el gobierno de Piñera se
persiguió y detuvo sólo en el año 2012 a más de 30 mujeres).
El programa de la NM también abre la discusión sobre el
matrimonio igualitario, que al igual que la temática de la interrupción del
embarazo, debiera implicar para el partido y la NM una articulación
con las organizaciones sociales y sectoriales muy estrecha, en tanto la promesa
de discusión no garantiza envío de proyecto ley y aprobación del mismo, y por
tanto esto será un tema que se deberá evaluarse permanente en función de la correlación de fuerzas que
se cree.
En la propuesta de Nueva Constitución que figura en el Programa, se lee
que: “las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública serán instituciones
esencialmente obedientes al poder constitucional, no deliberantes,
disciplinadas y partícipes del desarrollo del país a nivel nacional y regional.
Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública tendrán el monopolio
instrumental de la fuerza coactiva. Tendrán como fines la defensa nacional, la
seguridad y el orden público, según sea el caso, con pleno respeto de los
derechos humanos, del medio ambiente y los recursos nacionales estratégicos de
la nación” Se recupera de este modo (y se amplía y enriquece) la
concepción presente en el ideario “constitucionalista”, que inspiró el accionar
dominante en las FFAA durante un largo período previo al golpe de 1973. Una
concepción vinculada a definiciones ya presentes en la Constitución de
1925. No debemos olvidar que fue precisamente el General Carlos Prats – el
exponente más destacado del “constitucionalismo” militar - quién señalara con
meridiana claridad en 1972 que, respecto de la doctrina militar del Ejército, que “una nueva Carta
Fundamental debiera precisar su misión permanente de garantizar la soberanía
nacional en el ámbito geo económico y su misión eventual de participar
en el resguardo del orden interior, todo ello sujeto a las directivas del Poder
Ejecutivo”.
El Programa se concentra en otros aspectos sustantivos de la Defensa
Nacional, que se sintetizan en lo siguiente:
“la política de Defensa Nacional tendrá como objetivo principal de
mediano y largo plazo, generar una Comunidad de Seguridad en América del Sur
que garantice la paz y elimine definitivamente la amenaza de la guerra, siendo
el Consejo de Defensa de UNASUR la institución para avanzar en esta materia”.
“Se profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de diálogo,
cooperación e integración con Argentina y se extenderá a Perú; y en la medida
en que los objetivos de tal política se materialicen, se podrá revisar el
concepto de disuasión, y avanzar hacia un nuevo concepto de política de defensa
centrado en la cooperación mutua, la integración y el diálogo. Con Bolivia lo
fundamental será retomar el camino del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de
confianza mutua conseguido durante el período 2006-2010. La plena normalización
de las relaciones con Bolivia es un objetivo al que aspiramos”.
“Asimismo, buscaremos dar pasos significativos para la proyección de las
relaciones entre América del Sur y el Asia Pacífico”.
El vital asunto de la Energía.
El diagnóstico energético del país y las opciones de superación de la
crisis que se avecina han ocupado parte importante de las discusiones políticas
durante los meses recientes, sea a nivel de encuentros políticos, ciudadanos o
empresariales. La elevación del precio de la energía utilizada en la industria
extractiva y de manufactura es ya una amenaza que afecta la competitividad de
un país que descansa su crecimiento en la actividad exportadora.
La Presidenta Electa se ha referido a varios asuntos centrales que
serían parte de su estrategia energética:
1) En el corto plazo, medidas para fortalecer institucionalidad y de
racionalización, así como para mejorar la eficiencia energética.
2) Redefinición de matriz de generación (una de las 50 medidas de los
primeros 100 días)
3) Papel relevante del Estado en la necesaria Interconexión entre los
actuales subsistemas SIC y SING (la energía del SIC es más cara que la del
SING)
4) Promesa 30/30, es decir alcanzar el año 2030 el 30% de la generación
con energías renovables no convencionales (excluye hidroeléctricas de grandes
embalses)
5) Potenciamiento de las posibilidades de utilización de GNL,
incluso reemplazando con este combustible a otros más contaminantes, allí donde
sea posible
6) Papel de la ENAP como Empresa del Estado en ese potenciamiento del
GNL, y en el aprovechamiento de recursos geotérmicos.
Con todo, el asunto principal en juego es el del papel del Estado en este
vital sector de la economía y la sociedad, cuya influencia es necesario
fortalecer ante las falencias que ha exhibido el sector privado tanto
presentando como ejecutando sus proyectos energéticos, lo que sumado a la débil
institucionalidad y a la ausencia de procesos participativos reales, ha
terminado por judicializar toda la discusión.
Los especialistas estiman necesaria la planificación con, por supuesto,
ordenamiento territorial, evaluación ambiental estratégica, recursos y cambios
en la ley.
