Tanto el Colegio de Periodistas como el Colegio de Profesores hicieron llegar propuestas anticorrupción y relacionadas con el vínculo dinero-política, a la Comisión Presidencial que está analizando iniciativas en cuanto a conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.
Las propuestas de los periodistas apuntaron a la necesidad de abrir “una discusión constituyente que incorpore en la nueva Constitución la garantía efectiva del derecho a la comunicación en sus tres componentes: libertad de prensa, libertad de expresión, acceso a la información. Aquello debe incluir normas que limiten concentración privada y no referirse solo al ámbito de estatal”.
También la necesidad de regular la propiedad horizontal (muchos medios del mismo tipo), vertical (muchos medios de distinto tipo) y cruzada (cuando un actor controla servicios esenciales para sus competidores, por ejemplo, la distribución de medios impresos como es el caso de Meta que pertenece a Copesa). Esto se suma garantizar el establecimiento de tres sectores de medios de comunicación: privados, públicos (financiamiento directo a TVN y reevaluar un impreso no gubernamental) y comunitarios/locales sin fines de lucro, revalorizando además el rol del Estado como productor de contenidos informativos y culturales.
Se propuso también que se avance en la distribución equitativa del espectro radioeléctrico en virtud de criterios democráticos y plurales, y no de transacción de mercados. A esto se suman normas que garanticen la distribución equitativa del avisaje estatal.
Por último, se planteó la necesidad de transparentar la estructura de los mercados mediales y el rating, el acceso efectivo a información pública y crear la figura del Ombudsman en términos mediáticos.
El Colegio de Profesores de Chile A.G. planteó que es fundamental tratar y proponer soluciones ante el clima de desconfianza en las instituciones gatillado por los casos que actualmente investiga la justicia en torno a dinero, política y corrupción.
En su propuesta, los profesores indicaron que “es fundamental que el Estado de Chile resuelva lo antes posible un conjunto de políticas públicas que aborden directamente el tema de la corrupción, de no hacerlo, se abre ciertamente el camino para la incertidumbre y la desconfianza en la ciudadanía y en amplios sectores de la sociedad”.
En este marco, el Colegio de Profesores planteó que es necesaria una nueva Constitución y que haya un plebiscito ciudadano para determinar la forma para construirla, manifestándose a favor de la Asamblea Constituyente.
En un documento, el COLPROF indicó que “el flagelo de la corrupción también corroe los compromisos de los gobiernos y las expectativas de los ciudadanos. El proceso de reformas que se encuentra llevando a cabo este gobierno no pueden verse minadas por la desconfianza o la incertidumbre. Una mayoría democrática se ha expresado en apoyo a un programa determinado por compromisos e ideas con las diversas organizaciones de la sociedad civil, parte de esos compromisos han sido refrendados en el Congreso Nacional estando ad portas de ser ley de la República”.
También se señaló que “nos parece que el tema que nos ocupa es de la máxima importancia educativa. Lo que ocurre en la plaza pública influye en la formación y educación de niños, niñas y jóvenes. Fortalece o debilita valores”.
En cuanto a quienes violen las leyes y normativas de probidad y anticorrupción, el magisterio sostuvo que “creemos que las sanciones jurídicas debiese contemplar la prohibición por tiempo, según el caso, del ejercicio de la docencia desde la educación inicial a la educación terciaria”.
fuente : prensa pcch
No hay comentarios:
Publicar un comentario