A comienzos de la década de los 80 la CORFO, institución que en la dictadura asumió el triste rol de privatizar las empresas del Estado, debió intervenir y recuperar empresas recién privatizadas debido a los reclamos del empresariado nacional enfrentado a la crisis que el modelo de libre mercado estaba provocando en nuestra economía.
Esas empresas transitoriamente re-estatizadas por CORFO dieron lugar a la denominada “AREA RARA” de la economía, condición que espantaba a los impulsores del modelo pues se suponía que el Estado no debía tener empresas de su propiedad.
En el presente, la Educación Particular Subvencionada (EPS) tal como la conocemos, podría ser también un “área rara” dentro de la futura educación pública chilena, debido a la paradojal situación de depender totalmente de los recursos del Estado y al mismo tiempo considerársele por muchos como “educación particular”.
La falaz consideración de la EPS como educación particular solo se explica en el contexto neoliberal dado que en ese modelo ha sido usual la búsqueda de legitimación del aprovechamiento privado de los recursos públicos. No obstante ello quedará invalidado en los próximos tiempos que serán de recuperación de la educación pública.
La EPS, que es una realidad de grandes dimensiones en Chile, debe ser actualizada en sus fundamentos para entrar, sin prejuicios, a formar parte de la educación pública -financiada por el Estado- asumiendo los compromisos comunes a toda ella.
Chile necesita, como lo expresa el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, una nueva educación pública que dé garantías de calidad. Para hacerlo tendrá que adentrarse en la búsqueda de nuevos caminos de progreso y mejoramiento con pluralidad de propuestas pedagógicas y curriculares. La actual educación particular subvencionada ciertamente podrá aportar mucho en procura de ese fin.
Las entidades morales, religiosas y laicas, que desde antiguo y en forma meritoria han contribuido abnegadamente a la educación de nuestro pueblo y que tienen importante presencia en el sector de la EPS, deben ocupar un lugar destacado en la educación pública chilena, en sus desafíos de mejoramiento y recibir apoyo estatal por ello.
No obstante, la EPS debe abrirse a un proceso de redefinición pedagógica, jurídica y social que le permita ser reconocida y apreciada por la comunidad como una educación amigable que existe para materializar el derecho a la educación de todos y todas, y no para excluir alumnado ni arrebatar matrícula a escuelas municipales.
Mantener la consideración de “educación particular” hacia escuelas financiadas por el Estado es una condición de “rareza” que no las ayuda.
Será necesario entonces un acuerdo normalizador que resuelva favorablemente para los intereses de todo el país la actividad de este tipo de establecimientos, donde actuar sin ánimo de lucro, con respeto por las normas comunes a los trabajadores de la educación pública y el compromiso con la innovación y el mejoramiento en todo el sistema escolar chileno debieran ser aspectos fundamentales.
Por
Fernando Flores, Magister en Educación. (ICAL)
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