En este ordenamiento el Estado debe jugar un rol central en la
definición, regulación y operación del sector. Una sólida institucionalidad,
que no debiese excluir la existencia de una Empresa Nacional de Energía, debe
velar por el aprovechamiento racional de los recursos del país, definiendo la
matriz generadora, pero también planificando el desarrollo desde el nivel de
ordenamiento territorial al de la ejecución de los proyectos y luego
controlando la correcta operación del sistema en calidad de suministro y
precios. Todo ello sin renunciar a la posibilidad de que el Estado participe
directamente en la generación y distribución.
El programa contiene una serie de otros temas, entre ellos los referentes
a infraestructura, pueblos originarios, discapacidad, adultos mayores, etc. que
sería largo tratar en este informe. Indudablemente quedan asuntos por aclarar y
seguramente establecer la manera más eficaz de su cumplimiento. Pero de
cualquier manera, es el programa que debemos llevar adelante y nuestro papel
será contribuir a esclarecer, a precisar y a fortalecer su contenido. Una
actitud distinta será cometer un profundo error.
En todo caso será conveniente realizar un nuevo Pleno del CC en marzo o
abril que tome específicamente el tema del cumplimiento del programa y junto
con ello el fortalecimiento del partido, su crecimiento y desarrollo ideológico
para enfrentar el período y las desafíos presentes y futuros.
Las tareas que asumimos si damos el trascendental paso de ingresar al
gobierno significan una alta responsabilidad y un compromiso de una envergadura
no fácil de asimilar aún. Cada militante comunista y con mayor razón los
cuadros de dirección nacional e intermedia deben conocer a fondo el programa y
hacerlo suyo, difundirlo y buscar la comprensión y el apoyo para su
cumplimiento. Sabemos, por experiencia histórica, que debemos precavernos de
tres fenómenos que pueden darse, uno el de su aceleración a marcha forzada de
su cumplimiento lo que finalmente agota sus posibilidades de concretización
real, dos su ralentización y menoscabo a través del consenso o la morigeración
de sus objetivos por presión de intereses corporativos y la tercera precaución
tiene que ver con la vieja receta, pero siempre actual de que nunca hay que
perder de vista ni menospreciar a las masas. El cumplimiento del programa es
también un asunto de masas, de millones, los mismos que acudieron a las urnas
dándole su aprobación, debemos actuar junto a ellas.
Hoy más que en otros momentos el Partido debe acentuar su trabajo
colectivo, en las decisiones, ante la opinión pública, en el quehacer
diario.
Algunos, cada vez menos, pero en especial desde la derecha, nos han
querido fustigar y anular ante cualquier pretensión de participar en el
gobierno. Apelan a nuestra posible falta de lealtad. Hemos estado dos veces en
el gobierno, una con G. González Videla, que inventó una truculenta historia
sobre los comunistas para justificar sus compromisos con el imperialismo
norteamericano y su apetito sobre nuestras riquezas básicas, dejándonos fuera
de la ley. A lo más, la única acusación ajustada a la verdad era nuestra
lealtad con los trabajadores y sus movilizaciones, en especial los trabajadores
del carbón.
Luego con Salvador Allende, nunca se ha escuchado una crítica sobre la
relación del PC con el Presidente y su gobierno, al contrario, se destaca la
lealtad del PC.
La otra fuente de inspiración es la política internacional del PC, desde
luego adulterada y descontextualizada de tiempo y lugar, apelando a la
ignorancia y la unilateralidad de los análisis que casi siempre provienen de
una matriz extranjera, repetida por personeros políticos o medios de
comunicación.
En materia de política exterior, nuestro partido va a apoyar lo signado
en el Programa, que se refiere a políticas de Estado y no creo que estas vayan
a ser las de intervenir para desestabilizar a gobiernos de otros
estados, en especial de América Latina, esperamos prime una política de
integración y buenas relaciones.
Se especula que es imposible que tenga éxito un gobierno en que estén
juntos democristianos y comunistas. Lo único que podemos decir es tratemos de
construir lo imposible, que ya se ve que no es tan imposible y que solo puede
ir en beneficio de cumplir con el programa.
Si los comunistas participamos del gobierno lo haremos con lealtad, todo
nuestro esfuerzo estará dirigido a cumplir con el programa y quienes nos representen
tendrán que atenerse a las normas de probidad del partido, al no
aprovechamiento personal del cargo y quienes reciban sueldo del Estado por
cumplir un cargo de gobierno deben comprometerse con una disposición de larga
data, parte de ese sueldo debe ir al partido para su fortalecimiento.
