Ex conscripto Fernando Guzmán rompe “pacto de silencio” y permite reapertura del caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. Ya hay 7 ex militares detenidos. A los jóvenes los rociaron con bencina y les prendieron fuego.
Debieron pasar 29 años para que la conciencia de uno de los implicados en el llamado “Caso Quemados”, lo obligara a romper el “pacto de silencio” y la justicia pudiera agilizar las diligencias pendientes en este horrendo atropello a los derechos humanos.
El 2 y 3 de julio de 1986, Chile vivía un llamado de protesta y paro nacional contra la dictadura.
Durante la jornada del día 2, una patrulla militar detuvo al fotógrafo Rodrigo Rojas y a la estudiante Carmen Gloria Quintana, que fueron rociados con gasolina y se les prendió fuego. Rojas, de 19 años, murió a causa de las quemaduras y Quintana, entonces de 18, sobrevivió severamente quemada y tuvo que ser sometida a un largo tratamiento en un hospital de Canadá.
El caso provocó conmoción y se registraron denuncias ante organismos defensores de los derechos humanos en Chile y el exterior.
Ante el juez Mario Carroza, el ex conscripto Fernando Guzmán Espíndola, entregó una declaración que permitió reabrir el caso y ordenar la detención de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.
“Teníamos que castigar a los que hacían protestas, a los que estaban en contra del Gobierno en esa época”. Esta frase, junto a la denuncia de ser testigo del crimen de Rodrigo Rojas, el ex conscripto la habría pronunciado en marzo de éste año y la justicia la mantuvo en reserva para poder asegurar las diligencias y ordenes de detención dictadas y cumplidas.
Tras el ataque “Rodrigo no alcanzó a hacer nada, cuando se terminaron de apagar todavía humeaban”, recordó el ex uniformado.
Luego “(Julio) Castañen se acerca a Fernández Dittus y le dice: ‘Matémoslos, es la única solución que tenemos, porque esto nos va a traer consecuencias’”, añadió Guzmán, en declaraciones a un canal de televisión.
EL PACTO DE SILENCIO, LA GRAN TRABA PARA LA JUSTICIA.
En todas las causas de violaciones de derechos humanos ocurridos en dictadura e investigados hasta hoy, el llamado “pacto de silencio” ha sido un muro imposible de salvar. La “justicia en la medida de lo posible” ha sido la que ha campeado para que muchos violadores de derechos humanos caminen libremente por las calles y hasta vivan en el extranjero amparados por nuevas nacionalidades como es el caso de Pedro Barrientos, implicado en el asesinato de Víctor Jara, o la denuncia hecha por la hija de Eduardo Frei Montalva, que señala que se comprobó que hasta el año 2005 existían documentos secretos que confirmarían el asesinato de su padre y datos del destino de cuerpos de detenidos desaparecidos.
El abogado Héctor Salazar, quien representó ante la Justicia Militar a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria, afirmó tras los sucesos de las últimas horas, que el Ejército colaboró en mantener el caso en la impunidad.
“Todos los soldados conscriptos en esa época eran jóvenes que hacían el servicio militar. Una vez ocurridos estos hechos, fueron contratados como funcionarios del Ejército para mantenerlos bajo control, y así lograron que se mantuvieran dentro del marco de la versión falsa que habían elaborado para procesar el asunto en la justicia militar”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró que se quebrara luego de tres décadas el “pacto de silencio” de los ex militares ligados al “Caso Quemados”. Dijo que “eso no deja de ser importante y relevante, porque los violadores de derechos humanos cuando rompen el pacto de silencio, lo que se logra establecer es la verdad".
Recordemos que el dictador Augusto Pinochet al referirse a este caso señaló que “a mi me llama la atención que el joven que murió tenía sus ropas quemadas de adentro hacia fuera”. De esa manera el dictador daba a entender que Rodrigo portaba la gasolina y que todo habría sido un accidente.
En el primer juicio realizado tras el ataque ocurrido en julio de 1986 por el Juzgado Militar de Santiago, se reunieron antecedentes que indicaban que los hechos no habían ocurrido como habían dicho los ex funcionarios castrenses, que aseguraron que tanto Rojas como Quintana se habían quemado al manipular una bomba incendiaria.
“Estoy con sentimientos muy encontrados respecto a elusión de la verdad, donde un conscripto debiera (decir) finalmente lo que yo y testigos sostuvimos por 29 años de la manera que fuimos quemados por militares”, señaló Carmen Gloria Quintana, que arribó a nuestro país y agregó que, “hoy se dice finalmente la verdad, se valida lo que yo y tantos testigos sostuvimos y más vale tarde que nunca. Espero que ahora la Justicia enmiende el camino que por tantos años de dictadura fue cómplice por el silencio”.
