La ministra de Educación Adriana Delpiano se reunió con los parlamentarios del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier, Karol Cariola y Camila Vallejo, al interior del Ministerio de Educación, con el fin de aclarar los mecanismos que se podrían utilizar para continuar con la gratuidad de la Educación Superior, después del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que fue desfavorable para el oficialismo.Aunque la sentencia completa del TC será presentada el 21 de diciembre, el Gobierno ya contempla algunas opciones para continuar con el proyecto que entregará gratuidad a 200 mil jóvenes. Dentro de las cuales se había planteado, a través de una ley corta, dejar a las Universidades Arturo Prat, De los Lagos y Tecnológica Metropolitana fuera del beneficio para poder extenderlo a las instituciones privadas.
Frente a esta opción la diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Camila Vallejo, indicó que “creemos fundamental que en materia de gratuidad y de cualquier otra política de financiamiento el Estado no iguale lo que es un organismo de su propiedad con un organismo que es privado.”
“Esta posibilidad que todavía no es oficial, es una de varias que se vienen discutiendo de igualdad de trato con las instituciones privadas, nos parecía que es una especie de aberración jurídica”, sostuvo.
Vallejo además agregó, sobre la posición del ministerio, que “la ministra está de acuerdo, es algo que está asegurado públicamente, que ninguna universidad estatal se quedará afuera, pero tampoco mediante la puerta trasera, no queremos que ingresen por acuerdos fuera de la ley, creemos que hay una diferenciación de lo que es estatal y lo que es privado, sin perjudicar obviamente a las instituciones privadas que creemos tienen que incorporarse, pero sin igualarlas con el mundo estatal.”
Asimismo el parlamentario y presidente del PC, Guillermo Teillier, afirmó que “la Presidenta ha tomado una decisión muy acertada y es que las Universidades Estatales no pueden quedar sin financiamiento, ahora cuál será la respuesta final todavía está pendiente, porque falta conocer cuál será el criterio definitivo del TC, entonces se están preparando distintas soluciones.”
Igualmente Karol Cariola, confirmó que “la ministra nos detalló varias de las posibilidades que todavía se están barajando, creo que se han ido acotando las opciones, aquí había un marco abierto respecto de las conversaciones que se estaban dando. Afortunadamente hoy ya hay una definición política hecha por la Presidenta de la República que es que en ningún caso las Universidades del Estado van a quedar fuera de la condición de gratuidad.”
La parlamentaria también comentó las iniciativas que suenan más fuerte para continuar con la reforma, pero que están sujetas a las apreciaciones del TC. Dijo que “ojalá se pudiera conocer los antes posible el detalle del fallo del TC, a propósito de poder tener los elementos que ellos van a cuestionar para no cometer el error de hacer una definición a ciegas.”
“Además para ver si es que se requiriera una ley corta, que también es una opción que no está rechazada, para eliminar la glosa derechamente o una ley corta que modifique criterios para poder diferenciar las estatales de las privadas. Son las dos opciones que mantienen la lógica de no permitir la igualdad de trato”, concluyó.
DICHOS DEL CONTRALOR
El recién nombrado contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió sobre el debate actual por la financiación de la Educación Superior frente a las entidades privadas y su fiscalización. Comentó que “el foco tiene que estar puesto en los recursos públicos independiente del órgano que recibe esos recursos. Si se trata de un órgano público o privado debe ser fiscalizado por la Contraloría General de la República, porque lo que marca la fiscalización es el origen de los recursos.”
Para la legislativa Cariola las afirmaciones de Bermúdez están en lo correcto, sostuvo que “el contralor va en la línea de lo que se ha planteado por muchos años, que no puede ser que las instituciones privadas sin ningún tipo de fiscalización hagan uso de recursos públicos por la vía de voucher y el contralor apunta a lo correcto si aquí se llega a tomar una definición que incorpore a instituciones privadas para la gratuidad, tiene que haber mayor vinculo por parte de la contraloría, eso es clave para garantizar que los recursos de todos los chilenos sean bien utilizados”.
Misma opinión comparte Guillermo Teillier, declarando que “yo creo lo mismo, la Contraloría tiene que supervisar los fondos públicos, eso es evidente mucho más que el TC. La Contraloría es el organismo que debe regular el uso de los fondos públicos.”
fuente : el siglo