Compañeras y
compañeros:
Este Pleno ha sido convocado para tomar una decisión trascendental. Si el
CC así lo acuerda, efectivamente estaremos dando un paso histórico. Después de
41 años el Partido Comunista de Chile asumirá de nuevo posiciones de gobierno
con un claro compromiso programático. No estaríamos en esta discusión si no
fuera por el esfuerzo de miles de compatriotas que se la han jugado por dar
vida a este nuevo momento político y entre ellos por cierto nuestros militantes
y amigas y amigos del partido y la juventud comunista a quienes saludamos por
su esfuerzo y entrega que han jugado un papel trascendente. Y sepan que no
defraudaremos a quienes confían en nosotros, sabemos que de nuevo muchos ojos
estarán puestos en Chile, el país del socialismo de Salvador Allende, el de la
lucha heroica contra la dictadura y hoy un país que busca reencontrarse con su
historia de luchas y transformaciones en beneficio de la mayoría.
Hagamos honor a nuestra propia historia, a los nuestros que han quedado
en el camino de la lucha, pero que siempre estarán con nosotros, a quienes nos
han prestado su solidaridad desde dentro y fuera de Chile y que nos desean
éxito.
Compañeras
y compañeros. Unidos venceremos, mil veces venceremos
RESOLUCIONES PLENO COMITÉ CENTRAL
El Comité Central del Partido Comunista de Chile saluda el
triunfo de nuestra candidata Michelle Bachellet, Presidenta electa de la
República. Saludamos en especial su voluntad política, expresada el día
del triunfo, de llevar a cabo las transformaciones planteadas en el Programa de
Nueva Mayoría.
Saludamos también a todos y todas las chilenas que votaron por Michelle
Bachelet, y en especial al Partido y la Jota por el trabajo desplegado
en campaña.
Asumimos que la presencia comunista es uno de los factores significativos
que caracteriza el pacto de la Nueva Mayoría como referente distinto
a la concertación y en consecuencia las decisiones de este pleno son
trascendentes en la conformación del nuevo cuadro político.
El Comité Central reunido en sesión plenaria, expresa unánimemente la
voluntad y disposición del Partido Comunista de Chile para incorporarse al
gobierno que encabezará Michelle Bachellet, para contribuir con lealtad y
determinación al cumplimiento del programa. Será la Presidenta quien
determine el lugar y la forma de cómo podamos desarrollar nuestra contribución.
El contundente triunfo en segunda vuelta presidencial, con 62,18% de los
votos, refleja la voluntad de cambio del pueblo chileno, y es un mandato
categórico respecto a la imperiosa necesidad de cumplir cabalmente con el
programa que ha propuesto Nueva Mayoría. Hoy existen condiciones inmejorables
para superar la herencia institucional de Pinochet, y ese es el mejor homenaje
que podemos rendir a todos aquellos chilenos y chilenas víctimas de la
represión de la dictadura, y en especial, a nuestros mártires, quienes dieron
su vida enfrentando la represión.
Si avanzamos en el cumplimiento del programa, si logramos el
fortalecimiento de la izquierda, los sectores democráticos y los movimientos
sociales, efectivamente estaremos dando nuevos pasos para resolver la
contradicción democracia-neoliberalismo, y se consolidará en Chile un nuevo
ciclo político social.
El pleno asigna una gran importancia a la batalla político-ideológica, lo
que implicará fortalecernos como partido, abordando este debate y lucha en el
quehacer partidario, tanto en las representaciones político institucionales
como en el movimiento social, que tendrá un papel determinante en el
cumplimiento del programa. Para ello el Comité Central recomienda
como material de estudio y trabajo, para el conjunto del Partido, el informe a
este Pleno.
El informe central que hemos aprobado convoca a realizar un pleno en
marzo del próximo año en el cual haremos un análisis del instrumento
partido. A esa fecha debemos hacer una ponderación objetiva de nuestra
presencia en todo el mundo social, en particular entre los trabajadores, para
nosotros el sujeto principal de transformación social. El Pleno ratificó el
criterio que los militantes comunistas que asumen cargos de representación
popular como aquellos designados en funciones ejecutivas, deberán actuar de
acuerdo a las normas de probidad del Partido y destinar parte de sus ingresos
para actividades de fortalecimiento partidario.
Junto al éxito obtenido es claro que entramos a una etapa de nuevas
tareas debiendo observar con atención las insuficiencias en el funcionamiento
de diferentes estructuras, pero con la convicción que no serán temas de
carácter orgánico los que impidan el aporte pleno del conjunto del partido.
Finalmente el Pleno de CC hace un llamado al conjunto del Partido a
cumplir con esta tarea histórica desde el movimiento social, el parlamento y
desde gobierno.
Santiago, 21 diciembre de
2013.
CALENDARIO DE ACTIVIDAD.
El 2 de Enero. En el Ex
Congreso Nacional ACTO DE HOMENAJE A LOS 55 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA
Revolución Cubana. A las 18,30 hrs. ESTAMOS TODOS INVITADOS A ESTAS
ACTIVIDAD
fuente : cno
