Ante las exigencias de terminar con “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas y Carabineros y avanzar en la verdad de situaciones de represión ocurridas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, se planteó desde varios actores parlamentarios y de derechos humanos, la necesidad de terminar con la medida de guardar por 50 años los antecedentes de casos de represión que están contenidos en el informe de la Comisión Valech.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Raúl Saldivar (Partido Socialista), respaldó la idea expresada por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, en ese sentido y dijo que “es fundamental que dado el contexto que estamos viviendo en el país y a propósito de los nuevo antecedentes conocidos en el Caso Quemados, pensamos que se debe levantar el secreto respecto a la informaciones sobre quienes cometieron violaciones a los derechos humanos”.
Indicó que “no puede ser que aún exista un pacto de silencio en estos casos. Esto precisamente no permite llegar a esclarecer muchos casos y nos impide que exista justicia y verdad en Chile”.
El diputado Saldivar informó que “vamos a invitar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que concordemos mecanismos que nos lleven a levantar el secreto en el Informe Valech”.
Dijo que para eso “se enviará un oficio al Ministerio de Defensa, para que informe y detalle sobre las personas con alguna vinculación en actos represivos durante la dictadura y que continúan en el Ejército o prestan servicios a las FF.AA en calidad de Asesores”.
Hay que considerar que desde septiembre de 2014 hay un proyecto en el Parlamento, presentado por los diputados Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia) y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), que busca eliminar la norma que fijó 50 años de secreto para los testimonios de la Comisión Valech.
En declaraciones a un diario, Lorena Fries, directora del INDH, manifestó que “creemos que no procede una ley que, por 50 años, establece de manera secreta antecedentes, en este caso de la Comisión Valech, sin la posibilidad incluso de que la judicatura conozca esos antecedentes”.
Esa instancia, denominada oficialmente Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, trabajó hasta el 2004 y acreditó 28 mil 459 víctimas en la dictadura. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se estableció que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas”, y que esa disposición “se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”. Se señala en un texto oficial que “mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
Sin embargo hoy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la organización Londres 38 y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, exigen levantar ese decreto para, precisamente, que la judicatura, jueces, abogados y familiares de las víctimas de represión, puedan acceder a datos que posibiliten esclarecer e incluso juzgar violaciones a los derechos humanos.
El presidente del Senado, Patricio Walker, indicó que “hay toda la voluntad política para avanzar en verdad, en justicia, que son elementos indispensables para que haya arrepentimiento y reconciliación” y anunicó que solicitó “un informe jurídico para ver la viabilidad” de revertir el secreto por 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech.
El diputado Hugo Gutiérrez indicó que la idea de la iniciativa de terminar con el ocultamiento de datos de casos de dicha comisión, “permitiría acceder a información relevante para esclarecer muchos casos de tortura que están impunes”.
En tanto, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, explicitó la postura del gobierno sobre este tema. Dijo que “si se requiere o si hay voluntad de levantar esta restricción o este secreto por 50 años, requiere por cierto de la opinión de cada uno de los que ahí participaron y eso, sin duda, es una condición esencial para la modificación de esa norma”.
Apuntó que, en todo caso, quienes entregaron testimonios por represión durante la dictadura cívico-militar, tienen la opción de entregar antecedentes a la justica. “Es un camino que tiene que estar siempre abierto y está abierto, de hacer las respectivas denuncias ante los tribunales para que esos hechos se investiguen”, manifestó Díaz.
En todo caso, expresó también que “lo que está en juego es la dignidad de las personas que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos y, por tanto, hay un respeto esencial que tenemos que tener con ellos, que entregaron sus testimonios amparados precisamente en la reserva de su identidad por razones que son especialmente atendibles, comprensibles”. Eso en la lógica que explicó en algún momento el ex Presidente Ricardo Lagos.
El vocero de La Moneda precisó por tanto, que todo va “más allá de la voluntad del gobierno, no basta solamente con eso, sino que tiene que estar la opinión de aquellos que concurrieron a entregar su testimonio bajo la certeza de este compromiso de reserva”.
Marcelo Díaz argumentó que “el secreto fue un compromiso y una condición que se estableció para facilitar precisamente que se pudieran entregar estos testimonios. Fue una forma de poder generar condiciones apropiadas para que quienes padecieron hechos tan espantosos como los que ahí se narran pudieran entregar dicho testimonio”.
fuente : el siglo
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