LA DERECHA O LA BANCARROTA DEL DERECHO

Que hay dos medidas para apreciar un mismo hecho, es algo que todos sabemos. Todo dependería, dice la vieja sabiduría, “del cristal con que se mire”.

Si las víctimas fatales de un accidente, terrible como todo accidente mortal, son niñas de “la clase dirigente”, se las llamará “angelitas” y todo el aparato oficial se movilizará para prodigar los consabidos consuelos y levantarles vistosos -y un tanto paganos- altares. Si se trata, apenas, de algunas decenas de muchachos reclutados para el servicio militar entre “las clases bajas”, a lo más se iniciará un sumario  administrativo y se esperará que el prudente tiempo los cubra de un igualmente prudente olvido.

Los ejemplos sobran en nuestro lamentable historial, y son innumerables los que a esta hora se podría aducir. Asesina, usted, a decenas de niños por la vía de falsificación de alimentos o medicamentos, y ello con plena conciencia de que se está privilegiando el lucro por sobre el sacrosanto “derecho a la vida”, y a lo más recibirá usted alguna pena “remitida” y se le conservará la inmaculada blancura en sus papeles (nada de prontuario, nada de algún Dicom “ético”).

Y lo mismo si ha robado usted al Fisco –es decir, “a nadie”- o a clientes de sus grandes tiendas, isapres, AFPs o empresas constructoras: detrás de la masa, sólo se podrá distinguir algún “nadie” privado de todo derecho por su misma condición de “átomo” de una masa indistinta.

Son “las reglas del juego” de nuestra deliciosa democracia.

Corta usted una calle –o lo que sería peor, una carretera- en protesta por algo que afecte su “calidad de vida”, y si pertenece usted al estrato “popular” y es habitante de comunas periféricas o poblados sin capacidad de ejercer los ya legitimados “lobbies” ante las instancias “republicanas”, no tardarán diez minutos en llegarle los carros de aguas y gases lacrimógenos y bastones paralizantes. Su acción será calificada de inaceptable y se le descargará toda la fuerza del “estado de derecho”. Es preciso, bien se lo sabe, que “las instituciones funcionen”.

Pero… Pero, hay ocupaciones de carreteras y otras acciones del mismo tenor que, en virtud de los intereses de clase involucrados, y las togas que exhiban sus protagonistas, serán calificadas de “positivas” por los mismos que invocarán en otras ocasiones –y siguiendo los mismos criterios “de clase”- todas los recursos represores de “la institucionalidad” y el “estado de derecho”.

Esto es lo que el país –y, ¡cuidado!, también más allá del país- estamos viendo por estos días en el llamado “conflicto mapuche” (¿y por qué no “conflicto chileno”?).

Todo jurista honesto no puede sino reconocer que los recientes hechos que dejaron a dos propietarios agrícolas de La Araucanía como víctimas fatales de un ataque incendiario no pueden, sin “romperle la nariz al derecho”, ser calificados como “actos terroristas”. Y, sin embargo, así lo ha hecho sin mayor reflexión el gobierno, y al frente de su ofensiva su ministro del Interior. Ello no es sino natural: son sus prejuicios de clase los que les nublan el entendimiento “republicano”.

¡Qué distinto el tratamiento que reciben otras víctimas del conflicto político del territorio de La Frontera! ¿Qué ministro de estado, qué intendente o gobernador fue a solidarizar con los padres de los jóvenes mapuches alcanzados, más de alguno con resultados fatales, por las balas de las “fuerzas de orden y seguridad”?

Es la versión “3.0” del derecho en el epicentro del “pensamiento” de la derecha. Y… estamos notificados.

FUENTE : EDITORIAL DE "EL SIGLO"