Carmen Gloria valoró que el ex conscripto haya roto el “pacto de silencio” e indico que eso “es de suma importancia. Estos conscriptos tenían la misma edad que yo, ellos fueron en parte víctimas de la dictadura porque -según los trascendidos que he tenido- fueron amenazados de muerte y sus familias tuvieron una presión para que mantuvieran el silencio”.
INTERIOR PIDE A JUEZ CARROZA QUE PROCESE A EX MILITARES DETENIDOS.
A través del secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas, se solicitó al juez Mario Carroza que procese en calidad de autores a los siete ex militares que fueron arrestados tras la reapertura del caso.
El abogado sostuvo que desde la unidad gubernamental “se solicitó que se les tome declaración con miras a un auto de procesamiento en calidad de autores materiales del homicidio calificado en grado de consumado y por la alevosía y premeditación conocida y además por el homicidio calificado frustrado en concurso del delito de lesiones graves gravísimas en perjuicio de Carmen Quintana”.
Rodrigo Lledó calificó como “hechos brutales” lo ocurrido a Rodrigo y Carmen Gloria y denunció “una operación de encubrimiento por parte del alto mando (del Ejército) de la época, con amenazas a conscriptos y los premia para que no hablen. Ese pacto de silencio fue roto”.
Lledó también anunció que apelará a la sentencia en contra del único condenado por el caso, el Capitán (r) Pedro Fernández Dittus, quien fue sentenciado a 600 días de presidio en 1994, por parte de la justicia militar.
El juez Carroza tiene cinco días para decidir si procesa o no a los involucrados, quienes deberán permanecer en un recinto militar debido a su condición de ex funcionarios castrenses.
Asimismo, anunció que la pena de 600 días de presidio por cuasidelito de homicidio, a la que fue condenado en 1994 Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar que arrestó a Rojas y Quintana, podría cambiar a homicidio si se comprueban los nuevos antecedentes.
DIPUTADOS PC-IC EMPLAZAN A FFAA Y CARABINEROS A TERMINAR CON “PACTO DE SILENCIO”.
Tras conocerse la detención de los implicados en el denominado “Caso Quemados”, los parlamentarios comunistas hicieron un llamado para que se entregue toda la información para lograr verdad y justicia en aquellos casos que aún siguen amparados por el pacto de silencio.
En ese contexto, los diputados de la Bancada Partido Comunista-Izquierda Ciudadana, hicieron un emplazamiento para se rompa el “pacto de silencio” que aún se mantiene dentro de las filas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y se logre verdad y justicia en los crímenes cometidos en la dictadura
La subjefa de la Bancada, diputada Karol Cariola, manifestó que esto da cuenta que a más de cuarenta años del golpe de Estado, aún existe impunidad en Chile. “Todavía hay delincuentes y asesinos caminando por la calle. Igualmente, esto da cuenta de que los pactos de silencio siguen vigentes. Hoy logramos dar a través de la justicia con los responsables que se encontraban libres, en la impunidad, sin justicia para quienes fueron víctimas de la dictadura militar. Es una demostración de que nuestro país está en deuda. Nosotros a partir de estas detenciones, queremos emplazar a las fuerzas militares y a todos aquellos que tengan algo que decir, a que rompan de una vez por todas el pacto de silencio”, puntualizó Cariola.
La Diputada agregó que las informaciones entregadas por ex militares si bien han permitido llegar a la verdad en algunos casos, “aún son múltiples las situaciones que no conocemos”.
“Es necesario empezar a tomar medidas. Queremos hacer un nuevo llamado al país, a la justicia y al Gobierno también, de hacerse cargo de los casos de derechos humanos y a tomar medidas activas para empezar a buscar reparación y justicia”, concluyó la diputada Cariola.
El diputado Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recordó que en su oportunidad, el ministro a cargo del caso creyó la versión que le dieron los uniformados, la que señalaba que fue la propia Carmen Gloria Quintana quien habría golpeado un bidón de bencina y que eso fue lo que motivó que ellos se quemaran.
“Hoy sabemos que estaban reducidos y fueron los uniformados quienes los rociaron y quemaron vivos. Fueron actos criminales, no fue un cuasi delito de homicidio y de lesiones graves como lo condenaron en su momento. Aquí la justicia tiene mucho que hacer y valoramos lo que está haciendo el ministro Carroza”, indicó el parlamentario.
“Emplazamos a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que entreguen toda la verdad y que instruyan a los uniformados a que entreguen toda la información necesaria para llegar a la justicia en nuestro país”, concluyó el diputado Hugo Gutiérrez.
fuente : el siglo
